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M E M O R I A, V E R D A D, J U S T I C I A
 
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LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS APORTÓ NUEVOS DATOS SOBRE ISABELITA
(El caso de la espía infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura)

 

 
 
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* La Secretaría de Derechos Humanos aportó nuevos datos sobre la espía Isabelita      

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS APORTÓ NUEVOS DATOS SOBRE ISABELITA
(El caso de la espía infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura)
La Secretaría de Derechos Humanos presentó ante la Justicia un relevamiento de legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, entre los que está el de Isabelita, la agente detectada por una investigación de Página/12. El área que encabeza Horacio Pietragalla también halló información sobre una pensión en la que, según el testimonio de un represor, coincidieron Isabelita y las monjas francesas secuestradas en 1977.

Isabelita, por el momento, no tiene quien la investigue en los tribunales de Comodoro Py por su infiltración entre las Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Mientras se espera un dictamen del fiscal Eduardo Taiano para ver si impulsa la pesquisa sobre la agente de inteligencia que salió a la luz por una investigación de Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) aportó nuevos datos sobre la integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de que se descorra el velo sobre su posible participación en los secuestros de las Madres y las monjas francesas en diciembre de 1977.

Desde 1969, Isabelita integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA. En 1972, le dieron una felicitación por su rol en el esclarecimiento del secuestro del directivo de la FIAT Oberdán Sallustro en manos del PRT-ERP. En algún momento de la dictadura, la muchacha de cabellos castaños y ojos pardos se mezcló entre las mujeres que buscaban a sus hijos e hijas secuestrados por los grupos de tareas. Esa información aparece en su legajo. Un exintegrante de la PFA, Luis Alberto “Japonés” Martínez, habló de ella cuando lo detuvieron en Suiza intentando cobrar un secuestro extorsivo en plena dictadura.

Ante la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Japonés Martínez dijo que la PFA tenía infiltrada a una mujer de cabellos largos, conocida como Isabelita, entre las Madres y las monjas francesas –es decir, en el grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz y cuyos doce integrantes secuestrados fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), torturados y luego arrojados en los vuelos de la muerte, en un operativo en el que tuvo un rol siniestramente estelar el marino Alfredo Astiz–. Después de la declaración del Japonés, un superior de Isabelita recomendó su traslado a Mar del Plata porque allí vivía su pareja –un integrante del Batallón de Inteligencia 601– y porque había aparecido en una denuncia internacional.

En 2013, durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) encontró estos papeles y presentó una denuncia ante el juzgado donde tramita la megacausa ESMA. El juez Sergio Torres tomó una serie de medidas pero no encontró suficiente información para vincularla con los secuestros de la Santa Cruz, por lo que decidió archivar parcialmente el caso.

Después de que Página/12 publicara la historia de Isabelita, la SDH se presentó para reclamar que se desarchivara la denuncia y se investigara su rol durante la dictadura. El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del juzgado donde tramita la causa ESMA, le pidió su opinión al fiscal Eduardo Taiano, que todavía no se pronunció y es probable que no lo haga esta semana tampoco. Lijo comentó con colaboradores que, para él, hay elementos para reabrir el caso.

Ahora, la SDH volvió a presentarse en el juzgado con dos nuevos elementos. Por un lado, aportó un extenso informe que hizo el Programa Verdad y Justicia con el relevamiento de distintos legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA. Entre ellos está el de Isabelita –que da cuenta de sus destinos durante los años del terrorismo de Estado y de la declaración del Japonés Martínez–.

Por otro lado, la SDH hizo foco en otro elemento de la declaración de Martínez: él había dicho que Isabelita compartía una pensión con las monjas francesas en la zona de Viamonte, Paraná y Montevideo y que él había ido a “levantar” sus cosas después de los secuestros de la Santa Cruz. Cuando Torres recibió la denuncia en 2013, le preguntó a la Iglesia si tenía alguna casa en esa zona. La respuesta fue negativa. Este diario publicó que, en realidad, existía entonces una pensión de mujeres en Viamonte 1596. Los investigadores de la SDH encontraron ahora un orden del día de la PFA del 26 de agosto de 1974 que menciona Viamonte 1596 –en los pisos 3 y 4– dentro de una nómina de hoteles a los que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ratificó su “permiso de uso”.

El organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti le solicitó al juez Lijo que le pida informes al Ministerio del Interior para determinar si hay otra documentación que dé cuenta de esa propiedad. Anteriormente, le había reclamado que le pregunte a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si cuenta con información sobre la infiltrada.

La carrera de Isabelita siguió en ascenso durante la democracia. Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se convirtió en 1997 en la jefa de estudios de la Escuela Federal de Inteligencia, donde se forman los agentes de inteligencia de la PFA. Al menos hasta 2019 fue parte del plantel docente en cursos de posgrado del Instituto Universitario de la PFA, junto con jueces y secretarios federales.  (Luciana Bertoia, Página 12, 31/8/2022)

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TANIA; LA GUERRILLERA QUE COMBATIÓ JUNTO AL “CHE” EN BOLIVIA

Tamara Bunke Binder, nacida en Argentina de padres alemanes que escaparon de la persecución nazi. Semblanza de una mujer excepcional

Tamara Bunke Bíder nació en la Argentina el 19 de noviembre de 1937. Su padre era alemán y su madre polaca, habían huido de la Alemania nazi.  El 31 de agosto de 1967, convertida en Tania, murió en combate con un grupo de guerrilleros de la columna que comandaba el Che Guevara.

“Llegamos a la Argentina balbuceando español, íbamos aprendiendo el idioma en el barco -contó Nadia Bunke, la madre de Tamara- Teníamos parientes en la Argentina, entre ellos a mi abuela; ésas fueron nuestras primeras relaciones, luego fuimos conociendo a otros refugiados alemanes, pero ante todo mi marido hizo lo más pronto posible los contactos necesarios y obtuvo el ingreso en el Partido Comunista Argentino. Seguimos Trabajando clandestinamente, ahora en la Argentina; en ese ambiente nació y se crió Tamara”.

Tamara o “Ita” como le llamaban en la familia, vive los primeros años en el barrio de Saavedra, para luego mudarse a Corrientes y Pasteur, un barrio típico de la colectividad judía. Ita cursa sus primeros estudios en la Escuela Cangallo Shule, un colegio privado que tenía al alemán como segunda lengua.

Aunque los padres intentaban que sus hijos no manejaran demasiada información sobre sus actividades políticas -por cuestiones de seguridad- en su casa se respiraba un ambiente comunista. Cuando Tamara empezó a estudiar en la Escuela Normal 9 se vinculó con la Federación Juvenil Comunista.

El periodista Isidoro Gilbert señala en su libro La Fede que fue colaboradora de la revista «Juventud» órgano de la FJC. En 1952, Tamara emigró junto a sus padres a la República Democrática Alemana, siendo admitida dentro del Partido Socialista Unificado de Alemania en 1955, a los 18 años. En Berlín Oriental estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Humboldt, habiendo sido también instructora de tiro deportivo. Allí conoció al Che Guevara en 1960, cuando el argentino viajó al frente de una delegación comercial del gobierno revolucionario cubano.

“Ella tenía la idea de que estando en Cuba iba a aprender a fondo de la Revolución Cubana y que eso le serviría en su trabajo revolucionario, que ella se imaginaba desarrollaría luego en la Argentina. Si ella pensaba y sentía que su deber era luchar en América Latina, nosotros no teníamos ningún derecho a retenerla”, contaron sus padres.

Para las fiestas de fin de año de 1958 escribe una carta muy melancólica donde dice: “Estoy escuchando a Carlos Gardel cantando algunos de nuestros tangos más queridos, y te podrás imaginar qué nostalgia siento”. Pero el vínculo con el Che y la Revolución Cubana le cambian los planes. Tamara Bunke decide viajar a Cuba, llegando a La Habana el 12 de mayo de 1961. En este país estudió periodismo en la Universidad de La Habana. Había aprendido a tocar el piano, aunque la guitarra y el acordeón eran sus instrumentos preferidos, con ellos se acompañaba para cantar.

El 25 de mayo de 1962 el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos celebró la fecha patria con la colonia argentina en La Habana, en Río Cristal. Participaron casi 400 personas, incluyendo los residentes, técnicos, artistas e invitados cubanos y argentinos. El Che hizo el resumen de la fiesta, en el que habló de la lucha armada en la América Latina e hizo un análisis histórico de Argentina. “Este momento, repetido muchas veces en el curso de nuestras vidas, tiene hoy una significación especial, un tono y un colorido especial. Es aquí en otro país de América, en nuevas condiciones de América, donde festejamos una vez más el 25 de mayo, y esta vez no se escuchan los discursos consabidos y no existe la fanfarria consabida, las palabras huecas con que los gobernantes de turno tratan siempre de hacerse copartícipes en la gloria de los viejos próceres (…) Pensemos en que somos parte de un ejército que lucha por su liberación en cada pedazo del mundo donde todavía no se ha logrado, y aprestémonos a celebrar otro 25 de mayo, ya no en esta tierra generosa, sino en la tierra propia y bajo símbolos nuevos”.

Ese día también estuvo presente el histórico dirigente del peronismo revolucionario John William Cooke, quien integraba el Instituto de Amistad Argentino Cubano, quien se hará eco del discurso del Che, asumiendo públicamente el llamamiento revolucionario de Guevara.

Tamara fue seleccionada luego para ser parte del proyecto revolucionario de Ernesto Guevara. Luego de su preparación en Cuba y Checoslovaquia, parte de avanzada para generar las condiciones en Bolivia de la posterior guerrilla comandada por el Che. En este país del altiplano opera clandestinamente con una doble personalidad. A partir de ese momento Tamara se convierte en «Tania». 

Su compañero de entrenamiento en Checoslovaquia José Gómez Abad «Diosdado» en su libro «Como el Che burlo a la CIA» la califica como “una joven alegre, sentimental y romántica. Soñó, amó, y tenía hermosas ilusiones para un futuro; sin embargo, en ella primaron sus altas metas, el cumplimiento del compromiso contraído y del deber revolucionario”.

Tania junto a otros 8 guerrilleros cayeron en una emboscada del ejército boliviano en el vado de Puerto Mauricio. Pertenecía al grupo de la retaguardia de la guerrilla que comandaba Ernesto Che Guevara, que sería asesinado muy poco tiempo después, el 9 de octubre de 1967.

Tras la muerte de Tania se comenzaron a difundir historias fantásticas, autenticas calumnias sobre su vida. Una de ellas es que fue amante de Ernesto Guevara. Otras de las falsedades es que fue una triple agente (alemana- soviética- cubana).

Con el transcurrir de los años su figura se agiganta para convertirse en una referencia y un ejemplo para las futuras generaciones. Gómez Abad termina diciendo en su libro: “Tamara soñó, luchó por un mundo mejor y fue consecuente con sus ideales hasta el final de sus días. Las semillas que ella sembró, años después se ven renacer en su América Latina mestiza y explotada. Esa fue su principal obra y el legado imperecedero que dejó”. (Lois Pérez Leira, Tiempo Argentino, 31/8/2020)

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30 DE AGOSTO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209 declaró el 30 de agosto Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

- el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;

- el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;

- y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

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ASTIZ NO FUE EL ÚNICO
ISABELITA: LA ESPÍA QUE ESTUVO INFILTRADA EN MADRES DE PLAZA DE MAYO Y LLEVA 45 AÑOS EN LAS SOMBRAS
A partir de su legajo, otros documentos y testimonios, Página/12 reconstruye la historia de la mujer conocida como "Isabelita", que integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA y durante la dictadura se infiltró entre familiares de detenidos-desaparecidos para sacarles información.
Las sospechas por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz.
Ya en democracia continuó realizando tareas de espionaje sobre organizaciones políticas y en 1997 llegó a ser una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia.

Durante décadas, el rostro aniñado del marino Alfredo Astiz fue la cara de la traición después de que se hiciera pasar por hermano de un detenido-desaparecido para mezclarse entre los familiares que buscaban con desesperación saber qué había pasado con los suyos. Pero Astiz no fue el único integrante de las fuerzas represivas o de los servicios de inteligencia dedicado a esas tareas. Una mujer de ojos pardos y cabello castaño —integrante del sombrío Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)— también se infiltró en Madres de Plaza de Mayo para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura la aparición con vida de sus hijos e hijas, según pudo reconstruir Página/12 a partir de la lectura de su legajo, que está en poder de los tribunales federales. A más de 45 años de la infiltración, la historia de esta mujer –que ocupó lugares encumbrados en la estructura de inteligencia de la PFA– permanecía en las sombras. Hasta ahora.

A la mujer la conocían como “Isabelita” dentro de ese organismo de la PFA —su nombre real no se divulga para no entorpecer investigaciones judiciales—. Entró a la Escuela de Informaciones en marzo de 1969, poco después de cumplir los 21 años. Para entonces, vivía con sus abuelos en un chalet de la zona oeste del conurbano. Desde que había terminado el comercial en el partido de Morón, se ganaba la vida dando clases de inglés. Al Cuerpo de Informaciones llegó por recomendación de un jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), un organismo que se disolvió en 1973 por decisión del gobierno peronista y cuyos integrantes pasaron a los departamentos de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El jerarca —al que Isabelita presentaba como un tío— se reconvirtió con los años en personal civil de otro temible organismo: el Batallón de Inteligencia 601.

Durante los años de la dictadura, la mujer hizo carrera dentro del Cuerpo de Informaciones. Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo abnegado y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia. También aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inició una pareja con un técnico electricista que revistaba como personal civil en otro servicio de inteligencia —el Batallón 601—. Así lo informó ella a sus superiores en julio de 1982, siguiendo las reglas que rigen la vida de los integrantes del Cuerpo de Informaciones.

Como su pareja había sido destinada a Mar del Plata, Isabelita pidió autorización para trabajar en la delegación de la PFA de esa ciudad balnearia. Había una razón adicional: estaba embarazada y pronto daría a luz. En diciembre de 1982, el comisario Eduardo Pedro Antoniuk les reclamó a los superiores el traslado de la agente que gozaba de una buena reputación dentro del Cuerpo de Informaciones. Antoniuk dio una razón adicional: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.

En otras palabras, su jefe entendía que un cambio de aire le serviría no solo por motivos familiares sino también para sacarla del foco de atención. Inmediatamente, en el legajo de la mujer lucía otra certificación que llevaba la firma de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF: “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS, siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.

El legajo deja pocas dudas de que la mujer estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. Si algún interrogante quedaba, un parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —desclasificado durante la intervención de Cristina Caamaño— lo despeja. El 5 de octubre de 1982, las Madres protagonizaron una movilización hacia Plaza de Mayo. Un agente de la PFA aprovechó el escenario para simular que abrazaba a una de las Madres, Susana Leguía. El policía Carlos Enrique Gallone se las ingenió para ser retratado. Su imagen apareció en la primera plana del diario Clarín, entre otros medios, como un gesto de reconciliación. La SIDE siguió de cerca esos eventos. En un informe, los espías decían que la foto causó conmoción al interior del organismo de derechos humanos, pero agregaban un dato más: esa marcha había sido prohibida por el Ministerio del Interior —del que dependía la PFA— y el decreto nombraba a la agrupación como “Madres de delincuentes terroristas”. Una denominación muy parecida a la que aparecía en el legajo de Isabelita, por lo que probablemente fuera la que usaba la PFA.

Un agente indiscreto

Un año antes de que Isabelita pidiera el pase a Mar del Plata, Luis Alberto Martínez cayó detenido en Suiza. Junto con un grupo de agentes del Batallón 601 estaba intentando cobrar el secuestro extorsivo a la familia de un empresario argentino. Martínez –conocido como el “Japonés”– dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en julio de 1981. En ese testimonio, mencionó centros clandestinos, zonas liberadas y algunas de sus tareas como integrante de la SSF, en donde reportó en Asuntos Gremiales y Asuntos Estudiantiles. Es decir, se ocupaba de espiar en sindicatos y en universidades.

Ante la FIDH, Martínez dijo que la PFA estuvo involucrada en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, cuando los grupos de tareas de la dictadura se llevaron a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. “Se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, anexado a Seguridad Federal”, dijo Martínez en 1981.

A Isabelita la describió como una mujer que llevaba los cabellos largos en una cola de caballo hasta la cintura y, según los recuerdos de Martínez, la mujer simulaba tener un hermano desaparecido –como lo hacía Astiz–. Según Martínez, él y otros efectivos de la PFA tuvieron que ir a buscar las pertenencias de Isabelita después de los secuestros de una pensión que tenía la Curia sobre las calles Viamonte, Paraná y Montevideo. Dijo que ahí vivía con las monjas francesas.

En realidad, la Iglesia no tenía una propiedad en esa zona, pero sí existía una pensión de mujeres en Viamonte 1596, que podría ser el lugar al que Martínez se refería. Hasta donde se sabe, Leonie vivía en Castelar, mientras que Alice alternaba en distintos lugares –como se reconstruye en el libro Callar sería cobarde, de Frederic Santangelo–. Más allá de lo que surgen como imprecisiones, la declaración de Martínez es, sin duda, la razón por la que los superiores de Isabelita sugerían su pase a Mar del Plata.

Los vínculos con la Armada

Como probó la Justicia, los secuestros de los doce de la Santa Cruz –que se extendieron entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977– estuvieron en manos de la Marina. Una versión que recoge el periodista Uki Goñi en su libro Judas es que Astiz precipitó el operativo por el temor de ser reconocido. Goñi incluso sostiene que entre quienes se reunían en la Santa Cruz habían empezado a aflorar sospechas sobre la muchacha que acompañaba a Astiz. Era lógico: la chica era una secuestrada a quien obligaban a acompañar al marino en la infiltración.

En el grupo de tareas de la Marina hubo efectivos de la PFA, pero se trataba en todos los casos de integrantes del área de Operaciones. Un sobreviviente de la ESMA recuerda que no había vínculos entre la inteligencia del GT 3.3.2 y de la PFA. Tal era la desconexión que, en un momento, los marinos sospechaban que estaban detrás de la misma presa que los federales y tuvieron que mandar al sargento Juan Carlos Linares a simular un encuentro casual en la zona de Coordinación Federal con un conocido de la PFA para chequear la información. Una de las posibilidades era que tanto Astiz como Isabelita estuvieran merodeando a los grupos de familiares sin que existiera coordinación entre ellos.

Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA, reconoció que, al menos, desde agosto de 1977 habían montado vigilancia sobre las organizaciones de solidaridad –léase los organismos de derechos humanos–. En una declaración, Acosta dijo que esa información la compartía la comunidad informativa –es decir, los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas– y mencionó la existencia de una directiva nacional que determinaba como blanco a quienes buscaban saber qué había pasado con sus familiares desaparecidos.

Aires no tan democráticos

Cuando llegó la democracia, Isabelita siguió creciendo profesionalmente. Pasó en diciembre de 1983 a integrar el Departamento de Protección del Orden Constitucional –el temido POC–. Después del asalto a La Tablada de enero de 1989, el entonces procurador general Andrés D’Alessio conformó un grupo de agentes de inteligencia de la PFA para investigar al Movimiento Todos por la Patria (MTP). Ella estuvo entre los elegidos por el excamarista del Juicio a las Juntas.

Durante esos primeros años de la democracia, el área de inteligencia de la PFA se dedicó a seguir a organizaciones que, según ellos, reivindicaban la violencia política. “Después de que se aplacaron los ecos del hecho de La Tablada (enero de 1989) y del enfrentamiento con la Brigada Che Guevara (noviembre de 1990) un razonamiento elemental de inteligencia permitiría inferir que los elementos fanatizados recompondrían sus cuadros con la idea de seguir azotando el país”, puede leerse en un informe que integra el legajo de Isabelita.

“Se trabajó sobre la hipótesis de que dichos elementos tendrían un aceptable caldo de cultivo para sus acciones psicológicas en las marchas que organismos de derechos humanos y de solidaridad desarrollaban en el país con distintos motivos o reclamos”, continuaba el reporte que dejaba en claro que para los servicios de inteligencia, al igual que en la dictadura, el movimiento de derechos humanos se presentaba como un enemigo al que temer y espiar.

Como parte de esas tareas, los agentes de inteligencia de la PFA siguieron a quienes decían que integraban la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) hasta provocar una serie de caídas. Entre quienes fueron blanco de los espías de la Federal estuvo Oscar Kuperman, a quien seguían, por ejemplo, a las rondas de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo. Cuando allanaron la casa de Kuperman, consignaron que, en sus agendas, se veía que mantenía relaciones “personales, ideológicas y partidarias” con organismos de solidaridad y derechos humanos.

Para 1997, Isabelita se incorporó como una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia, por donde pasaron otros célebres espías de la PFA, como Américo Balbuena, el “pluma” que estuvo infiltrado en la agencia de comunicación alternativa Rodolfo Walsh. Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, la mujer pidió la baja.

Para que se investigue

En 2013, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré denunció a Isabelita por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) analizara su legajo. La presentación se hizo en el juzgado donde tramita la megacausa ESMA. Después de una serie de medidas, el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Sin embargo, entendió que, de su legajo, se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad y le remitió la documentación al juez Daniel Rafecas –que investiga los crímenes bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército– y a la Procuración.

Hasta ahora, la historia de Isabelita permanecía en las sombras, a diferencia de lo que sucedió con otros de los integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA. El organismo quedó bajo los reflectores después del éxito de la serie Iosi –que retrata, a partir de una investigación de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, cómo José Pérez estuvo quince años infiltrado en la comunidad judía–.

Todos los hechos vinculados al terrorismo de Estado deben ser investigados y esclarecidos por la Justicia argentina”, afirma la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), al ser consultada por Página/12 por la actividad de Isabelita en los años de la dictadura.

“Es crucial investigar su participación en los hechos de la dictadura”, opina Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “El caso demuestra además que era cierto lo que siempre denunció el movimiento de derechos humanos: la continuidad de prácticas de la dictadura en democracia. La impunidad permitió esto”, añade el funcionario.

En una línea similar se pronunció Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Lo que se logró saber de Isabelita es útil para entender mejor cómo funciona esa estructura secreta de la PFA y para reafirmar la necesidad de que se investigue exhaustivamente cómo funcionó durante la dictadura y los años posteriores”, dijo a este diario. “La continuidad de agentes bajo secreto que tuvieron alguna participación en el aparato represivo y las prácticas de infiltración por razones políticas exigen la apertura de archivos y de investigaciones porque no es razonable que después de todas estas décadas sea prácticamente imposible reconstruir su participación en el terrorismo de Estado y su normativa y organización desde la recuperación democrática”, reclamó la directora del CELS.(Luciana Bertoia, Página 12, 16/8/2022)

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MANOLO DIÉGUEZ: LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DESDE EL AULA
LA HISTORIA DE UN MAESTRO DESAPARECIDO Y EL TRABAJO DE DOCENTES Y ALUMNOS PARA RECORDARLO 

Durante 40 años, a José Manuel Diéguez nadie lo mencionó en la Escuela Primaria 10 de Parque Chacabuco. Aquel fue su último lugar de trabajo como docente, hasta que fue secuestrado en marzo de 1977. “Nadie se preocupó por hacer nada para recordarlo”, dice Melisa Correa. Nadie, nunca, hasta que, en 2017, confluyeron las ganas de hacer memoria de un grupo de docentes y la decisión de hacerlo con les pibes que llenaban las mismas aulas por donde alguna vez “Manolo”, como todes le llamaban, enseñaba a leer y a escribir. El resultado fue una entrevista colectiva que estudiantes de esa escuela le hicieron a una compañera de formación docente del maestro desaparecido. Y el resultado de la entrevista fue el libro ilustrado Manolo estaba con las armas, que se presentó en la sede del sindicato docente porteño Ademys.

Correa es docente titular de la Escuela Primaria 10 del octavo distrito escolar porteño y responsable, junto con Sergio Lichtenzveig, de darle forma de narración al material recogido por estudiantes que, en 2017 y cursando el quinto grado en aquella escuela, entrevistaron a Celia, quien conoció a Manolo Diéguez durante sus años de formación docente y se ocupó de “hacer memoria” por él: contactó a su familia, impulsó la colocación de una baldosa en su recuerdo en la puerta de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 2 “Mariano Acosta”, en donde ambos se conocieron. Pero hasta llegar a Celia recorrieron un camino.

“El libro nace de un trayecto que comenzamos en la asamblea docente del distrito octavo con el objetivo de reconstruir las historias de nuestres docentes desaparecides”, contó Correa, quien también reconoce allí una “tarea que no está del todo desarrollada, no hay una identificación de los establecimientos con les trabajadores que fueron víctimas” de la última dictadura cívico militar.

El primer paso que dieron desde la asamblea fue “buscarles”. En los registros formales de los establecimientos educativos del distrito no hallaron ningún dato sobre trabajadores desaparecides. Claro: esos registros no contienen esa información detallada; más bien todo lo contrario, la esconden. El legajo de Diéguez, por ejemplo, contaba asistencia perfecta hasta el 28 de marzo de 1977, lunes, cuando fue secuestrado “en algún lugar de la Capital Federal”, cuentan en su reconstrucción. “Luego el legajo registra cinco ausencias injustificadas, que son las necesarias formalmente para ordenar el cese del trabajador. Ese documento oculta lo que ocurrió con Manolo, es la ausencia de la ausencia perpetrada por el mismo Estado”, planteó la docente.

Dieron con el nombre de Manolo como detenido desaparecido durante la última dictadura en el Parque Nacional de la Memoria. “Docente de la escuela número 23 del distrito octavo –casualmente funciona en la otra cuadra de la 10–, decía allí. Y que había sido secuestrado el 28 de marzo de 1977”, recordó Correa. Finalmente, chequearon que el maestro había trabajado en la escuela 10: “A partir de ese pedacito de historia, comenzamos a buscar más datos, a armar memoria”, continuó la maestra.

Pero había otro camino vinculado a la construcción de la memoria que corría en paralelo: el pedagógico. Entonces, el equipo docente de la escuela 10 trabajaba con estudiantes de quinto grado el circuito didáctico “Escuela, niñez y dictadura”. A las herramientas que se solían utilizar para atravesarlo –lectura de cuentos y testimonios, revisión de diarios y revistas– se sumó la investigación sobre Manolo. “Reflexionamos sobre un montón de preguntas que se nos iban apareciendo en el camino –recordó la docente– sobre lo que pasaba en la escuela cuando había maestres desaparecides, lo que hacían sus compañeres, si les buscaban, cómo reaccionaban les niñes, ¿le extrañaban?”. Al final del recorrido dieron con la respuesta a esta última pregunta, aseguró Correa: les alumnes de Diéguez “lo querían mucho, se extrañaron de que hubiera dejado de ir a trabajar de un día para el otro y con la maestra que lo reemplazó averiguaron que Manolo tenía un hermano que trabajaba en Parque Rivadavia y lo fueron a buscar para preguntar qué había pasado. No lo encontraron”.

La lucha armada

Trabajo pedagógico y construcción de memoria en simultáneo, docentes y alumnes se toparon con Celia, que “no solo se emocionó muchísimo al saber que un grupo de docentes y estudiantes de la escuela donde había trabajado su compañero lo quería recordar, sino que también se ofreció a charlar con les chiques”.

Acudió una tarde a la escuela y respondió cada una de las consultas de les pibes, pero antes, la que hizo una consulta fue ella: “Manolo estaba con las armas, ¿eso les puedo contar a los chicos?”, recordó Correa. La indagación de Celia quedó plasmada en el cuento sobre la historia de Manolo, narrado por Correa e ilustrado por Lichtenzveig. “Nos dimos cuenta de que en la propuesta pedagógica sobre la construcción de la memoria sobre la lucha de los 70 hay algo que se perdió y es la lucha armada –apuntó la docente–. La teoría de los dos demonios tiene mucha fuerza hoy, no se puede decir que un grupo de gente que buscaba justicia social y redistribución de la riqueza había tomado las armas para conseguirlo”.

Quisieron tanto rescatar el dato que fue el título del cuento, que una vez que estuvo “plantado” fue corregido, apuntalado, empujado por otro grupo de docentes –Julia Iurcovich, Paula Martínez, Marta Marucco, Edgardo Maggi, Paulo Manterola, Ivana Roitberg, Laura Cáceres Obando–. Les autores pidieron préstamos y crearon un sello editorial especialmente para poder imprimirlo y repartirlo: “Queremos que el libro esté en las escuelas primarias, secundarias y también en los terciarios, que circule por les diferentes actores de la educación porque la escuela debe preguntarse les maestres que nos faltan”, concluyó Correa. (Ailín Bullentini, Página 12, 6/8/2022)

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CRÓNICAS SOMBRÍAS: UN MÉDICO "TODO SERVICIO"
RODOLFO RIES CENTENO, EL "MENGELE CRIOLLO" QUE TORTURABA EN AUTOMOTORES ORLETTI
Nacido en una familia acomodada de Barrio Norte, Rodolfo Ries Centeno fue un médico que atravesó los años más duros del terrorismo estatal como un fantasma.
En Orletti ("chupadero" regenteado por la SIDE) fue dueño de vidas y hacedor de muertes.
El "Tordo" o "Doc", como lo llamaban allí, murió en diciembre de 1979, cuando explotó un artefacto explosivo que él mismo manipulaba. 

La trama en sí afloró de manera inesperada.

Su primer signo fue un mensaje recibido durante la mañana del domingo 20 de marzo por quien esto escribe a través de una red social. Su remitente, un tal Federico Secchi.

Allí, con pocas palabras, resumía un trauma de su infancia: el vidrioso clima que, a mediados de la década del ’70, floraba en su hogar a raíz de una relación adúltera de su madre. Así quedó al descubierto el otro cateto de aquel triángulo amoroso: un presunto represor de la última dictadura llamado Rodolfo Ries Centeno, quien habría integrado el ominoso staff del CCD (Centro Clandestino de Detención) “Automotores Orletti”. Estos eran los dos datos germinales de su historia, una historia hecha con fragmentos.

Al respecto, su chequeo inicial arrojó resultados más que magros: aquel apellido compuesto es mencionado únicamente en las sentencias de los juicios por Orletti (2011) y el Plan Cóndor (2016), sin más detalles que su condición de “médico y operativo”, aclarando además que “no figura el nombre de pila”. En cambio, su identidad completa consta en el libelo negacionista: “Los otros muertos”, de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel. Allí se puntualiza la fecha de su fallecimiento (el 12 de diciembre de 1979), causado –según el texto– por un atentado de la organización Montoneros (una inexactitud que más adelante este artículo corregirá).

Así se veía Automores Orletti a mediados de los años 70, en Venancio Flores al 3.500, en el tranquilo barrio de Floresta.Entonces, ese tipo –sobre quien tampoco hay más registros fotográficos que el de su legajo como “personal civil de la Policía Federal”– realmente existió. Pero todo indica que supo deslizarse a través de la etapa más dura del terrorismo estatal como un fantasma apenas disimulado. De manera que valía la pena explorar su trayectoria. 

Se estima que en Orletti estuvieron secuestradas unas 300 personas de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, paraguaya, cubana y argentina. La mayoría continúa desaparecida.Lo cierto es que Orletti (el “chupadero” del Plan Cóndor regenteado por la SIDE) es aún hoy una fuente inagotable de sorpresas. De hecho, en paralelo al mensaje de Secchi, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontraba un sumario que describe la prehistoria de dicho CCD, además de revelar secretos sobre cómo actuaban sus espías en base a las órdenes impartidas por una hasta ahora desconocida estructura de la SIDE, bautizada “Operaciones Tácticas 18” (OP 18), dirigida por un también ignoto represor: Eduardo Giachino. En suma, la no menos súbita aparición de Ries Centeno encaja con dicha novedad como un “bonus track” insoslayable. Solo que el hilo conductor de su brinco hacia la luz es nada menos que su vida privada. He aquí, en consecuencia, un himno al concepto de la “banalidad del mal”.

El extremista imaginario

Fue en septiembre de 1975 cuando el entonces jefe de la Policía Federal y uno de los cabecillas de la Triple A, comisario general Luis Margaride, impartió la orden de secuestrar a un “extremista” que convalecía por una herida de bala en el Sanatorio Metropolitano, sobre la calle Lavalle al 1900.

Entre los receptores de aquella directiva se encontraba el sargento de la Superintendencia de Seguridad Federal (el brazo represivo de dicha mazorca), Luis Alberto Martínez (a) “El Japonés”. Aquel esbirro, que también reportaba a la mencionada falange de ultraderecha, fue puesto al frente del asunto.

La patota llegó con premura al –diríase– teatro de operaciones y, luego de desarmar a dos custodios en un pasillo, irrumpió de
manera aparatosa en la habitación de la víctima.

Éste, a modo de saludo, recibió un culatazo en la cara. Entonces, bramó:

– ¡Paren! ¡Paren! ¡No soy guerrillero!

Los culatazos prosiguieron. Y él, ya al borde del llanto y con las manos en posición de rezo, suplicó:

–Antes de matarme, llámenlo a Aníbal Gordon. ¡Es mi jefe!

El nombrado, un hampón de fuste, ya comandaba la célula más lumpen de la Triple A.

Desconcertados, los intrusos se cruzaron las miradas. Entonces optaron por concederle semejante oportunidad. Gordon no demoró en hacer allí acto de presencia para dar fe de que ese pobre diablo formaba parte de su tropa.

En resumen, el sujeto internado, un antiguo militante del grupo fascista Concentración Nacional Universitaria (CNU), había intervenido en un reciente ataque a una sede del Partido Comunista (PC) en Pilar. El hecho derivo en un tiroteo. Y él salió de allí con un plomo en la nalga izquierda.

Era nada menos que Rodolfo Ries Centeno.

Según las palabras del propio Martínez, la siguiente ocasión en la cual se topó con él fue en junio de 1976, cuando “en agradecimiento, la banda de Gordon nos invitó a una comilona en una casa de Floresta”.

Se refería al chalet de la calle Bacacay al 3500, una base anexa a Orletti, ubicado en aquella misma manzana, sobre la calle Venancio Flores. También dijo que Ries Centeno había sido sumado a la Superintendencia de Seguridad Federal como “auxiliar de inteligencia en el escalafón profesional”, debido a su condición de médico. Y que era parte de la patota asignada a ese CCD.

Aquellos dichos del Japonés (quien en 2015 se salvó de ser condenado a perpetuidad a raíz de presuntas “disfunciones cognitivas”) integran un extenso testimonio vertido, a mediados de los años ‘80, ante el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Jorge Baños. Los datos aportados allí por él también fueron volcados en un extenso informe del Archivo nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Telam tuvo acceso a ambos documentos. 

En tal ocasión, sobre este personaje trazó el siguiente perfil: “El padre, también médico, tenía una clínica en San Fernando. Y él era un ‘bienudo’ de Barrio Norte. Vivía en la calle Larrea o Gorriti. Estaba separado, era padre de un chico, tendría 45 años (en realidad, acababa de cumplir 40);  medía 1,70 de estatura y siempre andaba bien vestido”.

Asimismo mencionó que su “colega” alternaba las tareas represivas con su trabajo de otorrinolaringólogo en el Hospital Pirovano.
Fue allí donde se desencadenó la otra parte de su existencia.

El galán de los hogares

Federico Secchi, nacido en 1970, era el primogénito del matrimonio formado por el dentista Carlos Alberto Secchi y la fonoaudióloga Hilda Susana Sanz de Secchi, ambos –por entonces– de 28 años. Esa familia, que luego se completó con el nacimiento de su hermana, residía en un departamento de la calle Beruti al 3800, casi en la esquina con Canning (hoy Scalabrini Ortíz), de Palermo.

Los primeros recuerdos que Federico tiene de Ries Centeno se remontan a sus cinco años de edad, cuando la madre también trabajaba en el Pirovano. Allí, hizo buenas migas con el represor. Demasiado buenas. O sea el flechazo entre ellos fue inmediato. Así se inició una relación que era tolerada de mala gana por Carlos Alberto.

De hecho, diariamente iba a buscarla en su automóvil al hospital. Pero sin entrar al servicio en el cual su mujer se desempeñaba, para no cruzarse con Ries Centeno. Era el pibe quien se encargaba de eso, mientras él aguardaba en el vehículo. En tales circunstancias, su hijo conoció a ese tipo, cuya presencia se extendería al ámbito de su propio hogar.

A casi medio siglo de ello, Secchi describe: “Yo lo vi hasta en mi casa. Recuerdo que una mañana estaba enfermito, acurrucado con fiebre en la cama matrimonial. Y Ries Centeno, sin estar mi padre presente, estaba allí como un amigo. No sé, imagino que con mi madre harían cosas… siendo amantes. Esa esa vez fue a comprarme una Team, que era mi gaseosa preferida. Pero como no había de esa marca, trajo una Sprite. Insistía en hacerse el gracioso. Era un tipo muy fachero. Le decían el ‘Negro’ porque siempre estaba bronceado”.

Cabe destacar que una amiga íntima de Hilda Susana, la señora Leticia (esposa de Víctor Gard, otro esbirro de Orletti, muerto en 1999) también salía con Ries Centeno. Resultó una rivalidad poco conflictiva. Eso se desprende de una reciente comunicación telefónica entre ella y Federico; a saber:

“A tu mamá le gustaba el Ríes Centeno –aseveró ella–; eso yo lo sabía. Y XXX (su hijo) No es del “Gordo” (Gard) sino de “Rolo” (Ríos Centeno.) Y ella (Hilda Susana) se lo llevaba al abuelo (paterno) para que lo viese. Es una historia muy larga. Y al final, ellos lo negaron al chico para no incluirlo en la sucesión. Pero nosotros no necesitamos nada de los Ries Centeno. Susana y yo lo sabíamos. Éramos re-amigas".

Lo notable es que casi todos los actores de semejante culebrón estaban al tanto de las actividades “secretas” de Ries Centeno.
“Una vez, mi tío me contó –dice Federico– que este tipo por ahí llegaba a una reunión social, y ponía la pistola arriba de la mesa, como para decir ‘acá estoy yo’. Era una actitud soberbia, ¿no? Mi tío, una vez que hablé con él, me dijo que sí, que Rodolfo mataba gente. O sea, lo sabía toda la familia; eso era tomado como algo normal. Mi padre lo llamaba ‘el asesino’, aunque lo hacía por despecho, por celos, más que por otra cosa”.

¿El doctor Ríos Centeno era entonces una persona “normal”, pero con responsabilidades laborales en una estructura cifrada en el exterminio?  

El Mengele nacional

Si bien en su círculo de amistades a este individuo lo llamaban simplemente “Rolo”, su nombre de cobertura en el aparato represivo de la Policía Federal era “Rolando Rivas”, mientras que sus camaradas de Orletti le decían “Tordo” o “Doc”. 

José Luis Bertazzo, un sobreviviente de aquel inframundo, confirmó a Télam lo manifestado en una de sus declaraciones judiciales: “Durante una sesión de tortura me dio un paro cardíaco, y fui atendido por alguien al cual los otros represores llamaban ‘Doc’. Claro que me resulta imposible asegurar que haya sido Ries Centeno, porque yo estaba con los ojos vendados”.

En el escrito del Cels elaborado en base al testimonio del Japonés, se especifica que Ries Centeno era un experto en “anticianuro”, en morfina y en una especie de Pentotal que fabricaba el laboratorio Parke Davis.

En consecuencia, dado que los cautivos no recibían atención médica a pesar de sus heridas o lesiones, su trabajo también tenía otra finalidad: revivir a quienes optaban por tragar alguna pastilla venenosa para no caer con vida en manos de los represores.
Pero Ries Centeno era un hombre de acción, por lo que solía participar en secuestros. Al respecto –según el Japonés–, en una oportunidad recibió “un tiro en el puño, y su trayectoria le tomó medio brazo.

Orletti dejó de funcionar como CCD en septiembre de 1976, después de la fuga de una pareja secuestrada. A partir de entonces, Ries Centeno comenzó a prestar servicios en los “chupaderos” El Olimpo y Club Atlético.

Su carrera represiva concluyó abruptamente el 12 de diciembre de 1979, cuando explotó un artefacto explosivo que él manipulaba. Fue en el inmueble donde había funcionado la clínica de su padre, en la calle Ayacucho 1350, de San Fernando. La detonación le causó graves heridas en la cara y el estómago, además de mutilarle ambas manos. Dado que colocar bombas no era el modus operandi de los Grupos de Tareas, se cree que el médico quería consumar una venganza personal contra los hermanos Viagio, dos militantes comunistas de la zona. Después de una agonía de dos días, Rodolfo Ríes Centeno comenzó a tomar sus primeras lecciones de arpa.

Para Hilda Susana fue un duro golpe. Ella –según Federico– lo lloró por una semana, mientras que la muerte su propio padre, sucedida al poco tiempo, le insumió solamente dos días de duelo.  (RICARDO RAGENDORFER, Telam, 4/6/2022)

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EL NEGACIONISMO NO ES UNA OPINIÓN SINO UN CRIMEN
El negacionismo no es una opinión sobre exterminios y genocidios sino que es la continuidad de esos crímenes bajo otras formas. Es por ello que en los países donde esos hechos tuvieron lugar resulta plausible asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus neo formas embrionarias.

Por Alejandro Kaufman para LA TECL@ EÑE
Contra lo que pretende el negacionismo de exterminios y genocidios, sus inquisiciones no son sobre el pasado sino sobre el futuro, son diatribas contra los Nunca más en procura de vulnerar las barreras levantadas contra la repetición. Esas barreras consisten en repertorios que no son idénticos en la posterioridad de cada uno de los exterminios y genocidios, sino que se configuran de maneras situadas, con sus singularidades. Determinar rasgos recurrentes en las diversas experiencias límite solo puede inferirse de referencias testimoniales e históricas que concurren a formular el acervo que documenta lo acontecido. En cada uno de los eventos paradigmáticos, por lo general, esos acervos se nutren de lo multitudinario de las masacres, que dejan atrás, también en forma multitudinaria, sobrevivientes, descendientes, vecindarios, tramas institucionales, estatales y de la vida civil, círculos concéntricos que culminan en el conjunto de cada una de las sociedades adonde tuvieron lugar los hechos. Esa inmensidad multitudinaria, siempre objeto de negación desde su propio origen, es lo que los actuales negacionismos quieren mantener en el silencio, la omisión y el consentimiento.

El negacionismo refiere al futuro y no al pasado porque no es posterior a los hechos sino que los precede, solo que en su momento no fue advertido, o no fue reconocido, o fue hasta habilitado como apetencia, de un modo u otro. Se da cuenta así, con tal formulación paradójica acerca de la temporalidad, de un rasgo decisivo de los exterminios y genocidios, que reside en que las masacres son metonímicas de las transfiguraciones histórico sociales que sus perpetradores proyectan y realizan. El trazado exterminador es una intervención sobre el tiempo histórico social que consiste en borrar el pasado y reescribirlo. La solución final consiste en crear una in-existencia a través de la aniquilación, en el presente, de todo rastro viviente histórico de lo exterminado. Decir que es para forjar un olvido es insuficiente porque no es el olvido lo que se busca, sino crear una realidad alterna en la cual ese colectivo social odiado, vilipendiado e inculpado nunca haya existido. En ese sentido el negacionismo precede a cada holocausto, no solo porque la condición de posibilidad de su materialización requiere primero un apartamiento simbólico, segregación y criminalización del objeto colectivo de desprecio y asco, sino porque la propia operación discursiva -esto es, cuando se exponen “opiniones”- anticipa, y reproduce, el modo originario del aniquilamiento.

Esta precedencia discursiva del aniquilamiento ha sido observada desde siempre, ya sea por quienes dieron aviso del incendio, antes, o después de los sucesos, cuando se elevaron los interrogantes sobre cómo fue posible. De todo ello emergieron bases ético políticas y jurídicas fundantes de las instituciones políticamente correctas de la segunda postguerra mundial, y que en términos abstractos están vigentes, aunque han sido objeto de un continuo deterioro y desmentidas por múltiples acontecimientos incompatibles con tales fundaciones. Cualquier lista que se borronee será interminable, y se podrá comenzar con la guerra fría y el terror nuclear para mantenerse abierta porque a cada instante algún nuevo horror, en algún lugar del mundo, se sumará a la serie. Sin embargo, esas fundaciones no han sido todavía sustituidas por otras, sino que por el contrario no han hecho más que, como tales, perfeccionarse y actualizarse.

Los devenires histórico político mundiales de las últimas ocho décadas -prontas a cumplirse- son heterogéneos y contradictorios. Mientras el repertorio fundacional de un orden internacional adecuado a los derechos humanos ha ido evolucionando, en muchas otras instancias vemos grandes retrocesos y emergencias de nuevas barbaries, así como desentendimientos en las propias luchas por los derechos humanos.

En nuestro país, justificadamente orgulloso por grandes realizaciones en favor de oponer a la dictadura del 76 un estado de derecho sostenido por la memoria, la justicia y los derechos humanos, con todas las idas y venidas que conocemos, no obstante, entre las diversas deudas y pendientes que nos aquejan se cuenta la actitud generalizada hacia el negacionismo, al que tratamos como si fuera una opinión, que es la forma que pretende y con que se presenta, y con la que consiente buena parte de nuestra sociedad.

La experiencia postdictatorial argentina ha estado habitada por un paradigma punitivo de la memoria basado en el juicio y castigo a los culpables, con diversos logros, irradiaciones de índole diversa hacia otros aspectos de la vida en común, y omisiones, como ocurre con el negacionismo. Predomina una justificada aversión hacia toda censura, asociada con la dictadura genocida, así como se verifica la hegemonía de una ideología comunicacional amparada por una interpretación liberal de la primera enmienda arraigada en múltiples estratos sociales argentinos. Todo ello ha postergado la inquietud por el negacionismo hasta prácticamente la actualidad, en que su desenvolvimiento ha alcanzado tal magnitud que consiguió convertirse en un tema de preocupación más generalizado que hasta ahora.

De modo prevaleciente se ha instalado en la esfera pública, alentada por las formulaciones que rechazan problematizar jurídica e institucionalmente el negacionismo, una agenda binaria entre un supuesto punitivismo de opiniones, lindante con la censura o directamente censor, y una posición contraria favorable desde su punto de vista a la libertad de expresión. Según esta segunda actitud, el negacionismo es una opinión sobre el pasado y debe ser sometida solamente a debates con expertos sobre historia y memoria, sobre todo, sobre historia. Este punto de vista asimila el negacionismo del genocidio de la dictadura a otros discursos negadores de diversas realidades, algunos de ellos inocuos e inimputables, consintiendo de esta manera con lo que el negacionismo pretende ser: una opinión.

Desatiende esa posición, que por desgracia probablemente sea mayoritaria o al menos muy influyente, que pretenderse opinión es el ardid que la dictadura dejó a su paso, como esas minas o proyectiles que después de las violencias bélicas quedan sin estallar, latentes para hacerlo en cualquier momento: una amenaza sin plazo. El ardid consiste en simular un debate sobre la historia para encubrir la continuidad del dispositivo genocida, que no se limita a los acontecimientos del horror sino que comenzó bastante antes, a través del diseño del aniquilamiento simbólico precedente. Lo que se implica así es que el negacionista contumaz no es una conciencia libre que opina y juzga sino una agencia continuadora del proyecto genocida, y por lo tanto, mientras se limita todavía a “opinar”, una fuente de propaganda y acción encubierta del genocidio cuya consecuencia es deteriorar las barreras levantadas contra la repetición del horror. En nuestro país, un efecto adverso, o pendiente, del paradigma punitivo de la memoria es la premisa de que la punición de los horrores de la dictadura constituiría una condición decisiva del nunca más, sin advertir que la sucesión generacional de los perpetradores nos aproxima a dejarnos en un nuevo escenario en que tales juicios y castigos ya no tendrán efectos más que hacia el pasado, no sin un rédito simbólico valorable y hasta necesario en nuestra propia historia reciente, pero no suficiente en lo sucesivo.

Los acontecimientos del horror son la ejecución de una sentencia que prescribe la desaparición de un colectivo social definido por el agente perpetrador sin advertencia ni conocimiento inteligible por parte de la víctima. El suceso no se anuncia a las víctimas, que caen inermes y desprevenidas en la trampa letal. La sentencia es clandestina, y se la deniega en forma sistemática. Por otra parte no era creíble que tal suceso tuviera lugar. Con posterioridad al cese del exterminio en las distintas formas en que su interrupción ha ocurrido, se lo caracterizó y configuró en tanto verdad, memoria y justicia. Quienes sobrevivieron y sus descendencias encarnan el sustrato viviente de la memoria. Con mayor frecuencia se omite o no se explicita un aspecto decisivo de todo el asunto: la sentencia es irrevocable. Se le opone a la sentencia una contra sentencia: nunca más, fórmula orientada a impedir la repetición del horror. Fórmula necesaria que se presume eficaz, y que va acompañada de las múltiples tramas memoriales, jurídicas, culturales y sociales que conocemos. Sin embargo, la fórmula del nunca más contiene una omisión paradójica: elude el carácter irrevocable de la sentencia desaparecedora. Y esto es por su naturaleza clandestina, denegatoria de los hechos y adversa a toda juridicidad legítimamente instituida con posterioridad. Una vez impuesta la condena por la agencia perpetradora, y destituida tal agencia cuando se termina con la estatalidad criminal que le dio origen, en la nueva escena la condición perpetradora subsiste de manera transmutada en la civilidad resituada. Entonces, en magnitudes que no son idénticas a las originarias ni se pueden establecer con precisión, prosigue anhelando la formulación de la sentencia. En otras palabras, el colectivo social sentenciado a la desaparición, constituido por quienes sobrevivieron -de las distintas formas muy diversas en que ocurre la supervivencia-, llevan consigo por siempre el estigma de la condena. El olvido es la desmemoria o el descuido respecto de ese estigma, y el estigma, la razón decisiva por la cual el crimen del exterminio no tiene fin en este sentido que podríamos calificar como ontológico. Y es porque no tiene fin que hay que proseguir con el deber de memoria del nunca más, no porque se vaya a repetir algo que sucedió y ya no sucede, sino porque sigue sucediendo de modo irrevocable. Y el modo en que sigue sucediendo, en principio, consiste en volver al comienzo semiótico, a la exposición pública de la segregación y la estigmatización que van en procura de nuevas formas que resulten irreconocibles para el sentido común.

El negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Es por ello que en los países donde esos hechos tuvieron lugar resulta natural asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus neo formas embrionarias. Si el Imperio puede ostentosamente agitar su primera enmienda para oponerse a tales reconocimientos, no es porque los Estados Unidos sean más democráticos que países europeos, sino porque en estos últimos es donde radican poblaciones agentes del exterminio, como sucede asimismo con nuestro país. En la escena europea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se llevó a cabo la denominada desnazificación, fácil de olvidar su carácter coactivo mientras mantuvo una eficacia relativa -motivo de interés de la crítica cultural- durante un cierto lapso que vemos ahora caducar.

Susurros son estas líneas que abogan por profundizar advertencias y reflexiones. El propósito es calibrar la patente tragicidad que atraviesa el respectivo debate frente a banalidades y simplezas que se le oponen. No es un debate sobre punitivismo ni sobre libertad de expresión, sino una apelación a mirar de frente la prosecución de los hechos, situados por cronología en el pasado, pero manifiestos semióticamente en el presente como amenaza letal. Será otra vez el testimonio el que elevará la voz frente al vacío de lo real extenuado por la perpetración, pero será también la estatalidad quien deba asumir sus responsabilidades tan indelegables como irrevocable es el estigma que el horror instala para siempre, en el orden de lo imperdonable y lo imprescriptible. Son estas dos categorías que van más allá del presente las que el negacionismo lesiona, la condición de lo imperdonable y de lo imprescriptible, devenidas trivial habilitación del olvido. La sociedad y el estado no lo deben permitir. Imperdonables e imprescriptibles como son los hechos del pasado, transfieren la condición que los define a los enunciados que los invocan, como si no lo estuvieran haciendo, como si estuvieran hablando de otra cosa, como si de las duchas fuera a salir agua para el baño o como si los traslados fueran cambios de domicilio. No es sencillo instruir desde semejantes enunciados causas incriminatorias, no lo es jurídicamente, pero tampoco lo es en el dominio de la mera convivencia civil. Objeto de debate tiene que ser la instrucción de las causas como sucede con todos los crímenes, tanto en sede jurídica como en sede social civil. Ningún crimen, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista ético político, cae definido por su propio peso, ni es obvio, ni es transparente, ni lleva en la frente su determinación. Por desconocer esta dificultad inherente a toda razón práctica es que se profieren tantas banalidades y anécdotas inocuas cuando se pretende con tanta extraña persistencia cuestionar el verdadero debate que sociedades como las nuestras deberán emprender, tarde o temprano.

Establecer responsabilidades jurídicas y políticas acerca de los negacionismos es ineludible, o debería serlo, por la gravitación que tales actos de habla ocasionan, del mismo modo que sucede con iniciativas homólogas en cuestiones de género y de racionalización, entre otras, que solo inician un largo camino, un camino de conciencia, educación y responsabilidad, no necesariamente de censura ni de imposición arbitraria. Censuras y arbitrariedades son riesgos inherentes a la vida social, no susceptibles de prevenirse mediante simplificaciones y negligencias. Todo ello sin embargo atravesado de dificultades que no son mayores que las esperables de la insistencia en enfoques ingenuos y bien pensantes (en el mejor de los casos) ante el horror que congela el alma y no nos da tregua. (Telam, 27/4/2022)

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MASACRE DE RÍO LUJÁN, TAMBIÉN LLAMADA MASACRE DE CAMPANA
Entre los asesinados está el padre biológico de Cecilia Todesca Bocco
Tres policías retirados fueron procesados, en 2021, por el fusilamiento de cinco militantes montoneros
Sus muertes fueron fraguadas bajo un falso “enfrentamiento”, por lo que los imputados también deberán afrontar el cargo de encubrimiento.

Los hechos

Recién arrancaba el 12 de abril de 1975 cuando un grupo de militantes montoneros, a bordo de dos Ford Falcon, interceptaron a un camión que transportaba alimentos en la ruta 9 y lo desviaron por la Ruta 4 rumbo al Río Luján, territorio de la localidad bonaerense de Campana. El objetivo del operativo era tomar la comida que transportaba ese convoy para repartirla en los barrios pobres de la zona, incluidos los de Escobar y Zárate. En un momento tomaron un camino de tierra para poder parar y cambiar las patentes. Era la madrugada y en la oscuridad del campo observaron que dos vehículos los seguían por la 4.

Alberto Badino estaba a cargo de manejar el camión interceptado. Según la transcripción de su testimonio en el expediente, “inmediatamente empieza a recibir disparos en el camión que venían de esos autos y que correspondían a la policía. Por la distancia y por la fuerza de los impactos en la puerta del camión, supo que el grupo oponente poseía armas largas automáticas; armamento mucho más pesado que el que tenía su grupo”.

Antonio Fernández es el otro militante sobreviviente. De aquella primera ráfaga de disparos se llevó herido un pie. González Charvay rescató de su declaración testimonial que, en ese momento “quien estaba al mando del operativo policial les ordena rendirse”. Fernández podía caminar, así que avisa a sus compañeros que va a emprender la retirada. El resto se desarma y levanta las manos en señal de rendición. Sabían que serían fusilados. A los pocos metros, Fernández “pudo escuchar 15 o 20 disparos (...) en ese momento se dio cuenta de que los habían fusilado”, figura en la causa.
Al otro día, los principales diarios del país fraguaron en sus tapas los asesinatos de Carlos Tuda, Luis Bocco, Carlos Lagrutta, Carlos Molinas y Guillermo Rodríguez como el resultado de un “enfrentamiento”. La información, por supuesto, provenía de la Policía. Badino y Fernández, ambos responsables del impulso inicial de la investigación judicial en 2013, dejaron en claro en sus testimonios que tal enfrentamiento fue imposible. Según informes forenses, las víctimas recibieron entre 4 y 9 disparos cada una. Todas, a excepción de Rodríguez, impactos en la cabeza.

A la causa se sumaron las querellas de la familia Bocco --la vicejefa de Gabinete, que tenía 4 años cuando asesinaron al “Flaco Tito”, como le llamaban a su padre; sus dos hermanos Fernando y Gerardo, y su mamá Alicia Raquel Werberg Karlton-- y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Badino falleció. José Rodríguez, hijo de una de las víctimas, no pudo sumarse como acusador, aunque celebró con emoción el paso dado por la Justicia Federal.

“Años de dolor y bronca, años de esperar. Esto se celebra, pero se sigue por los miles que faltan”, sostuvo en diálogo con este diario. Su mamá Alicia Castillo es una de ellas: fue sucuestrada al día siguiente del asesinato de Guillermo en su casa de Zárate. La mantuvieron secuestrada en la Comisaría de Campana junto a su bebé de 15 días --José, de 4, y su hermana Eva, de 2, quedaron al cuidado de una vecina--, donde la torturaron, la vejaron y sometieron a simulacros de fusilamiento a ella y a su hijo. Su secuestro fue el único operativo “exitoso” que las fuerzas de seguridad desplegaron durante las horas siguientes a la masacre del Río Luján en los domicilios de cada una de las víctimas, dato que revela que el operativo que los acribilló no fue obra y gracias de la Policía bonaerense, sino que contó con una coordinación superior. 

Las víctimas

  • TUDA, Carlos Alberto

Conocido como “El Negro Nano”. Tenía 26 años y era cordobés. Militando en la universidad (Universidad Católica de Córdoba) ya había sido detenido dos veces. Fue amnistiado por el indulto presidencial del presidente Cámpora el 25 de mayo de 1973. Era fundador y primer jefe de la Columna 17 Paraná, popularmente conocida como “la Ramona Galarza” en recuerdo de la cantante correntina de chamamés. Se había instalado en la zona industrial de Zárate y Campana.

Carlos organizaba a la gente con su eterna muletilla: “Aquí se hace lo que se puede”. Sus compañeros recuerdan que los domingos no permitía militar a nadie bajo su mando; eran días sagrados, de descanso, de juntarse, de comer asados y guitarrear entre amigos. Estaba casado con Clara Josefina Lorenzo Tillard.

  • RODRÍGUEZ, Guillermo Adelio

Era sanjuanino. Nacido en Caucete, obrero de la construcción y oficial carpintero, además estudiaba para ser maestro mayor de obras. Guillermo Adelio “Mario” Rodríguez, empezó a trabajar como albañil a los 14 años. Se vino para la Capital a los 17 y cuando cumplió un año más, se instaló en Berisso, provincia de Buenos Aires. A fines de 1971 comenzó a militar en el Peronismo de Base. Era vocero y defensor de sus compañeros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) donde trabajaba, hubo un conflicto, organizó una huelga y lo despidieron. Ya en 1973 se hizo integrante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) pero no duro mucho en ningún trabajo por sus antecedentes político-sindicales. 

En 1974 consiguió conchabo en la construcción del puente Zárate-Brazo Largo. Ya tenía una compañera –Ángela Alicia Castillo, “Coni”- y tres pibes; el menor de ellos tenía tan sólo 15 días de vida cuando Rodríguez perdió la vida. Tenía 25 años. Su mujer a 15 días de haber dado a luz fue detenida en Zárate –sobre la calle Félix Pagola, donde ellos vivían- y salvajemente torturada, picaneada en la panza, los pechos y las encías y también recibió trompadas, para que revelara nombres de compañeros de militancia de su marido. No les dijo nada porque no sabía nada. Ella recordó a su marido con gran amor y siempre comentaba, cuando éste compró un cuaderno en el que le apuntaba deberes y le traía el diario para que aprendiera a leer, ya que ella tenía solamente primer grado cursado.

  • MOLINAS BENUZZI, Carlos Pablo

Nacido en la Provincia de Santa Fe. Lo apodaban “El Gringo”. Su hermano y varios miembros de su familia, también fueron asesinados y desaparecidos por el terrorismo de estado. Hombre divertido. Sencillo. Tenaz. Esas eran tres de sus cualidades más importantes. El más introvertido de todos los hermanos, aunque era muy común en él, utilizar las bromas (también las pesadas) como una forma de vincularse y expresar sus afectos. Había hecho el secundario en el Colegio de Don Bosco (de Santa Fe, su lugar de nacimiento). Donde comenzó a comprometerse con el peronismo revolucionario, heterodoxo. Tenía 24 años al ser asesinado. Comenzó su militancia política en el “Ateneo”, cuando estudiaba Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral. Trabajó en Bienestar Social en su provincia natal y representó a sus compañeros como delegado en Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y fue dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Tan buena imagen dejó y tan querido fue, que a su velatorio llegó una corona de aquellos trabajadores, que no lo olvidaban y reivindicaban así su lucha y compromiso con los más débiles de nuestra sociedad. Es que fue un hombre sensible, comprometido y tan audaz en sus convicciones como responsable en sus decisiones.

  • LAGRUTTA, Carlos Fernando

Nació el 3 de noviembre de 1947. Según sus compañeros Carlos fue un compañero de raíz original cristiana, que muy tempranamente empezó su militancia política y su compromiso social. De familia de clase media muy conocida y respetada en Rosario en el ámbito de la actividad comercial, Fernando estudiaba en el colegio La Salle. Muy temprano, quizás influenciado por los hermanos lasallanos, por algún profesor revisionista, por su cuna y por la efervescencia del país, se fue vinculando en charlas con sectores nacionalistas. Ya promediando la secundaria, se advirtió su condición de líder. Alrededor de él se nuclearon muchos compañeros y participaba de la Juventud Estudiantil Católica (JEC). Desde esa actividad tuvo encuentros nacionales y conoció a varios protagonistas y compañeros de la futura Juventud Peronista; participando además de un campamento con el cura Carbone –asesor nacional de la JEC- en Bariloche. Pero su compromiso excedía ese estrecho marco y pronto, con aproximadamente 15 ó 16 años, fundó con otros compañeros el Instituto Social Cristiano de Estudio y Acción Política (ISCEAP).

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LA IMPROVISACIÓN DE LA INTELIGENCIA MILITAR EN MALVINAS
En 1994, la Comisión Especial Malvinas analizó el fracaso de la Inteligencia de la dictadura para el conflicto 
Una comisión del Ejército determinó que la Argentina no contó con inteligencia militar básica en los niveles superiores de la conducción política y militar. Los militares tampoco entendían inglés. Los datos surgen de un informe desclasificado por el gobierno de Cristina Fernández en 2015, que el Ministerio de Defensa ahora digitalizó e hizo accesible para la consulta online.

Doce años después de terminada la guerra de Malvinas, la jefatura de inteligencia del Ejército –que, durante la dictadura, había sido la responsable de determinar quiénes serían secuestrados, torturados y desaparecidos– seguía buscando las razones de la derrota en manos de los ingleses. La información surge de un informe confeccionado en julio de 1994, que fue desclasificado en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner y que, por los 40 años del conflicto bélico, el Ministerio de Defensa –que conduce Jorge Taiana– digitalizó e hizo accesible para la consulta online.

Ya en democracia, en octubre de 1987, el Ejército creó la Comisión Especial Malvinas (CEM), que tenía como misión confeccionar una cronología del conflicto del Atlántico Sur y difundir las acciones heroicas de los soldados argentinos. Para entonces, la CEM funcionaba bajo el ala del subjefe del Estado Mayor del Ejército. Pasó el tiempo y, para 1994, la CEM pasó a depender del Servicio Histórico de la fuerza que entonces comandaba Martín Balza.

Para esa época, la CEM confeccionó un informe que entregó a la Jefatura II de Inteligencia del Ejército que llevaba por título “Conflicto Malvinas–Análisis de las causas de la derrota desde el punto de vista de la inteligencia”. El archivo de 22 páginas es descarnado a la hora de detallar la improvisación de la Junta Militar a la hora de lanzarse a la aventura de la guerra.

La inteligencia, explican los integrantes de la CEM, es una de las áreas de mayor importancia a la hora de tomar decisiones. En el caso argentino, la inteligencia –tan dedicada a la determinación de blancos para la represión ilegal– fue un fracaso durante la guerra de Malvinas. Según consta en el reporte, los órganos de inteligencia estaban trabajando desde noviembre de 1981 en la determinación de un plan de inteligencia nacional. Lo curioso es que esa iniciativa no incluía Malvinas.

La CEM también dice que el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se enteró un día antes de la ejecución Operación “Rosario” –como la llamaba la Junta–. Para entonces, la SIDE estaba en manos de Carlos Alberto Martínez, que había ejercido la Jefatura II del Ejército en los años más feroces de la cacería de la dictadura. Si bien el informe no lo menciona, hay versiones también de que el entonces jefe de inteligencia del ejército, Alfredo Sotera, estaba de viaje en Estados Unidos al momento del desembarco en las islas.

Solo el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía algunos estudios hechos sobre Malvinas y la disputa con el Reino Unido, pero que no servían para los fines de inteligencia. “No existieron hipótesis de conflicto ni de guerra analizadas con anterioridad, por lo tanto no había estudios de inteligencia completos y menos aún un plan de obtención de información para satisfacer las necesidades del planeamiento”, evaluaba la CEM. “Durante todo el lapso de la crisis y de la guerra no se dispuso de inteligencia básica actualizada en los niveles superiores de la conducción política y militar”, agregaba.

Según la CEM, la falta de inteligencia impactó de distintas maneras en el conflicto, no solo mostrando la superioridad británica en materia de armamento o de entrenamiento:

  • No hubo una correcta apreciación de qué países podrían brindar apoyo, cuáles ser neutrales y cuáles volcarse al enemigo –decía la CEM–;
  • No había una idea ni siquiera aproximada del enemigo a enfrentar;
  • No había cartografía en escalas adecuadas;
  • Ni hubo estudios especiales sobre el ambiente geográfico;
  • No existieron adecuados estudios sobre la probable actitud de la población;
  • No hubo planes de acción psicológica para ganar el apoyo de los pobladores de las islas;
  • No hubo voluntad de trabajo conjunto;
  • Tampoco los militares argentinos entendían el inglés, según surge de las conclusiones de la CEM. “Debe agregarse además que la escucha de las comunicaciones en el combate no pudieron aprovecharse convenientemente por desconocimiento en general del idioma del enemigo”, puede leerse. Ese desconocimiento influyó también para comunicarse con los pobladores.

“No debe considerarse que los errores cometidos fueron consecuencia exclusiva de las falencias del área de inteligencia, ya que las deficiencias producidas durante el desarrollo de la guerra tuvieron su origen en la falta de elementos de juicio reales desde que se adoptó la resolución de recuperar ese sector del territorio argentino”, concluía la CEM. El párrafo final de su informe estuvo destinado a una cita del Arte de la guerra de Sun Tzu: “Si no conoces al enemigo ni te conoces a tí mismo, sucumbirás en cada batalla”.

La CEM dejó de existir antes de 2000, según determinaron los expertos y las expertas que integran los grupos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa.

Los archivos

Seis meses después de terminada la guerra, la Junta creó una Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur. Estuvo integrada, entre otros, por el teniente general Benjamín Rattenbach. Las conclusiones de esa comisión fueron un secreto político y militar desde antes de la caída de la dictadura.

Al cumplirse 30 años de la guerra, CFK ordenó la creación de una comisión en un plazo de 30 días para que analizara si había datos que podían constituir alguna amenaza a la seguridad y, en caso contrario, se publicara el informe Rattenbach. El análisis se hizo y se ordenó tachar el nombre de un kelper que había colaborado con las fuerzas argentinas y el nombre de un agente de la SIDE que seguía en actividad. El informe se publicó y puso fin a tres décadas de ocultamiento.

En abril de 2015 –el último aniversario de Malvinas que CFK estuvo al frente del Ejecutivo– la entonces presidenta ordenó que se relevara la clasificación de seguridad a los archivos sobre el conflicto. Esos archivos son con los que han estado trabajando en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y que empezaron a ser puestos a la consulta en la web Archivos Abiertos.

Además, desde el Ministerio de Defensa se dispuso hacer un censo en todas las unidades militares del país para relevar documentación sobre la guerra y, de esa forma, conformar una base de datos federal con la documentación que entienden no solo sirve a la verdad de lo sucedido sino como reparación a quienes combatieron en la guerra. (Luciana Bertoia, Página 12, 4/4/2022)

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LOS INVISIBLES DE LA GUERRA: LA PARTICIPACIÓN DE 100 SOLDADOS INDÍGENAS
Hubo excombatientes qom, wichí, mocoví y mapuches. Pero fueron ignorados por el relato oficial. Piden ser incorporados en la lucha por la soberanía nacional.

“La base del genocidio, secuestro, apropiación de bebés, que tuvo la última dictadura militar, son los mismos componentes que tuvo el proceso de genocidio indígena. ¿Por qué asociarlo con Malvinas? Un ejemplo: los abuelos de uno de nuestros excombatientes fueron muertos en (la masacre de) Napalpí (en 1924). Hubo una continuidad”, le comentó hace unos años el historiador y referente qom Juan Chico al politólogo e investigador Pedro Munaretto. Los soldados indígenas son los olvidados, los invisibilizados por el relato oficial.

Chico falleció el año pasado por Covid–19. Entre su gran legado está el libro Los qom de Chaco en la guerra de Malvinas, pieza clave para destapar la mirada relegada sobre las islas. Munaretto busca contribuir desde la academia. “Visibilizar esa presencia tiene que ver con contar historias de personas que merecen protagonismo igual que el resto.

Pero diferenciadamente: sin que se les borren las marcas identitarias, de las cuales ellos no quieren renegar. Y para plantear justamente políticas soberanas que sean más humanistas”, dice a Tiempo el investigador, y agrega: “Implica un gran desafío. Tender puentes entre mundos que hasta ahora han sido muy distintos. Hay una sociedad argentina que es sensible a las diversidades. Pero hay otro fragmento que ve las cuestiones indígenas como una amenaza a los símbolos nacionales. Tradicionalmente la Nación se constituyó como una antítesis frente a ese enemigo indígena, fue bastante categórica en la construcción del Nosotros y los Otros. Y también del lado del progresismo y de las militancias, poder incorporar esas diversidades en narrativas más abarcadoras. Los ex combatientes qom plantean esos desafíos. Incorporarlos en la soberanía nacional es un desafío político desde muchos lugares”.

Aunque resta mucho por conocer, emergieron historias. Como la de Martín Raninqueo, bonaerense de origen mapuche. Pudo hablar sobre la guerra a través de sus canciones y poemas. «Soy bisnieto de caciques mapuches que vivieron en las pampas argentinas y estuvieron presos en la isla Martín García durante la Campaña del Desierto. Somos nacidos en La Plata luego del destierro que vivieron nuestros ancestros», relató. O la de Simón Antieco, de Chubut, señalado como el único combatiente mapuche caído en la contienda. O la de los tres hermanos kolla Vilca Condorí: Juan Bautista, Anastacio y Mario vivían en las yungas salteñas. Se enrolaron en la Marina ante una situación económica acuciante. La guerra los unió en el combate. Juan Baurista y Mario coincidieron en el ARA General Belgrano. Mario tenía 16 años. Fue el soldado más joven en fallecer. Su cuerpo continúa desaparecido. La madre no resistió. Murió de dolor a los dos meses. Anastacio recordó con Télam que la apropiación del territorio propio que vio en Malvinas también la visualizó en su comunidad de Los Naranjos con los «pueblos originarios cuyas tierras les pertenecían» cuando «desde un lugar extraño venían y se las apropiaban, con un título impuesto».

Según los estudios encabezados por Chico, unos cien ex combatientes provenían de los pueblos qom, wichi, mocoví y mapuche. “No hay estadísticas oficiales. Falta un montón por hacer”, remarca Munaretto, licenciado y magister en Ciencia Política. “El mundo malvinero es bien heterogéneo –agrega–. Plantear la cuestión étnica es una forma de humanizar los reclamos argentinos. No pueden darse por sentados eliminando las diferencias. Argentina es un país colonizador de espacios habitados por indígenas. No podemos plantear la historia argentina negándola. Y qué mejor que traer los testimonios de indígenas que dicen ‘hay otra forma de reclamar la soberanía argentina’”. « (Luciana Rosende, Tiempo Argentino, 02/04/2022)

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LOS MILITARES ARMARON UN APARATO DE DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS
La titular de la Defensoría del Público revela cómo funcionaba el aparato de propaganda que montó la dictadura cívica-militar, un plan de manipulación informativa que la investigación exclusiva de Télam dejó al desnudo con el aporte de documentos secretos. Del trabajo esclavo en la ex ESMA al Centro Piloto en París y el montaje en el Mundial ´78.

Es un milagro que haya mantenido mi vocación de ser periodista,  después de haber pasado por la Pecera en la Escuela de Mecánica de la Armada. Porque se trataba de un camino seguro a la brutal percepción de cómo los medios de comunicación podían ser manipulados desde el poder más cruel y autoritario.

Reducida a la esclavitud, secuestrada , vejada y privada de todos mis derechos, a los veinte años, pude percibir de qué manera los represores tenían conciencia de la importancia de la comunicación en la generación de sentido. Armaron un aparato para la difusión de noticias falsas, porque las fake news no son una novedad. Entre ellas, la foto de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon frente a una bandera de Montoneros confeccionada en el sótano del centro clandestino de detención, con un diario del día, para generar la impresión de que las religiosas habían sido secuestradas por la guerrilla y no por la "patota".

También la "fake" de la muerte en un enfrentamiento de la líder montonera Norma Arrostito, que fue mantenida en cautiverio en un camarote de Capucha, en el tercer piso del casino de oficiales, frente a Avenida del Libertador.

La entrevista a Thelma Jara de Cabezas, secuestrada,  madre de un "terrorista"  hecha por la revista Para Ti fue otro intento de engañar al público. La obligaron a aparecer renegando de los ideales de su hijo.

La "campaña antiargentina en el exterior", en realidad el movimiento de denuncia de las gravisimas violaciones a los derechos humanos fue una preocupación de los marinos. Para eso, armaron un Centro Piloto en París, pero además pulsaban las repercusiones de los reclamos en medios internacionales: Financial Times, Le Monde, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times eran monitoreados desde la Pecera, en la oficina de prensa que habían armado con mano de obra sometida. Generaban las editoriales de Canal 13, a cargo de la Marina, y de Radiodifusión Argentina al Exterior.

La Argentina era en esos textos, leídos en los medios sin cambiar una coma, salidos de las entrañas del centro de torturas y dictados por el tristemente famoso Tigre Acosta, una tierra de paz con una bandera albiceleste que un grupo de terroristas quería cambiar por un trapo rojo. La lucha contra un enemigo cruel, sin patria, sin Dios ni familia, era una cruzada cuya legitimidad no podía discutirse.

En épocas del Mundial de Fútbol, hubo visitas del periodismo extranjero al campo de concentración. Las personas desaparecidas fueron trasladadas a otros predios, o obligadas a disfrazarse de agentes policiales. Era una oportunidad única para desmentir lo que era un secreto a voces: que se mataba gente, se robaba, se violaba en nombre de los valores occidentales. La dictadura explotaba una pasión deportiva para mejorar su imagen que fortalecía con dossiers, con producciones audiovisuales.

En la ESMA no había un campo de concentración, sino una inocente oficina de fuerzas conjuntas.

Los marinos también trajeron a fines del 78 a un grupo de periodistas para reflejar la realidad que querían mostrar. Entre ellos, al director del diario La Prensa de Nueva York, el decano de la prensa hispana, Manuel de Dios Unanue, y a un periodista portorriqueño independentista, director de un programa premiado de la televisión pública. Ninguno de los dos  tragó el anzuelo, y durante un cóctel en un barco, llegaron a discutir con los más feroces torturadores, sin saber que lo eran, sobre la validez del embargo impuesto por la administración Carter a la dictadura argentina. Antonio Pernías, alias Rata o Trueno, miembro de la patota, les recriminaba legitimidad moral para reprocharle algo a la junta militar "después de lo que hicieron ustedes en Vietnam". (MIRIAM LEWIN, Telam, 31/3/2022)

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MALVINAS: LOS MILITARES GENOCIDAS FUERON DE LA PEOR MISERABILIDAD DE TODA LA HISTORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS
LA HISTORIA DE LAS ENCOMIENDAS QUE DEBÍAN LLEGAR A MALVINAS Y TERMINARON EN UN BASURAL
Un grupo de exconscriptos encomendados, bajo amenaza de "pena de muerte" si alguna vez revelaban lo sucedido, dejó en un basural de la localidad de Ensenada cientos de cartas con regalos destinados a animar a los soldados en Malvinas.

Cientos de cartas, cadenitas, rosarios, chocolates y latas, parte de las encomiendas que familiares de combatientes habían entregado en el Regimiento 7 de Infantería de la ciudad de La Plata con la promesa de que serían llevadas a los soldados que luchaban en Malvinas, fueron abandonados aquel otoño de 1982 en un basural de la localidad de Ensenada, según relató a Télam un grupo de exconscriptos encomendados a ese operativo bajo amenaza de "pena de muerte" si alguna vez revelaban lo sucedido.

Sergio Regidor, Alfredo Marcelino, Daniel Laira, Ignacio Arauz, Darío Manzanares, Eduardo Piedrabuena, Jorge Cebrowski y Hugo Acuña -todos ellos clase '63- formaban parte de la banda de música de esta emblemática guarnición de Ejército, la unidad que mayor cantidad de bajas sufrió durante la guerra, con 36 caídos y más de 150 heridos, y que fue protagonista heroica de la batalla más extensa y encarnizada del conflicto, la de Monte Longdon.

Por aquel entonces, el fervor por la defensa de la soberanía argentina sobre las islas que habían intentado irradiar desde el régimen había logrado calar en un sector significativo de la sociedad y los jóvenes que hacían en esa etapa la "colimba", como se llamaba al servicio obligatorio militar, no eran la excepción. Así fue que partieron hacia la guerra, con orgullo, los conscriptos clase '62, mientras que los nacidos en el '63 quedaron en el regimiento con la ilusión de algún día también tener ese honor.

"Todos los soldados y la mayoría de los oficiales y suboficiales emprendieron en abril el viaje hacia las islas. El Regimiento, entonces, quedó con la clase '63 y los suboficiales de la banda se hicieron cargo de las compañías. En ese momento, la banda de música, como tal, quedó desarticulada", comienza el relato Regidor.

A medida que transcurrían los días y, luego, las semanas del conflicto, crecía la procesión de familiares de combatientes que se acercaban al infranqueable portón ubicado sobre la avenida 19, casi esquina 51, en busca de novedades y para entregar encomiendas que, según les habían dicho, llegarían a las islas a manos de sus hijos.

"Lo recuerdo perfecto; era un día de sol y nos reunieron para decirnos que íbamos a salir a hacer una operación, que iba a ser secreta y que ni siquiera a nuestros familiares podríamos contarles lo que íbamos a hacer", sostiene Regidor.

El hilo lo retoma Arauz: "Eran tres Unimog cargados con las encomiendas. En otro nos hicieron subir a nosotros", indica. Pero ese punto del relato tiene un capítulo previo, y es otro de los integrantes de la banda, Alfredo Marcelino, quien, al hacer memoria y sumar más piezas, cuenta que solo algunos de ellos habían sido convocados a cargar los paquetes a los camiones. Los otros no; los otros directamente se encontraron allí, en medio de las cajas, sin saber adónde iban ni a qué.

Así, al reconstruir la historia, señalan que un oficial había sido quien dio la orden de realizar ese operativo, bajo amenaza de muerte si rompían el silencio sobre lo sucedido. En tanto, el sargento primero Soria, suboficial a cargo en tiempos de la guerra en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 "Coronel Conde", había estado al frente del operativo.

"Cuando con los Unimog encaramos para el lado de Ensenada, yo me puse contento porque pensé que iríamos al puerto a cargar las encomiendas para que fueran a Malvinas. Pero no, después de andar un rato, no mucho, llegamos a un basural donde nos hicieron romper todos los paquetes. Me acuerdo que se me caían las lágrimas, de bronca, de impotencia", afirma Hugo Acuña en diálogo con Télam, mientras Sergio Regidor agrega: "Eran cajas relativamente chicas, rotuladas con los nombres de los soldados. Nos dijeron que había que sacar las cosas que había adentro y las fuimos separando".

Ignacio Arauz aporta detalles: "Todo lo que eran cadenitas, cruces y rosarios, teníamos que ponerlos en una bolsa grande, negra, como si fuesen hoy las de consorcio, mientras que las cartas nos las hacían poner en otra bolsa y el sargento nos decía que se las iban a dar a los soldados cuando volvieran. Todo lo demás (ropa, chocolates y pequeños objetos de recuerdo) se tiró en ese basural, igual que los envoltorios con los nombres. A las otras dos bolsas, la de las cadenitas y la de las cartas, todas mezcladas y sin identificar, nunca más las volvimos a ver". (Andrea Vulcano, Telam, 29/03/2022)

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24M: VOLVER A LA CALLE

Patear las calles. Mostrarse en el espacio público. Ocuparlo. Visibilizar búsquedas, demandas y reclamos incluso en plena dictadura cívico-militar. Convocar a la sociedad en su conjunto detrás de una consigna: Nunca Más al terrorismo de Estado. Convertirlo en bandera. Resistir frente al negacionismo. La presencia como el elemento central de la organización. Entre tantas otras maldiciones, la pandemia interrumpió tal vez la demostración más convocante de ese poner el cuerpo que expresan -y sintetizan- los 45 años de lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: las marchas de los 24 de marzo que empezaron en 1985 encabezadas por Hebe de Bonafini.

Hace dos años, el 20 de marzo de 2020, se instalaba una nueva terminología, la ASPO, cuyo primer impacto masivo y popular era nada menos que la suspensión de la histórica marcha. Eran tiempos de cuidarse, de guardarse como nunca antes habían hecho Madres y Abuelas. Era un nuevo desafío que transformó el dolor de no manifestarse en creatividad: cómo se mantenían activas las búsquedas de los nietos y las nietas que faltan encontrar mientras la población se aislaba en sus casas para que ya nada fuera igual. Las acciones virtuales aparecieron para achicar las distancias con los pañuelazos y el Plantamos Memoria, consigna que quedará en la historia como una de las imágenes de los dos años sin marchas.

Esta etapa acaso también sirvió para profundizar los debates y los modos para continuar el legado que construyeron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el final de la dictadura. «Pasar la posta», se titula el suplemento especial de Tiempo que, como este 24, llegará a la Plaza de Mayo. Como ocurrió entre 2016 y 2019, la cooperativa vuelve a la marcha con dos puestos, uno en Avenida de Mayo y 9 de Julio y otro en Florida y Diagonal Norte. «Ese cara a cara que nació en 2016, en pleno vaciamiento del Grupo 23, te recarga de energías, nos encuentra con nuestro público y nos identifica como medio. Si estás bajoneado o bajoneada, el 24 te recupera. Es el día más importante de esta experiencia colectiva. Es el que confirma que estamos en el lugar correcto», arengó un compañero en la asamblea en la que se decidió que Tiempo también despliegue su bandera en el esperado regreso.

“Seremos felices de volver a estar juntos», escribe Ángela Urondo Raboy, hija de Paco Urondo y Alicia Raboy, en la contratapa del suplemento que reúne los principales desafíos para transmitir memoria a las generaciones que están cada vez más alejadas en el tiempo -aunque no en las problemáticas- de 1976.

La pandemia pospuso las marchas de los veinticuatro. También vació las calles de reclamos y protestas del campo popular. Las expresiones de derecha aprovecharon para instalar discursos negacionistas y banalizaciones. Contaron con un respaldo clave: la complicidad de los medios corporativos permitió que esas manifestaciones fueran mostradas como masivas.

En ese recorrido y unos días después de otro multitudinario 8M, este 24 de marzo aparece en el calendario como una fecha bisagra. Un momento que, incluso cuando todavía se desconocía si iba a ser presencial, generó una cuenta regresiva. Un conteo a la esperanza del campo popular. La vuelta incluye una nueva simbología: se usarán barbijos para seguir cuidándose y para decir, una vez más, #Nunca Más, #Son30Mil y #DóndeEstán”  (Federico Amigo, Tiempo Argentino)

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EL PLAN DE LIMPIEZA ÉTNICA DE LA DICTADURA
1977. Un tren sale desde Retiro hacia Bolivia con un fin bien promocionado. No era un tren más, pero sí rigurosamente vigilado, igual que en la célebre película checa de Jiri Menzel. 
La dictadura de Videla difundió su partida como si sus pasajeros salieran en viaje de egresados

Para el régimen cívico-militar eran una carga molesta, erradicable, inmigrantes bolivianos que habían sido desalojados de las villas miseria que habitaban. Se cumplen 45 años de esa operación de limpieza étnica que tuvo la complicidad de Hugo Banzer, el general que gobernaba el país vecino desde 1971 tras un golpe de Estado. El diario La Opinión señalaba que el ferrocarril Belgrano llevaba 283 viajeros y a sus respectivas familias. Hoy se entiende un poco más por qué aquel presidente de facto fue el único mandatario extranjero presente en la final del Mundial ’78 jugada al año siguiente. El 28 de octubre de 1976, los dos dictadores se habían puesto de acuerdo en La Paz para ver cómo podría funcionar ese plan que Guillermo Del Cioppo, el intendente porteño, definiría con cinismo: “Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca”.

Eran tiempos del Plan Cóndor, en cuyo marco fluían los intercambios de detenidos-desaparecidos entre los regímenes militares del Cono Sur. El noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, que llevaba un equipo de trabajo en el tren, documentó el traslado hacia Bolivia.

La versión edulcorada de la voz en off sobre el viaje disfraza su verdadero motivo: “Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y el consulado general de la República de Bolivia, que determinó el feliz retorno de varios contingentes de diferentes ciudadanos bolivianos a distintas localidades de su patria... Decir adiós a los amigos siempre es difícil, pero cuando el camino lleva como destino final el reencuentro con la tierra que los vio nacer, se hace menos doloroso”.

El dictador Banzer acompañó con palabras almibaradas la bienvenida al contingente: “Hermanos bolivianos, hoy más que nunca, la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos que por la fuerza de la circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestra frontera. Esta gente retorna a su tierra para aplicar los conocimientos adquiridos en la República Argentina”. El tren se detuvo en Sucre, Oruro y Cochabamba antes de llegar a La Paz. Sus vagones de carga llevaban carteles con los nombres de las ciudades para identificar las pertenencias de los viajeros.

En un trabajo titulado “Política migratoria y erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar: la expulsión de migrantes de países limítrofes”, publicado en 2017, la doctora en Antropología María Cristina Cravino sostiene que los ciudadanos bolivianos fueron obligados a renunciar a su “residencia transitoria o permanente” y tuvieron que firmar una carta compromiso por la cual expresaban que no regresarían a la Argentina antes del 23 de septiembre de 1979. Aun cuando entre los viajeros había más de cien niños nacidos en nuestro país y con edades que iban desde los cinco meses a los 14 años.

Por este plan maestro de desplazamiento forzado, el prefecto de Cochabamba anunció que sería condecorado Del Cioppo con la Orden del Cóndor de Los Andes en el grado de comendador. Los medios públicos y privados nacionales le concedieron bastante despliegue al traslado. Sucesos Argentinos informó que “asistentes sociales velaron en todo momento por la atención del contingente, especialmente ancianos, niños, alimentos, asistencia médico social y una sonrisa permanente que hicieron del hasta luego a los destinatarios de un feliz retorno”. Citado por la prensa, el cónsul boliviano en Buenos Aires, Néstor Calderón Sagarnaga, declaró: “no hubo presiones ni de la municipalidad ni de mi gobierno. Todo se hizo con el mutuo acuerdo de las familias que quisieron retornar”.

Esa situación declamada oficialmente no se compadece con documentos de la época que hoy circulan en Bolivia. Funcionarios y técnicos argentinos que viajaron para supervisar el operativo le informaron por carta al embajador en La Paz de la dictadura, brigadier mayor retirado Aly Luis Ipres Corbat, que el convoy había sido saboteado durante el traslado. Dos militares que iban en el tren y que en la nota aparecen mencionados como coronel González y teniente coronel Braco acreditaron los hechos. Ambos pertenecían al staff uniformado de la Municipalidad porteña.

Según esas fuentes, al vagón especial que cerraba la formación y donde viajaba la comitiva argentina, se lo intentó separar del resto en dos oportunidades, se cortó el aire acondicionado y también faltó el agua en el trayecto entre Oruro y Cochabamba. Dijeron también que el tren fue apedreado a la salida de la primera ciudad “por exaltados bolivianos que injuriaron al pasaje...”

Corbat pidió su traslado a la Cancillería en enero de 1980 y el 14 de marzo de ese año renunció a su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario. En 1976 había integrado la comitiva que recibió a Videla en La Paz para el encuentro con Banzer. Empezaba así el operativo de expulsión que la investigadora Cravino describió en su trabajo de la revista Clepsidra. Basado en fuentes como el informe de la Comisión Municipal de la Vivienda publicado en 1980 (también conocido como Libro azul o Libro azul de Cacciatore, por el color de su tapa), aporta datos minuciosos de los migrantes deportados.

En uno de sus cuadros indica un total de 1.326 familias regresadas. Unas 512 de ese total lo hicieron a Bolivia. El resto, en traslados semejantes, fueron familias paraguayas que volvieron a su país, de lo que se desprende que también hubo connivencia del régimen de Alfredo Stroessner. El dictador que gobernó entre 1954 y 1989 batiendo el récord de permanencia en el poder en Sudamérica.

Los bolivianos y paraguayos desarraigados en esos traslados masivos hacia las fronteras dejaron atrás humildes viviendas que habían empezado a pagar en cuotas. Eran vecinos de las villas 1-11-14, 3, 31, 20, 6, 19, 8, 15, 21-24, NHT Cruz, Avenida del Trabajo, Zavaleta, Crovara y San Petesburgo, las dos últimas ubicadas en el Municipio de La Matanza.

El periodista Eduardo Blaustein escribió el libro Prohibido vivir aquí donde aporta datos concluyentes de esas purgas cometidas por la dictadura genocida. Para el golpe del 24 de marzo del ’76 el país tenía 225 mil personas viviendo en villas o asentamientos. En poco más de un año esa cifra bajó a 115 mil --ya con el Mundial ’78 terminado-- y a fines de 1979 la población de esos barrios se redujo a 51.845. Al año siguiente quedaban nada más que 40.553 habitantes. Un número indeterminado de los expulsados eran familiares argentinos de aquellos bolivianos y paraguayos deportados.  (gveiga@pagina12.com.ar)

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LOS MISTERIOS DE LA TABLADA QUE NUNCA SE DEVELARON
Nuevo aniversario del copamiento al Regimiento de Infantería Mecánica 3. Persisten las dudas sobre la información que motorizó la acción guerrillera.

Al cumplirse el trigésimo segundo aniversario del frustrado ataque al Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) 3, con asiento en La Tablada, aún persisten los mismos interrogantes que hubo a partir del 23 de enero de 1989.

Ese lunes había clareado bajo una tirantez informativa; las radios ya daban cuenta de un impreciso incidente en aquella guarnición junto con otra noticia no menos confusa: un extraño incendio en la Unidad 22, la cárcel VIP frente al Teatro Colón, que alojaba a represores y malvivientes de alta gama.

En total, hubo 55 internos evacuados sobre la calle Viamonte. Nueve se esfumaban, mientras el ex agente civil del Batallón 601, Raúl Guglielminetti, sin perder su impronta de botón a pesar de estar preso, agitaba los brazos al grito de “¡Se escapan! ¡Se escapan!”.

A su lado, José López Rega deambulaba a tientas, enceguecido por la diabetes, y vociferaba: “¡Quiero mi insulina!”.

Todo parecía indicar que aquel incendio había sido intencional y que tal acontecimiento estaba enlazado con lo que sucedía en La Tablada. O sea, que ambos episodios formaban parte de la misma conspiración.

A media mañana se daba por hecho que un alzamiento carapintada en el RIM 3 había derivado en una batalla con fuerzas leales del Ejército.

Por lo tanto, sería la cuarta rebelión de los embetunados desde el otoño de 1987 en adelante.

Sin dudar de tal hipótesis llegué con el periodista Juan Salinas al lugar de los hechos. Habíamos sido enviados por la revista El Porteño.

Agazapados en la terraza de una casa sobre la avenida Crovara, frente al Puesto Nº 1 del cuartel y la Guardia de Prevención, nuestros ojos alcanzaban a ver los edificios próximos a la plaza de armas, envueltos por el relampagueo de las explosiones, los focos ígneos y las humaredas.

Al rato emergió un sargento con un fusil. Su carrera se detuvo junto al alambrado perimetral. Estaba exhausto e imploraba por un poco de agua.
Alguien le preguntó por los carapintadas. Y su respuesta fue:
–¿Qué carapintadas? ¡Son guerrilleros!

Resultaba difícil creerle. Pero ese dato fue confirmado poco después. Y que pertenecían al Movimiento Todos por la Patria (MTP), una organización de izquierda muy respetada en el campo popular.  

Con el correr de las horas se supo que las hostilidades habían empezado exactamente a las 6 de la mañana, cuando un camión de la empresa Coca Cola –previamente robado– embistió la barrera del acceso a la unidad, seguido por ocho vehículos.

Un grupo de 14 personas debía llegar a los galpones del fondo, como a 600 metros de la entrada, donde estaba el sector de los tanques. La idea era tomar el control de los mismos. Otras cuatro escuadras –de ocho integrantes cada una– se diseminaron en dirección  a ciertos puntos estratégicos.

Los atacantes incluían antiguos cuadros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), encabezados por Enrique Gorriarán Merlo, a cargo del mando táctico de la incursión.

A los defensores del cuartel se les fueron sumando refuerzos al mando del general Alfredo Manuel Arrillaga y un grupo de artillería encabezado por el coronel Emilio Nani, además de efectivos de la Bonaerense y la Federal. En términos numéricos, había 3600 militares y policías contra 46 guerrilleros.

Tal disparidad incidió en la sobreactuación defencista de los militares y policías que retomaron el control de la unidad con la demora necesaria como para capitalizar la televisación de la refriega.

En la acción murieron 32 guerrilleros, incluidos nueve fusilados luego de rendirse; también hubo cuatro desaparecidos. Entre los militares y policías se registraron once bajas y 20 heridos.

El 15 de octubre de aquel año la Cámara Federal de San Martín impuso condenas a perpetuidad a los guerrilleros sobrevivientes.

Gorriarán fue detenido en México a mediados de 1995, en un operativo irregular de la Side y también fue condenado.

Todos ellos jamás dejaron de sostener que el ataque tuvo el propósito de frenar un golpe de Estado planeado por el sector carapintada.

El 8 de enero de 1999 visité a Gorriarán en la cárcel de Villa Devoto. Y allí hablamos al respecto. “Lo que nos alertó –dijo, al encender un cigarrillo– fue enterarnos de las reuniones del menemismo con el coronel Mohamed Alí Seineldín (NdR: el ataque a La Tablada ocurrió en los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín). Eso me enteré por un informe de un agente de la Guardia Nacional panameña que había estado conmigo en Nicaragua durante la guerra contra Somoza. Y lo corroboramos por varias fuentes”.

Sin embargo, otra hipótesis desliza la posibilidad de que aquel hombre tan fogueado en los ambientes de la contrainteligencia guerrillera haya sido en realidad víctima de una manipulación informativa efectuada por algún agente del Ejército. Lo cierto es que los detalles específicos de cómo los militantes del MTP accedieron al presunto acuerdo del menemismo y los militares para conspirar contra Alfonsín seguían siendo un secreto que el “Pelado” –tal como todos llamaban a Gorriarán– guardaba bajo siete llaves.

Al respecto, dijo: “Recién vamos a blanquear este punto cuando todos nosotros estemos en libertad».

No menos cierto es que él seguía mostrándose convencido de que diez años antes había abortado un golpe de Estado. Así lo manifestó aquella tarde, cuando un guardiacárcel dio por finalizada mi visita.

Lo volví a ver en dos oportunidades: una en Devoto, y la última, luego del indulto firmado en 2003 por el presidente interino Eduardo Duhalde, que puso en libertad a todos los condenados por lo sucedido en La Tablada. 
Aquella vez tampoco reveló ese gran enigma.

Tres años después, un ataque al corazón hizo que aquel hombre cálido y algo impulsivo se llevara ese secreto a la tumba. (Tiempo Argentino, Ricardo Ragendorfer, 24/01/2021)

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Foto: Videla y la Selección Juvenil del '79 en Japón

LA FOTO, EL ODIO Y EL FASCISMO DE AYER Y HOY

El odio está. Siempre está. Sin parar está. Tan omnipresente está. En la foto el odio lo impregna todo. Una imagen descarnada de vivos, de muertos y de muertos-vivos. Una realidad no imaginada. Un habitar el vacío. No se pierdan el énfasis con que el exultante sicario se dirige a los muertos-vivos, mientras a sus espaldas los muertos-muertos navegan sin rumbo por un río calmo de sangre parda. Una hipérbole inabarcable de locura y de barbarie. Cada uno dividió el miedo como pudo. Maradona se aferró al tótem que simboliza la unión de la tribu como última barricada donde refugiarnos. Nuestros corazones ya no estaban ahí, estaban en otro sitio, y en ninguno. La humanidad ya estaba dañada.

Quien habla es el fascismo de ayer. A puro odio. Como habla el fascismo de hoy. Con esa brutalidad acéfala que hiere y raspa, que muerde y sangra, y que llega a convencer de que llevar una pistola en el cinto es una medida más eficaz que ponerse un barbijo.

Vivimos sometidos a la apoteosis del libelo y la otredad. A una nueva forma de nihilismo. Un nihilismo de violencia “libertaria” que no emana de un sentimiento de cólera ante la injusticia del mundo, sino de un rencor de clase -paralelo al rencor de género- que se proyecta sobre congéneres contra los que se ejerce la más exquisita crueldad. Un odio que atraviesa, que envicia y degrada. Que se construye sobre la convicción de que el otro es una amenaza permanente.

Se necesita aire para respirar, venga de donde venga, de la patria que sea. A algunas realidades solo se llega escuchando. Fingimos y fingimos escuchar, pero no lo hacemos. No basta con desfascistar las instituciones, antes hay que desfascistar el lenguaje. Esa amplificación del mensaje que normaliza lo que nunca debió ser normalizado: “cárcel o bala”; “uno menos”; “ladrones subsidiados”; “vayamos armados”; “esclavitud de género”; “muerte es vida”; “libertad sin vacunas”. Un purgatorio creativo, que como nos anticipó Huxley, se logra moldeando conciencias pobres. Así, desde los alta voces mediáticos el extremo minoritario incendia el panorama político en su intento por alcanzar la centralidad del “bizcochable” espacio electoral. Moldes de “libertarios” de usar y tirar que vienen negando su fascismo desde la guardería, y que hoy se embanderan en un febril “republicanismo” con el deseo militante de que el país caiga que nosotros ya lo levantaremos.

Se necesita un nuevo modo de mirar, de sentir, de narrar, de interpelar lo mirado; que neutralice en parte la perplejidad, el odio, el miedo y la deriva. Abarcamos más mundo cuando hablamos del otro, del bien y de la belleza, desde un proyecto colectivo, de consenso, asomados a un balcón desde donde se contemple el universo. La capacidad de soñar otra realidad es un proceso de registro, asimilación y digestión de experiencias emocionales que nos ayudan a permanecer despiertos, que nos protege de la sobrecarga sensorial de lo de dentro y de lo de fuera.

El fascismo se puede transformar es esa gran ola que se gesta lejos de la orilla, donde no alcanza la vista, en el medio del mar, y que minutos después acaba de romper en la roca bajo nuestros pies. Venimos de un largo silencio, duro, concreto, de sueños quebrados, de odios presentes y pasados. No basta con enfurecerse contra la barbarie que nos devora. Hay otros mundos, ahí afuera, por conquistar. Se lo debemos a esas madres inmortales que llenan de flores invisibles sus cementerios imaginarios.  (José Luis Lanao, Ex jugador de Vélez, y Campeón Mundial Juvenil Tokio 1979, Página 12, 13/1/2022)

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CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 
SERGIO TRIACA, EL HIJO DE UN JUEZ MILITAR QUE VIO DE CHICO A LAS VÍCTIMAS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE Y HOY ES TESTIGO EN LA CAUSA
Sus padres trabajaban en Campo de Mayo cuando tenía 14 años y lo llevaban a su "trabajo". Hoy, 44 años después, cuenta aquello que presenció como testigo involuntario y que declaró ante la justicia. Asegura además que sus padres "algo tenían que saber" sobre los crímenes y recuerda que alguna vez le dijeron: "A vos también te tendríamos que haber tirado del avión”.
Por Ailín Bullentini

“Yo soy paracaidista y saltar al vacío es fuerte”, dice Sergio Triaca, un hombre que a los 56 años decidió retroceder 44 en su historia, para poder atar cabos entre sus recuerdos sobre eso que supo por boca de sobrevivientes y familiares del horror de la última dictadura: los secuestros, las torturas, el robo de bebés, las desapariciones, los vuelos de la muerte. Hijo de un juez militar de Campo de Mayo y de una empleada de la Oficina de Personal de Campo de Mayo, vio personas y escuchó cosas que, con los años, supo que eran indicios de los vuelos de la muerte. Siente vergüenza de no haber hablado antes. Siente horror. “Puedo asegurar que no existe nada más fuerte que saltar al vacío desde un avión --reitera--. Pero encapuchado y maniatado, empujado hacia la muerte, lo fuerte se vuelve monstruoso.”

Su historia comenzó a circular públicamente la semana pasada en una entrevista que ofreció al medio comunitario La Retaguardia para resumir aquello que declaró formalmente ante el Juzgado Federal número 2 de San Martín a principios de noviembre. Hace muy poco, también, se sumó al colectivo de hijes y familiares de genocidas Historias desobedientes, donde encontró recorridos parecidos al suyo con los que pudo identificarse y “tomar fuerzas”. “Fui un testigo involuntario de lo que pasó. Recién ahora puedo vincular todo y comprender que si mis padres trabajaban a tan corta distancia de la pista de donde salían los vuelos de la muerte, algo tenían que saber, que fueron cómplices”, asegura en diálogo con este diario.

“Declaro que fui muchas veces a Campo de Mayo”, testimonió Triaca ante el secretario de la jueza federal Alicia Vence, Agustín Rodrigo Berdier. Sus visitas a esa guarnición militar, repartidas entre los años 1975, 1976 y 1977, se deben a que sus padres “trabajaban” allí: la guarnición fue el último destino militar de su padre, entre 1971 y 1977, cuando falleció. Numa Osvaldo Triaca fue juez de instrucción militar allí y "por eso ascendió a coronel". Su madre Olga Elvira Christoph era empleada en la oficina de Personal “y en Inteligencia” de la guarnición, testimonió. Su jefe era Benito Omaecheverría, quien integró la nómina de acusados en el juicio por la Megacausa Campo de Mayo durante las primeras semanas de debate: falleció al poco tiempo.

En aquellos años Sergio era un adolescente. Las visitas eran médicas –se atendía en el Hospital Militar del predio– o recreativas –hacía uso de la pileta del Casino de Oficiales, por ejemplo–. En ambas situaciones vio “cosas que eran extrañas”, cuenta a este diario.

Ante el Juzgado, denunció que, durante sus visitas al Hospital vio “gente entrando en camilla, llevada por cuatro soldados (...) recuerdo bien el mal trato de un médico hacia el paciente que estaba ensangrentado en la camilla”. Luego, contó que en varias de sus estadías diarias en el Comando de Institutos Militares, lo dejaban en el Casino de Oficiales, pero a veces se iba a la oficina de su padre “sin aviso”.

En el marco de esos recorridos vio, en oportunidades diferentes, a tres personas custodiadas por "dos militares" en la puerta de la oficina de su padre. Esas personas custodiadas eran civiles de pelo "crecido, largo” y la vestimenta “informal, sucia”. No eran militares. Pero lo que le “llamó poderosamente la atención”, destacó en su declaración, es que las tres “tenían las manos atadas en la espalda, (...) no eran esposas (...) sería una soga con lo que tenían atadas las manos atrás”, declaró.

A dos de esos jóvenes custodiados los vio solo desde atrás, pero con el tercero cruzó miradas. Relató: “Sintió mi presencia y giró para mirarme. Era la mirada de un rostro muy triste e interpreté esa mirada como si fuese de despedida”. En el Juzgado repitió lo que le oyó decir a uno de los custodios sobre la persona de la mirada triste, “una frase que llevo dentro de mi vida durante 44 años”, aclaró en su denuncia: "éste sube al avión y sale volando", fue esa frase de uno de los custodios.

Romper el hermetismo

La mirada de aquel joven lo dejó “shockeado”, dice. “Era su mirada tan triste y desahuciada, no tenía ninguna chance, ninguna defensa. Y al día de hoy lo siento como una daga, me destruyó”. "No hice nada entonces, me quedé duro", recuerda. Solo varios años después comprendió la frase del avión en todo su horror.

--¿No le preguntó a nadie quiénes eran esas personas custodiadas?
--No hice nada. No se lo conté a nadie, pero lo seguí pensando. No lo hablé ni siquiera con mi mamá. Todavía no pude preguntarle "¿sabés todo lo que pasó, sabés dónde están los desaparecidos?". Y cada vez que empiezo a querer llevarla para ese lado, se da cuenta, está entrenada, me responde: “No te voy a dar ningún nombre”. Me da vergüenza contar esto después de tanto tiempo, me da vergüenza mi familia militar y negacionista, me da vergüenza haber trabajado en Mercedes Benz. Yo era un nene bien, un nene estúpido que vivía en una nube de nada. Donde sigue viviendo mi familia, ciegamente negacionistas, la nada misma.

Numa Triaca y Olga Christoph tuvieron cuatro hijos: Jorge, el mayor; Diana, la del medio, que nació melliza de un varón que falleció, y Sergio. El hombre murió en 1977 tras un episodio que el entorno militar y agrupaciones pro genocidas atribuyeron “a la subversión”, pero que el propio Ejército y sus servicios de Inteligencia descartaron tuviera que ver con las organizaciones políticas armadas de la época. La Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) lo incorporó en una lista que presentó en 1984 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso es falso, son unos mentirosos”, asegura el hijo menor.

Christoph aún vive. Tiene 93 años y habita todavía la casa familiar, en Olivos. Para Sergio, su madre “tiene que tener mucha información para aportar, si trabajaba en donde se dice se armaban las listas de los desaparecidos de Campo de Mayo, ¿cómo no va a saber?”, resalta, en relación a la Oficina de Personal, a cargo de Omaecheverría.

“Siempre me sentí sapo de otro pozo”, dice el hijo menor del matrimonio. “Mi hermana es peor que Cecilia Pando y mi mamá es pro militar. Yo intento igual acercarme, no pierdo el contacto con mi mamá, pero no puedo hablar de nada. Siempre me hicieron a un lado porque decían que tenía una opinión diferente a la de ellos”, completa. Ante el Juzgado de Vence describió brevemente algunos de los ataques verbales que le dedicaban su madre y su hermana: “Sos un zurdito también”, “a vos también te tendríamos que haber tirado del avión”.

Y si bien se sentía “distinto” de su entorno, recién hace algunos años pudo romper con el hermetismo que creció y que siguen manteniendo la familia Triaca y tantas otras sobre los crímenes de la última dictadura. El juicio por la Megacausa Campo de Mayo fue el punto de inflexión; los testimonios de los familiares de los trabajadores de Mercedes Benz, detenidos, llevados a Campo de Mayo y aún desaparecidos, el detonante.

“Esos testimonios son tremendos, desgarradores, me dejaron atónito”, asegura. El menor de los Triaca trabajó durante 25 años en la automotriz. “Trabajaba en la fábrica y también en las oficinas centrales, en Avenida Belgrano y Azucena Villaflor, Puerto Madero. Claro, Azucena Villaflor, Azucena Villaflor... me empecé a preguntar hasta que me puse a buscar y supe quién había sido esa mujer”, cuenta en relación a una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestrada en la ESMA y asesinada desde los vuelos de la muerte. 

Pero Sergio no descubrió solo a Azucena: “Frente a esas oficinas hay una placa muy chiquita de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a 14 desaparecidos de la fábrica. Yo pasaba y miraba, me anotaba los nombres. Está el que quiere mirar para el costado en la vida y estamos los que decidimos no mirar para el costado. Leyendo información sobre ellos en Internet me enteré del juicio y empecé a ir”, relata. Era 2019. Para entonces, ya se había desvinculado de Mercedes Benz.

Un granito de arena

El link entre lo sucedido con los trabajadores de esa empresa, lo que comenzó a escuchar en el debate sobre los crímenes de Campo de Mayo, los vuelos de la muerte y sus recuerdos, no fue inmediato, pero al fin decantó. “Yo tengo que poder hacer algo con todo esto. Me fui 44 años para atrás y empecé a revisar porque no podía guardar esto dentro mío, tenía que convertirlo en un pequeño granito de arena al Nunca Más”, explica.

Siguió asistiendo al juicio, conoció a abogades querellantes y fiscales; observó a familiares con las fotos de sus seres queridos aferradas al pecho, aún busca en ellas a aquel joven de mirada triste que vio en la puerta del despacho de su padre para poder ponerle nombre y apellido. Aseguró en su denuncia judicial que está en condiciones de reconocer a esa persona mediante fotografías, que “esa cara no se borra más" de su cabeza. 

Y también pidió que se investigue “la complicidad de los jueces de instrucción militar” que actuaron en Campo de Mayo y que aún no ha sido revisada. (P12, 3/1/2022)

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RAFECAS ORDENÓ LA DETENCIÓN DE DIEZ MILITARES QUE INTERVINIERON EN LA MASACRE DE LA CALLE CORRO EN LA QUE MURIÓ "VICKI" WALSH
Ya fueron capturados por la sección Interpol de la Policía Federal

En 1976, El Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería cercaron a un grupo de militantes de Montoneros que estaba reunido en esa casa del barrio de Villa Luro. Cinco murieron –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh– y cuatro fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención.

Camionetas, tanquetas, militares y civiles: todos se agolparon en las primeras horas de la mañana del 29 de septiembre de 1976 en la calle Corro al 105 del barrio de Villa Luro. Tenían información de que ese día iban a estar reunidos militantes del secretariado político de MontonerosCinco de los integrantes de la organización –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh– murieron en ese operativo descomunal comandado por el Ejército con el apoyo de la Policía Federal y de la Gendarmería. Cuatro integrantes de la familia que habitaba esa vivienda fueron secuestrados. Cuarenta y cinco años después, el juez federal Daniel Rafecas logró reconstruir qué militares habían comandado esa represión y ordenó su detención, que se hizo efectiva en la mañana del martes. Este miércoles, los diez militares retirados –entre los que se cuenta a uno de los líderes de las organizaciones de la familia castrense surgidas contra los juicios de lesa humanidad– serán indagados.

El operativo de la calle Corro se coordinó desde el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, que tenía sede en Ciudadela. Según los libros históricos de esa dependencia –analizados por el exPrograma Verdad y Justicia– el despliegue militar fue pocas veces visto: fueron tres jefes, trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados de la clase 1955. A ellos había que sumarles los hombres que envió la Gendarmería y los que mandó la Federal. Según los militares, el ataque sobre la casa de la esquina duró 45 minutos. Otros testimonios –incluso uno recogido por Walsh en la carta a sus amigos– lo estiman en una hora y media. Hubo bombas y granadas. Una de ellas impactó en una casa de la manzana que se incendió, según surge de material hallado por el Grupo de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad.

Los diez detenidos prestaban funciones en el GADA 101, según se pudo reconstruir de sus legajos y gracias a los testimonios de los conscriptos que hicieron allí el Servicio Militar Obligatorio. Todas las detenciones se hicieron a partir de las 6 de la mañana de este martes y estuvieron en manos de la sección Fugitivos de Interpol - Policía Federal. Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola y Domingo Armando Giordano serán indagados el este miércoles por Rafecas, quien deberá en un plazo de diez días resolver si los procesa. Mientras tanto estarán detenidos en la Unidad 34 –Campo de Mayo– del Servicio Penitenciario Federal.

La abogada Myriam Bregman, que representa, junto a Matías Aufieri, a Patricia Walsh –hermana de “Vicki”– y a Lucía Coronel –hija de José Carlos–, sostiene que el Batallón de Inteligencia 601 también tuvo intervención ese día en la calle Corro. En la causa sí figuran las fichas que la Dirección de Antecedentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había hecho de los militantes que estaban en la casa de la calle Corro.

"Uno de los aspectos que más nos conmueve de esta causa es que los diez detenidos se encontraban en libertad, en sus casas, sin causas previas", dice Bregman a este diario. "Son diez genocidas impunes durante 45 años, que desde hoy están en prisión. Uno de ellos, Guillermo Viola, fue ascendido a coronel durante la presidencia de Fernando de la Rúa y la Alianza. Tras la nulidad de las leyes de impunidad impulsada por la entonces diputada Patricia Walsh, y la lucha de familiares y organismos, Viola promovió la Unión de Promociones del Ejército y los actos en Plaza San Martín de reivindicación del genocidio", añade la actual diputada nacional.

La Unión de Promociones se creó en mayo de 2005, en la víspera de lo que sería el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia --que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida--. Su primer documento se publicó en septiembre de ese año y reconocía que su preocupación central pasaba por los presos por lo que ellos denominaban la "GCT" (guerra contra el terrorismo). Durante estos años, Viola se dedicó a informar las detenciones de sus compañeros de armas y las muertes de los represores que cumplían alguna modalidad de arresto. Este martes, sus camaradas de las organizaciones pro-impunidad viralizaban su detención.

El operativo

“Vicki” Walsh llegó a la casa de la calle Corro el 28 de septiembre. Ese día cumplía 26 años. Llevaba consigo a su hija que estaba por cumplir un año y tres meses, Victoria María Costa. La beba había nacido después de que su compañero, Emiliano Costa, cayera preso. En la casa también estaban otros cuatro oficiales montoneros: Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José BertránIsmael Salame José Carlos Coronel.

La noche fue más atípica en el GADA. A los conscriptos el 28 de septiembre no los bailaron como solían hacerlo. Les dieron de comer a las seis y media de la tarde y los mandaron a dormir.
–Acostate temprano que mañana salimos a un operativo muy grande– le dijo Viola a su asistente.

A las cuatro o cuatro y media, despertaron a los soldados. Les sirvieron el desayuno y los hicieron formar en el playón. Había camiones, jeeps y ambulancias. Nunca habían visto algo así, según surge de las decenas de declaraciones que recogieron en el juzgado de Rafecas –en la investigación que llevó adelante la secretaria Albertina Caron–.

Los militares rodearon la manzana e hicieron dos anillos para que nadie pudiera escaparse de la casa de la calle Corro. ”El objetivo era una casa. Creo que las personas estaban durmiendo y cuando empezaron los disparos quedaron acorralados”, declaró un exconscripto.

Molina Benuzzi, Bertrán, Salame y Coronel fueron acribillados durante el tiroteo. “Vicki” se quitó la vida --después de combatir con el camisón puesto, según relató su padre– cuando no tenía otra opción más que la muerte ante el brutal operativo de las fuerzas conjuntas. A su hijita se la llevaron y más tarde se la entregaron a la familia.

“Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino –escribió Rodolfo Walsh en una carta a sus amigos después de enterarse de la muerte de “Vicki”–. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella”.

Los secuestros

En la casa de Corro 105 vivía la familia Mainer, que ya había sido tocada por la represión cuando secuestraron a la hija mayor, Magdalena, en Córdoba. Otra de las hijas, Maricel, vivía en Santa Fe, pero había ido a pasar unos días con su marido, Ramón Alcides Baravalle, a la casa materna. Maricel llegó a divisar –antes de que la secuestraran– cómo los militares habían derribado con una tanqueta el portón del garage y desde allí tiraban. A su madre, Lucy Matilde Gómez de Mainer, también se la llevaron junto con su hijo de dieciséis años, Juan Cristóbal Mainer.

Los cuatro integrantes de la familia Mainer secuestrados ese día recuperaron la libertad. Ese 29 de septiembre de 1976, la menor de la familia, Milagros –de nueve años–, fue sacada de la escuela por los militares y entregada días después a una tía.

Los diez militares deberán responder por el homicidio agravado de los cuatro militantes, por la tentativa de homicidio de “Vicki” y por los secuestros de los cuatro integrantes de la familia Mainer. (Luciana Bertoia, Página 12, 15/12/2021)

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LA LIBERTAD
Un preso político deja la cárcel de Rawson 

El 2 de diciembre de 1983 a las siete de la tarde, un guardián se acercó a la puerta de rejas del pabellón seis de la cárcel de Rawson con un papel en la mano y gritó: “los que voy a nombrar preparen “el Mono” porque se van en libertad. El Mono era un bolso que se armaba con una frazada, en el medio de ella se ponían los pocos efectos personales, se ataban las cuatro puntas y se cargaba al hombro. Hasta ese momento, los presos políticos solamente lo habíamos hecho cuando éramos trasladados de una cárcel a otra, traslados que eran muy comunes en aquellos años de dictadura y que muchas veces se usaron para inventar imposibles fugas que terminaban en fusilamientos.

Pero esa tarde de Rawson todos sabíamos que era verdad. La dictadura estaba en retirada y, antes de entregarle el gobierno a Raúl Alfonsín, quería sacarse de encima a aquellos detenidos políticos cuyas causas judiciales no aguantarían ni un solo día en democracia.

El guardián empezó a leer la lista y los gritos de alegría de todos los compañeros del pabellón que festejaban la noticia hacía casi imposible escuchar a quiénes se nombraba.

Recuerdo haberme subido a una mesa de cemento, de las tres que había en el pabellón, y ponerme a saltar y bailar como si estuviera en una cancha de fútbol. La disciplina carcelaria ya estaba totalmente quebrada y no teníamos miedo a ninguna represalia. El fin de la dictadura era inminente y hacía meses que no había más palizas, calabozos de castigo o el catálogo de sanciones salvajes y arbitrarias que sufrimos durante años.

Todo eran abrazos, gritos, cantos y consignas esa tarde en la cárcel de Rawson, porque los compañeros de los pabellones vecinos, enterados, se unieron al festejo, y ya a nadie le importaba nada de nada: sólo felicitar y abrazar a los que se iban.

En eso estábamos cuando el “Pino” Cuesta, mi compañero de celda, me agarró del brazo, y me bajó de la mesa donde yo bailaba: “Dejá de bailar, boludo, y prepará tus cosas. Te acaban de nombrar, vos también te vas.”
No le quise creer. Aún me faltaban tres años de condena, y si bien yo había sido juzgado por un Consejo de Guerra y privado de cualquier derecho a defensa, lejos estaba de imaginarme que esa tarde también sería liberado.

Seguro de que era una broma, me acerqué a la reja y encaré al celador: “Digamé, no escuché bien pero me avisan que acaba de nombrarme ¿Es verdad que me voy?” El tipo me preguntó el apellido y empezó a mirar la lista y a recorrerla con su dedo índice de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Una y otra vez miraba la lista y me miraba a la cara: “Soriani… Soriani...” repetía moviendo la cabeza negativamente. Mis piernas temblaban y esos minutos o segundos se hicieron eternos. Cuando ya estaba convencido de que era otro de los chistes habituales del “Pino”, aunque esa vez un poco más pesado, el guardián dijo: “Soriani, Hugo Ernesto, sí, acá está. Se va.
Haga el 'Mono', porque no estoy para perder el tiempo”. Me di vuelta, y los compañeros que me rodeaban, ya estaban arriba mío para abrazarme como si hubiéramos ganado la final de porteños contra tucumanos, el clásico de aquella cárcel, donde dejábamos la vida en cada partido.

No hizo falta que preparara nada. Dejé las pocas cosas que tenía y formé fila junto a los que iban a salir liberados sólo con lo puesto. Abrieron la reja, y con un griterío infernal de todos, prolongamos la despedida para que los guardianes que habían sido nuestros verdugos, fueran testigos de nuestra alegría. Además, los que nos íbamos tampoco nos resignábamos a dejar a los compañeros que se quedaban adentro. Aunque supiéramos que lograr la libertad de todos era más fácil con nosotros afuera.

Nos llevaron desde ese pabellón a los calabozos de castigo y nos encerraron ahí hasta pasada la medianoche, mientras se hacían los trámites burocráticos propios de estas movidas.

Recuerdo los cánticos con que llenamos esos sucuchos inmundos, que nos habían tenido tantos días como sancionados, y las palizas o baños con agua helada recibidos ahí durante los peores años de la dictadura. Recuerdo también haberme sentado en el suelo y apoyado la espalda contra esa pared húmeda y sucia, en posición fetal, quizás sabiendo que empezaba a nacer de nuevo.

Nos sacaron el uniforme de chaqueta y pantalón azul que nos obligaron a usar desde siempre y nos entregaron las ropas civiles que el SPF nos requisó cuando fuimos detenidos. Recuerdo mi camisa entallada, con pespuntes y cuello en punta, mis pantalones oxford de “piel de durazno” y mis zapatillas Flecha blancas, que ya eran grises por el tiempo. Todos estábamos más flacos, así que no tuvimos problemas de talles. No sólo nos entraba la ropa sino que algunos tuvieron que pedir hilos para sostenerse los pantalones, que se caían por los kilos perdidos entre la mala alimentación y algunas huelgas de hambre de las que hicimos durante aquellos años. Cuando nos vimos “de civil” casi no nos reconocíamos. Fueron años de estar obligados a usar ese uniforme de “preso”, con el que también pretendieron degradarnos.
Horas después, a las 2 de la mañana del tres, nos abrieron las puertas. Formados en fila india y rodeados por un grupo numeroso de penitenciarios, nos guiaron hasta la puerta del Penal para que fuéramos saliendo en grupos de a diez, con intervalos de cinco minutos. Salí en el último grupo y un guardián que no era de los peores se acercó a mi oído y me dijo: “Soriani, salga caminando despacio, no corra ni mire hacia atrás. No de vuelta la cabeza porque dice la leyenda que el que corre o se da vuelta para mirar el Penal, vuelve”.

Le hice caso y trasladé la consigna al resto del grupo. Ninguno de esos diez compañeros corrió ni dio vuelta su cabeza. Aún hoy recordamos esa anécdota cuando la vida nos junta para celebrar los aniversarios de aquel día inolvidable.

La noche de Rawson y un cielo estrellado, que no veíamos desde hacía años, nos invitaba a mirar hacia arriba y a vencer la tentación de desobedecer el consejo. Estábamos afuera, estábamos libres, volvíamos a nacer. Ahora había que avisarles a nuestros familiares y preparar el regreso a casa. A eso íbamos. (Hugo Soriani, Página 12, 8/12/2021)

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ANDRADA Y LOS REPRESORES DEL FÚTBOL
El miércoles pasado, a los 80 años, murió el ex arquero de Rosario Central, Colón y la Selección Argentina. Su papel como servicio de inteligencia de la dictadura reavivó que hubo otros casos similares.

Pelé le convirtió su gol número mil cuando atajaba en el Vasco da Gama de Brasil en 1969.
La muerte reciente de Edgardo Andrada, arquero de la Selección nacional, Rosario Central y Colón, pero además agente de inteligencia de la última dictadura, removió un tema poco divulgado. Así como desaparecieron 220 deportistas en la Argentina de 1976-1983, también hubo represores y delatores entre un grupo reducido de atletas. El caso del Gato -como lo llamaban al número uno- es el más conocido pero no el único. Falleció a los 80 años recordado más por su condición de personal civil al servicio del régimen cívico-militar antes que por su pasado como futbolista célebre. Se había hecho famoso en el plano internacional por la anécdota del penal que le convirtió Pelé cuando atajaba en Vasco da Gama, y que se transformó en su gol Nº mil el 19 de noviembre de 1969. Doce años después le darían un alías en el Estado -Eduardo Néstor Antelo- luego de que lo recomendara como espía del Ejército el teniente coronel Jorge Roberto Diab. Esa, su segunda vida, comenzó el 25 de agosto de 1981, según constaba en su legajo. Todavía jugaba como profesional. Sus superiores lo destacaban por “su espíritu de colaboración y contracción al trabajo”.

Al arquero lo sobreviven otros integrantes de los grupos de tareas que fueron tan deportistas como él. Juan de la Cruz Kairuz, ex jugador de Atlanta, Newell’s, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy es el más difundido. Aun hoy dice “tengo la conciencia tranquila” cuando se ventilan las acusaciones que recibió por haber integrado una patota que ingresó a la casa de Luis Arédez, en Libertador General San Martín, el 13 de junio de 1977. Ricardo, el hijo de Luis -ex intendente detenido-desaparecido de la ciudad jujeña-, siempre lo señaló como el hombre que encabezó el operativo.

Kairuz todavía niega las imputaciones que recibió. Un juicio por delitos de lesa humanidad continúa en Jujuy y lo tiene a él como protagonista a distancia. El año pasado siguió las audiencias desde su casa en Salta, donde tuvo una prolongada y exitosa campaña como director técnico. La querella se preguntó: “No sabemos por qué no lo obligaron a presentarse”. En junio de 2018, el ex futbolista y ex policía que trabajó al servicio de la familia Blaquier en el ingenio Ledesma le brindó una extensa entrevista al periodista Roberto Raúl Gramajo, del programa Contacto mano a mano de Salta. Dijo Kairuz que “a través de Ledesma me castigaron a mí. Porque yo trabajaba en el club que es de la empresa… Juan de la Cruz Kairuz tiene un nombre para la prensa”.

La popularidad que se atribuye el entrenador coincide con el perfil de agente que buscaban los militares cuando contrataron a Andrada. De su ficha de ingreso a los servicios se lee: “Su figura de ex arquero de Rosario Central concita adhesiones y confianza especialmente en los barrios de trabajadores, lo cual facilita su penetración al objetivo impuesto”. El Gato revistaba como agente del destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.

En 2011, treinta años después de que se integrara al aparato represivo de la dictadura cívico-militar, empezaron sus problemas judiciales. Se lo involucró en la desaparición y asesinato de los militantes montoneros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Ambos fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum, de Rosario, antes de que el régimen abandonara el poder. De aquella situación jurídica Andrada salió airoso gracias a un fallo del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, quien le dictó la falta de mérito.

Viejos compañeros del arquero en Central, como Aldo Pedro Poy y Otto Sesana, se sorprendieron al escuchar la versión de que recolectaba información para el Ejército. Le habían perdido el rastro cuando se fue a Brasil. Pero ya de regreso en la Argentina, su trayectoria continuó en Colón y luego en Renato Cesarini, donde abandonó el fútbol a los 43 años. Andrada dejó una marca no superada hasta hoy: fue el número uno que en más partidos defendió el arco del equipo de Arroyito: 284 entre 1959 y 1969 cuando lo vendieron al Vasco da Gama. Muchos años después se volvería a saber de él por los diarios. Había sido contratado como asesor deportivo en la Legislatura provincial, durante la gobernación del peronista José María Vernet. El miércoles 4 falleció en Mar del Plata, a donde se había mudado desde Rosario.

Amadeo Gándola es otro ex futbolista que fue colaboracionista de la dictadura. Su historia se conoció gracias a una investigación que desarrolló el periodista santafesino Nicolás Lovaisa. “Jugó entre 1956 y 1957 en Unión. Llegó proveniente de Atlanta y luego pasó por Godoy Cruz e Independiente Rivadavia. Entre 1976 y 1983 fue uno de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) que reportó a la Fuerza Aérea. Se suicidó en 2006”, escribió el colega. Este caso tuvo su punto de partida en un hallazgo de Edgardo Imas, historiador del club de Villa Crespo. Lovaisa le atribuye haber encontrado su nombre en un listado de agentes de inteligencia cuando se abrieron algunos archivos del régimen militar. “A diferencia de Andrada y Kairuz, el nombre de Gándola no aparece hasta el momento en ninguna causa de lesa humanidad en la ciudad de Paraná”, contó el periodista. El ex defensor murió en la capital de Entre Ríos al arrojarse desde el sexto piso del edificio donde vivía. Tenía 78 años. 

Entre los agentes encubiertos que sirvieron al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el fútbol también aportó un par de árbitros de la Liga de Mar del Plata: José Francisco Bujedo y Angel Narciso Racedo. El primero era referí y el segundo, quien ya falleció, su asistente como juez de línea. En los operativos que realizaban desde la base naval en la ciudad balnearia se invertían las jerarquías. Racedo le daba órdenes a Bujedo, quien recibió una condena a ocho años de prisión como autor de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración, e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de un perseguido político, de los que resultó víctima Edgardo Rubén Gabbin”.

Así como Andrada, Kairuz y Gándola integraron los grupos de tareas de la dictadura, hubo 19 futbolistas detenidos-desaparecidos. Raúl Leonel Brú, Luis Ciancio, Ignacio Manuel Cisneros, Ricardo Osvaldo Cuesta, Ricardo Gabriel “Gallego” Del Río, Daniel Favero, Pedro “Paisano” Frías, Alberto Armando Garbiglia, Juan Carlos Luna, Carlos Laudelino Manfil, Gustavo “Papilo” Olmedo, Francisco Víctor Pana, Hugo Reynaldo Penino, Rodolfo Prestipino, Antonio Piovoso, Eduardo “El Gallego” Requena, Carlos Alberto Rivada, Ernesto David “Ranga” Rojas y Heldy Rubén “Tucho” Santucho. De algunos como Ciancio u Olmedo se encontraron sus restos muchos años después. A los demás sus familiares los siguen buscando. (Gustavo Veiga, Página 12, 11 de septiembre de 2019)

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MALVINAS, ESCUCHEMOS AL ESTAQUEADO
El apogeo de la impunidad

Damas y caballeros, somos unos hijos de los eufemismos. Transitamos la Era del eufemismo. Nuestra historia se puede relatar desmenusándolos.

Antes de desembocar en la herida de Malvinas, un muestrario de eufemismos naturalizados. Por empezar, el alevoso de Hiroshima y Nagasaki. El anuncio de esos “exitosos” estallidos dijo que se “soltaron” dos bombas. ¿Se soltaron o se arrojaron? Se soltaron “para conseguir la paz más rápido” ¡Flor de coartada! Más acá se perpetraron otros eufemismos; a los genocidios se los elogia, se los llama “guerras preventivas”. La madrequelosparió, y el padre.

Así vamos, meta eufemismos: al degüello laboral se le dice “racionalización”; a los desgajados se los nombra sujetos en “situación de calle”; los femicidios se justifican como “crímenes pasionales”; al hambre de millones se lo minimiza como “insuficiencia alimentaria”; las invasiones con sed de petróleo se rotulan “intervenciones para restaurar democracias”. Despabilémonos, salgamos de la indiferencia activa. Tanto cinismo es auspiciado por los elefantes medios de (des)comunicación que, campantes, naturalizan la voladura y cremación de escuelas, maternidades, aldeas. Entonces dicen “efectos colaterales” de “misiles inteligentes” ¿Errar es humano? Otra vez: la madre que los parió. Y el padre.

La costumbre del eufemismo lleva al apogeo de la impunidad. Los muchachos del Pentágono, ¿cómo nombran a la inocultable tortura? El colmo: le dicen “interrogatorios exigentes”. Por tercera vez: la madre que los parió. Y el padre. Y, ya que estamos, les abueles.

A propósito de torturas: en el nombre de patria aquí se torturó a rajacincha. En el año 1982 después de Cristo, en esta patria idolatrada, se desnucó la condición humana con la torturación de soldados malvinenses. Esa herida sangra ¿La censura silenció? La excusa destiñe: la censura fue cierta; la obsecuencia mediática ¿fue menos cierta?

Memoremos: la de Malvinas, fue una (des)guerra. Bravuconada etílica. Consagración de la absurdidad ¿Cuándo nos interrogaremos como sociedad: hasta qué punto nos estafaron y hasta qué punto nos dejamos estafar? También la (des)guerra sucedió al compás de entusiastas pulpos medios descomunicadores. Con el desembarco, pasamos de la euforia patética a la depresión vergonzante. Muchos argentinos –demasiados– vivieron la (des)guerra con la adrenalina de un Mundial. A décadas de aquella suicidante bravuconada, para la reconquista real tendremos que aprender modos de coraje menos sonoros; aprender que paciencia es lo contrario de resignación. Esto nos enseñan, sin el barullo de las palabras, las Madres Abuelas de Plaza de Mayo. Tan insomnes, tan porfiadas parteras de la memoria, ellas.

Por estos días el expediente referido a las torturas en Malvinas llegó a la Corte Suprema. Por fin revisará un fallo propio y definirá si las torturas a soldados son o no delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Ahí tenemos la deuda externa (en dólares), y la deuda interna (traducida en pobreza, analfabetismo y analfabetización), y la deuda interior (la que consuma la desmemoria). Así es: hay asuntos de lesa humanidad que nos siguen pendientes. En la invasión cometida por nuestros corajudos de oficina hubo improvisación, cobardía, necedad. Y hubo torturadores de soldados propios. Flagelaron a jóvenes ateridos y aterrados. No usaron picanas persuasivas, estaquearon, horas enteras, a cuerpos de soldados hambreados. O los enterraron, de cuerpo entero, sólo con la cabeza libre. El reclamo de las víctimas, no es un yogur, no tiene vencimiento.

Aquella torturación continúa. Hay atrocidades que no prescribirán mientras el sol esté vivo.

Sucedió. Entre varios, más de un soldado, atravesado por el hambre, “robó una lata de dulce”; alguno salió desesperado por comida, “cazó una avutarda y la cocinó”. Se recuerda por la fecha al soldado estaqueado en la interminable noche del 25 de mayo de 1982… Hay un momento en el que las palabras enmudecen, pierden el pulso. Es ahí entonces cuando acudimos al levemovimiento de la crónicaquieta, hacia la leve ficción. Uno necesita que el grito alaride, y pide ayuda a la poesía.
Salgamos de la conciencia digestiva y vayamos con aquel soldado estaqueado. Noche, frío, plena intemperie, el soldado gime, llama a su madre. La suya no es pesadilla de almohada: sucede en carne viva. Ahí está él, arrojado a la absurdidad. Escuchemos al desguarnecido, ahora busca a su madre, tan lejana…

Cruz del sur, cruz en el sur

–De espalda, solo, / de cara a todo el cielo, aquí estoy: / me han crucificado en la tierra, mamá. Y tengo frío. / Sol ¿hubo alguna vez?
Sin semblante y sin saliva, / el pavor anegó mi corazón. / Me duele tanto el aire, ¿cómo era respirar, mamá? / Y esta noche, qué oscura se ha vuelto la noche / sin una estrella sin el lucero sin un pedacito de luna.
Ay, si mañana va ser como hoy, no me despiertes, mamá.
(La noche y la intemperie, continúan implacables).
–¿Estás ahí? ¿Dónde estás? / Nadie. Nada. / Te estoy llamando, alarido, no me responde tu aliento.
Pobrecita mamá, pronto te dirán madre.
Ay, madre madre, ¿por qué me has abandonado?
–Hijo, hijito, ya vuelvo. He salido a buscar a la patria.
–No vayas, madre, detente: a la patria la han saqueado.
–Los saqueadores, hijo, ¿quiénes son?
–Son ellos: los que inflando el pecho y alzando el mentón miran los desfiles desde el palco. Los bien comidos los bien abrigados los mal paridos, / los que nunca rozaron el honor, / los que eructan el grito sagrado. / Son ellos, mamá: los siempre ilesos.
((Al estaqueado, contra la tierra tan crucificado, ahora el cielo lo mira desde muy arriba. Pero no se baja el cielo. Se queda en el cielo, el cielo. ¿Indiferente o estupefacto? ¿Aterrado o acielado?
¿Y Dios? Dios no puede no ver lo que ve / y entonces se tapa la mirada, se tapa el horror. / Dios mío, gime Dios.
Silencio y sur. Y cruz del sur. Y cruz en el sur.
La escandalosa impunidad de la nieve.
Damas y caballeros, aquí no ha pasado nada. / Como siempre.
Pero a las palabras que se lleva el viento, / el mismo viento las devuelve. / Por favor, sigamos escuchando:
–Madre, madre, ¿por qué me has abandonado?
–Hijo, hijito, he salido a buscar a la patria.
–Madre, para qué, / si a la patria no le quedan ni los mástiles.
–Encontraré, hijito, encontraré a la patria…
–¿Dónde?
–Debe estar escondida, guardándose…
¿Dónde dónde?
–Se me hace que vientre adentro de la Mapatria Grande.
–Vuelve pronto, madre.
–Seguro que volveré.
–Pero si mañana es como este 25 de mayo de 1982, / por piedad, no intentes despertarme. / No, no quiero día de mañana. / Y sé buena, rápido coseme los párpados. (Rodolfo Braceli, Página 12, 20/10/2021)

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LAGO ESCONDIDO: LA CAUSA PRESCRIBIÓ POR EL PASO DEL TIEMPO Y QUEDÓ SIN CONDENAS
Investigaba la compra fraudulenta de los terrenos. El principal beneficiado es el hijo de Joe Lewis, el magnate amigo de Macri. El rol de la "mesa judicial" y la doctrina Irurzun inversa.

La causa por la supuesta “compra fraudulenta de dos estancias  en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido” se cerró sin condenas, por prescripción por el paso del tiempo.

El principal beneficiado por el cierre de ese expediente ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal  es Joe Lewis, un británico de larga amistad con el expresidente Mauricio Macri.  Su hijo, Charles Barrington Lewis, era uno de los imputados en el expediente. Ya no lo está.

La causa es una patética muestra del funcionamiento del Poder Judicial cuando se subordina al poder a secas. La venta de los terrenos que comprenden la zona del Lago Escondido se produjo en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem; la investigación sobre las evidentes irregularidades se inició en 2010 en la Defensoría del Pueblo y la causa judicial comenzó en 2012.

Vegetó hasta que durante el gobierno de Mauricio Macri su primer procurador del Tesoro, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esos terrenos. ¿Cómo terminó la historia? Balbín cesó como procurador y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, sospechado de integrar la “Mesa Judicial” de Cambiemos. El historiador y denunciante de la venta de los terrenos Alejandro Olmos Gaona aseguró que la llegada de Saravia Frías a la Procuración “paralizó cualquier decisión” que apuntara a anular la venta.

No obstante, quedaba abierta una instancia judicial para desandar el camino iniciado a mediados de los 90, en pleno apogeo de la pizza y el champagne.
Quedaba. Porque el 15 de septiembre pasado, en el mayor de los sigilos, la Cámara Federal de Casación, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Liliana Catucci, confirmó que la causa prescribió. Carlos Mahiques, ex ministro bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal, es el padre de Juan Bautista Mahiques, hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y también señalado como uno de los integrantes de la “mesa judicial”. En cuanto a Catucci, el fallo sobre las tierras que rodean al Lago Escondido fue su despedida: el 16 de septiembre cumplió 75 años y se jubiló.
La prescripción benefició también a otros exfuncionarios nacionales y provinciales: Néstor Daniel Kuper, Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luisa Cristina Szama y Lisandro Alfredo Allende.

En 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó un planteo de prescripción porque el imputado Mayer continuó “ejerciendo la función pública en la misma provincia en que lo hacía cuando se produjo el hecho ventilado en la causa”. Incluso ocupó “un cargo perteneciente al Poder Judicial de Río Negro”, por lo que “podía valerse de la influencia de su cargo para entorpecer el ejercicio de la acción penal”.

Esa decisión de Canicoba cayó en la telaraña judicial de las apelaciones hasta que llegó a la Sala de la Cámara Federal que integra el juez Martín Irurzun.
Entonces, Irurzun contradijo a Irurzun. 

Sostuvo que Mayer había ejercido la actividad docente, por lo que “difícil es imaginar que, desde los empleos referidos, contara con la posibilidad real de entorpecer o neutralizar la investigación penal o que él mismo, o terceros, hayan podido verse beneficiados de las influencias o prerrogativas exclusivamente derivadas de esos empleos”.

El juez que parió la doctrina que lleva su nombre, según la cual los exfuncionarios pueden conservar poder residual aún en gobiernos de signo opuesto y ello representaría el riesgo procesal de entorpecer la investigación que justificaría la prisión preventiva (por eso fue preso el exministro Julio De Vido), en el caso del Lago Escondido y Lewis se pronunció exactamente al revés.

El ahora eximputado Mayer fue síndico titular y suplente en la empresa estatal INVAP, trabajó para el Ministerio de Educación rionegrino y actualmente es titular de la Defensoría Oficial de Menores e Incapaces número dos, en Bariloche, a poco más de cien kilómetros de Lago Escondido.

Los terrenos vendidos en 1996 estaban comprendidos en una “Zona de Seguridad de Fronteras” y sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que les impedía ser adquiridos por personas de nacionalidad extranjera. Es, básicamente, una cuestión de soberanía.

El 19 junio de 1996, H.R. Properties Buenos Aires S.A., constituida dos años antes, pidió autorización para comprar tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.  El 22 de agosto, cuando  obtuvo la autorización para adquirir 8063 hectáreas, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en HIDDEN LAKE S.A., controlada por una sociedad británica denominada Lago Corp, cuyos dueños eran Alfredo Rovira  y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate inglés amigo de Macri. El denunciante Gaona Olmos explicó: “Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra. Ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera estaba casado con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera”.
Esa es la causa que acaba de prescribir. «
(Tiempo Argentino, Néstor Espósito, 16/10/2021)

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POZO DE BANFIELD: CUATRO HERMANOS RELATARON LOS TORMENTOS QUE SUFRIERON EN LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR
“Gracias por seguir en esta lucha de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo al Tribunal una de las hermanas Díaz que declararon el martes en la audiencia donde se están juzgando los crímenes de lesa humanidad cometida por 17 represores contra 500 víctimas.

Una nueva audiencia virtual del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús contó esta semana con los testimonios de los hermanos Juan Domingo Díaz, Juan Antonio, Bonifacia del Carmen y Víctor Hugo.
Los cuatro hermanos fueron secuestrados en febrero y octubre de 1977, sufriendo golpizas y aplicación de corriente eléctrica en varias partes del cuerpo.

Grupos armados vestidos de civil buscaban a uno de los hermanos Díaz, Victor Hugo “Beto” Díaz, quien tenía militancia partidaria peronista en la zona y tras capturarlo, éste logró huir de su lugar de detención en La Tablada, lo que desató la furia de los represores, quienes se ensañaron con Juan Antonio, Juan Domingo y Bonifacia del Carmen. Estos últimos habían ayudado a su hermano “Beto”, que estaba herido tras su fuga, a esconderse en una vivienda, hecho que conocían sus captores, quienes trataban de que confesaran la ubicación de esa casa.
Juan Domingo Díaz fue el primero en prestar declaración en la audiencia 43. Precisó que hubo un primer secuestro antes del cautiverio. Tanto él como sus hermanos fueron liberados y el único al que “se llevaron”, Hugo, logró escapar del Regimiento de La Tablada. “El 12 de octubre hubo un enfrentamiento de Hugo con algunos militares y de ese enfrentamiento, Hugo salió muy herido”, contó, fue a asistirlo y hubo una emboscada.

Tenía 17 años cuando lo secuestraron y lo llevaron al centro clandestino El Infierno, de Avellaneda. De su paso por ahí recuerda: “Era como si fueran a descuartizarme. Yo pensaba que era muy joven para morir así, de esa forma tan arcaica, como solían descuartizar a sus enemigos los romanos”. Detalló que lo picanearon hasta que quedó desmayado. “Llegó un tipo que dijo que paren porque me iban a matar”.

Una vez liberado, fue a la casa de un amigo en Berazategui y luego a su casa. “Mi sueño en Argentina era ser cardiólogo. Hoy soy maestro de obras y ya construí en Brasil (donde vive desde 1978) tres hospitales. Los cardiólogos trabajan en ellos”, concluyó.

Juan Antonio fue el segundo de los Díaz en prestar declaración. Aclaró que el enfrentamiento no fue el 12 sino el 17. “Lo que pasó después fue el secuestro de mis hermanas y mi accidente vial. Yo no sabía quién estaba por un lado y quién estaba por otro”, comentó. Díaz, además, precisó que el lugar de detención “era como una comisaría, había gente con uniforme, de la (policía) bonaerense ya que era Avellaneda, y gente de civil, como si estuvieran trabajando allí”.

La familia se instaló en el vecino país en 1978 pero él regresó a la Argentina cuando terminó la Guerra de Malvinas.

La audiencia continuó con el testimonio de Bonifacia del Carmen Díaz (Mari), quien junto a Víctor Hugo (Beto) eran los únicos militantes de la familia de siete hermanos. Signado por la mala conexión, el testimonio fue entrecortado y tuvo que volver en varias oportunidades sobre el relato. La situación expuesta fue la misma que las comentadas por sus hermanos, y su secuestro, que se extendió por 30 días, en la Cacha. “Nos soltaron el 5 de diciembre”, precisó.

Tras ser liberada, vino el exilio. “Tuvimos que salir todos de esa casa y del país, la amenaza era terrible y si alguien era detenido nuevamente, no aparecía más”, aseguró. “Gracias por seguir en esta lucha de Memoria, Verdad y Justicia” , le dijo al Tribunal al dar por finalizado su testimonio.

Víctor Hugo fue el último de los hermanos en declarar y es a quien buscaban los represores cuando secuestraron a sus hermanos. Pertenecía a la Juventud Peronista y Montoneros. Afirmó que desde 1973 a 1976 se hacía un “trabajo territorial”, de “reconstrucción” y con la “esperanza de cambiar algunas cosas”. El secuestro se produjo en los primeros días de febrero de 1977. “Cuando me llevaban se reían de la noche de cacería”, recordó.

“Desde que llegaste sos boleta. Tu vida depende de mí”, comentó que le dijeron cuando ingresó al centro. Fue torturado hasta que “dejó de responder” a la picana y los golpes. En un momento, en el cual su guardia estaba durmiendo, se desató, agarró un caño y le pegó en la cabeza. Tomó su arma y le apuntó. Ahí supo que estaba en el Regimiento 3 de La Tablada. Se vistió y salió a “dar el combate final”, pero logró escapar. Desde un bar, llamó a una vecina que tenía teléfono y le pidió que le avisara a su familia que tenían que irse de la casa porque “temía lo peor”.

Dos meses después, la pareja de un compañero le dijo que su familia estaba bien y él continuó con la militancia clandestina, sin contactos con su entorno. Estuvo en México y volvió con la Contraofensiva popular de Montoneros. También relató su enfrentamiento, en el que murió una compañera y él resultó gravemente herido, y su escape. “Ya no tenía proyectiles, sólo tenía la pastilla de cianuro en la mano “, mencionó. Se refugió en una casa y el dueño lo ayudó a llegar a la vivienda de la familia. Un médico, que había acudido para atenderlo, fue detenido antes de llegar, junto a las hermanas, y él se fue a una pensión. Fue operado sobre una puerta, acomodada en una mesa de cocina.

“La resistencia se vivió en dos planos, los que estábamos organizados en una agrupación política y la resistencia familiar. Quiero aprovechar esto para agradecer, también a nuestro pueblo que nos apoyó”, dijo.

En la audiencia anterior declararon Silvia Caveccia, por la desaparición de Miguel Ángel Calvo; Yamil Robert y Norberto Borzi, hermanos de desaparecidos. “Camps, Etchecolatz y Bergés fueron a la casa, se querían llevar a los chicos”, recordó el hermano de Oscar Isidro Borzi. El cuerpo de Norma Robert fue hallado, con un tiro en la cabeza, en una fosa común del cementerio de San Martín. (Nahuel De Lima, Tiempo Argentino, 13/10/2021)

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SECUESTROS Y TORTURAS A 24 TRABAJADORES DE FORD:
CONFIRMARON LAS CONDENAS CONTRA DOS EXDIRECTIVOS DE LA EMPRESA
Montaron un centro clandestino de detención en la planta de General Pacheco
La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura y por haber montado dentro de la planta de General Pacheco un centro clandestino de detención. La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional.

En 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a Pedro Müller a diez años de prisión y a Héctor Francisco Jesús Sibilla a doce años. Junto con ellos fue juzgado el poderoso comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de quince años de reclusión. Casi tres años después, la Cámara Federal de Casación --con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques-- confirmó la sentencia contra los dos ejecutivos de la Ford. Guillermo Yacobucci, por su parte, únicamente convalidó la sentencia contra Sibilla, el jefe de seguridad de la planta de Pacheco, que la semana pasada cumplió 60 años desde su inauguración. Los tres jueces confirmaron la sentencia del multicondenado Riveros.

Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.
Müller, de 90 años, integró entre abril de 1974 y abril de 1978 el directorio de la Ford, que era el órgano máximo de administración y decisión de la automotriz. En la práctica, era el número dos de la compañía y se convertía en el número uno cuando el presidente, Juan Courard, estaba de licencia. Eso sucedió en, al menos, tres oportunidades durante 1976, cuando se produjeron los 24 secuestros que investigó la justicia federal de San Martín.

Sibilla, que actualmente tiene 95 años, se presentó en las apelaciones casi como un testigo de la “ocupación militar” de la fábrica. Sin embargo, para entonces él era el jefe de seguridad de la planta y era alguien que conocía por dentro la estructura castrense. Había ingresado en 1946 en el ejército y pasado a retiro en 1962 con el grado de mayor. Al año siguiente, se incorporó a la empresa Organización de Protección Industrial (ORPI SRL), que ofrecía seguridad a la Ford de manera tercerizada. En julio de 1976, mientras estaba en pleno auge la represión a los obreros de la automotriz, Sibilla fue ascendido a teniente coronel. Para 2004, prestaba servicios en la embajada de los Estados Unidos.

“Se pudo comprobar la crisis económica que había padecido el sector automotriz desde principios de la década del ’70, de la cual esta empresa no fue ajena, aunada a la activa organización gremial de los trabajadores de planta durante los años 1975 y 1976; así a partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, escribió Slokar en su voto.

"La firma y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción", añadió Slokar. "En ese orden, indicaron las víctimas que pusieron a disposición un sector donde funcionó el centro clandestino de detención dentro de la propia planta y facilitaron insumos, espacios y camionetas de la misma empresa para el traslado de las víctimas --atadas y encapuchadas-- desde sus domicilios hacia sus instalaciones u otros centros de detención, además de suministrar unidades sin patentamiento y documentación pertinente de los vehículos automotores modelo Falcon de la marca, ícono en el accionar represivo clandestino de la última dictadura cívico-militar”.

Un hito

La confirmación de las condenas contra Müller y Sibilla marca un nuevo hito en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, ya que el capítulo sobre los responsables empresariales de estos delitos es el que más resistencias y demoras judiciales acarrea. Los testimonios sobre lo ocurrido en la Ford comenzaron a brindarse desde el regreso de la democracia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Las denuncias se reiteraron durante los juicios por la verdad y recién fueron ventilados ante un tribunal oral a partir de diciembre de 2017.

"Es una sentencia clave porque evidencia el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadres y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales", evaluó la fiscal Ángeles Ramos, que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Marcos Levín fue el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad en calidad de dueño de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. La condena fue en marzo de 2016, pero, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación la revirtió. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, aunque en una causa derivada ordenó que se lo siguiera investigando. En el caso de Ford, no sólo los dos ejecutivos están condenados, sino que esa sentencia fue confirmada por el máximo tribunal penal del país.

En los últimos tiempos se registró un avance también después de mucha espera: la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Carlos Pedro Tadeo Blaquier por los secuestros producidos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma. El mes pasado, fue finalmente elevado a juicio. En Tucumán, hubo procesamientos por los crímenes en el ingenio La Fronterita y en Norwinco. En marzo del año pasado, procesaron a dos ejecutivos de la siderúrgica Acindar, desde cuyo directorio saltó José Martínez de Hoz al ministerio de Economía de la dictadura. A contramano, la Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Julio y Emilio Méndez que cedieron la chacra donde estuvo secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de Loma Negra.

Según estimaciones de la PCCH, son alrededor de 30 las causas de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad. El avance en ellas es desigual: hay algunas en las que los jueces jamás respondieron los pedidos de indagatorias, otras en las que los acusados civiles murieron o fueron separados del proceso y otras que están en pleno trámite. (P12, Luciana Bertoia, 30/9/2021)

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LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA QUE TENDRÍAN INFORMACIÓN SOBRE "LA MASACRE DE SAN PATRICIO"
En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron la digitalilzación de archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar. En ellos podría haber información sobre los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, ocurridos el 3 de julio de 1976.

Los archivos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar podrían contener información que permitiría esclarecer la causa que se sigue por "la Masacre de San Patricio", según estiman desde la comunidad palotina que querella en este expediente.

Poco después de los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación sobre el caso.

El cura Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades sobre el procedimiento policial llevado a cabo el 4 de julio de 1976, e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco, dos testigos clave de los hechos.Silva y Pinasco, vecinos de la parroquia, invitaron a entrar en esa fría noche al cabo Pedro Álvarez, custodio de la casa del interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner.

Álvarez salió al ver un patrullero que pasaba, y desde el vehículo, unos uniformados le advirtieron: "Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos".

La conversación pudo ser escuchada por Silva, quien presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial, donde fueron asesinados los religiosos palotinos, lo que también vio Pinasco.

El sacerdote y abogado Sueldo Luque remitió las declaraciones de los dos vecinos a la Curia, otra copia se envió a Roma, y es probable que otra copia haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda, según creen los querellantes.

El juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera tuvieron a cargo la causa judicial y cerraron las actuaciones en 1977, sin dictar procesamientos.Por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, la causa se reabrió en 1984, y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco.

Pero tres años más tarde el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la sanción de las leyes de impunidad del Punto Final y la Obediencia Debida.

Mucho después, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado por el sitio WikiLeaks, dio cuenta de una reunión entre el embajador de ese país en Argentina en 1976, Robert Hill, con Pío Laghi.

En ese cable diplomático se informaba que Hill le contó que le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a "limpiar a la Iglesia", y Laghi creyó que el crimen de los palotinos era "el primer paso" de esa supuesta purga.

"Creemos que puede haber documentación en la Iglesia sobre la 'Masacre de San Patricio' y que nos permitiría avanzar en la investigación. Por eso nos gustaría tener acceso a ella", señaló en declaraciones a Télam Carlos Lozza, sobreviviente de la ESMA e integrante de "Justicia Ya", colectivo de derechos humanos que colabora con la querella de la comunidad palotina de San Patricio.

Loza se refirió también al denominado "Sermón de las Cucarachas", homilía que el padre Alfredo Kelly, una de las víctimas de la "Masacre de San Patricio", pronunció semanas antes de ser asesinado.

"Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados", denunció el sacerdote de frente a los feligreses.

En un barrio acomodado de Buenos Aires, y en una iglesia concurrida por militares y personas socialmente influyentes, Kelly brindó de ese modo un valiente testimonio pero además remarcó: "Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser, para mí, ovejas para transformarse en cucarachas".

Hubo una carta que circuló entre feligreses en la cual se solicitaba una juntada de firmas para remover a "ese cura comunista" y balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza, según aseguraron a esta agencia integrantes de la comunidad.

"Creemos que pudo haber gente de la comunidad, fieles que iban a misa e instigaron los asesinatos, escandalizados por las cosas que decía Alfredo y que luego se arrepintieron", afirmó a Télam Ramiro Varela, fundador del colectivo "Palotinos por la Verdad, la Memoria y la Justicia".

Al respecto, Varela recordó que en 1985, Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista de Buenos Aires que "una importante fuente" de la Iglesia le había dicho que "dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio", habían "tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos".

"Tener acceso a esos nombres nos permitiría tener información para que se avance en las complicidades que hubo con estos asesinatos", indicó Loza.

En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que habían digitalizado los archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Meses más tarde, el Episcopado anunció que los materiales sólo podrían ser consultados por víctimas y familiares de los desaparecidos durante la represión ilegal, en cumplimiento de un protocolo definido por las autoridades eclesiásticas que puede consultarse en el portal web www.episcopado.org.

"Nos gustaría tener acceso a esos documentos y ver si podemos encontrar información para poder avanzar en la causa. Es una esperanza que tenemos", puntualizó Varela. (Telam, 8/8/2021)

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LOS SECRETOS QUE GUARDAN LAS TUMBAS DE PARANACITO
El testimonio del sepulturero que en dictadura debió enterrar cadáveres NN en Entre Ríos

El cementerio de Villa Paranacito está rodeado de agua por su frente. Es el Arroyo La Tinta que lo abraza en su recorrido hacia el Río Uruguay. Por allí ingresan los visitantes que vienen en lancha; los que llegan por tierra, entran por atrás. Es chiquito, austero. Tiene dos pequeños edificios con nichos y uno más pequeño aún con dos habitaciones, donde años atrás funcionó una morgue. Las tumbas se distribuyen en dos sectores: el “alto” y el “bajo”. Todo en referencia al agua. La distribución de las tumbas es cronológica, según se observa en casi todas. Porque una decena carece de fecha y de nombre; en algunos casos hasta de señalización. Son enterramientos NN que, desde hace algunos meses, se convirtieron en la pista más fuerte para dar con restos de vuelos de la muerte de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Y están por ser exhumados.

“Yo no me voy a llevar esto conmigo”, dice Román Venencio, sacudiendo el dedo índice de una de sus manos. La otra sostiene la gorra celeste que un rato atrás cubría su cabeza de pelos lacios y duros, y le protegía del sol la cara, de piel dorada y surcos profundos. Es isleño desde siempre y trabajador del cementerio jubilado desde hace algunos años. Lo que no quiere llevarse consigo son esos muertos que enterró entre los 70 y los 80, sin saber “absolutamente nada”. “Yo cumplía órdenes, pero siempre me dieron no sé qué, por eso les ponía una cruz. No tengo idea de qué pasó con esa gente, pero yo digo lo que sé, que están acá”, aclara una y otra vez. Está nervioso, pero “aliviado de poder contar” aquello que vivió hace tantos años y que nunca olvidó.

Venencio tiene 77 años y acompaña a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta; al director de Derechos Humanos de Guleguaychú, Matías Ayastuy, y a este diario en una recorrida por el cementerio de Villa Paranacito. El objetivo es ubicar las tumbas NN que, en las próximas semanas, serán exhumadas y analizados los restos que haya allí por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El pedido lo realizó Minatta al juez federal Pablo Seró, que tiene a cargo la investigación sobre aviones, helicópteros y barcos que “descartaron” en las aguas del Delta entrerriano cuerpos de detenides desaparecides durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

La pista es la más firme que hay, por el momento, en la pericia judicial que comenzó con la denuncia de un policía local en 2003 y recién tomó impulso, por voluntad de Minatta, hace un año. Había inhumaciones NN en los cementerios de Gualeguaychú y de Ibicuy; había certificados correspondientes registrados en los municipios de cada lugar. Sin embargo, esos restos fueron pasados a osario hace dos años. “Llegué tarde”, se lamentó la fiscal.

Las tumbas

En el cementerio de Villa Paranacito las sepulturas están dispuestas de manera cronológica, por lo menos, hasta mediados de 1990. “Hay una tumba al lado de la otra según van llegando. Por eso se puede determinar si las NN pueden llegar a ser o no cuerpos de aquella época”, indica Silvia Mahl, vecina de la ciudad --vive sobre Río Paranacito, a unos 700 metros del muelle de Prefectura--, historiadora local y técnica en Turismo. Silvia también forma parte de la recorrida: chequea nombre y fecha de fallecimiento en una cruz y anota en su celular. En su casa, horas después, chequeará datos con las libretitas que conserva de su mamá, que “anotaba todo lo que pasaba en el pueblo día tras día. Nacimientos, fallecimientos, casamientos”.

Hay enterramientos de personas sin identificar en ambos sectores del cementerio. Y también en otros, asegurará Venencio cuando llegue. Demarcadas con cintas plásticas con el “peligro” y las bandas rojas completamente despintadas son ocho. Una en el sector alto y las otras siete, ubicadas una al lado de la otra, en el bajo.

Estas últimas son las que exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense a principios de siglo. Era 2002 y por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral se exhumaron restos no identificados en el cementerio en busca del empresario Rodolfo Clutterbuck, secuestrado en 1988 por la denominada “Banda de los Comisarios”. Como en aquel tiempo, Venencio se para en la última de esa hilera y señala que ahí hay una chica. “Me acuerdo que me dijeron que tenía un impacto de bala en el cráneo. Lo tengo fresquito en la memoria, si me llamaron a mí para desenterrarlos y volver a enterralos”, insiste.

Aquella identificación no dio buenos resultados. Pero como entonces no se sabía que la zona había sido posible territorio de vuelos de la muerte, el EAAF no guardó muestras de aquellos restos.

El mapa

“Estos cuerpos llegaron en el lanchón de Prefectura”, confirma Venencio. Dice que a él le daban “órdenes” de enterrarlos. No llegaron todos juntos, pero todos más o menos igual: en bolsas negras que permitían adivinar de qué lado estaban los pies del cuerpo y de qué lado la cabeza. También, al manipularlos, notó que los pies de los cuerpos estaban atados. Los fue enterrando uno al lado del otro. Cuando vio que eran “varios” decidió armar un mapa del cementerio “para poder identificar bien en dónde quedarían luego”. Jura y perjura que ese mapa lo terminó y lo entregó al Municipio.

La fiscal Minatta solicitó documentación a las autoridades, con Gabriel García al frente de la intendencia. Solo lograron encontrar un “libro de tapas azules” que tiene el registro de las inhumaciones pero recién a partir de 1984 y “de una manera muy confusa”. Villa Paranacito es municipio desde ese año. Antes, la ciudad fue gestionada por una junta vecinal que, durante la dictadura, fue conformada por militares. El cementerio, en aquellos años, era administrado por una comisión de vecinos. Venencio era “empleado” precario de esa comisión y hacía de todo: “Era encargado, sepulturero, cuidador, hacía de todo”, indica Minatta. Luego fue “blanqueado” por la comuna. Como sea, ese mapa ya no está. Se sospecha que se perdió o está “escondido” en las alturas del edificio de Obras Públicas local, una costumbre que abrazaron pobladores y pobladoras de la ciudada para no perder información en las inundaciones.

“En el mapa está todo, todo, todo”, insiste Venencio, que se enoja con su memoria al no poder situar los hechos en un año certero. Siguen la línea de sepulturas identificadas y fechadas entre 1975 y 1980, lo que, acorde a la indicación de la historiadora local, permite inferir que fueron realizadas en tiempos de secuestros y desapariciones. El sepulturero puede, eso sí, acomodar en una línea de tiempo esos enterramientos de los otros que realizó en la época. Porque hubo más.

Más enterramientos

“Aquellos fueron años después”, dice señalando un lugar en donde ese día no hay nada más que terreno hundido. LLama la atención de quienes lo escuchan. A esas ocho tumbas NN hay que sumar otras tres que no están perimetradas con cinta. El terreno, allí, está levemente hundido.

Un día, recordó, “vino la Policía y dejó tirado acá adentro un cuerpo. Quedó durante dos, tres días y yo sin saber qué hacer”, relata señalando al pequeño edificio con dos habitaciones donde funcionaba la morgue. Es una novedad lo que está contando, entonces la fiscal le pide que se explaye.
--¿Cómo que hubo un cuerpo acá, así sin más? ¿Y qué pasó?
--Sí, vinieron y lo dejaron ahí. Yo no me animaba a ver nada, pero sabía que estaba. Días después volvieron, lo sacaron acá, lo pusieron acá --a la salida del edificio, sobre un pedazo de tierra-- y me dijeron dale, enterralo. Yo les dije no, hasta que no lo pongan al menos en un cajón yo no lo entierro, o qué son, ¿perros? no señor. Al final le pidieron al de enfrente que hiciera un cajón (un vecino cruzando el arroyo que tenía un aserradero)--, hizo uno de álamo. En el plano está todo.

La importancia de los cuerpos

Es “fundamental” el hallazgo de cuerpos, dice la fiscal, que logró recoger decenas y decenas de testimonios de pobladores del delta que recuerdan o oyeron a familiares contar acerca de aviones y helicópteros arrojar “bultos” a los ríos y montes; acerca de cuerpos flotando en el agua o trancados en muelles u orillas. De hecho, la convocatoria lanzada por la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychu para dar con más relatos y algún indicio de enterramientos clandestinos en la zona sigue vigente. “Además de determinar el destino de un desaparecido o una desaparecida para su familia, que tanto esperó Justicia, un resto puede decirnos de dónde venían las demás víctimas, dar con más víctimas, identificar responsables, seguir aportando verdad”, apunta.

El cementerio y el centro de Villa Paranacito están recostados a la vera del Arroyo La Tinta, manso, de cauce pequeño comparado con el Paraná Guazú, el Paraná Bravo, el Río Sauce, los ríos que atraviesan al pueblo --que supo tener 20 mil habitantes y hoy tiene poco más de cuatro mil-- y por donde aparecieron los cuerpos en los 70 y 80. “Están más adentro, son aguas más caudalosas, correntosas, profundas y con desembocadura al Río Uruguay. Son aguas que se llevan todo”, asegura Silvia Mahl, que suma: “Es como si hubieran sabido que debían tirarlos por esa zona para que no aparecieran”. 

Una investigación que avanza

El expediente que maneja Minatta, y que cuenta con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación --representada por Lucía Tejera-- reunió decenas y decenas de testimonios de pobladores de aquella época y de familiares de pobladores que comparten recuerdos de cuerpos aparecidos en el agua, en el monte, colgando de los árboles, en tambores. Además de la exhumación, se espera que en la próximas semanas tenga lugar una excavación en la zona del Río Paraná Bravo donde, según el testimonio del ex policía Jorge Guardia, la familia Figueira enterró un tambor de 200 litros ahí mismo donde apareció para generarles estupor: contenía un cuerpo humano trabado con cemento. “Queremos ver si logramos encontrar ese tambor”, asegura la fiscal, aunque aclara que será una tarea difícil: la zona es de bañados, en movimiento constante por el agua, ganada por el monte.

En tanto, están avanzadas las conversaciones con Ricardo Perciballe, fiscal de Montevideo especializado en crímenes contra la humanidad de Uruguay, para armar un equipo conjunto de investigación que vuelva a repasar testimonios y hallazgos de restos en las costas del país vecino. (Ailín Bullentini, Página 12, 27/6/2021)

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CAMPO DE MAYO:
LA HISTORIA DEL TORTURADOR DE MÚLTIPLES APODOS Y LA FOTO QUE PERMITIÓ IDENTIFICARLO
Costó más de 40 años unir sus alias con su nombre y apellido. Tan confiado estaba en la impunidad de su anonimato, que Carlos Villanova hasta fue candidato a intendente en 2003. Una de las sobrevivientes que contribuyó a su identificación declaró esta semana y señaló una foto que tuvo un rol clave.

Gordo 1, Doctor, Tordo. Durante muchos años, sólo hubo apodos en torno a uno de los represores más buscados de Campo de Mayo. Recién en 2014 una foto tomada con perseverancia militante permitió confirmar su identificación, la misma foto que esta semana fue señalada en audiencia judicial por una sobreviviente. Costó más de cuatro décadas asociar esos apodos con el nombre de Carlos Francisco Villanova, uno de los jefes de los torturadores del centro clandestino que funcionó en El Campito. Tan confiado en la impunidad del anonimato que hasta fue candidato a intendente de Vicente López en 2003.

La imagen que contribuyó a su identificación, tomada por Gustavo Molfino, fue señalada esta semana en la Megacausa Campo de Mayo por la sobreviviente uruguaya Griselda Fernández. “Lo vi bastante cerca. Uno de los que me levantó la capucha. Era muy estridente, muy particular para describirlo. Gordo, cara redonda, bigotes, altanero. Se hablaba mucho de él ahí dentro. Era un carnicero”, lo calificó Fernández, detenida-desaparecida entre noviembre de 1976 y febrero de 1977. “En 2014 lo describo y digo quién es. Lo identifiqué después en Página 12 en la foto de Molfino. Y ahí lo vinculamos; en ese momento yo lo conocía como Tordo. Cuando veo esa foto y lo nombran como Gordo 1, ahí declaro que el Tordo es el Gordo 1, ahí vinculo el nombre con su fisonomía. La foto de Gustavo me devolvió el recuerdo de esta persona y lo puedo vincular. Era Villanova”, relató a este diario tras declarar en la audiencia del Juicio Unificado Campo de Mayo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín.

“Me preguntan cómo es que lo identifico y cómo sé que es el Gordo 1. Por esta foto puedo vincularlo. Es muy importante, porque con los distintos apodos a veces se piensa que son personas distintas. La foto es bien visible, espectacular, y aunque haya envejecido mantiene sus facciones. Y su voz me quedó muy grabada también. Era muy fuerte. Esto testimonié para reafirmar la identificación de este genocida”, remarcó.

“Mi idea siempre fue intentar fotografiar a estos cuadros que fueran la mano de obra directa y no los famosos, por decirlo de alguna manera, los que siempre se nombraron. Estos son los tipos que fueron operativos. Para mí siempre fue un compromiso desde lo militante y lo denunciante”, dijo Molfino sobre el peso de su foto. Y resaltó la importancia de visibilizar estas historias en el marco de los juicios de lesa humanidad en pandemia, cuando la virtualidad hizo que mucha más gente presencie las audiencias. “Siempre costó convocar a la gente: cuando se iniciaba un juicio había una ebullición, después decaía y para la sentencia aparecían todos. Eso fue siempre en lesa. Con esta nueva situación de pandemia y los compañeros de La Retaguardia logran la transmisión en vivo, se ha logrado pasar de tener a 100 personas como mucho a 1000 online. Que se reconozca a este genocida ahora tiene otra llegada y otro impacto”.

Un genocida que fue candidato a intendente

Para las elecciones del 14 de septiembre de 2003, el ex coronel carapintada Aldo Rico era candidato a gobernador bonaerense. Postulaba para intendente de Vicente López a un tal Carlos Francisco Villanova, que se decía referente del Partido Laborista. No tenía antecedentes en la política y abandonó la escena pública tras obtener poco más de cinco mil votos. Reaparecería más de una década después, al ser detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de que sus apodos como torturador se unieran con su nombre y apellido.

Cuando fue llevado ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence dijo, aparentando sorpresa, que era un vecino “muy conocido” y que había sido candidato años atrás. Luego, se negó a declarar. “Siempre fue un impresentable. Exhibía el arma 9 milímetros. Decía ‘si me joden...’ y sacaba el arma. Una vez dijo ‘estos Montoneros no sé qué’, pero nada más, no hizo nunca referencia a su pasado. Sí hacía alarde de que era de inteligencia de la Policía Federal o había sido. Después de esa elección, desapareció. No era un tipo que venía militando. Apareció de la nada y así como vino se fue, se borró”, contó en su momento el empresario Matías Cerdá, quien en 2003 fue candidato a cuarto concejal en la lista de Villanova. En 2004 Villanova se retiró de la Policía Federal como oficial mayor y se volcó al ámbito privado; se decía consultor de empresas.

“Fue sin dudas uno de los personajes más buscados de la represión en Campo de Mayo”, decía en aquel momento el abogado querellante Pablo Llonto, quien tras la audiencia de esta semana comparó el proceso que derivó en la identificación por parte de la sobreviviente Griselda Fernández con el que en 1984 permitió ubicar al represor Raúl Guglielminetti, a partir de una imagen que se difundió públicamente cuando era custodio presidencial.
“Cuando ves a este tipo (Villanova) hoy y ves las fotos de hace 40 años, son esos rostros que se avejentan pero mantienen las características esenciales. Quien ha quedado impactado fuertemente porque te interrogó, te torturó, ese rostro no se va a borrar”, dijo Llonto, y agregó que el torturador está procesado con preventiva y con prisión domiciliaria “por cuestiones de salud”. La sentencia en esta megacausa, la primera que lo tiene como imputado, llegaría recién a comienzos del año que viene.

Pedidos al tribunal

Además de la identificación de Villanova, Griselda Fernández testimonió sobre la violencia sexual en Campo de Mayo, que formaba parte de las torturas junto con la psicológica y la física. Habló sobre la frecuencia de esos abusos y la complicidad de los gendarmes que hacían guardia cuando se cometían las violaciones.

También, hizo un pedido al tribunal para que se incluya en la causa a su compañero, José Pedro Callaba Piriz, visto dentro de Campo de Mayo por al menos dos personas, según datos recabados en los últimos años. “Con esta nueva información, yo lo que solicito es que sean tomado por el Tribunal estos nuevos datos que yo estoy planteando para seguir investigando qué pasó, dónde está y para poder llegar también a la verdad”, pidió la sobreviviente.

Al decir sus últimas palabras tras completar su declaración, insistió sobre la necesidad de entender lo que pasó en la última dictadura cívico-militar como un genocidio, pidió que se evite la revictimización de los y las sobrevivientes, que se abran los archivos para saber dónde están los y las desaparecidas y los niños y las niñas nacidas en cautiverio; así como que se avance en la investigación de la responsabilidad empresarial. (Luciana Rosende, Tiempo Argentino, 4 de junio de 2021)

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EX DELEGADA DE DÁLMINE SIDERCA RELATÓ LA REPRESIÓN A REFERENTES SINDICALES ANTES Y DURANTE LA DICTADURA

Desde Suecia, donde se exilió en 1979, Graciela Burián, declaró en la Megacausa Campo de Mayo sobre su secuestro en 1975 y el rol de TECHINT en la persecución a trabajadoras y trabajadores y a sus familias.

Graciela Burián fue la primera delegada mujer en Dálmine Siderca (hoy TENARIS SIDERCA), la planta de producción de tubos que el GRUPO TECHINT tiene en la localidad bonaerense de Campana. Había ingresado como secretaria de la gerencia en el año 1970 y, sin militancia previa, aceptó la oferta de ser representante de sus compañeras ante el maltrato y acoso que sufrían las mujeres en la empresa.

“El papel que nos asignaban a las mujeres era de una dependencia total: había que estar calladas y no reclamar nada. Y eso a mí me puso en rebeldía. No era justo. El acoso que teníamos, te invitaban a todos lados, desde los jefes, los compañeros…”, recordó Graciela y añadió: “No fue fácil la misión de ser delegada. Porque ese papel no era simpático para la patronal, que no les gustaba que una secretaria fuera delegada, y era extraño para el sindicato también, porque nunca habían tenido una delegada mujer”.

Graciela declaró este miércoles como testigo en la Megacausa Campo de Mayo, donde se investiga a 22 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 350 personas, entre ellas una veintena de obreros de la empresa.

 “¿Hasta qué año trabajó ahí?”, le preguntó la fiscal Gabriela Sosti: “Hasta el 11 de noviembre de 1975, la fecha en la que a la noche me fueron a buscar a mi casa y me secuestraron”.

La represión en Siderca había comenzado un poco antes, en marzo de 1975, en coincidencia con la persecución en Villa Constitución a delegados de Acindar y a miembros de la UOM local. Al menos 80 trabajadores y trabajadores de la planta de Techint fueron secuestrados y torturados por las fuerzas represivas desde 1975, 39 personas permanecen desaparecidas y 7 fueron asesinadas, según estableció la investigación “Responsabilidad empresarial”, realizada por la Secretaría de DDHH de la Nación, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO Argentina.

“Todas las mañanas cuando uno llegaba la noticia era que se habían llevado a alguien”, contó sobre esos meses previos a su secuestro, y recordó que empezaron a llegar a la puerta de la fábrica familiares de esos compañeros pero desde la empresa los habían dejado desamparados. Entonces, conformaron una comisión para realizar colectas y donaciones los presos y sus familias. “Formamos una especie de comisión de familiares, con Graciela Silva de Lópes Goncálvez, cuyo marido estaba preso, Teresita di Martino, que el hermano estaba preso en Sierra Chica, y Noemí Fuhr, esposa de Zenón Sánchez, que había sido detenido en Villa Constitución. Esas tres compañeras están desaparecidas y yo, por los milagros de los milagros estoy hablando con ustedes”, agregó.

“Éramos ingenuos”, reconoció al recordar que “cuando hacíamos esa colecta hacíamos una lista y evidentemente todas esas listas iban a parar después a la oficina de la patronal”. Un día, llegó a la fábrica y habían secuestrado a quien había sido electa delegada después de ella, Luisa Brutti. “Fuimos a buscarla con otras compañeras a la comisaría y nos sacaron corriendo. Fuimos al sindicato, la UOM, y también. Fuimos a la casa de Luisa y sus padres estaban desconsolados. Les dijimos que íbamos a hacer todo lo posible por buscarla. Salimos de ahí, llegué a mi casa tarde. Estaba fundida y me fui a dormir. A eso de las 12.30 abren la puerta a patadas y entran en casa”, reconstruyó.

“Una cosa infernal”

Esa noche se la llevaron esposada y encapuchada junto a su hermana de 14 años. También se llevaron todas las cosas de valor que encontraron: dinero, copas, cafetera, tostadora, el monedero de su abuela y hasta un collar que tenía puesto su madre.

La llevaron a un lugar que después supo que era la Brigada de San Justo, en La Matanza. “Nos meten en una oficina. Me empiezan a interrogar y me preguntan cosas que no tenía idea. A qué jefes iban a secuestrar… ese era el terror que tenían”, reconoció y añadió: “Vino alguien y me dio una trompada. Me afllojó los dientes y me rompió la mandíbula. Decían que como no hablaba me iban a dar otro tratamiento, y me llevaron a la sala de torturas”.

“Me asombró como pude haber sobrevivido a ese maltrato. Ahí te crucifican sin cruz y sin corona”, sostuvo y reconoció a quien dirigía la tortura como un médico policial de apellido Cohen. “Era una cosa infernal, porque si hubieran querido saber algo hubieran hecho otras preguntas. Me torturaban y me ponían una almohada encima de la cara, así que no podía hablar. Me preguntaba por mi familia, si sabía a quién iban a secuestrar y a qué organización pertenecía. Eso fue muy escalofriante”, agregó.

En ese lugar estuvo 5 días y se reencontró con su compañera Luisa y con Nora de Bernardi, esposa de un compañero delegado. Las trasladaron a todas a la Brigada de San Fernando, donde estuvieron otros 5 días, hasta que fueron legalizadas y llevadas al penal de Olmos.

En dos oportunidades creyó ver a personal de la empresa observando sus movimientos en los centros clandestinos de detención. En San Fernando, la llevaron a una oficina, le apuntaron con reflectores, pero pudo ver que estaban todos bien vestidos y hablaban con los policías. En la Brigada de San Justo, cuando las sacaban al patio, en la terraza también veían hombres bien vestidos que las observaban.

“Seguro que no sabían qué hacer con nosotras. Los compañeros obreros habían puesto una condición a la fábrica, que si no aparecíamos iban a hacer una huelga. Deben haber hecho un cálculo, cuanto valían nuestras vidas y cuanto perdían si se paraba la fábrica. Era así como ellos funcionaban”, manifestó.

También se refirió al efecto disciplinador que tuvo el secuestro suyo y de Luisa Brutti para el resto de las trabajadoras: “Realmente no sé si después de que nos detuvieran a Luisa y a mi alguien tuvo el coraje de seguir siendo delegada. Lo que hicieron con nosotras fue estatuar un ejemplo para que nadie se atreviera siquiera a abrir la boca”.

En el penal de Olmos se fue enterando por su mamá del alcance de la represión en la empresa, del secuestro de amigos y conocidos de la infancia en Campana, como Nillo Agnolli, o Alberto Bedia y Armando Culzoni, ambos desaparecidos durante la Noche de los tubos, el 22 de septiembre de 1976.

Su hermana salió en libertad a los 10 meses y ella en el año 79, cuando se exilió en Suecia, donde todavía reside. Al finalizar su declaración, pidió nuevamente la palabra para hacer dos pedidos: por la apertura de los archivos de la dictadura, “para saber a dónde habrán ido a parar tantos compañeros”, y por pensiones y reparación para los ex detenidos. (Por Gerardo Aranguren, Tiempo Argentino, 6/5/2021)

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A 45 AÑOS DEL ASESINATO DE FLOREAL AVELLANEDA, SE AGUARDA UNA CONDENA A LOS SECUESTRADORES

La víctima más joven de los denominados "vuelos de la muerte", fue secuestrado a sus 15 años junto a su madre por un grupo de tareas y trasladado luego a Campo de Mayo, donde se lo vio por última vez.

A 45 años del asesinato de Floreal "El Negrito" Avellaneda, se aguarda que la Corte Suprema deje firme una condena a los secuestradores del estudiante secundario y militante de la Federación Juvenil Comunista que a sus 15 años se convirtió en víctima más joven de los denominados "vuelos de la muerte".

Floreal Avellaneda fue secuestrado el 15 de abril de 1976 junto a su madre por un grupo de tareas y trasladado luego a Campo de Mayo, donde se lo vio por última vez.

"El negrito era un pibe vivo, especial y se notaba que era desde chico un luchador. Haberlo perdido fue un dolor muy grande. Estuvimos junto con mi marido en cautiverio. Nosotros fuimos blanqueados, pero él no volvió", recordó en diálogo con Télam Iris Pereyra de Avellaneda, la madre de Floreal.

A los 81 años, Iris -vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos- aseguró que a pesar "de todos estos años, la lucha por justicia aún continúa, por Floreal y los 30 mil desaparecidos".

"La lucha por justicia aún continúa, por Floreal y los 30 mil desaparecidos"
IRIS PEREYRA DE AVELLANEDA

La madrugada del 15 de abril de 1976, un grupo de tareas llegó a una casa de la localidad de Munro en la que vivían los tres integrantes de la familia Avellaneda, con la intención de capturar al padre de Floreal, que era delegado sindical en la fábrica metalúrgica de Tensa y militante del Partido Comunista.

Pero el gremialista logró escapar por los techos y los integrantes del grupo de tares se llevaron al 'Negrito' y a Iris a la comisaría de Villa Martelli.

"Ahí nos torturaron, a mí y al 'Negrito'. Me pasaron picana mientras escuchaba las cosas que le hacían a mi hijo. Me ataron en una columna, y ahí escuché la voz del 'Negrito' por última vez. 'Mamá, deciles que papá se escapó', me alcanzó a decir", revivió Iris.

Relató que, junto con su hijo, fueron trasladados a Campo de Mayo, donde funcionaba el centro clandestino conocido como 'El Campito'. Allí estuvo alojada durante más de 15 días: "Nos hicieron de todo. No vi a Floreal, pero me enteré después que lo vieron con vida y le curaron heridas en una pierna", indicó.

A principios de mayo, Iris quedó blanqueada; dejó Campo de Mayo y pasó a la cárcel de Olmos, en cercanías de La Plata, y luego a la unidad penitenciaria de Devoto, hasta que en 13 de julio de 1978 recuperó la libertad.

El cuerpo de Floreal apareció en la costa uruguaya el 14 de mayo de 1976, cuando faltaba muy poco para que cumpliera los 16 años, junto con un grupo de nueve cadáveres.

"Lo secuestraron, desapareció, lo arrojaron al Río y luego su cuerpo volvió a desaparecer. Los registros que databan su ingreso al cementerio norte de Montevideo fueron borrados"
JOSÉ SCHULMAN - LIGA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Los cuerpos fueron fotografiados por la prensa de Uruguay, que informó el hecho como si se tratara del hallazgo de unos "asiáticos", en función de la hinchazón que tenían en sus rostros.

En una de esas fotos, pudo verse que unos de los cuerpos tenía un tatuaje con las letras FA (las iniciales de Floreal Avellaneda), y ese dato llegó al abogado Julio Viaggio, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la denominación que la entidad tenía en aquellos días.

Con dictadura en ambos márgenes del Plata, el letrado inició el trámite de identificación y logró que le enviaran los datos de las huellas digitales de Floreal para compararlos con los registros de la Policía Federal y corroborar así que ese cuerpo pertenecía al militante de la "Fede".

Ese cadáver tenía signos de empalamiento y quedó depositado en un nicho del cementerio norte de Montevideo, donde su rastro se perdió.

El caso tomó trascendencia y el propio Rodolfo Walsh lo denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar, difundida en marzo de 1977, y en la cual se consigna que Floreal fue hallado en las aguas del Río de La Plata, "atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas expuestas".

En medio de los trámites que realizaba el abogado, manos anónimas le entregaron el acta de allanamiento de la casa de los Avellaneda, que estaba firmada por los militares, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, implicados en el secuestro de la familia.

"No pudimos saber nada sobre lo que hicieron con su cuerpo. Nunca más lo encontramos"
IRIS PEREYRA DE AVELLANEDA

"Lo que pasó con el cuerpo de Floreal es paradigmático. Lo secuestraron, desapareció, lo arrojaron al Río y luego su cuerpo volvió a desaparecer. Los registros que databan su ingreso al cementerio norte de Montevideo fueron borrados", contó a Télam José Schulman, actual titular de la Liga por los Derechos Humanos, querella en la causa por la muerte de Floreal Avellaneda.

Tras recuperar su libertad, Iris supo de la muerte de su hijo por lo que le relataron sus familiares, quienes no habían querido darle la noticia cuando estaba en la cárcel.

"En 1983, viajamos con Floreal (padre) a Uruguay para tratar de recuperar el cadáver del Negrito, pero no estaba. Nunca más pudimos recuperarlo. No pudimos saber nada sobre lo que hicieron con su cuerpo. Nunca más lo encontramos", apuntó Iris.

Los responsables del asesinato de Floreal

El general Omar Riveros fue condenado como el principal responsable del asesinato de Floreal.

Tras un largo peregrinar, los padres de Floreal lograron con la asistencia legal de la Liga por los Derechos Humanos que en agosto de 2009, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenara al general Omar Riveros como el principal responsable del asesinato de Floreal.

Además resultaron condenados los generales Fernando Verplaetsen (25 años de prisión) y Osvaldo García (18 años); Harcich y Cesar Fragni, (8 años) y el comisario Alberto Aneto (14 años).

El tribunal estableció que Floreal murió como consecuencia de los vuelos de la muerte en un avión que despegó de la base de Campo de Mayo.

La querella que representaba a los familiares de Floreal apeló este fallo y logró en 2012 que Harcich y Fragni resultaran condenados a 12 años.

Al año siguiente, las defensas de estos dos imputados apelaron esta nueva condena y el caso llegó a la Corte Suprema, donde se aguarda desde entonces que se deje en firme.

Mientras tanto, Harcich y Fragni, cuya participación en el secuestro de Floreal quedó probada, siguen en libertad a la espera que el máximo tribunal confirme sus sentencias.

"Hace ya ocho años que estamos esperando que se haga Justicia. Creemos en la presunción de inocencia, pero no puede ser que un crimen esté impune durante tanto tiempo", puntualizó Shculman. (Por Leonardo Castillo, Telam, 10/4/2021)

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TORTURAS EN MALVINAS: PEDIDO AL PRESIDENTE Y CAMPAÑA PARA SUMAR DENUNCIAS
Los excombatientes buscan que se reactive la causa

En el marco del 39° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, un grupo de excombatientes busca que se reactive la causa en la que se investigan las torturas e imposición de tormentos que sufrieron los soldados durante el conflicto bélico, por parte de los militares a cargo. Con el mismo objetivo, el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria lanzaron la campaña pública "Yo también hablo", para animar a otros veteranos a denunciar.

La Mesa de Coincidencias Malvinas (Mecoma), un colectivo de organizaciones que nuclean exsoldados conscriptos combatientes, presentó una carta al presidente Alberto Fernández para solicitarle que intervenga en la reactivación de la causa 1777/07, radicada en Río Grande e iniciada hace 13 años. La causa investiga al menos 120 hechos de torturas que involucran a más de 95 militares indicados como presuntos autores de imposición de tormentos. “La justicia lenta no es justicia, es impunidad”, denuncian en el documento.

“Sr. Presidente, usted es un hombre del derecho y un defensor de las garantías y de los derechos humanos”. Así se dirigen a Fernández los diez firmantes de la carta, integrantes de la Mesa Ejecutiva de Mecoma. Enviaron el texto el 30 de marzo, el mismo día en que fueron acuartelados en 1982 para, tres días después, iniciar “la recuperación militar de Malvinas”. 

En la misiva hacen hincapié en su pedido de justicia real, mencionando los acuerdos que llevaron a cabo con el Presidente. Señalan "la imperiosa y urgente presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa”, reiterando la necesidad de que “el Estado nacional acompañe a las víctimas que reclaman justicia en hechos ocurridos hace casi 40 años”.

Para alcanzar la alta "vara de las políticas de defensa de los Derechos Humanos", solicitan "que el proceso de Memoria, Verdad, Justicia incluya definitivamente también a los que sufrieron la tortura en Malvinas defendiendo la soberanía con los valores culturales e históricos de nuestro pueblo”.

"Yo también hablo"

En la misma línea que este pedido de Justicia, el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria --ambos querellantes en la causa 1777/07-- lanzaron la campaña pública Yo también hablo, que busca convocar a exsoldados que hayan sufrido torturas en Malvinas, para que puedan contar sus historias.

“Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo. No estás solo, vamos a acompañarte. Porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos justicia”, dice una de las piezas de concientización de la campaña, que busca ser también espacio de contención y escucha.

Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial, se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada. 

Por estos crímenes, cuatro miembros de las Fuerzas Armadas ya fueron procesados en 2019, y otros seis militares deberán presentar declaración indagatoria en abril. Mecoma también reclama que se derogue el decreto 741/2017 de Macri, que incorporó al personal militar en la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, organismo que depende del Ministerio del Interior. (Página 12, 1/4/2021)

* Quienes quieran hacer denuncias pueden escribir a malvinas@comisionporlamemoria.org. 
O llamar al teléfono 0221-4262900.

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SILVIA LABAYRÚ: “EN ESE CONTEXTO ERA IMPOSIBLE HABLAR DE CONSENTIMIENTO”
Entrevista con una sobreviviente de la ESMA que denuncia los delitos sexuales de los represores

Silvia Labayrú es una de las tres denunciantes en el primer juicio por violencia sexual en la ESMA. En diálogo con Página/12, dice que “las violaciones fueron parte de un plan común en muchos de los campos como forma de arrasamiento de la subjetividad de las secuestradas. Éramos un botín de guerra”. Y detalla: “El Tigre Acosta me dijo que la prueba de que yo no los odiaba era que tenía que aceptar tener relaciones sexuales con algún oficial”.

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“Cuando nació mi hija, a los pocos días se me acerca el Tigre Acosta y me dice: ‘Vos tenés que adelgazar porque estás muy gorda'. Me llevó a una salita y me dijo que como yo no había entregado gente, como prueba de que no los odiaba tenía que aceptar tener relaciones sexuales con algún oficial, que eso no iba contra la moral cristiana, ni contra mi matrimonio, que era una prueba de mi recuperación”, cuenta Silvia Labayrú. El 29 de diciembre de 1976, con 20 años y embarazada de casi seis meses, fue secuestrada por un grupo de tareas de la ESMA. La liberaron un año y medio después. Mientras transcurría el Mundial de Fútbol del ‘78, Alfredo Astiz la llevó al Aeropuerto de Ezeiza para que subiera a un avión con destino a Madrid, donde la esperaba ya en el exilio su esposo. Los dos eran integrantes de la organización Montoneros.

Ella, ex alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires, de familia de militares de alto rango. Hoy Silvia Labayrú tiene 64 años y es una de las tres denunciantes en el primer juicio por los crímenes de violencia sexual cometidos contra víctimas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura militar en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Es la primera vez que da una entrevista. Habla pausado como eligiendo las palabras. Dice que por mucho tiempo pesó sobre ella, como les sucedió a otras sobrevivientes, el estigma de ser traidoras por haber mantenido ese vínculo “de sometimiento” con oficiales de la ESMA: “No se pensaba que en ese contexto era imposible hablar de consentimiento. Consentimiento, cero, si teníamos encima la amenaza de la muerte”, dice en diálogo con Página12.

Sus ojos son celestes cristalinos. Es delgada y tienen los cabellos de color castaño, tirando a un rojizo suave. Viste un jean y una remera de mangas largas azul, con un volado en los puños. Y unas sandalias de lona beige con suela de yute. Lleva una estrella de David pequeña, colgada de una cadenita de oro.

La charla transcurre en el jardín del edificio de departamentos donde vive, en el barrio porteño de Palermo. Hay bancos de plaza de madera marrón. El pasto es tupido y verde oscuro. El sol brilla amable. Dice que nunca pensó que se instalaría a vivir de nuevo en la Argentina --adonde solo había vuelto de visita en las últimas cuatro décadas-- pero el reencuentro con su gran amor de la juventud, a mediados de 2019, le cambió sorpresivamente el rumbo a su vida. Desde que partió al exilio, su hogar fue Madrid.

En el juicio, cuya sentencia se espera para abril, solo son tres las denunciantes, aunque --sabe-- fueron muchas más las mujeres que sufrieron violencia sexual en la ESMA. “Las violaciones fueron parte de un plan común en muchos de los campos como forma de arrasamiento de la subjetividad de las secuestradas. Éramos un botín de guerra”, señala ella.

Silvia denunció por estos hechos al oficial de inteligencia, entonces teniente de Fragata, Alberto González, y a Jorge Acosta como instigador. Cuenta --y lo declaró en el juicio-- que González la sometía sexualmente en distintos lugares, fuera y dentro de la ESMA: en hoteles de alojamiento pero también en la casa de su padre --cuando sabía que no estaba-- y en la de él mismo. Hay algunos detalles de su declaración que prefiere que no se publiquen hasta que se conozca el fallo, para no entorpecer la investigación judicial.

Silvia tuvo a su hija en cautiverio y se la entregaron a los pocos días a su familia. Piensa que una serie de “suertes pequeñas” --parafraseando el título de un libro de Claudia Piñeiro-- le permitieron salvar la vida en medio de tanto horror. Ser bonita, rubia y de ojos celestes, y pertenecer a una familia de militares de alto rango, entre ellos un tío que fue ministro del gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. También que su padre fuera militar retirado, piloto de Aerolíneas Argentinas. Pero todas esas “suertes pequeñas” no la salvaron de que la convirtieran en “esclava sexual”.

El juicio

El primer juicio por las violaciones perpetradas contra mujeres secuestradas en la ESMA empezó el 27 de octubre. Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son juzgados el ex oficial de inteligencia González “alias “Gato”, “González Menotti”, “Luis”, y Acosta, el jefe de la Sección Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba allí, alias “El Tigre”, “Santiago”, “Aníbal” o “Capitán Arriaga”, por los delitos cometidos contra Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes. Las tres prestaron el consentimiento a la fiscalía para la difusión pública de sus nombres pero pidieron que las audiencias no sean púbicas. Silvia testimonió el lunes 27 de noviembre, durante cuatro horas. Las audiencias por el contexto de pandemia se hacen de manera virtual. Acosta se negó a declarar. González lo hizo durante varias horas.

El TOCF 5 está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grumberg (presidente). El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko: cuentan con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozzetta.

Los imputados Acosta y González registran condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, dictadas por el mismo tribunal, con distinta conformación, en las causas “ESMA II” (2011) y “ESMA Unificada” (ESMA III, 2017). Esta última aún no se encuentra firme. Acosta también fue condenado a 30 años de prisión en la causa conocida como “Plan Sistemático”, sobre apropiación de niños y niñas.

“Era un hecho vergonzante”

Silvia cuenta que ha declarado sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la ESMA en múltiples oportunidades, la primera en 1979 en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. “Mi testimonio ante la CoNaDep fue uno en los que se basó la condena a las Juntas Militares”, apunta. Luego, declaró en diversos juicios contra represores y genocidas de la ESMA.

-- En esos juicios la violación estaba considerada como parte de los tormentos y las torturas. No tenía una entidad jurídica aparte. Yo dije que había sido víctima también de esos hechos pero no entré en detalles. En 2013 se consiguió después de una larga lucha que fueran tipificados como delitos contra la integridad sexual. Entonces, denuncié lo que me pasó. La causa la tuvo el juez Sergio Torres y ese juicio siguió adelante y durante muchos años estuvo… como se dice aquí… encarpetado…

-- Dormido, cajoneado…
-- Cajoneado durante años. En algún momento me llamaron de la defensa exigiendo que me prestara a tener una pericia médica para demostrar que tenía secuelas físicas de esas violaciones después de casi cuarenta años, lo cual era absurdo. Reclamé ante la fiscalía. Se planteó que eso era inviable y se consideró así. Y finalmente, en los últimos años este juicio se reactivó. Entramos tres personas que hicimos estas denuncias en firme. Hubo una cuarta que denunció incluso antes que yo, pero por un “error” administrativo no se le permitió ser parte de este juicio. Siguió apelando y su caso está ahora mismo en Casación.

-- ¿Varones también?
-- Ningún varón denunció. Suponemos que debe haber habido casos pero si para una mujer es difícil denunciar el delito de violación mucho más para un hombre. Había una política por parte de Acosta, de propiciar, de proponer que los oficiales violaran a las mujeres de la ESMA. Fue el precio por sobrevivir. Es verdad que uno podría haber roto una bombilla y haberse suicidado, pero en los campos de concentración casi nadie se suicida. En los campos alemanes tampoco la gente se suicidaba: uno quería sobrevivir y dar testimonio. Uno tenía la idea de que si salía de ahí, iba a contar todo esto. Y esto fue lo que ocurrió mayoritariamente. Algunos sobrevivientes se tomaron más o menos tiempo en declarar. De hecho, la mayoría de las mujeres violadas en la ESMA, aun hoy siguen sin poder denunciarlo.

-- ¿Pesan los prejuicios?
-- Alguna mujer que sí denunció violaciones como Sara Solarz de Osatinsky, no causó muy buena impresión entre algunos compañeros sobrevivientes porque de algún modo se interpretaba que estaba mancillando el honor de su marido, dirigente guerrillero. Hasta qué punto llegan esos prejuicios, que la gente "de uno", prefiere que se oculte esto y de algún modo que las violaciones queden acalladas.

-- ¿Qué significa este juicio para usted?
-- Para mí ha sido muy importante. Terminé mi alegato diciendo que más allá de los años que les den de condena por estos hechos, lo que me motivaba, con lo difícil que me resultaba hacerlo, era alentar a que otras mujeres que pasaron por lo mismo se animen a denunciarlo, que ahora estamos en otro tiempo político, jurídico y social, en donde por fin este tipo de temas pueden salir a la luz, y podemos tener la garantía como yo la tuve en este caso, de ser impecablemente tratada por la fiscalía, por todo el personal judicial, donde realmente se nota que hay un cambio de ciclo. Porque yo he declarado muchas veces y los jueces que tenías adelante te trataban como si la acusada fueras tú.

-- ¿En qué sentido?
-- Te decían: “Pero bueno… usted dice… pero como lo puede probar…” La Justicia evolucionó en el respeto al testimoniante.

-- Durante algunos años otras sobrevivientes de campos de concentración tenían una mirada prejuiciosa sobre quienes habían sido sometidas sexualmente en cautiverio… No se comprendía que en ese contexto no había consentimiento posible.
-- El del consentimiento es un tema crucial y muy complejo porque se entiende mal y es algo sobre lo que he hecho mucho hincapié. Dentro del juicio han participado la directora del Centro Fernando Ulloa, Laura Sobredo, que es feminista, y también Inés Hercovich, que es socióloga y psicóloga social, feminista, especializada en temas de violación. Sus testimonios dejaron en claro que habiendo una situación de secuestro, de amenaza de muerte hacia mí, mi familia política, y mi hija, éramos todos rehenes. Entonces, no hay posibilidad de consentimiento. Cuando Acosta te exigía que hicieras esto la idea era que tuvieras una actitud no agresiva frente al violador porque había que demostrar que no les odiábamos. Era un hecho vergonzante, muy difícil de contar.

-- En el imaginario social todavía persiste la idea equivocada de que no puede haber una violación sin violencia física …
-- Estas violaciones en su mayoría no ocurrían --porque si hubo otras violaciones que sucedieron en Capucha City por guardias “al uso clásico”, digamos-- con una violencia física ni te apuntaban con una pistola en la cabeza. No era así el procedimiento. El hecho de que no te torturaran en la violación no quita que fueran violaciones porque te están obligando a hacer algo bajo secuestro y bajo amenaza de muerte. Eso no tiene otro nombre que violación, pero ha sido difícil de entender incluso para las propias secuestradas. Consentimiento cero. A diferencia de lo que se espera, judicial y socialmente, y es que la violada ejerza una fuerza y se resista y tenga secuelas físicas y heridas, en la inmensa mayoría de los casos, la mujer se deja violar precisamente para salvar la vida y que aquello acabe lo más rápido posible. La pasividad responde a que el tipo acabe lo antes posible, para que no te pegue ni te mate. Esto que ocurre en la inmensa mayoría de las violaciones no cursadas con un secuestro, también ocurría en las violaciones donde estaba la amenaza de muerte y la pistola simbólica puesta en la cabeza, porque a la semana siguiente podías estar en la lista de los miércoles para que te tiraran al mar.

-- ¿Le pedía que se arregle en la forma de vestir en esas circunstancias?
-- Sí, pero no solo en esas situaciones. Ellos robaban ropa en todas las casas donde secuestraban gente. Entonces había un lugar llamado Pañol donde había ropa y todo tipo de cosas y nos exigían al grupo de mujeres que estábamos en ese proceso de “recuperación” que nos vistiéramos de un modo femenino, digamos, porque esa era otra muestra de que no éramos marimachos montoneras. Tenían esa idea de que las mujeres dejáramos de ser guerrilleras para volver a ser “mujeres”.

-- ¿Alfredo Astiz la llevaba como hermana cuando se infiltró en las reuniones que hacían familiares de desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz junto a las monjas francesas?
-- Pasados los meses, después de que habían secuestrado o asesinado a la mayor parte de la organización, ya empezó a haber un flujo de secuestros mucho menor. Entonces empezaron como a inventarse otras actividades para justificar tener toda esa mano de obra expectante. El tema de las Madres de Plaza de Mayo los volvía locos y pensaban que detrás de ese movimiento tenía que estar Montoneros. Lo mandaron a Astiz a infiltrarse. Estuvo varios meses metido en organismos de derechos humanos, hablando con gente y demás. Y en un momento dado decidieron que fuera alguna secuestrada con él para reforzar la idea de que era familiar de un desaparecido. Buscaron a alguien que podría ser la hermanita menor, alguien rubia y de ojos azules y me eligieron a mí. Eso ya fue en el final del proceso de infiltración. Me obligaron a asistir a cuatro o cinco reuniones, algunas en la iglesia de la Santa Cruz, otras en una casa en La Boca, donde estaba la monja francesa Alice Domon. Me afectó muchísimo personalmente que terminara ese hecho como terminó.

-- A la distancia, ¿Qué opinión tiene ahora de la lucha armada?
-- Para hacer la revolución hay que estar vivos. Soy muy crítica de la conducción montonera, de cómo se nos expuso, cómo no se nos cuidó. Por supuesto creo que todo lo que se ha hecho en relación a Memoria, Verdad y Justicia es fundamental. Me he sumado a eso. A los compañeros se los debe honrar, recordar, se debe profundizar en que se haga justicia, castigo a los culpables, pero eso no me impide tener una visión crítica de lo que fue esa organización y de lo poco que esas muertes consiguieron, en relación al extraordinario coste.

-- ¿Cómo fue su vida en el exilio en España?
-- Tuve mucha ayuda de mis padres, económica y de todo tipo. Y de mis amigos más cercanos. Una ayuda crucial, determinante. Pero cuando llegué a España había mucha gente que no me quería escuchar, que me condenaba, porque habíamos sobrevivido teníamos que ser traidores: ¿qué habíamos hecho para sobrevivir? Esa pregunta sobrevolaba. Entonces no querían ni escucharte. No querían hablar, me cerraban las puertas de bares, me impedían la entrada a reuniones de exiliados porque decían que yo tenía que ser una traidora. Estudié Psicología y me fue prácticamente imposible ejercer la profesión porque en el entorno de los psicólogos y psicoanalistas argentinos había una creencia de que si yo había sobrevivido y había salido de la ESMA tenía que estar loca y no podía ejercer la profesión. Lo intenté. Me formé después de hacer la carrera, en la Escuela de Psicología Pichón Riviere, estudié Psicoanálisis, pero me di cuenta de que había un impedimento con lo cual con muchas compañeras sobrevivientes decimos: Cuando salimos de la ESMA creímos que el infierno se había terminado pero no se había terminado. Porque una cosa es que te machacara el enemigo y otra que te hicieran el vacío los tuyos.

Silvia vivió 43 años en España. Se separó del padre de Vera, tuvo otra pareja, y luego se casó con un español, con quien tuvo un hijo. Vera, su hija es cardióloga y vive en Escocia. Su hijo menor, tiene 26 años, es músico y estudia en Boston. Al no poder ejercer la Psicología, cuenta que se dedicó a hacer estudios cualitativos, de opinión y de mercado, hizo algunas materias de Sociología y finalmente se dedicó a la Publicidad. Tiene en la actualidad una empresa vinculada al rubro editorial.

Hace algunos años regresó al Espacio de Memoria la ex ESMA con su hija. Después lo hizo con su hijo, y volvió algunas veces más.
-- La impresión más clara que me produjo cuando entré por primera vez fue que me pareció un lugar muy pequeño, cuando yo lo recordaba muy grande. Y pensé: qué lugar tan pequeño para un infierno tan grande. (Por Mariana Carbajal, Página 12, 28/3/2021)

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EL MEMORIÓDROMO

Cuarenteñeros/as, estamos viviendo tiempos complicados, y eso que ya sé que todos los tiempos lo fueron, lo son, y probablemente lo serán. Discépolo decía "que el mundo fue y será una porquería" antes de la Covid, la virtualidad hegemónica, las posverdades llevadas al rango de entidad, las psicosis personales o colectivas sancionadas como leyes, las psicopatías naturalizadas, la violencia incorporada a lo cotidiano y estudiada con microscopio (como cuando la medicina alemana del siglo XIX estaba muy preocupada por diagnosticar las enfermedades, pero el tratamiento le importaba un décimo de bledo), etceterexit.

Nada de eso llegó a ver Discépolo, y ya había vaticinado la porquería mundana. Mi optimismo irredimible, que guardo en un rincón secreto (y aprendí de Poe que la mejor manera de esconder algo es dejarlo a la vista de todos, pero que no se sepa que es secreto), me lleva a decir que el mundo es una porquería, pero no todo: también están el amor, el humor, la comida, el sexo, los hijos, los amigos, los seres queridos, el psicoanálisis, el buen cine y las buenas series, los libros, la calle cuando esté sin Covid al acecho, los proyectos, los encuentros... Y pueden usted y usteda seguir la lista a su gusto y a su gusta.

Pero vivimos tiempos en los que igual, o más que nunca, todo viene muy mezclado, o se encargan de mezclarlo como para que elijamos lo que nos hace mal (sea en la comida, en la pareja o en la política) y descartemos lo que nos puede hacer bien. Simplemente porque es negocio.

Lo que puede ayudar a salvarnos de eso es la memoria. Para no repetir los mismos errores (y eventualmente prevenir los nuevos). Creer que todo empieza hoy y que la historia pierde frente a la tecnología actual, es un muy buen negocio de los que nos mienten micro-, macro-, mega-, giga-, tera- o enteramente. Para ellos, “enterarse” es “meterse en un tera” de datos falsos o ciertos, pero no distinguibles unos de otros.

Para eso, para recordar, van estos datos, frases, reflexiones:

* Hace 45 años, el 24 de marzo de 1976 era miércoles, como este año.

* Mientras camiones repletos de soldados armados recorrían el país, otros (autos, camiones), más difusamente, “iban a buscar” a opositores y los encarcelaban o los asesinaban (caso Alberte, por citar un ejemplo). En la tele, nada. Luego, al mediodía, el partido en el que Argentina venció a Polonia 2 a 1, en Polonia.

* Por la noche, un montón de “comunicados número...” anunciaban que todo estaba prohibido, salvo lo que estaba prohibidísimo. Luego explicaban lo que le podría ocurrir a quien “así no lo hiciere”. Terminando con una voz terrible que decía “o muerte”.

* 23 de marzo de 1976. Titulares de diarios: “Es inminente el final / "Todo está dicho” (La Razón, 6ª). “Movimiento de tropas” / "Casildo Herrera en Uruguay: 'Me borré'” (Crónica, 6ª).

* 24 de marzo de 1976. Titulares de diarios: “Las Fuerzas Armadas asumen el poder: detúvose a la presidente” (La Nación). “Nótese” el “detúvose”, impersonal, como si la hubiera detenido algún fantasma o qué: todo un estilo, perfecto partener del “potencial” de su medio socio, donde todo “ocurriría, podría, habría”. “Nuevo gobierno” (Clarín, en cuerpo catástrofe; aunque su posterior trayectoria mediática hace pensar que la única catástrofe para ellos era el cuerpo de su titular). “Gobierna la Junta Militar / "Los tres comandantes prestaron juramento en el edificio Libertador” (La Opinión).

* Nótese..., diríase..., podría eventualmente notarse... que ninguno de los tres medios hizo mención alguna al hecho que "hubiera o hubiese provocado" sus titulares, aunque podrian haberlo hecho, aun en su retórica escurridiza: “Habría habido un golpe de Estado”, “Instáurose una dictadura militar”, “Se destruiría el país social, política y económicamente", “Anuláronse los derechos constitucionales y perseguiríase a los opositores, a quienes simpatizaren con ellos, a quienes se autopercibieren como tales o a quienes dieren el look de serlo”.

* Es entendible que, para salvaguardar sus propias vidas, los medios de aquel entonces no usaran estas palabras, pero sí es muy llamativo que esquivaran la expresión "golpe de Estado". Algún centenial mal informado podría llegar a creer que la presidente de aquel entonces tuvo muchos “me irrita” en su face y entonces se retiró. No fue así.

* Aclaración innecesaria: no mencionamos el titular de ese día en este mismo medio simplemente porque recién aparecería 11 años después, en mayo de 1987. Pero sí sabemos que muchos de los periodistas que integrarían su plantel fueron perseguidos, encarcelados o incluso tuvieron desaparecidos entre sus seres queridos.

* El 2 de abril de 1976, el “Programa de reordenamiento de la economía nacional", discurso de JAM de Hoz (no, no es MMLPQTP, aunque se parece), anuncia:

1. Libertad de precios (salvo los remedios, que seguirán tan carísimos como antes).

2. El salario (uno solo, a repartirse entre todos los trabajadores) será definido por el gobierno.

3. Aumento de los combustibles y el gas (¿cuánto? ¡Mucho!: el Rodrigazo del '75 no les había alcanzado).

4. Modificación del régimen impositivo. Nuevos gravámenes (impuesto al pensamiento agregado, impuesto al uso del cerebro, impuesto a la barba y así).

5. Anulación de la Ley de Inversiones Externas. Las leyes suelen ahuyentar a los inversores externos, la mejor manera de brindarles “seguridad jurídica” es decirles que vengan y hagan lo que quieran, que nadie les va a decir nada (¡es para Aranguren, Prat Gay y Dujovne, que lo miran por tevé!).

Hubo mucho más, y mucho peor. Pero lo más peor sería que nos olvidásemos de que todo eso pasó, que hay quienes siguen militando el olvido y que tienen medios con que hacerlo. Muchos de esos medios fueron conseguidos, justamente, gracias a la dictadura o a quienes se olvidaron de ella y trataron de hacernos olvidar. (Marcelo Rudaeff (Rudy), P12, 27/3/2021)

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OTRA HISTORIA MÁS SOBRE LOS VUELOS DE LA MUERTE
La historia del oceanógrafo que habría colaborado durante la dictadura genocida con los vuelos de la muerte
El dato surgió gracias al aporte del testigo José Luis Miceli en la audiencia número 17 del juicio que se sigue por el asesinato de cuatro personas que partieron en aeronaves desde Campo de Mayo.

El Batallón de Aviación del Ejército 601 de Campo de Mayo sumó, en plena dictadura cívico militar eclesiástica, a un técnico oceanógrafo que, según el ex soldado conscripto que lo identificó ayer en el juicio por los vuelos de la muerte que partieron de esa guarnición militar durante el terrorismo de de Estado, se encargaba de informar sobre “las corrientes del mar y los ríos”. “Nos preguntamos qué hacía un oceanógrafo en Aviación del Ejército. Es como llevar un buzo a la montaña”, apuntó el testigo José Luis Miceli, quien también aseguró que el capitán era consultado por pilotos del Batallón. Tras su testimonio, la Fiscalía, algunas querellas y defensas solicitaron que se incorpore al juicio el legajo de esta persona, identificada como Rodolfo Delfín Varela Gorriti.

Miceli fue el segundo ex conscipto que declaró este lunes en la audiencia número 17 del juico que el tribunal oral federal número 2 de San Martín sigue por el asesinato de cuatro personas en vuelos de la muerte que partieron de Campo de Mayo hacia el Río de la Plata y el Mar Argentino. 

Además de apuntalar la hipótesis de que esos vuelos efectivamente existieron, algo que han venido realizando casi todos los testigos que declaran en el debate, transmitido desde su comienzo por el medio autogestionado La Retaguardia, Miceli aportó un dato que hasta el momento no se conocía en la causalos posibles aportes de un técnico oceanógrafo en la diagramación de un plan para tirar personas a aguas abiertas desde aviones o helicópteros. Los genocidas no se preocuparon solo por cómo eliminar a "subversivos" o "zurdos" en vuelo, sino también por hacerlo en momentos en los que las aguas que las recibieran pudieran tragarse esos cuerpos para siempre. 

El hombre, de unos 60 años, sabía ese dato desde hace más de cuatro décadas y este lunes casi vuelve a llevárselo con él a su casa. Decidió que no. 

UN OCEANÓGRAFO EN EL BATALLÓN DE AVIACIÓN

“Tengo una cosita más que puede servir o no”, interrumpió este lunes al presidente del Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín, Walter Venditti, mientras cerraba su testimonio y lo invitaba a abandonar la sala de audiencias. “Había un oceanógrafo que había entrado… nos llamó la atención, porque ¿un oceanógrafo en aviación del Ejército? Se llamaba Delfín Varela y era capitán. Se decía ¿y éste qué hace? Y este estudia las corrientes, del mar, de los ríos. De eso sí me acuerdo. Si puede servir... ”

La ronda de preguntas volvió a activarse y, de inmediato, Miceli recordó que el oceanógrafo que conoció a mediados de 1976 en el Batallón de Aviación del Ejército 601 de Campo de Mayo tenía un nombre más: Rodolfo: “Rodolfo Delfín Varela podrá ser”, apuntó. También que había ingresado con el cargo de jefe de la Compañía de Servicios. Los archivos de la Fiscalía y las querellas hallaron en sus archivos un nombre muy similar: el de Rodolfo Delfín Varela Gorriti, un capitán retirado en 1979 quien fue jefe de la Compañía de Servicios del 601 en Campo de Mayo en 1976 y en 1977 se desempeñó en el Instituto Geográfico Militar.

En 2015, Varela Gorriti firmó una solicitada para que se retire y se “destruya” el cartel que señaliza la Guarnición de Ejército de la ciudad bonaerense de Azul como sitio en donde tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad. “La supuesta desaparición de un ciudadano, hace casi 39 años, por lo que un fallo judicial condenó a dos Oficiales, lleva a demonizar y ofender públicamente a la Guarnición y al Ejército”, dice la solicitada firmada por el ex capitán y agrupaciones de familiares pro genocidas, entre otres.

Al cierre del testimonio de Miceli, las partes acusadoras solicitaron al TOF número 2 que el legajo de Varela Gorriti sea incorporado al juicio con el objetivo de chequear el recorrido, de observar si allí hay registros de su actividad como presunto asesor de pilotos sobre las corrientes de las aguas y, antes que nada, de ver su foto. De hecho, el abogado que representa la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que, en cuanto tengan los jueces en su poder la foto de Varela Gorriti se lo cite a Miceli para que la vea. 

El ex soldado lo recuerda. Según su memoria, el oceanógrafo era “delgado, de nariz protuberante y cara chupada”, de “unos 40 años”.

“Era un hombre muy tranquilo y correcto. Con nosotros. Después, no sé qué realmente había venido a hacer”, sospechó Miceli. Es que la contratación de un oceanógrafo en el Batallón de Aviación, como jefe de la compañía de servicios, le sigue pareciendo tan dudoso como “llevar a un buzo a la montaña”. Tenía la oficina cerca de la pista de aviación y lo iban a ver “pilotos y oficiales”.

RUMORES DE VUELOS DE LA MUERTE

Miceli tenía unos 20 años cuando ingresó al Servicio Militar Obligatorio. Eran los primeros días de marzo de 1976 cuando lo asignaron a cargo del cabo primero Gatica, en el sector de talabartería de la Compañía de Servicio del Batallón de Aviación del Ejército 601 de Campo de Mayo. “Arreglaba todo lo que fuera cuero”, detalló al comienzo de su testimonio, guiado por el fiscal Marcelo García Berro, ante el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín. Aclaró que hacía guardias. Y que algunas de ellas eran en el aeródromo.

El fiscal le consultó sobre los tipos de aviones y helicópteros que había. Miceli respondió que helicópteros Bell; un avión Twin Otter y que, por aquellos tiempos, habían traído un avión Fiat desde Italia “tipo hércules pero doble motor”. “Lo había traído el Mayor Malacalza, había sido el piloto de ese avión”, dijo, en referencia a Delsis Malacalza, uno de los acusados en el juicio. El fiscal quiso saber si el testigo conocía a otros pilotos. “Es que nosotros hacíamos guardias ahí, pero la parte del aeródromo era medio restringida”, respondió, descartando la posibilidad de aportar más nombres.

--¿Por qué?-- quiso saber García Berro.

--...Y… corrían comentarios. --Recordó Miceli--. 

Entre los soldados había comentarios de que estaban los famosos vuelos fantasma, vuelos de la muerte. Algo pasaba. Porque entraban vehículos que se decía que traían gente muerta, los subversivos. Mucho no se podía preguntar ahí adentro, pero más o menos uno se imaginaba.

El ex soldado apuntó que solían entrar camionetas Ford Ranchero, de Gendarmería, que “traían gente”. Y que por la noche, ingresaban vehículos Ford Falcon, de Coordinación Federal, que “pasaban como si fuera su casa”.

El fiscal, entonces, quiso saber un poco más:

--¿Los comentarios que circulaban entre los soldados eran que esa gente que llegaba en camionetas era tirada de los aviones y helicópteros?--.

--Sí señor--. Contestó el ex conscripto. --se sabía que llevaban gente y las tiraban, porque a pasear no iban, no volvían.

UN VUELO PERSONAL

A propósito de las consultas del fiscal, Miceli recordó un episodio puntual que observó desde la torre de guardia.

“Un día estando en el aeródromo, era tarde, entró un auto”, comenzó. Detalló que era Ford Fairlane, que del asiento conductor se bajó un “hombre de pelo largo, bigote, jean chalequito y fuertemente armado” hasta la barrera de entrada del aeródromo. “Traían a un hombre canoso, robusto. Nos llamó la atención, daba la impresión de que lo llevaban detenido, sentadito en el medio ahí”, describió. El Fairlane cruzó la barrera, el pelilargo se volvió a subir, y condujo con el canoso detenido y las otras tres personas que viajaban hacia la pista, donde esperaba un helicóptero con los motores encendidos.

“Mirá, lo cargaron en el helicóptero”, dijo Miceli que le comentó su compañero. 

(Ailin Bullentini, Página 12, 10/3/2021)

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“SOY UN DESERTOR”, DIJO FRANCISCO VILLEGAS EN SU TESTIMONIO DEL JUICIO POR LO CRÍMENES DE CAMPO DE MAYO
El escalofriante relato de cómo Francisco Villegas huyo corriendo de los vuelos de la muerte

Una noche fría, después de ver cómo un grupo de personas eran obligadas a golpes a entrar a un avión, el entonces conscripto se escapó corriendo de la guarnición militar y nunca más volvió. Declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín por una serie de asesinatos cometidos bajo esa modalidad en la última dictadura militar.

Francisco Villegas aseguró que, en la época en la que le tocó hacer el servicio militar, era “muy ágil”. Supuso que su estado se debía a que jugaba “mucho al fútbol”; la cuestión era que corría mucho y resistía mucho también, una capacidad que lo salvó cuando, por ser testigo involuntario de un vuelo de la muerte, sintió que estaba en peligro“Yo soy un desertor”, se autodefinió durante su testimonio en el marco del juicio que se sigue por muertes que, bajo esa metodología, protagonistas de la última dictadura cívico militar efectuaron desde Campo de Mayo. Una noche fría, después de ver cómo un grupo de personas eran obligadas a golpes a entrar a uno de aquellos vuelos, Villegas se escapó corriendo de la guarnición militar y nunca más volvió. “Me asusté mucho, si me descubrían me mataban”, confió.

45 años después y a pesar de que los tiene frescos, a Villegas le cuesta remontar aquellos recuerdos. Quizá le fallan algunas fechas, algunos nombres se le escapan. Pero la esencia de aquello que vivió de soldado adolescente en Campo de Mayo revive en su testimonio y configura una nueva pieza en el rompecabezas que desde cuatro meses otros ex soldados conscriptos van armando sobre los vuelos de la muerte que partieron desde aquella guarnición durante el terrorismo de Estado.

El hombre declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín en la audiencia del lunes en el debate oral por las muertes de Rosa Novillo Corvalán, Roberto Arancibia, Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, cuatro víctimas que pasaron por centros clandestinos de Campo de Mayo y cuyos cuerpos aparecieron en las aguas del Río de la Plata y la Costa Atlántica.

También lo hicieron Luis Bommer, Alberto Espila, Juan Carlos Lameiro y Carlos Dornellis, otros ex conscriptos que aportaron sus recuerdos. Muchos, desde la sala de audiencias en la que suelen llevarse a cabo los juicios orales de lesa humanidad en San Martín, aunque los jueces y las partes los oyeron por teleconferencia. Casi todos fueron testigos directos de los vuelos. La audiencia fue transmitida por el medio autogestivo La Retaguardia.

Volar

Villegas ingresó al Servicio Militar en el Regimiento de Palermo y, de allí, lo trasladaron al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí solía llevarse bien con Alberto Conditi, contó. Ese ex capitán retirado, acusado en este juicio, al que le gustaba hacer actividad física y a quien el joven soldado solía “acompañar a correr, le contaba el tiempo” de los ejercicios, recordó el testigo el lunes. También glosó que al ex capitán le gustaba “volar” y que una vez le invitó a dar una vuelta en helicóptero. “En lo único que había andado en mi vida era una bici, cuando me invitó yo quería conocer”, explicó. 

Conoció lo que era andar en helicóptero y también lo que era andar en avión. “Para antes de las fiestas, nos dijeron (a él y a un grupo de soldados) si queríamos volar. Nos dijeron que íbamos a llevar pan dulce para la isla Martín García. Íbamos en la parte de atrás de un avión grandote, un avión Hércules, del batallón. Era de noche. Después, con el tiempo, me pareció raro que el avión nunca aterrizó en ninguna isla, volvió a Campo de Mayo”, detalló.

Los hilos los empezó a atar después de escapar de la guarnición, pero para eso faltaba un trecho. Primero, le tocó perder los buenos tratos de sus superiores, que hasta que cometió la “falta” de regresar dos días después de un franco, colaboraba en la cocina del Casino de Oficiales. Tras la demora, fue golpeado brutalmente, encarcelado, estaqueado al sol. Y encargado de hacer “guardias casi todos los días”. Muchas de esas guardias fueron de noche, pero una fue particular.

--¿Puede vincular ese vuelo en avión con lo se investiga en este juicio?-- le preguntó a Villegas el fiscal Marcelo García Berro.

--Uy sí. Porque más adelante yo ví personalmente.

Una noche fría

Una noche a Villegas lo mandaron a vigilar el helicóptero de quien entonces era titular de la Junta Militar, Jorge Videla. Villegas recordó que hacía “mucho frío”, que “lloviznaba”, por lo que se puso “una frazada que se usaba de poncho y la campera” encima. Pero seguía sintiendo frío y se tentó: “Abrí la puerta del helicóptero, toqué una alfombra roja, me metí adentro y me quedé dormido”.

No había nadie en los hangares ya que “a las 2 de la mañana solía pasar una camioneta militar a levantar gente de los puestos”. Él supone que lo fueron a buscar también, pero no lo encontraron. De repente, a Villegas lo despertaron “unos gritos”. “No me pegués hijo de puta”, escuchó. 

Ruidos de motores se mezclaban con los gritos, aseguró. “Asomo la cabeza y veo las luces de los bomberos. Había camiones de esos con las cajas como usan los carniceros, de chapa de aluminio, y de ahí bajaba gente”, alcanzó a describir antes de quebrarse. Un grupo de unas 20 personas vestidas de civil que bajaba de esas camionetas estacionadas cerca de un avión Fíat G222. Logró sobreponerse y seguir.

“Les pegaban. Y las metían al avión por una puerta de atrás. V todo eso, no sabía qué hacer”.

Se asustó mucho. Tanto que “no quería seguir mirando”, así que se “agachaba y escuchaba gritos, golpes”. Hasta que se fue el avión, se fueron los camiones, se apagaron las luces de los bomberos. Seguía siendo la madrugada.

“Dejé la capa, el casco, el FAL en el helicóptero y empecé a correr para el campo. Yo sabía que si me descubrían me mataban”.

Llegó a unas vías de tren, tomó uno. Llegó a su casa, en Derqui, pero de ahí huyó otra vez porque lo fueron a buscar. Entonces se refugió en el campo, cerca de Moreno, durante un año al menos.

Aviones que partían cargados de gente y volvían manchados de sangre

Los ex soldados conscriptos Juan Carlos Lameiro y Carlos Espila también aportaron fichas importantísimas al rompecabezas. Lameiro fue claro al describir lo que vio en, por lo menos, una decena de oportunidades desde su puesto de guardia hacia el aeródromo de Campo de Mayo: “Gente que subía al avión a última hora, ver que los subían, la forma en que los subían, encapuchados, en hilera, a la parte de atrás del avión”. 

También describió que subían a grupos de “entre 10 y 20 personas por episodio” que “estaban atadas con las manos atrás, encapuchadas”. Los rumores que circulaban allí indicaban que esas personas “venían del centro clandestino que funcionaba detrás del aeródromo, cerca de la escuela canina”.

Lameiro llevó a la audiencia de este martes, incluso, el nombre de uno de los “pilotos que recurrentemente manejaba los aviones”, los Fiat G222, el Capitán Artuso. Confirmó, no obstante, que los capitanes “manejaban todos” las naves. Confirmó especialmente la capacidad de los acusados Delsis Malacalza y Luis Del Valle Arce.

Carlos Espila, el primer testigo de la audiencia, mencionó al TOF número 2 y a las partes haber visto durante su servicio, el ingreso de camionetas con detenidos y su desvío hacia la pista donde había aviones. Sucedía de noche, contó, cuando a las personas que estaban con alguna función las “levantaban de los puestos”. Los aviones despegaban y regresaban “llenos de sangre y excrementos”. (Ailín Bullentini, Página 12, 26/2/2021)

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ADOLESCENTES DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¿QUÉ PASÓ CON ELLOS?

“...Cada uno de nuestros hogares se siente mutilado. Hay una o más ausencias que nadie ni nada podrá jamás reemplazar. Vacíos que dejan estos chicos que estudiaban o trabajaban -o ambas cosas- sin ocultar su identidad ni sus movimientos. Siempre tenemos dolorosamente presentes sus rostros asustados. Fueron, en muchos casos, arrancados de sus lechos, a altas horas de la madrugada, ante el estupor de sus padres reducidos a la impotencia de no poder defender la seguridad de su hogar. ¿Qué pasó con ellos?”.
(Presentación a la Junta Militar)

Después de agotar todas las instancias administrativas y judiciales, los padres de un centenar de adolescentes detenidos-desaparecidos, se dirigieron en los términos que anteceden al máximo órgano de gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. En su presentación describieron los pormenores de su drama, exigiendo una respuesta que la Junta Militar está legal y moralmente obligada a proporcionar. Las situaciones denunciadas no fueron empero esclarecidas, y la pregunta sigue en pie: ¿qué pasó con ellos?

Múltiples testimonios registran el paso de estos adolescentes por los centros clandestinos de detención. El más dramático, quizás, sea el brindado por una joven mujer -actualmente exiliada en Europaque padeció un largo período de detención ilegal en el campo La Perla, bajo jurisdicción del III Cuerpo de Ejército. Los datos que aporta permiten reconstruir las primeras escenas del calvario sufrido por varios jovencitos secuestrados en la ciudad de Córdoba, en las semanas posteriores al 24.3.76. Desde entonces se ha perdido todo rastro.

“...No habían comenzado a vivir, y si bien algunos eran lúcidos, la mayoría carecía de conciencia sobre tanto horror. Tenían u n mundo aún infantil que se evidenciaba cuando jugaban en las duchas, su único momento de relativa libertad. Creían estar viviendo una novela, una aventura que narrarían más tarde.
Todos ellos se caracterizaban por su pureza, su ingenuidad, su solidaridad”.
(Extractado del testimonio de Graciela Geuna).

EL SECUESTRO EN EL HOGAR PATERNO

Los procedimientos empleados para detener a los adolescentes, no difieren sustancialmente de aquellos que culminaron con la dramática desaparición de miles de personas de todas las edades.
Un análisis de la documentación presentada por los familiares ante las autoridades y diversos organismos nacionales e internacionales pone de manifiesto la participación de Fuerzas de Seguridad en secuestros, perpetrados por grupos fuertemente armados con armas cortas y largas, habitualmente vestidos de civil y desplazándose en varios automóviles, por lo general modelo Ford Falcón. El grupo se presentaba como perteneciente a la Policía Federal, a una de las armas o bien a las “Fuerzas Conjuntas”, a veces con presentación de credenciales cuya falsedad se probó en los recursos de hábeas corpus posteriores. En los casos que nos ocupan, la mayor parte de los operativos tuvieron lugar entre las 24 y las 5 horas.

En momentos en que arreciaba la represión y nuestras ciudades estaban patrulladas día y noche, estos grupos se desplazaban ostensiblemente, sin que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad hicieran nada por impedirlo, aun cuando -dadas las características que revistieron los procedimientos- era imposible que aquellos no los detectaran.

“El 17.7.76, a la una de la madrugada, un grupo de personas armadas se presentó en el domicilio de la familia Tarnopolsky. El portero y los vecinos fueron intimados a encerrarse en sus respectivas casas, y la puerta del departamento allanado fue derribada con una bomba que alcanzó, en sus efectos, a dañar la puerta del edificio”.

Esto ocurría en la calle Peña 2600, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. De resultas de este operativo y otros dos, sucesivos y coordinados, tuvo lugar la detención de cinco miembros de la familia; entre ellos Betina Tarnopolsky de 16 años, estudiante secundaria.

“El 23.10.76 a las 0.30 hs. un grupo de hombres de civil, fuertemente armados, irrumpió en el domicilio de la familia Muñiz, en Olivos. Decían pertenecer a la Policía Federal y exigieron la presencia del hijo menor Eduardo Oscar, de 18 años. Este no se hallaba en la casa, y decidieron esperarlo. En tanto, revisaron todo, sin encontrar nada que les interesara. Cuando el menor llegó, fue inmediatamente rodeado, empujado contra la pared y encapuchado. Fue introducido en un coche que partió con rumbo desconocido.
Dicho vehículo, junto con otros dos, había permanecido ante la puerta de la casa durante todo el tiempo que duró el operativo. En ese lapso, miembros del grupo armado hicieron desviar el tránsito por la calle paralela, inclusive la línea de colectivos 59 que pasa por delante de la casa de la familia Muñiz”.
(Extracto del testimonio de secuestro de Eduardo Oscar MUÑIZ, estudiante secundario, detenido-desaparecido).

“El 7.7.76, a las 23 horas, un grupo de hombres de civil, fuertemente armados, se presentó en la casa de la familia Porta. No se identificaron y obligaron al matrimonio a encerrarse en su dormitorio, mientras procedían a revisar la casa. Desde allí oyeron gritar a su hija Aída Victoria, de 18 años. Cuando pudieron liberarse, comprobaron que ésta había sido detenida y que sus otros dos hijos, y dos amigos de éstos que dormían en otras piezas, estaban maniatados y encapuchados. Dos de ellos tenían sólo 13 años.
El domicilio de la familia Porta colinda con el Juzgado de Menores de Banfield, repartición que cuenta con una guardia permanente. El grupo armado se introdujo en el domicilio allanado a través del Juzgado, hecho reconocido por el sereno del mismo. La señora Jueza a cargo del Tribunal pudo observar al día siguiente, con toda claridad, las huellas dejadas por los intrusos”.
(Extracto del testimonio de secuestro de Aída Victoria PORTA, empleada de YPF, detenida-desaparecida).

Son notorios y abundantes los puntos de coincidencia entre los diferentes operativos. La característica más llamativa es la ausencia de toda preocupación por disimular la responsabilidad genérica de las fuerzas de Seguridad. Pareciera que los autores daban por descontado que gozaban de total impunidad.

EL ROBO COMO ULTRAJE Y ADVERTENCIA

En la mayoría de los casos en que la detención se produjo tras el allanamiento del domicilio paterno, éste estuvo seguido de robos cuyo valor material no fue demasiado importante: dinero (sumas poco significativas), alhajas, compases, grabadores, una colección de monedas, etc. Desde cierto punto de vista, tampoco en esto se diferenciaron estos operativos de otros miles. Sin embargo, robos y saqueos perpetrados durante los procedimientos dirigidos contra adultos bien podían interpretarse como la apropiación de un botín de guerra cobrado a las posesiones del enemigo ya que el monto de lo sustraído parecía estar confirmando ese móvil -mobiliarios enteros, vehículos, depósitos de bancos o financieras, inmuebles, instalaciones de hogares incluyendo los sanitarios, etc.

Comparativamente, durante los secuestros de adolescentes s e cometieron simples raterías. ¿Es que acaso las víctimas fueron consideradas como enemigos menores o se trató, simplemente, de formular una advertencia a sus padres o hermanos? No es de descartar que, dentro del sistema aplicado, se pretendiera infligir un ultraje más y hacer gala de prepotencia ilimitada, aún a través de pequeños gestos.

“El 23.10.76 a las 0.45 hs., hombres de civil, fuertemente armados, detuvieron en el domicilio familiar a María y Leonora Zimmermann, de 18 y 17 años respectivamente. Durante el allanamiento, los participantes, que dijeron pertenecer a la Policía Federal, sustrajeron del dormitorio de un hermanito de la víctima, un microscopio y dinero de una alcancía, todo ello propiedad del menor”.
(Extracto del testimonio de secuestro de María y Leonora ZIMMERMANN, ambas estudiantes secundarias y detenidas-desaparecidas).

EL FAMILIAR COMO REHÉN

Pero las acciones dirigidas contra los familiares no se limitan a robos o amenazas. En muchos casos los padres, hermanos o novios de los adolescentes fueron obligados por los secuestradores, a dar indicaciones sobre el paradero de aquellos.
La liberación posterior del familiar retenido como rehén o señuelo, demuestra, una vez más, que los grupos operativos tenían la garantía de su impunidad. Además las víctimas liberadas después de tales experiencias, llenan una función necesaria dentro de los mecanismos de terror implantados como reaseguro del sistema: son el vivo testimonio de que ninguna barrera moral habrá de morigerar la represión.

“El 29.8.77 fue allanado nuestro domicilio, donde además tengo instalado un negocio de restaurante en el que mi hijo Alfredo trabaja conmigo desde los siete años. Intervinieron alrededor de nueve hombres. Estábamos presentes yo, mi esposa, mis hijos Lino Daniel y Jorge, la esposa del primero y mis nietos de uno y tres años, hijos de Lino. Los hombres -que dijeron ser policías pero no mostraron credencial alguna- nos ordenaron hacer salir a varios parroquianos y cerrar el negocio. Nos preguntaron bajo amenaza dónde estaba mi hijo Alfredo Narciso, de 17 años. Al informarle que se encontraba en casa de una tía, esposaron a Lino Daniel y lo obligaron a que los acompañara para mostrarles ese domicilio. Al llegar a él, no permitieron a Lino descender, sino que le ordenaron llamar a su hermano desde fuera. Cuando Alfredo salió, lo introdujeron en el Ford Falcon blanco, patente B 1.125.951, en el que estaba Lino. Después, a éste lo encapucharon y a Alfredo lo encerraron en el baúl. Cuando el coche se detuvo, Lino pudo observar, levantándose ligeramente la capucha, que estaba ante la Brigada de Investigaciones de Morón. Allí bajaron a Alfredo, y poco después liberaron a Lino cerca de su domicilio.
Cuando concurrí a la Brigada, el Comisario Señor Peña, admitió la detención de mi hijo, aduciendo que fue por orden del Comando del Primer Cuerpo de Ejército”.
(Del testimonio de secuestro de Alfredo Narciso Agüero).

“El 26.5.76, un grupo de hombres portando gran cantidad de armas, unos de civil y otros uniformados, se presentaron en el domicilio de la familia Blaton y preguntaron por Francisco Juan, de 18 años. Eran las 6.30 hs. y éste ya había salido rumbo a su trabajo.
Los hombres obligaron a los Blaton a subir en sendos vehículos. Los encapucharon, y maniataron al señor Blaton, quien fue arrojado al piso del coche. Fueron así conducidos a una dependencia aparentemente militar, donde fueron interrogados sobre el lugar de trabajo del hijo, cada uno por separado, durante una media hora, debiendo sufrir insultos y amenazas. Por fin llevaron a la señora Blaton, siempre encapuchada y acostada sobre el asiento del auto, a recorrer una zona de Munro hasta encontrar la fábrica de cerámica donde trabajaba Francisco Juan, cuya dirección exacta su madre ignoraba. Pudo escuchar el grito de su hijo cuando lo introducían en el otro automóvil: ‘Madre, dónde estás que me van a matar!’. Después los vehículos se pusieron en marcha, y la señora fue liberada en un lugar solitario. Su marido había quedado como rehén en el local donde fueran interrogados”.
(Extracto del testimonio de secuestro de Francisco Juan BLATON, obrero ceramista, detenido-desaparecido).

LAS VÍCTIMAS

La presentación efectuada por los padres de adolescentes ante la Junta Militar, a que se hace referencia más arriba, fue acompañada por una nómina de los jóvenes, sus datos, y una descripción de las circunstancias que rodearon cada secuestro. Se adjuntaron, asimismo, constancias de todos los trámites realizados ante instancias policiales, militares, judiciales y administrativas por parte de las familias en la, hasta ahora, infructuosa búsqueda del desaparecido. Surge de la documentación que, sobre 130 adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, el 75% fue detenido entre mayo de 1976 y julio de 1977. Del total, a 92 se los detuvo en el domicilio de sus padres y en presencia de éstos; a 6 en la escuela o lugares de trabajo; 16 fueron secuestrados en la vía pública ante testigos que comunicaron el hecho a los padres y 4 -que eran conscriptos*- en dependencias militares. Se ignoran las circunstancias exactas de la desaparición de los 12 restantes, operada poco después de que hubieran salido de sus hogares, del domicilio de algún familiar o amigo, o de sus lugares de trabajo.

Prácticamente la totalidad de estos adolescentes vivía con su familia. Cursaban estudios en colegios secundarios o acababan de ingresar en la universidad; trabajaban o cumplían su servicio militar obligatorio. Todos, sin excepción, estaban provistos de documentos de identidad, que en la mayoría de los casos fueron exigidos por sus captores y que estos se llevaron consigo.

Estos jóvenes no se ocultaban, circulaban normalmente, mantenían relaciones normales en el ámbito familiar, laboral o en los establecimientos educacionales a los que concurrían. Todo esto hace imposible que pudiera considerárselos como un peligro para la sociedad.

Si agregamos a esto que en ninguno de los allanamientos se encontraron armas, ni tampoco material alguno que pudiera ser considerado comprometedor, cabe preguntarse: ¿en nombre de qué doctrina, para conjurar qué amenaza, hombres con armas de combate, en cantidad y actitud completamente desproporcionadas con cualquier posibilidad de resistencia, se abalanzaron sobre muchachos y chicas inermes y los arrastraron maniatados y encapuchados, a veces después de golpeados despiadadamente?

“A José María SCHUNK -18 años- lo hicieron poner de cara a la pared, encapucharon a su hermano de trece años con la funda de la almohada; al otro, de catorce, como los miraba, lo amenazaron con volarle la cabeza si no se daba vuelta. Revisaron la biblioteca y comentaron ‘no hay nada’. Obligaron a José María a acompañarlos sin permitirle vestirse”. * Si bien los conscriptos pertenecientes a las edades que nos ocupan son 4, cabeconsignar que a la fecha se cuenta con 74 casos de jóvenes que estaban bajobandera cuando se produjo su detención y posterior desaparición.
(Del testimonio de secuestro de José María SCHUNK, estudiante de medicina, detenido-desaparecido).

“El 2.8.77. a las 23.30 hs., hombres armados, algunos con uniforme de fajina del ejército, irrumpieron en el domicilio de la familia Tresaco. Cuando el dueño de casa pidió que se identificaran, lo golpearon repetidamente para después encapucharlo. Igual trato recibió una hija de 15 años. Entraron en el dormitorio donde se había refugiado el resto de la familia y, venciendo la resistencia de la madre, arrastraron hacia afuera a la joven Mónica Susana de 17 años”.
(Del testimonio de secuestro de Mónica Susana TRESACO, estudiante secundaria, detenida-desaparecida).

“El 16.2.76 a la 1.30 hs., un grupo de hombres armados entró en la casa de la familia Cáceres. Uno de ellos rompió con su arma un vidrio de la puerta donde descansaba María Paula, de 17 años, hija de los dueños de casa, y su esposo. Otro de los hombres, en tanto, incitaba: ‘Matalos’. Una sobrinita de corta edad que dormía con la pareja se puso a llorar. El resto de la familia fue obligada a echarse boca abajo y desde esa posición oyeron cómo eran golpeados Paula y su marido. La joven se desmayó, y los mismos que la castigaban la reanimaron. Después de maniatarlos y vendarles los ojos, se llevaron a ambos”.
(Del testimonio de secuestro de María Paula CACERES, obrera metalúrgica, detenida-desaparecida).

EL TEMOR DE LOS VICTIMARIOS

En un intento por encontrar algún denominador común que explique el móvil de estos secuestros, hemos analizado la actuación de los jóvenes desaparecidos. Según declaraciones de sus padres, muchos de ellos habían pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Otros habían ingresado al Centro de Estudiantes de sus respectivos colegios o habían frecuentado la Unidad Básica del barrio. Algunos habían participado en la "toma" de su colegio, en 1973. Esto último lleva la edad de estos "activistas" a los trece o catorce años. También conviene destacar que las organizaciones citadas anteriormente actuaban legalmente y sólo más tarde, a partir de 1976, fueron prohibidas. Al estudiar determinadas circunstancias que rodearon las detenciones de muchos de estos adolescentes, recordando las primeras preguntas formuladas por los secuestradores, relacionar entre sí un número relativamente alto de secuestros individuales -cuyo saldo global fue la detención-desaparición de grupos de condiscípulos o ex-condiscípulos- se fortalece la idea de que el móvil de un elevado porcentaje de operativos fue sacar de circulación a jóvenes susceptibles de convertirse en líderes estudiantiles.

Esta hipótesis arroja alguna luz sobre aquella absurda desproporción entre la debilidad de la víctima y los recursos de fuerza desplegados por los secuestradores. Su misión era aprehender al enemigo más temido; ese joven para el cual la escuela o la universidad son formadores de vida cívica, y no instituciones limitadas a proporcionar conocimientos académicos o títulos profesionales.

“El 16.9.76 a las 5 hs. un grupo de hombres armados, cubierta la cabeza con gorros de lana de un club de fútbol de La Plata, allanó el domicilio de la familia Ungaro. El jefe del operativo aseguró al hijo menor, Horacio Ángel, de 17 años, que no tenían nada contra él ya que se habían informado de sus antecedentes incluso en la Escuela
Normal Nro. 3 de La Plata, a la que asistía el menor. Este había sido designado por sus compañeros, delegado del curso para pedir la instauración del boleto escolar.
Procedieron a interrogarlo, exigiéndole que diera nombres de compañeros que ‘actúan en la subversión, cosa que debía conocer por ser alumno de quinto año’. Ante las preguntas de la madre le respondieron que ‘ya cantaría’ y que en media hora lo devolverían. Esa misma noche fueron secuestrados, en operativos similares, dieciséis menores, todos estudiantes secundarios, relacionados entre ellos por ser condiscípulos o amigos”.

“El 19.9.77 un grupo de hombres fuertemente armados, rodeó la casa de la familia Fernández antes de allanarla. Ordenaron a los ocupantes a identificarse, y cuando lo hizo Juan Alejandro, de 17 años, le indicaron que se vistiera para llevárselo. Su padre solicitó que le permitieran acompañarlos, pero mientras se vestía, los efectivos se retiraron. Volvieron a los minutos y procedieron a detener a otro hermano, Jorge Luis, de 16 años. No quisieron que el padre los acompañara asegurando que devolverían a ambos menores media hora después. Juan Alejandro había pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios cuando cursaba primer año y tenía trece de edad. Los dos hermanos eran alumnos del Colegio San Francisco Solano de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. En una entrevista que les fue concedida a los padres por un Coronel del Ejército, en la puerta 4 de Campo de Mayo, éste reconoció que se llevaban a los jóvenes que habían estudiado en “colegios subversivos para cambiarles las ideas”.
“En la noche del 7.7.76, Alejandro Goldar Parodi, 18 años, salió del domicilio de su novia Magdalena Gallardo, 15 años, para ir al cine. De sus respectivas casas, y con la misma intención, habían salido también Juan Carlos Marín, 18 años; Hugo Osvaldo Tosso y Pablo Dubcovsky, ambos de 17 años. En la madrugada del 8.7. hombres armados secuestraron a Magdalena Gallardo en el domicilio de sus padres. Nada se ha sabido desde entonces de ninguno de ellos”.

Del análisis de estos y otros casos comparables, surge claramente que el secuestro de adolescentes responde a un plan sistemático que incluye el estudio de los establecimientos secundarios como tales, y no sólo de aquellos que ocupan un lugar importante por el número de futuros universitarios que alberguen, o por la agitación registrada durante el período 1973/74. Más allá de eliminar a estudiantes real o potencialmente enrolados en corrientes políticas, se busca destruir, bajo un manto de terror, toda posibilidad de subsistencia de actividades extra-escolares, ya sean estas ideológicas, gremiales, recreativas o artísticas, con el fin de reducir al educando a pasivo receptáculo de consignas culturales o doctrinarias.

Los regímenes fundados en la doctrina de la “Seguridad Nacional” saben del peligro que comporta, para el futuro de las dictaduras militares, una educación donde cada joven es protagonista de su desarrollo como persona.
Los responsables de este plan han buscado la complicidad de autoridades y docentes de los establecimientos que cayeron bajo su mira. No contamos con datos suficientes para evaluar la importancia de la colaboración brindada en este sentido, así como para rescatar los esfuerzos de muchos docentes que intentaron salvaguardar el derecho de sus alumnos a ser educados para la democracia.

“El 18.10.76 personas que se identificaron ante la Rectora del Colegio Nacional de Vicente López como pertenecientes a Fuerzas de Seguridad -aseveración que aquella comprobó mediante llamadas a dos números telefónicos que le proporcionaron- le preguntaron antecedentes de alumnos del Colegio, entre ellos María y Leonora Zimmermann.
Las visitas se repitieron durante la semana, y en su transcurso los hombres interrogaron a algunos alumnos sobre la ‘toma de Colegio en 1973’. Uno de los interrogados fue Eduardo Muñiz, a cuyo secuestro ya nos hemos referido.
Advertidos los padres, por sus hijos, de estos interrogatorios, se presentaron ante autoridades para aclarar la situación. Se les aseguró que nada había contra los muchachos. Estos siguieron concurriendo normalmente al colegio y viviendo en sus respectivos domicilios.
Fueron detenidos precisamente allí, en la madrugada del 23.10.76. El primero fue Eduardo Muñiz, luego las hermanitas Zimmermann y pocos minutos después, Pablo Fernández Meijide, novio de María y alumno de cuarto año del Colegio, en 1975. Cuando este último ya detenido- era descendido por sus captores en el ascensor de la casa de sus padres, aquellos le preguntaron en presencia del portero -quien así lo declaró ante el Juez doctor Mariño-: ‘¿Por qué cambiaste de colegio?’. Con pocas horas de diferencia, el mismo grupo, presuntamente, allanó el domicilio de Leticia Veraldi, de 16 años, que había asistido al Nacional de Vicente López hasta los primeros meses de 1976. La joven, que no estaba en su casa, fue detenida en oportunidad posterior, y permanece desaparecida al igual que sus ex-condiscípulos”.

DESPUES DEL SECUESTRO

A partir del secuestro de adolescentes -tal como en el caso de adultos o niños- se abre el gran interrogante: ¿Qué pasó con ellos?

“En Estocolmo, Suecia, a los trece días del mes de diciembre de 1979 comparece ante el Sr. Hans DANELIUS, Subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, la ciudadana de nacionalidad argentina NORMA SUSANA BURGOS, de profesión empleada, nacida en la ciudad de Mar del Plata el día 22 de octubre de 1951, quien acredita su identidad con pasaporte argentino Nro. 10.687.670, expedido en Buenos Aires, con fecha 11 de enero de 1979, y expone:
Que voluntariamente se presenta a fin de poner en conocimiento de las autoridades suecas la información que posee sobre el caso de Dagmar Ingrid HAGELIN.
Que con fecha 26 de enero de 1977, la dicente fue detenida en la calle, en la localidad de Ramos Mejía, por personal de la Marina, permaneciendo en la ESMA como detenida-desaparecida hasta el 25.2.79, en que fue liberada. Que la noche del día de su detención, la dicente fue llevada por sus captores a su domicilio, sito en la calle Sargento Cabral 317 de la ciudad de Palomar, Pcia. de Buenos Aires, con el fin de que los acompañara en el registro del mismo.
Que parte del personal de la Marina quedó en su domicilio para detener a quienes llegaran al mismo, según se enteró posteriormente por el propio dicho de sus captores y que de ese modo fue detenida Dagmar Ingrid Hagelin, de 17 años, ciudadana
sueco-argentina. Que la exponente conoció a la menor secuestrada en el verano de 1975 en las playas de Villa Gesell, Pcia. de Buenos Aires.
Que la muerte de su hijita Victoria Eva, ocurrida el 29 de diciembre de 1976, hizo que Ingrid se interesara por su estado de ánimo visitándola en más de una oportunidad.
Que al día siguiente de su detención, encontrándose en el tercer piso de la Escuela de Mecánica, encapuchada, con las manos esposadas a la espalda y con los grilletes en los pies, fue trasladada hasta la habitación que oficiaba de enfermería en el sótano. Que allí le fue levantada en parte la capucha y fue mostrada. Que en la habitación se encontraban dos oficiales de la marina cuyos nombres conoció más tarde: Capitán Francis William Whamond y el Teniente de Fragata Alfredo Astiz. Acostada en la camilla se encontraba Ingrid, mostrando una herida un poco más arriba del arco superciliar izquierdo y un derrame rojizo bajo sus ojos. La declarante supone que el objeto de la entrevista era carearlas.
Que según pudo enterarse posteriormente, por el comentario de dos oficiales vertido a otro prisionero, el disparo le había producido una lesión a consecuencia de la cual padecía una disritmia y parálisis de las piernas con incontinencia de orina.
Que el Teniente de Fragata Alfredo Astiz, quien utilizaba los alias de ‘Cuervo’, ‘Ángel’ y ‘Rubio’, y era oficial de operaciones del GT 3.3/2, le preguntó a la joven herida cómo estaba, agregando que durante el secuestro él le había disparado el tiro que le había rozado la frente. También le hizo mención que tanto Dagmar como él eran iguales, por su cabello rubio y el tipo nórdico. A la exponente se le autorizó a dirigirle la palabra, preguntándole cómo se encontraba.
Que junto a la camilla había prendas que pertenecían a Dagmar y que llevaba puestas la última vez que la viera en libertad: un pantalón, una camisa de varios colores, y unas sandalias de tiras color oscuro.
Que ninguna duda le cabe que la persona que vio en la enfermería de la ESMA es DAGMAR INGRID HAGELIN por el conocimiento personal existente y por haber hablado en esa oportunidad con ella.
Que al ser retirada de la enfermería por los oficiales Whamond y Astiz, ambos comentaron que ‘el error fue porque la suequita se parece a la Berger’ (la Marina poseía información de que la casa de la dicente era visitada por María Antonia Berger) comprendiendo entonces lo ocurrido. Que en efecto, si bien María Antonia Berger tenía más edad que Dagmar y era un poco más alta que ésta, ambas tenían el mismo tipo físico.
Que dos o tres días después de la primera entrevista, fue llevada nuevamente por Francis Whamond a la enfermería y pudo ver ppr segunda vez a Ingrid. Esta tenía un vendaje mayor en la cabeza y tenía una de sus manos esposada a la cama. El derrame debajo de sus ojos tenía ya un color violáceo. Evidentemente había sido limpiada y objeto de algunas curaciones. Días después se enteró por comentarios de los carceleros que Dagmar había sido trasladada en forma individual”.
(Testimonio de Norma Susana BURGOS, en relación con la desaparición de Dagmar Hagelin).

Otros testimonios recogidos en el país, permiten levantar el telón destinado a cubrir obstinadamente los actos posteriores a la detención. Corresponden a familiares utilizados como rehenes, obligados a compartir con el secuestrado, lapsos más o menos largos de su estadía en el “chupadero”. El análisis de los mismos arroja nuevas precisiones sobre el modelo represivo aplicado por el “Proceso de Reorganización Nacional” y obliga a aceptar una dolorosa constatación: la tortura, instrumento de investigación y también de castigo, fue sistemáticamente empleada como procedimiento clave en las detenciones-desapariciones, cualquiera fuera la edad o condición de la víctima, e incluso, cuando no se perseguía ninguna información concreta.

El testimonio del padre de Juan Francisco Blaton, al que ya se ha hecho referencia, dice:
“En el lugar del secuestro fui llevado ante mi hijo al que no pude ver porque lo mantenían en el suelo, tapado con una tela. Sólo oí cómo se quejaba. Me obligaron a pedirle que confesara lo que supiera, con la promesa de que, de hacerlo así, lo enviarían a Bélgica, mi país de origen. Luego me llevaron al cuarto contiguo.
Por encima de grabaciones de música estridente que pasaban ininterrumpidamente, pude oír los gritos de Juan Francisco cuando lo torturaban.
Al día siguiente me llevaron ante él, y como yo lo instaba a hablar, me dijo con voz quebrada: ‘Padre, me quieren hacer decir cosas que yo no sé’. Lo presionaron con amenazas contra la vida del resto de la familia. Al tercer día oí que transportaban a mi hijo y reconocí su voz en sus gemidos. Los torturadores le reclamaban que la dirección que había proporcionado no era correcta. El pedía agua y se la negaban. Por la noche oí que vomitaba. Después le dieron agua.
En la madrugada del primero de junio de 1976 me liberaron en la vía pública, después de haberme fotografiado y amenazado si no guardaba silencio. No supe dónde estuvimos”.

El caso de Floreal Avellaneda, de 15 años, y su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, es aún más trágico, ya que ambos fueron torturados a lo largo de varios días, en una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fueron conducidos después de su detención, el 15.4.76. A fines de ese mes, la señora Avellaneda fue transferida al penal de Olmos, a disposición del Poder Ejecutivo, y perdió todo contacto con su hijo. El 16.5.76 aparece en la costa uruguaya del Río de la Plata un grupo de cadáveres maniatados y mutilados. Uno de ellos fue identificado como perteneciente a Floreal.

Pese a la terrible experiencia vivida, son numerosas las personas que tuvieron el coraje de declarar en las causas iniciadas por desaparición de sus familiares. Así Carlos Simonetti, esposo de María Paula Cáceres, y secuestrado con ella el 16.2.77, fue puesto en libertad el 19.2.77. Declaró en el Juzgado de Instrucción Nro. 13, Secretaría 138 de la Capital, que fue conducido junto con su mujer a un lugar desconocido -iban encapuchados- donde pudo oír que torturaban a María Paula. Estando él encadenado de pies y manos a una pared, sintió que tiraban a la joven a su lado. Esta le dijo que le habían aplicado “picana eléctrica” y que tenía mucha sed. Añadió que “estaba ahí por el colegio”.

“La madre de Amanda Ocampo Ferreira, de 18 años, desaparecida el 23.7.77 en el trayecto de su casa al club, recibió, 22 días después, una llamada telefónica de su hija. Esta repitió varias veces ‘Estoy viva, mamá’; luego preguntó por su hermano y abuela. Después comenzó a llorar. En ese momento intervino la voz de un hombre: ‘tranquila vieja, que cuando cante se la devolvemos’. La comunicación se cortó y nunca más tuvo noticias de Amanda”.

En oportunidades se ha podido penetrar más prolongadamente en el submundo de los chupaderos. Se sabe que durante su detención clandestina, un grupo de estudiantes de un colegio secundario del Gran Buenos, fue sometido a sesiones colectivas conducidas por un psicólogo. En el transcurso de las mismas se analizaban sus posiciones y actitudes respecto de determinados temas. Al cabo de casi tres meses, una parte del grupo fue liberado y el resto continúa desaparecido. No hay elementos para afirmar que este “lavado de cerebro” haya sido una práctica generalizada en el caso de adolescentes.

Una vez superada la etapa del interrogatorio y tortura, se pierde todo rastro. Los familiares en su búsqueda, obtuvieron a veces respuestas enigmáticas: “Los están reeducando”; “Los pondrán en libertad al cabo de unos años”, etc. En la documentación reunida por las instituciones de Derechos Humanos, no se registran prácticamente liberaciones, salvo algunos jóvenes que fueron puestos en libertad pocos días después de su secuestro. Pasado ese lapso, los casos entran en un cono de sombra.

Cabe agregar que del material testimonial existente se deduce que los interrogatorios a que fueron sometidos los menores detenidos-desaparecidos no se dirigían a investigar la participación de estos en hechos de violencia, sino a develar amistades o lealtades de grupo.

LA SOCIEDAD SOLIDARIA CON LAS VÍCTIMAS

Las autoridades especularon con el terror y el cansancio; creyeron que a lo largo de los años los padres dejarían de esperar la reaparición de sus hijos, e irían abandonando sus reclamos por el esclarecimiento de estos episodios. Un régimen que hace de la familia un objeto de propaganda, no tuvo en cuenta, sin embargo, que la solidez de sus vínculos, basados en el amor y la lealtad, tiende a fortificarse cuando alguno de sus miembros más vulnerables es atacado.

Los padres y madres que vieron -reducidos a la impotencia por la fuerza de las armas- cómo sus hijos eran arrancados de sus hogares; a quienes se les negó el derecho de acompañar a los menores en su detención cuando así lo reclamaron; que fueron hostigados mientras pedían por ellos en cuarteles y juzgados, aparecen hoy más decididos que nunca a intensificar una búsqueda que, en algunos casos, lleva más de seis años.

No se limitan a pedir la reaparición con vida de sus hijos: exigen que la Justicia intervenga y castigue a quienes ordenaron y ejecutaron las acciones represivas, cuya responsabilidad penal está agravada cuando sus víctimas eran menores de edad.
No cesa aquí su reclamo. A menudo, en los discursos oficiales se hace referencia a los desaparecidos como a “delincuentes subversivos”, o “clandestinos apátridas”. Y los padres no están dispuestos a dejar sin sanción estas injurias, presentadas como justificación del período más oscuro de nuestra historia reciente. Ellos se proyectan en sus hijos adolescentes, porque estos recién comenzaban a estructurar una personalidad cívica y profesional independiente de la filiación paterna. En el momento de su detención, no habían formado aún su propia familia, ni concretado opción alguna que los implantara fuera del hogar donde transcurrió su niñez.

Es lógico, pues, que sus padres asuman la defensa de estos muchachos, como parte de ellos mismos.
Quienes no imaginaron que los familiares dedicarían a buscarlos y rehabilitarlos lo mejor de sus fuerzas, desconocieron el peso que tiene la legítima voluntad de perpetuarse, dentro de esa amalgama de afectos y valores que constituyen la paternidad. Una vez más, la doctrina de la “Seguridad Nacional” parece haber mutilado la dimensión ética y afectiva de sus adeptos.

Pero las familias de las víctimas no están solas en esta reivindicación. Los pueblos vigorosos cuidan de sus crías mientras crecen; no los abandonan en el peligro ni en el sufrimiento. El terrorismo de Estado fracasó al pretender que el holocausto de estos adolescentes cayera en el olvido. Y dentro del cuerpo social, es quizás el grupo recién llegado a la adultez, el que más se cuestiona la ausencia de quienes, por su edad, debieran ocupar un lugar a su lado.

Los hermanos, los amigos, los contemporáneos de las víctimas, son conscientes de que, hasta tanto no se desarticule el aparato represivo y se condene la doctrina que lo sustenta, puede peligrar su propia vida y sus posibilidades de pensar, disentir, activar. Cuando exigen que se haga justicia, están exigiendo las condiciones básicas para ejercer sus derechos gremiales, políticos y civiles.

El resto de la sociedad los acompaña, porque bien sabe que, para recuperar la democracia, debe devolver a las nuevas generaciones la confianza en la legalidad. Y sólo podrán recuperarla cuando el secuestro de cada uno de estos jóvenes haya sido esclarecido y sus responsables sometidos a los jueces de la Constitución.

NÓMINA REGISTRADA DE ADOLESCENTES DETENIDOSDESAPARECIDOS

AGÜERO, Alfredo Narciso
AKSELMAN, Leticia Mabel
AIBAR, Alejandro Fabián
AVALO, Nélida Graciela
ALBORNOZ, Roberto Omar
ALFONSIN, Alicia Elena
BAES, Carlos Julio
BARBONA, Luis Alberto
BRUSCHTEIN BONAPARTE, Víctor Rafael
BUDINI, Eduardo Daniel
BURGOS PONCE, Julio Genaro
BLATON, Francisco Juan
BRAVERMAN, Claudio Norberto
BUCHELINI, Miguel Angel
CARRANZA, Cecilia María
CARRIZO, Walter Héctor
CABANAS, José Luis
CABEZAS, Gustavo Alejandro
CACERES, Amado Nelson
CACERES, Arnaldo Darío
CACERES, María Paula de SIMONETTI
CALABRESE, Héctor Claudio
CALCAGNO, Claudia Alejandra
CARRANZA, Adriana María
CERTO, Liliana Teresa
CUEVAS, Manuel Carlos
COLDMAN, Marina
CORRAL, Ana Cristina
CUATRIN, María Luisa
CARPINTERO, Ricardo
CHABROL, Juan José
D'AMICO, David Guillermo
DE ACHA, Claudio
DIAZ, Celia Mónica
DIEZ, Diana Carmen
DE PIAZZA, Graciela Beatriz
DUNAYEVICH, Gabriel Eduardo
DUBCOVSKY, Pablo Andrés
ERRAMUSPE, Graciela Esther
ESTEBAN, Rubén Alonso
FERNANDEZ, Enrique Raúl
FERREYRA, Patrocinio Alberto
FALCONE, María Claudia
FELDMAN, Laura Isabel
FERNANDEZ, Jorge Luis
FERNANDEZ, Juan Alejandro
FERNANDEZ MEIJIDE, Pablo Enrique
GATTI CASAL, Adriana
GALARZA, Julio Martín
GALLARDO, Ana María Magdalena
GARCIA, Rudyar Eduardo
GARGARO, Alejandro Daniel
GOLDBERG, Nina Judith
GOLDAR PARODI, Alfredo
GONZALEZ, Pedro Antonio
GONZALEZ, Silvia Amanda de MORA
GRANDE, Sara Elba
GRIMA, María Luisa
GREBEL, Javier Gustavo
GUERRERO, Alicia Margarita
GERENSCHTEIN, Rubén Enrique
HERRERA, Juan Domingo
HAGELIN, Dagmar Ingrid
JAIMOVICH, Alejandra
JARACH, Franca
LEGUIZAMÓN, María Gabriela
LOPEZ, José Manuel
LOPEZ, Héctor Enrique
LESCANO, Roberto Gustavo
LIBEDINSKY, Susana Beatriz
LOGIURATO, Fabián Haroldo
LOPEZ AYLLON, Alfredo Horacio
LOPEZ, Juan Carlos
LOPEZ SARACCO, Félix Daniel
LOVAZZANO, Mirta Beatriz
LUNA, Néstor Horacio
MAISANO, Benedicto Víctor
MARDIKIAND, Juan Carlos
MERCADO, Gladys del Valle
MIGUEZ, Pablo Antonio
MIRAMON, Luis Ernesto
MOORE Mc CORNICK, Leslie Ricardo
MUÑOZ, Nelly Beatriz
MARIANI, Mario Humberto
MARIN, Juan Carlos
MARTIRE, Juan Carlos
MENDOZA, Gustavo Ignacio
MINGORANCE, Alicia Marina
MINGORANCE, Jorge Daniel
MOGLIE, Marcelo Roberto
MONTEIRO, Ricardo Alberto
MUÑIZ, Eduardo Oscar
NUCHES, Juan Angel
NUÑEZ, Carlos Orlando
OCAMPO FERREYRA, Amanda María
O'KELLY, Elsa Mónica
PADIN, Vicente
PALUCI, Mario Oscar
PRIETO, Hugo Félix
PETACCHIOLA, Gabriela Mónica
PORTA, Ada Victoria
QUINTANA, María Teresa
RAMOS, Daniel Carlos Diego
RASERO, Daniel
RODRIGUEZ, Jorge Daniel
RODRIGUEZ, Ricardo Andrés
ROSACE, Juan Carlos
SCHUNK, José María
SEGOVIA, Luis Alberto
SALERNI, Luis
SEVERO BARRETO, Carlos Baldomiro
SIERRA, Alejandra Inés
SOUTO, Carlos Daniel
STATI, Gustavo Eduardo
TARNOPOLSKY, Betina
TORRES, Gustavo Daniel
TORRES, Julio Alberto
TRESACO, Mónica Susana
TOSO, Hugo Osvaldo
UNGARO, Horacio Angel
VALETTI, Roberto Claudio
VERALDI, Leticia Andrea
VARSAVSKY, David Horacio
VON SCHMELING, Sonia
WEINSTEIN, Mauricio Fabián
ZEFF, Ricardo Jaime
ZIMMERMANN, Leonora
ZIMMERMANN, María
ZALDARRIAGA, Patricia Graciela
Fuente: CELS, Augusto Conte Mac Donell, Noemí Labrune, Emilio Fermín Mignone

Para compartir mencionar la fuente Pensamiento Discepoleano

Arriba

 

EL ESCALOFRIANTE TESTIMONIO DEL EX CONSCRIPTO PEDRO TREJO, TESTIGO DE LA PARTIDA DE UN VUELO DE LA MUERTE
“¿Sabe qué llevan esos camiones? Fiambres, muertos de la subversión” recordó que le dijeron

Su testimonio fue tan breve como preciso: ubicó a dos de los acusados en el escenario de Campo de Mayo de donde partieron aviones con cuerpos de víctimas del genocidio, vivos o muertos. Fue el primer testigo de esta mañana en el juicio que investiga esa práctica aberrante por parte de 5 militares durante la última dictadura cívico militar.

“Trejo, ¿sabe qué llevan esos camiones? Fiambres. Muertos de la subversión.” Pedro Trejo fue quien rescató esta frase de su memoria, un “rumor” que le compartieron mientras era chofer de un coronel en el marco de su cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio en Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. El ex soldado conscripto fue el primer testigo de la audiencia de esta mañana en el juicio por los vuelos de la muerte que partieron de esa guarnición del Ejército durante el terrorismo de Estado. Su testimonio fue tan breve como precisoubicó a dos de los acusados, Delsis Malacalza y Luis del Valle Arce en el escenario del predio de donde partieron aviones con cuerpos de víctimas del genocidio, vivos o muertos. E indicó que presenció, a lo lejos, la partida de uno de esos vuelos. 

Trejo fue conscripto en 1977. Primero estuvo a cargo de Arce. Luego, chofer del coronel Briel. En esa estructura ubicó a Malacalza como “segundo jefe”. “Yo andaba manejando todo el día, no me bajaba casi”, explicó Trejo durante su testimonio, que ofreció vía remota al Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín, y que transmitió el medio autogestivo La Retaguardia a través de su canal de Youtube. 

Ante las consultas del fiscal Marcelo García Berro, el testigo recordó que manejó camionetas F1000, camiones Unimog, camiones Reo y hasta un colectivo. Antes, cuando su superior era Arce, “hacía guardias en Campo de Mayo. “A veces me tocaba en la torre de control o en las entradas del aeródromo” de la guarnición militar, sumó.

Dijo que vio aviones Fíat, Pipper, Twin Otter. “Ese manejaba el jefe”, por Briel, destacó. Una vez, contó, voló arriba del Fiat. Malacalza era el piloto y llevaba un copiloto.

Nadie más. “Fue un vuelo por la zona. Habrá volado diez minutos. Salieron de Campo de Mayo y volvieron a Campo de Mayo. Lo probaron nomás”, aclaró. Era la primera vez que participaba de un vuelo en avión, contó que le llamó “la atención la altura, como se veían los autos, los caminos”. Recordó que subió por atrás “por una especie de rampa” que tenía el avión a la que llamó “la puerta”. Y también recordó que esa puerta “se abría durante el vuelo” ya que mientras estaba en el aire la abrieron: “Me pegué un julepe de aquellos. Me imaginaba que me iba a succionar el aire. Me enredé las manos con las cintas que tenía los asientos. Del julepe que tenía. Malacalza se daba vuelta, me miraba y se reía”, sostuvo.

Un vuelo desde lejos

Luego, describió lo que podría haber sido uno de los vuelos de la muerte que se están analizando en este debate oral. Él estaba a la orden del Coronel Briel, era su chofer. Eran las 16 o 17 de un día que no definió. En eso, “por una calle interna de Campo de Mayo (...) cerca del Batallón (que era su base)”, un paso obligado que los vehículos deben hacer desde el ingreso del Batallón hasta la pista del aeródromo, “llegaron unos camiones de la (Policía) Federal, que eran tipo 350, con cajas grandes, tipo celulares como los que llevan a los presos”.

Entonces, su jefe lo llama. “Soldado, vamos arriba”, lo que significaba que debía trasladarlo hasta la pista. Lo hizo frenar antes. “Me hizo parar antes, donde hay una barrera y un puesto de control. Me ordenó que lo esperara ahí. ‘¿Quiere que lo acerque coronel?’, ‘No, quédese acá’, me dijo. Se acercó a la punta de la pista, en donde estaban los camiones y un avión Fiat. A la punta de la pista es donde empezaban a carretear los aviones”.

Trejo dijo que nunca supo qué llevaban los camiones esos que vio a lo lejos estacionados en la pista de aviación, pegados a un avión Fíat. Pero alguien, entonces, le dio una idea: “Vino un cabo primero, que no me acuerdo como se llamaba, y se acercó y me dijo ‘ Trejo, ¿sabe lo que lleva ese camión? Subversivos, fiambres, muertos de la subversión’”. Trejo, sentado al volante de la camioneta en donde trasladó a Briel, vio al Fíat despegar y a los aviones salir de la pista.

El debate

El debate oral y público sobre la existencia de vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo durante la última dictadura comenzó en octubre pasado a repasar la responsabilidad de cinco militares retirados que se desempeñaron en esa guarnición en la organización y concreción de aquel método de exterminio y desaparición de personas. Además de Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares y es, a esta altura, un número puesto en todas las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, integran la nómina de acusados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Los cuatro, ex aviadores, integraban diferentes áreas del batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército, y que funcionaba en la guarnición militar. 

Los testimonios de ex soldados conscriptos que cumplieron el Servicio Militar en Campo de Mayo aquellos años son el eje central del juicio. A fines del año pasado, jueces, fiscales, abogados querellantes y familiares de víctimas corroboraron aquellos dichos en una inspección ocular que realizaron al predio militar, la pista de aviación, los hangares. 

En el marco del plan sistemático de represión ilegal practicado durante la última dictadura cívico militar, se los acusa de “organizar, planificar y materializar los denominados ‘vuelos de la muerte’ o ‘vuelos fantasmas’”, indica el auto de elevación a juicio elaborado por la Fiscalía, a cargo de Marcelo García Berro. Están imputados directamente por el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro víctimas: los estudiantes secundarios Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni; Rosa Novillo Corvalán y Roberto Arancibia. Todos fueron secuestrados entre 1976 y 1977 y sus restos fueron hallados en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas. (Ailín Bullentini, Página 12, 12/1/21)

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CAMPO DE MAYO: INSPECCIONARON AVIONES USADOS PARA VUELOS DE LA MUERTE
Jueces, testigos y familiares vieron las aeronaves desde las que se arrojaron prisioneros 

Realizarán excavaciones en busca de ampollas de Ketalar, la droga que utilizaba el Ejército para adormecer a los secuestrados antes de tirarlos al río o al mar.
El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que juzga a cinco militares retirados por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, le ordenó ayer al Ministerio de Defensa preservar un enorme triángulo que forman dos de las pistas de esa guarnición militar para realizar excavaciones en busca de ampollas de Ketalar, la droga que usaba el Ejército para adormecer a los secuestrados antes de arrojarlos al río o al mar. Uno de los conscriptos que en 1976 debió levantar cientos de ampollas que tiraban los médicos militares identificó el lugar el lunes pasado, durante una inspección ocular en la que jueces, fiscales, querellantes, testigos, periodistas y familiares de víctimas pudieron ver tres aviones Fiat G-222 y un Twin Otter de los que se usaron durante el terrorismo de Estado, abandonados en ese predio.

El tribunal juzga a parte de la cadena de mandos del Batallón de Aviación 601, responsable de desaparecer a miles de víctimas que pasaron por el mayor centro de exterminio del país, y al múltiple condenado Santiago RiverosDelsis Malacalza, segundo jefe de ese batallón y piloto de uno de los Fiat, fue el único imputado que participó de la inspección. El fiscal Marcelo García Berro debió llamarlo a silencio cuando pretendió erigirse en interrogador de un testigo. Los otros cuatro son Luis del Valle Arce, ex comandante del BA601, Horacio Alberto Condito, ex jefe de Personal, y Eduardo Lance, oficial de operaciones y piloto. Por incapacidad mental morirá impune el coronel retirado Alberto Luis Devoto, apartado del proceso.

Por el criterio según el cual “no hay crimen sin cuerpo”, que aplicó durante la instrucción la jueza federal Alicia Vence, no se los juzga por miles de crímenes sino por sólo cuatro víctimas cuyos cuerpos aparecieron en la costa atlántica y fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Son los casos de Juan Carlos Rosace y Adrián Enrique Accrescimbeni, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); de Roberto Ramón Arancibia, histórico militante del PRT-ERP, y de Rosa Eugenia Corbalán, de la misma organización, que tenía dos meses de embarazo cuando la secuestraron.

De la inspección ocular dejó un admirable registro el portal La Retaguardia, que cubre todas las instancias del juicio. Allí pueden verse las fotos de los aviones, que están abandonados en Campo de Mayo sin haber sido preservados ni peritados por su uso en el terrorismo de Estado. La inspección fue encabezada por los jueces Walter Venditti, Eduardo Farah y Matías Manzini. Participaron, entre otros, los fiscales García Berro y Gabriela Sosti, el abogado querellante Pablo Llonto, Marcelo Castillo por el EAFF, y Rodolfo Novillo, hermano de Rosa, una de las víctimas. 

En representación de los acusados fueron dos militares que ofician de defensores: Eduardo San Emeterio, que se tapó la cara para no ser registrado, y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, quien fue condenado a prisión perpetua por su participación en la Masacre de Capilla del Rosario, en 1974, pero recuperó su impunidad cuando Casación revirtió la sentencia por considerar que esos crímenes habían prescripto.

El fotógrafo Gustavo Molfino, militante y familiar de desaparecidos, capturó los controles de la cabina del Fiat G-222, enterrado en un pastizal junto a otros dos aparatos idénticos, y de “una ventana circular que remite necesariamente a las preguntas que las familias tienen sobre sus desaparecidos/as: ¿miraría por la ventana? ¿Estaría totalmente adormecido por el Ketalar?”, reflexionó Fernando Tebele en su crónica para La Retaguardia. “Preguntas crueles que permanecen sin respuestas”, añadió. “Este avión podía abrir sus puertas en vuelo y tenía capacidad para 36 paracaidistas”, explicó un oficial de apellido Bennardi, que acompañó a la comitiva.

Raúl Escobar Fernández, uno de los casi 400 exconscriptos que declararon en instrucción, fue quien aportó valiosas precisiones sobre los lugares específicos desde los que les tocó ser testigos del horror. Durante el largo recorrido identificó el triángulo formado por las pistas en el que él y sus compañeros debieron levantar gran cantidad de ampollas de Ketalar, el equivalente al “Pentonaval” que aplicaba el Ejército para adormecer a las víctimas antes de tirarlas al mar. Era el método usado y aprobado por la jerarquía católica para deshacerse de los enemigos según relató hace un cuarto de siglo el excapitán Adolfo Scilingo. (P12, 18/12/2020)

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TIERRA ARRASADA POR LA “LIBERTA… DURA”

La “Revolución Libertadora” (o Fusiladora como es más apropiado) se dedica a desmontar la maquinaria justicialista y a borrar todo lo que recuerde al gobierno derrocado. El Partido Peronista es disuelto. El ejército interviene la CGT y designa como responsable a un capitán de navío de doble apellido, Alberto Patrón Laplacette. Miles de dirigentes obreros son destituidos. Grupos civiles, entre los que se encuentran conservadores, radicales y comunistas, asaltan sindicatos. Se desata la cacería: funcionarios, dirigentes políticos, empleados públicos, gremialistas, militantes y simples simpatizantes son perseguidos y encarcelados; aumentan las denuncias sobre torturas brutales.

El 5 de marzo de 1956, el decreto 4161 decide que “en su existencia política, el Partido Peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino”. La medida prohíbe en todo el país “la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición”. La prohibición se extiende a “las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las marchas Los muchachos peronistas y Evita capitana, los discursos del presidente depuesto y su esposa”.

El nuevo régimen castiga con cárcel el hecho de nombrar a Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte, y de exhibir los símbolos partidarios “creados y por crearse”. Durante años, el periodismo escrito y radial se referirá al general derrocado como “el dictador depuesto” y “el tirano prófugo”.

Se destruyen monumentos y se queman libros escolares. La Ciudad Infantil Evita es arrasada y se clausura la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. El militar que asume como interventor elabora un informe en el que menciona el derroche peronista que significaba darles de comer carne y pescado todos los días a los chicos y, además, bañarlos y ponerles agua de colonia. El interventor contrata una cuadrilla para romper a martillazos toda la vajilla con el sello de la institución.

Se crean 50 comisiones investigadoras. Al contrario de las normas del derecho, no son los acusadores quienes tienen que probar el delito sino los acusados quienes deben demostrar su inocencia. Durante el mandato de Aramburu y Rojas se acusa a Perón de 121 delitos, se le inicia un juicio por “traición a la patria” y se le prohíbe el uso del grado militar y el uniforme. En las fuerzas armadas, comienza una depuración que continuará durante varios años.

Los vencedores divulgan públicamente el contenido del guardarropa de Evita y hacen un inventario de sus joyas. El nacionalista Juan Carlos Goyeneche, secretario de Difusión, anuncia que en la residencia presidencial se hallaron “20 millones de dólares dejados por Perón”. El hecho nunca se prueba y luego es olvidado, pero la técnica de las “revelaciones” continúa y se instala en la cabeza de los que no necesitan ver para creer. El nuevo régimen asegura públicamente, aunque nunca presenta pruebas, que el ex presidente de casi 60 años mantenía una relación sentimental con una niña de 14, alumna de secundario.

El cadáver de Evita, que aguardaba en el segundo piso de la CGT, en Azopardo al 800, la construcción de un mausoleo, es vejado por un grupo de militares, escondido en diversos lugares y, finalmente, sacado furtivamente fuera del país. El motivo: evitar que su sepultura se convierta en un lugar de peregrinación peronista. Los profanadores, entre los que se encuentra el capitán de navío Francisco Manrique, mantendrán el cuerpo oculto en Europa durante 16 años. Durante esos largos años, ella también fue una desaparecida, una tumba sin nombre, una N.N.

El diario La Prensa, que en abril de 1951 había sido expropiado y entregado a la CGT, vuelve a manos de sus dueños. El ministerio del Interior reparte los medios de comunicación peronistas y a cada sector ideológico le asigna un órgano de información. La Época pasa a los socialistas; El Mundo, a un grupo demócrata cristiano; La Razón, a los radicales (años después, por una turbia maniobra comenzará a ser controlada por el Servicio de Inteligencia del Ejército). Democracia, conocido como “el diario de Evita”, corre una suerte incierta y, más adelante, desaparece. El escritor Ernesto Sábato es nombrado director de la revista Mundo Argentino.

Lo mismo sucede con las radios; varias emisoras van a manos de la marina o a sectores vinculados a ella. Los vencedores tienen el control total de la prensa. Los vencidos, nada; sólo el resentimiento, el rumor y el comentario boca a boca. Se prohibe la circulación de medios impresos simpatizantes de “la segunda tiranía”. Lo único que se logra es que prolifere una gran cantidad de panfletos clandestinos y que las paredes de la ciudad amanezcan con enormes pintadas de alquitrán negro. En voz baja, mientras tanto, la Revolución Libertadora pasa a ser denominada “la Liberta... dura”. (La Gazeta Federal)

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EL GOLPE QUE DERROCÓ A PERÓN Y PROSCRIBIÓ AL PERONISMO POR CASI DOS DÉCADAS

Tres meses después del mesiánico bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de septiembre de 1955 unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea terminaban su escalada de violencia y muerte poniendo fin al gobierno popular que ejercía la presidencia desde 1946, y que cambió para siempre la historia política de nuestro país.

Juan Domingo Perón, presidente constitucional de la Argentina, era derrocado hace 65 años por una sublevación de sectores de las Fuerzas Armadas que instauraron una dictadura cívico militar autodenominada Revolución Libertadora, que por medio de una férrea represión sentó las bases de una proscripción al justicialismo que se prolongó por 18 años.

El 16 de septiembre de 1955 se iniciaba una rebelión de varias unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en Córdoba, Corrientes, Bahía Blanca y en la Base Naval de Río Santiago, cercana a La Plata.

En el país se vivía un clima de abierta confrontación, una situación que había alcanzado su punto álgido con el bombardeo a Plaza de Mayo, un hecho ocurrido el 16 de junio y perpetrado por pilotos de la Armada y la Aeronáutica con el objetivo de asesinar a Perón.

Ese hecho, que provocó más de 300 muertos en el centro de Buenos Aires, dejó en claro que los sectores sociales dominantes no escatimarían esfuerzos con tal de derribar a Perón, que ejercía la presidencia del país desde 1946.

El 17 de septiembre, cuando la sublevación era un hecho, el gobierno impuso el toque de queda y la represión de las unidades rebeldes, en tanto que el almirante Isaac Rojas se ponía al mando de una flotilla rebelde a la cual se le suman varias naves.

Ese día, se plegaron a los golpistas unidades de San Luis y Mendoza, y 48 horas después, Rojas atacaba los depósitos de combustible cercanos al puerto de Mar del Plata, mientras el crucero 17 de Octubre -en poder de los rebeldes- se aproximaba a Dock Sud para bombardear la destilería.

Desde Córdoba, el general Eduardo Lonardi, un católico de extracción nacionalista, dirigía la rebelión y el día 19 logró entrar en conversaciones con los mandos que se mantenían leales a Perón para adelantar la renuncia del presidente.

Al mediodía, Radio del Estado anunció que Perón renunciaba a su cargo y varias unidades se plegaron a los sublevados en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Guerra, el general Franklin Lucero, se encargaba de formar una junta militar que se hacía cargo de la situación hasta que pudiera entregarse el poder a un nuevo gobierno.

Perón salió del país y se refugió en Paraguay, y Lonardi, como líder de la rebelión asumió la presidencia del país el día 23 y el 25, Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron al nuevo gobierno.

Al asumir la presidencia, Lonardi prometió encarar una etapa de en la cual "no habrían ni vencedores ni vencidos", en una clara muestra de que su intención era excluir a Perón de la vida política nacional, pero mantener las conquistas sociales del justicialismo.

Pero este militar católico y nacionalista duró 52 días en el poder y resultó reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu, un general liberal que le imprimió al régimen un fuerte sesgo antiperonista.

Una de sus primeras medidas fue la promulgación del decreto 4161, por el cual se prohibía mencionar a Perón, a Eva (Perón) y la utilización de los símbolos del justicialismo, al tiempo que se intervenían los sindicatos y la CGT.

Una huelga decretada en noviembre por la central obrera terminó con 9000 obreros detenidos y se anuló la Constitución de 1949, lo que determinó que muchos simpatizantes del peronismo se sumaran a las filas de una resistencia.

En junio de 1956, militares de extracción peronista a las órdenes de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco se rebelaron contra el gobierno de Aramburu con el propósito de reponer al presidente constitucional.

Ese intento terminó con 32 fusilados entre militares y civiles, algunos de los cuales cayeron en los basurales de José León Suárez y esos episodios quedaron retratados en el libro "Operación Masacre" de Rodolfo Walsh.

Se inició así un período de alta conflictividad social y política, con diversas intervenciones militares, y que estuvo directamente ligado a los 18 años de proscripción que padeció el peronismo, que volvió al gobierno en 1973, tras imponerse en elecciones libres. (T. Argentino, 16/9/2020)

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1971 - DEVOLUCIÓN DEL CADÁVER DE EVITA A PERÓN

La previa y larga historia hasta la devolución

El proceso que terminó con la devolución del cadáver de Eva Perón se inició en los albores mismos de la Revolución Libertadora, cuando varios de los hombres clave en la historia de este caso ocuparon posiciones en el poder. Eduardo Lonardi designó comandante en jefe del Ejército al general Julio Lagos, y éste nombró al coronel Héctor Cabanillas jefe del Servicio de Informaciones del arma. Años después, Cabanillas sería la pieza clave en todo el proceso. Después del 13 de noviembre de 1955, Cabanillas fue reemplazado al frente de la SIE por el teniente coronel Carlos Moore Koening, que llevó como su mano derecha al mayor Arandía.

El cuerpo de Eva Duarte constituía —para algunos hombres del gobierno que depuso a Perón— un motivo de peligro, y su exhibición en el edificio de la CGT era considerada como una bomba de tiempo. El coronel Cabanillas comenzó a pensar una alternativa para dar cristiana sepultura al cadáver, aunque después negara su planificación. Cuando Koening lo reemplazó, obtuvo el permiso del general Aramburu para realizar el operativo. Según lo que se dijo después, Aramburu le ordenó dar cristiana sepultura al cuerpo embalsamado, "pero yo no debo saber dónde". El Operativo Evasión estaba en marcha.

En aquel momento había tres posturas entre los militares que opinaban sobre cuál debería ser el destino del cadáver de Eva Duarte:
- Quienes propusieron la incineración del cadáver (línea más dura).
- Quienes propusieron fondearlo en el Río de la Plata, haciendo caso a la afirmación del doctor Pedro Ara al decir que "ni el fuego, ni el barro, ni el agua pueden destruir el cuerpo". Pero conociendo el lugar de fondeo.
- Quienes querían darle cristiana sepultura.
Esta última postura fue la adoptada por el presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien había escuchado la postura del sacerdote Iñaki de Aspiazu y lo informado por un militar de alto rango que había chequeado cuál era la opinión del Vaticano sobre el tema. Todavía se dice que ese militar había sido Alejandro Agustín Lanusse.

El 22 de noviembre de 1955 —seis días después de intervenir la CGT— fue retirado el cuerpo de su mausoleo provisorio. El operativo lo comandó Koening, quien debió firmar un recibo al interventor en la CGT, Alberto Patrón Laplacette. El ataúd no pudo ser depositado en el entonces Arsenal Esteban de Luca y luego de tres días de loca carrera fue depositado en la sede del Servicio de Informaciones del Ejército, Callao y Viamonte. Fue ubicado en un cajón de ambalajes frente a la puerta del despacho de Moore Koening que después pasó a formar parte del mobiliario de la habitación, según los relatos. Nadie, a excepción de las 7 personas que intervinieron en el operativo (entre ellas un llamado mayor Duarte, que en realidad era el mayor Arandía, que hacía las veces de chofer), supo lo que contenía ese cajón. Tampoco lo sabían el presidente Aramburu ni el vicepresidente, Isaac Rojas. Quienes muchos años después consultaron los libros del Servicio de Informaciones del Ejército de aquellos días sólo encontraron constancia de que había ingresado al edificio un cofre armero con destino y propiedad del coronel Moore Koening. Nada más que eso.

Después de los sucesos del 9 de junio de 1956 (sublevación de Valle), Moore Koening fue reemplazado en el cargo por el coronel Mario Cabanillas (salteño y sin ningún parentesco con Héctor Cabanillas), pero el plan ya estaba en marcha. Ya en mayo del '56, Koening había hecho dos viajes a Europa y se había entrevistado allí con el coronel Bernardino Labayrú para tratar algunos detalles del operativo.

Pero en marzo del año '57 el coronel Héctor Cabanillas se reintegró a su puesto en el SIE y ejecutó el O-E (Operativo Evasión), que tuvo lugar entre abril y septiembre de 1957. Se dijo que desde la presidencia se encargaron 30 ataúdes, 12 de los cuales salieron a ciudades de Europa, África y Asia, conteniendo cadáveres. Uno de ellos, el de Eva Perón. Pero la versión de Paladino afirma que salieron 3 ataúdes: uno a Bélgica, otro a Sudáfrica y el restante a Alemania Occidental. Este último fue el que contenía los restos de Eva Perón.

El operativo culminó el 18 de septiembre de 1957, cuando un féretro supuestamente correspondiente a María Maggi, viuda de Magistris, entró al cementerio Maggiori de Milán. Los restos de la señora Maggi figuraban como repatriados por su hermano Carlos Maggi, y una religiosa de la congregación de San Pablo (Giuseppina Airoldi) fue la encargada de tramitar su sepultura. El ataúd fue colocado en la tumba delante de la religiosa y de un hombre que declaró ser pariente de la extinta y que debía volar a Buenos Aires apenas finalizada la ceremonia. Ese hombre habría sido el coronel Cabanillas, que así creía terminada su misión.

Siempre se dijo que Aramburu había guardado el secreto en un sobre prolijamente lacrado que debía ser entregado por un escribano un año después de su muerte al comandante en jefe del Ejército. Fue Alejandro Agustín Lanusse quien lo recibió, mientras ocupaba la Casa Rosada. Y puso manos a la obra: lo primero fue certificar si los datos eran correctos, y mandó localizar al coronel Héctor Cabanillas, quien finalmente sería el encargado de entregarle el cadáver a Juan Domingo Perón.

A fines de julio de 1971 ocurrió un hecho clave y poco conocido. Una caja de grandes dimensiones llegó a Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que hacía el trayecto Roma-Buenos Aires: traía el cadáver de Eva Perón. Fue un día sábado, y una camioneta del Ejército lo trasladó hasta el penal militar de Magdalena, donde una comisión de peritos de Sanidad del Ejército, del gabinete médico de la Policía Federal y de la Facultad de Ciencias Médicas revisó el contenido de la caja. Tan misteriosamente como había llegado, el féretro fue remitido nuevamente a la embajada argentina en Italia.

El 3 de septiembre de 1971 Perón recibió el cuerpo en la quinta 17 de Octubre, donde permaneció por su expresa disposición hasta que fueron traídos a Buenos Aires. El ataúd llegó al Aeroparque el 17 de noviembre de 1974 —bajo el gobierno de Isabel-López Rega— con un impresionante dispositivo de seguridad. Fue llevado a la quinta presidencial de Olivos. El 22 de octubre de 1976, ya caído el gobierno peronista, los restos de Eva Duarte llegaron hasta el subsuelo del mausoleo blindado que la familia tiene en la Recoleta, a pocos metros del ocupado —paradójicamente— por Pedro Eugenio Aramburu.
Tabaré Areas. (Investigación: Peter C. Bate y Pedro O. Ochoa, Ruinas Digitales)

Acta de la entrega del cadáver

"En la ciudad de Madrid, Capital del Estado Español, a los tres (3) días del mes de setiembre del año mil novecientos setenta y uno, en el domicilio de la calle Navalmanzano número seis (6), Puerta de Hierro, reunidos los abajo firmantes, el Excelentísimo Señor Embajador Extraordinario y Plenipontenciario de la República Argentina en España, Don JORGE ROJAS SILVEYRA, en nombre y representación del Gobierno Argentino, y el Señor Don JUAN DOMINGO PERON, por sí, ambos dejan expresa constancia que el Señor Embajador Jorge Rojas Silveyra ha procedido a entregar en el día de la fecha al Señor Juan Domingo Perón, con la plena conformidad de éste, una caja mortuoria que contiene los restos mortales de su señora esposa doña MARIA EVA DUARTE DE PERON.- Para constancia y ratificación de este acto, se firman seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en presencia de los testigos Reverendo Padre Don ALESSANDRO ANGELI, Don JORGE DANIEL PALADINO y Coronel Don HECTOR EDUARDO CABANILLAS."

La enfermiza y repugnante relación entre un militar y el cuerpo de Evita

Moori Koenig intentó llevar el cuerpo a su casa; pero su esposa, María, se opuso terminantemente. Así lo recordaba hace unos años junto a su hija, Susana Moori Koenig: “Susana: papá lo iba a traer a nuestra casa, pero mamá se puso celosa. María (interrumpe): Y cuando lo quiso traer, yo dije no, en casa el cadáver no. Todo tiene un límite”. (Testimonio de María y Susana Moori Koenig en el documental “Evita”, dirigido por Roberto Pistarini para la RAI, 1995.)

El hombre tenía una pasión enfermiza por el cadáver. Los testimonios coinciden en afirmar que colocaba el cuerpo –guardado dentro de una caja de madera que originalmente contenía material para radiotransmisiones– en posición vertical en su despacho del SIE; que manoseaba y vejaba el cadáver y que exhibía el cuerpo de Evita a sus amigos como un trofeo. Una de sus desprevenidas visitantes, la futura cineasta María Luisa Bemberg, no pudo creer lo que vio; azorada por el desparpajo de Moori Koenig, corrió espantada a comentarle el hecho al amigo de la familia y jefe de la Casa Militar, el capitán de navío Francisco Manrique.

Enterado Aramburu del asunto, dispuso el relevo de Moori Koenig, su traslado a Comodoro Rivadavia y su reemplazo por el coronel Héctor Cabanillas, quien propuso sacar el cuerpo del país y organizar un “Operativo Traslado”. Allí entró en la historia el futuro presidente de facto y entonces jefe del Regimiento de Granaderos a caballo, teniente coronel Alejandro Lanusse, quien pidió ayuda a su amigo, el capellán Francisco “Paco” Rotger. El plan consistía en trasladar el cuerpo a Italia y enterrarlo en un cementerio de Milán con nombre falso. La clave era la participación de la Compañía de San Pablo, comunidad religiosa de Rotger, que se encargaría de custodiar la tumba. El desafío para Rotger era comprometer la ayuda del superior general de los paulinos, el padre Giovanni Penco, y del propio Papa Pío XII.

La intervención de Montoneros

La operación eclesiástico-militar fue un éxito y uno de los secretos de la historia argentina mejor guardados.
El asunto volvió a los primeros planos cuando en 1970 Montoneros secuestró a Pedro Aramburu y exigió el cuerpo de Evita. En los interrogatorios se le preguntó insistentemente por el destino del cadáver de Evita. Según declaraciones de Mario Firmenich: “Nosotros le preguntábamos a Aramburu por el cadáver de Evita. Dijo que estaba en Italia y que la documentación estaba guardada en una caja de seguridad del Banco Nación, y después de dar muchas vueltas y no querer decir las cosas, finalmente dijo que el cadáver de Evita tenía cristiana sepultura y que estaba toda la documentación del caso en manos del coronel Cabanillas, y además se comprometió a que si nosotros lo dejábamos en libertad él haría aparecer el cadáver de Evita. Pero nosotros decíamos que esto no era una negociación, que era un juicio. Para nosotros no estaba en discusión la pena [de muerte]. Pero además nos interesaba averiguar sobre el cadáver de Eva Perón. Por eso, no planificamos un simple atentado callejero, sino una acción de más envergadura, de más audacia, que era como decir: ‘nos vamos a jugar, vamos a hacer lo que el pueblo ha sentenciado’”. (Mario Firmenich, reportaje de Felipe Pigna, Lo pasado pensado, Planeta, Buenos Aires, 2005.)

El Comunicado Número 3 de Montoneros, fechado el 31 de mayo de 1970, dice que Aramburu se declaró responsable “de la profanación del lugar donde descansaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada”.

Confesión de un militar
“¿Por qué urgía más a la Junta trasladar el cadáver de Evita que el de Perón?”. La respuesta del militar no se hizo esperar: “Tal vez porque a ella es a la única que siempre, aun después de muerta, le tuvimos miedo” (María Seoane y Silvina Boschi, “El último viaje de Evita”, Clarín, 30 de julio de 1995)

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LA ENTREVISTA CON QUE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO SALIERON AL MUNDO

El 1 de junio de 1978, ya iniciado el Mundial, Marta Moreira de Alconada y otras Madres de Plaza de Mayo denunciaban las desapariciones de sus hijos ante el periodista neerlandés Jan Van der Putten, del canal VARA de la TV de su país.

Domingo Roque Alconada Moreira, "Dominguito" o "Pironio", fue secuestrado por fuerzas conjuntas en diciembre de 1976. Cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de La Plata, donde le faltaban cinco materias para recibirse. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), desde la que en 1974 se había postulado como presidente del Centro de Estudiantes. Tenía 23 años.

Dominguito, o Pironio, llevaba alrededor de un año y medio desaparecido cuando el 1 de junio de 1978 su mamá, Marta Moreira de Alconada, ya identificada como otras tantas con el pañuelo blanco en la cabeza y mientras la Junta Militar daba inicio al Mundial unos kilómetros más allá, se paró en la Plaza de Mayo frente al periodista neerlandés Jan Van der Putten, del canal VARA de la TV de su país, y dijo: "Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos (...) Nosotras, que somos argentinas, que vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que miles de hogares están sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos".

Otras voces de Madres y Abuelas se mezclaban y le pedían a Van der Putten:

"¡Que nos digan dónde estan los bebés, nuestros nietos!".

"¿Por qué no nos dicen si están vivos o muertos?".

"¡Que nos den los cadáveres!".

También se mezclaban voces policiales: "Circulen, circulen".

Marta Moreira de Alconada siguió hablando: "No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre: su hijo. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y es desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todos nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes: son nuestra última esperanza. Por favor ayúdennos. Son nuestra última esperanza".

La entrevista de Van der Putten es, como lo fue entonces, desgarradora. Pero, a la vez, profundizó una hendija que ya existía en el férreo control sobre los medios que la dictadura había intentado implementar en el país y también en el extranjero.

La Junta Militar, como verificaron Abel Gilbert y Miguel Vitagliano en su libro "El Terror y la Gloria", había desplegado un impresionante aparato de propaganda que incluyó, entre otras cosas, la contratación millonaria de dos empresas especializadas en comunicación (una estadounidense, Burton Masteller; otra nacional, Diálogos) y la invitación a periodistas y editorialistas extranjeros a visitar el pais. La idea era darles una imagen "de paz y tranquilidad" que dominaba la Argentina.

La estrategia se complementaba con el Centro Piloto en París, una "embajada paralela" creada un año antes (que terminó siendo escenario de una interna feroz entre distintas fuerzas de la Junta) desde la que se infiltraban los grupos de exiliados argentinos y, también, se controlaba lo que se publicaba en los diarios europeos. El Mundial 78 era la ocasión ideal para "lavar la imagen de la Argentina" en Europa.

París era, también, la sede del COBA (Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina).

"Yo fui elegida para ser recuperada, como decían ellos, y realicé trabajo esclavo, sobre todo traducciones de francés en la época del Mundial 78. Me traían recortes de diarios franceses y me pedían que haga la traducción sobre todo aquello que tenía que ver con un boicot que se estaba haciendo en Francia por el Mundial 78", contó Ana María Martí, secuestrada en la ESMA desde marzo de 1977 a diciembre de 1978.

La entrevista de Van der Putten fue el primer paso. La historia de las Madres empezó a reproducirse en los medios europeos. "(…) El reloj marca ahora las 3.30 de la tarde. En unos segundos, entre trescientas y cuatrocientas mujeres sacan una bufanda o un simple pañuelo blanco y se las ponen en la cabeza. Una procesión silenciosa comienza hacia el final de la Plaza (…) y forma un gran círculo alrededor de la columna que conmemora la revolución del 25 de Mayo de 1810", escribió el periodista Gerard Albouy en Le Monde. La nota se tituló: Una vuelta con las "locas de la Plaza".

"Muchas veces nos preguntamos si aquel Mundial se tendría que haber celebrado o no –dijo el periodista neerlandés Marcel Rozer en la presentación de su libro Voetbal in een vuile oorlog, Fútbol en una Guerra Sucia-. Y hoy, tantos años después, tiendo a decir que estuvo bien, porque antes las Madres de Plaza de Mayo no tenían atención de la prensa. Sólo entonces la prensa mundial se dio cuenta de su existencia".

Lo mismo opinó a cuarenta años del Mundial Hebe de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sobre las entrevistas que les hicieron medios extranjeros: "Éramos un pequeñísimo grupo de mujeres desesperadas, con nuestras tres mejores madres asesinadas, violadas, torturadas y tiradas vivas al río. Nadie nos conocía, nadie hablaba de nosotras. A partir de ese momento nos conoció el mundo".

Marta Alconada falleció el 14 de junio de 2007 sin encontrar a su hijo Dominguito, que sigue desaparecido. (Julio Boccalatte en Telam, 01 de junio de 2020)

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DAGMAR HAGELIN
Secuestrada por error y desaparecida

Fue secuestrada por un grupo de tareas a cargo de Alfredo Astiz en enero de 1977. Su desaparición originó el boicot al Mundial de Argentina y generó agrias discusiones en Suecia sobre la participación de su selección en el torneo.

"¡Parate flaca sino te tiro!", le gritó Alfredo Astiz. Dagmar Hagelin siguió corriendo. Astiz tiró. El balazo, contaron testigos, le rozó la cabeza. Hagelin cayó al piso y los integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA pararon un taxi, bajaron al chofer, la metieron al baúl y se la llevaron aún con vida. Era 27 de enero de 1977. En la vereda quedaron rastros de su sangre. Desde entonces está desaparecida.

Dagmar, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), tenía 17 años y ascendencia sueca. Fue secuestrada por error de la casa en El Palomar de su amiga Norma Burgos, viuda de Carlos Caride, dirigente de la izquierda peronista muerto en 1976 en un enfrentamiento con efectivos policiales. Astiz esperaba en realidad a María Antonia Berger, dirigente de Montoneros y una de las tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.

El secuestro y posterior desaparición de Dagmar originó en Suecia, una vez clasificado su seleccionado, la campaña de boicot al Mundial 78 que luego se extendió a otros países de Europa. Tan fuerte fue el debate que el presidente de la Federación Nacional de Deportes de Suecia, Karl Frihiofson, anunció que no habría sanciones a los jugadores que decidieran no participar en el torneo. Ninguno renunció.

"En Suecia hubo presión para que los futbolistas expresaran públicamente en la Argentina su rechazo a las violaciones a los derechos humanos", reconstruyó el periodista Daniel Gutman en su libro "Somos derechos y humanos".

"El diario mas vendido del país, Aftonbladet, puso en tapa una caricatura de los jugadores suecos de espaldas: en las camisetas, en lugar de números, llevaban el nombre de la chica desaparecida. Fue el técnico, Aby Ericson, quien rechazó cualquier compromiso con la cuestión cuando advirtió que el plantel "irá a la Argentina a jugar al fútbol, no a hacer política'".

Ragnar Hagelin (ciudadano chileno luego nacionalizado sueco), el padre de Dagmar, contó la misma historia: "La selección sueca fue presionada por la prensa para que actuara en Argentina en defensa de Dagmar. Pero los jugadores no hicieron nada", le dijo al periodista Pablo Llonto para el libro "La vergüenza de todos".

Algunos integrantes del plantel de Suecia, como reveló Bjôrn Nordqvist a Télam, sí fueron a ver a las Madres a Plaza de Mayo.

El 10 de junio de 1978, en el diario francés Le Monde, el periodista Gerard Albouy escribió: "En la Plaza, algunas personas aprovechan el pálido sol de invierno para ocupar los bancos. Unos minutos más tarde llegan siete u ocho jóvenes rubios, vestidos con la misma campera azul y amarilla. Son futbolistas del equipo nacional sueco. Están Bjorn Nordqvist, Ronnie Hellstrom, Ralf Edstrom, Staffan Tapper…".

La nota, titulada "Una vuelta con 'las locas de la Plaza'", tenía algunos errores. "No era yo. No. Recuerdo a las Madres pero no fui a la Plaza. Algunos jugadores fueron, dos o tres, pero no sé bien quiénes", dijo Hellstrom a Terra Magazine en 2008.

"SE PRESUME QUE DAGMAR FUE VÍCTIMA DE LOS VUELOS DE LA MUERTE"

En todo caso también fue insuficiente. Las gestiones de Ragnar Hagelin habían provocado la intervención del Vaticano, de los Estados Unidos y del gobierno de Suecia pidiendo precisiones sobre la situación de Dagmar. Según archivos desclasificados por la Cancillería argentina en 2015, Estocolmo solicitó información en distintas oportunidades a los responsables del proceso.

"Los registros se actualizan en forma permanente y no figura ninguna persona con ese nombre entre los detenidos vinculados a la guerrilla y la subversión. Respondemos sus requerimientos por cortesía, ya que la señorita Dagmar Hagelin es ciudadana argentina", contestó la dictadura en distintas ocasiones.

Ragnar Hagelin, fallecido en octubre de 2016, sólo alcanzó a reconstruir el momento del secuestro. "Lo sé porque luego de dos años me lo confirmó Norma Burgos, quien fue liberada y enviada a Europa para infiltrar a los exiliados argentinos", escribió en una carta abierta dirigida a su hija en enero de 1997, a 20 años de la desaparición.

"En diciembre de 1979 (Burgos) viajó a Estocolmo –siguió-, testimonió ante las autoridades suecas y me entregó la blusa que habíamos comprado juntos en la avenida Cabildo y con la que vos corría en el instante del secuestro. Nos dijo: 'Esta es la prueba de que vi a Dagmar en la ESMA y de que también estuve secuestrada en ese campo de concentración y exterminio'. Esa blusa está hoy bien guardada y es de las últimas que usaste como persona libre".

"No sé de qué me habla", le respondió Astiz al juez Sergio Torres al ser interrogado en la causa por el secuestro y desaparición de la adolescente.

Todo está guardado en la memoria. (Por Julio Boccalatte enTelam, 3/6/2020)

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LA FUNDADORA DE LAS MADRES
AZUCENA VILLAFLOR Y UNA LUCHA QUE TERMINÓ EN SECUESTRO

Para Azucena Villaflor de De Vincenti la peregrinación comenzó en los primeros días de diciembre, cuando empezó a inquietarse porque no tenía noticias de uno de sus cuatro hijos, Norberto, ni de su nuera Raquel Mangin. Cuenta Enrique Arrosagaray –autor del libro Biografía de Azucena Villaflor–, que, intuyendo algo terrible, ella reconstruyó los pasos de su hijo, localizó la inmobiliaria y dio por fin con la casa de la calle Agüero, de Villa Dominico, que la pareja había alquilado. Fue la propietaria la que le dijo que los jóvenes habían sido secuestrados el 30 de noviembre, que a Norberto lo habían sacado malherido.

Era 1976. Seis meses después, el 30 de abril del ’77, Azucena convocó a la primera ronda en la Plaza de Mayo. La voz se corrió entre el puñado de mujeres que se habían conocido en las colas que desde las cinco de la mañana se formaban a las puertas del Ministerio del Interior. Eran las mismas que volvían a encontrarse en la capilla Stella Maris, de Retiro, donde era dueño y señor un hombre relativamente joven, de cara afilada y buenos modales que las escuchaba de pie, sin ofrecerles siquiera un asiento. Ese individuo sinuoso se hacía llamar “monseñor” Emilio Grasselli y era apenas el secretario de Adolfo Tortolo, el ultramontano vicario castrense. A Azucena Villaflor algo le sonaba a falso en la estudiada piedad del sacerdote. La corazonada no le falló. Dicen sus compañeras de la plaza que ella era una mujer valiente y se definía peronista. En su caso, la filiación política resultaba casi una fatalidad.

Había nacido el 7 de abril de 1924; su madre, Emma Nitz, tenía poco más de 15 años; su padre era Florentino Villaflor, trabajador de una lanera. Azucena tenía una historia típica: al terminar la escuela primaria, su padre le hizo saber que hasta allí llegaban sus posibilidades y de ahí en más debía ganarse la vida. Entró a trabajar a los 16 como telefonista de Siam, la fábrica de electrodomésticos que se había convertido en estrella del proyecto de sustitución de importaciones. En Siam conoció a Pedro De Vincenti, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. La actividad sindical no era ajena a los Villaflor. Por el contrario, además de la relación estrecha que la unía a Magdalena, la única hermana mujer de Florentino, todos o casi todos en Avellaneda conocían a su tío Aníbal Villaflor. El hombre, se enorgullecían sus parientes, había participado del 17 de Octubre. Es más, el abogado Mario Landaburu recuerda que “Don Aníbal” solía mencionar su militancia laborista y la creación del CUS, el Comité de Unidad Sindical de la provincia de Buenos Aires, al que le atribuía un rol principalísimo en el movimiento. Don Aníbal alcanzaría a ser, con el tiempo, delegado interventor del municipio de Avellaneda.

Azucena, entre tanto, cuidaba de su casa y de sus hijos. Las conversaciones de las tardes en la casa de la calle Crámer 117, de Sarandí, sin embargo no dejaban de mencionar la militancia de sus primos, Raimundo y Rolando Villaflor, hijos de Don Aníbal, y del otro, José Osvaldo Villaflor, dirigente gráfico, militantes todos de la CGT de los Argentinos. Se mencionaba como una hazaña –en todo caso, se le parecía– que a mediados de los ’50, con 22 o 23 años, Raimundo había sido elegido secretario general de la comisión interna de Tamet, una de las más grandes metalúrgicas de la época. Rodolfo Walsh hizo de Rolando y Raimundo Villaflor –quienes junto a José Osvaldo formaron parte del Peronismo de Base y de las Fuerzas Armadas Peronistas– los protagonistas de ¿Quién mató a Rosendo?, el libro que señaló a Augusto Timoteo Vandor, el poderoso secretario general de la UOM, como responsable del tiroteo en la pizzería Real, frente a la Plaza Mitre, en pleno centro de Avellaneda. Era casi un sino, entonces, que alguno de los hijos de Azucena se sumara a la militancia peronista.

La búsqueda desesperada de Azucena terminó con su secuestro, el 10 de diciembre de 1977. Fue llevada a la ESMA, igual que su primo Raimundo y que la hermana y el cuñado de éste, Josefina –“la Negrita” Villaflor– y José Luis Hazan. Ni Néstor, ni Raimundo, ni Josefina, ni Hazan volvieron a aparecer. Los restos de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, fueron identificados a mediados de este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto a los de otras dos pioneras, Esther Careaga y María Eugenia Bianco. (Susana Viau, Página 12, 9 de diciembre de 2005)

VER BIOGRAFÍA DE AZUCENA

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SEMBLANZA DEL EXTINTO GENERAL RAMÓN "CHICHO" CAMPS
para una galería de genocidas

Por Maria Cristina Caiati

Hace pocos días, se cumplieron 36 años de la Noche de los Lápices (nota escrita el 26/9/2016), el raid represivo que se cobró la vida de varios adolescentes de entre 14 y 17 años, todos estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. La fecha disparó recuerdos y convicciones; el recuerdo del principal responsable de ese episodio y la convicción de que la condena social -mucho más importante que la jurídica, por lo menos para mí- debe perseguirlo aún más allá de la muerte. Casi 18 años después de aquel 16 de setiembre de 1976, cuando se debatía la reforma constitucional para posibilitar la re-elección del entonces presidente Carlos Menem, el 20 de marzo de 1994 moría el verdugo general Ramón J. Camps, el jefe de la policía bonaerense responsable de ese raid; un cáncer de próstata lo había dejado fuera de combate, a los 67 años de edad. Para entonces, Camps -que en su época de esplendor tenía al comisario Miguel Etchecolatz como sirviente y al cura Cristian Von Wernich para su tranquilidad espiritual-, disfrutaba del indulto que Menem había dictado en diciembre de 1990 y que lo incluía junto a Jorge Videla, Emilio Massera, Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini.

Cuatro años antes, la Cámara Federal lo había condenado a 25 años de reclusión, con degradación e inhabilitación absoluta perpetua tras hallarlo culpable de 214 secuestros extorsivos (47 de esas víctimas siguen desaparecidas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 10 sustracciones de menores. El indulto menemista le devolvió la confianza.

Fue señor de la vida y de la muerte de todos los que tuvieron la desdicha de pasar por los numerosos campos de concentración que funcionaron en la provincia. Se desempeñó como jefe de la bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977, veinte meses en los que resultó difícil contabilizar las atrocidades cometidas por este nazi convencido y público; valen como ejemplo: la destrucción de la familia del entonces fiscal federal Antonio Bautista Bettini; el secuestro y asesinato de los periodistas Rafael Perrota y Edgardo Sajón; el secuestro y torturas de Jacobo Timerman; el bombardeo seguido de masacre a la casa de los padres de la nieta aún no restituida a Chicha Mariani; el secuestro y la desaparición del estudiante universitario y obrero metalúrgico Carlos Esteban Aleye, la malversación de Papel Prensa… la lista es muy larga, excede las líneas de este artículo. Cabe tener bien presente, por otra parte, que aún está vigente su influencia en la policía bonaerense.

Tuve ocasión de verlo por TV, en diciembre de 1980, cuando lo entrevistó el periodista Enrique Llamas de Madariaga quien, como buen hermano de militar, lo llamaba “mi general”; en esa oportunidad, Camps admitió haber sido responsable de 5.000 desapariciones y haber aplicado la tortura como método, pese a lo cual subrayó que su conciencia estaba “muy tranquila”. Huelga decir que el arrobamiento del anfitrión era total.

Seducido por los mimos de los medios de comunicación de la dictadura, no ocultó sus coincidencias con Adolfo Hitler y justificó las apropiaciones de niños porque la excesiva democratización del sistema familiar -dijo- no inspiraba confianza: “Era necesario impedir que esos niños fueran criados en las ideas de subversión de sus padres. Las llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas. Lo son todos los que no se preocupan de hacer de sus hijos buenos argentinos”.

Su brutalidad era tan explícita que resultó impresentable hasta para los propios militares consustanciados con la doctrina de la seguridad nacional. Cuando Jacobo Timerman lo denunció, Camps tuvo que presentarse ante el consejo supremo de las fuerzas armadas, con el patrocinio letrado del general Osiris Villegas, un virulento antiperonista, funcionario de la Libertadora y del onganiato. Al tribunal militar no le quedó otra que disponer su prisión preventiva rigurosa.

Nunca ocultó características comunes a sus colegas y muy nítidas en él: era mentiroso, cobarde y servil con los civiles que fueron los verdaderos cerebros de la dictadura. Unos pocos ejemplos: En 1983 ante la revista la Semana, consideró legítimo el secuestro y desaparición de personas así como la necesidad de reprimir; subrayó: “Nadie murió, si es que murió, por ser español, sino por ser subversivo” y agregó “Asumo mi responsabilidad y la de los 30.000 hombres que conduje en la lucha. Y no temo sentarme en un banquillo de acusados. Estoy orgulloso de lo que hice”; cuando en enero de 1984 el juez federal de La Plata Héctor de la Serna se constituyó en Arana, en la sede del regimiento de infantería mecanizada cnel. Conde, para interrogarlo con respecto al secuestro y desaparición de Carlos Alaye, negó lo que dijo al semanario, no reconoció haber dirigido a los grupos de tareas y sostuvo la inexistencia de desaparecidos así como también la de campos de concentración bajo su mando.

Como muestra cabal de su servilismo baste señalar le nota enviada al actual miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y entonces secretario de programación económica Guillermo Walter Klein, a propósito del atentado que sufrió en setiembre de 1979, cuando era la mano derecha de “Joe” Martinez de Hoz. Interrogado por el juez Jaime Far Suau -que investigaba ese episodio-, sobre su relación con ese funcionario, Camps confirmó haber concurrido a su estudio, tras el atentado, ocasión en la que pudo comprobar “personalmente” -según dijo- la “valentía” del funcionario; lo visitó -subrayó- porque quiso interiorizarse de lo sucedido; admitió como suya una nota con la siguiente dedicatoria: “Doctor Klein, este es el primer borrador de un artículo que aparecerá en ‘La Prensa’. Ud, a quien respeto por su valor, lo pudo comprobar personalmente, le hago llegar estos papeles. Afectuosamente Camps”.

Huelga decir que, tras su desempeño como carnicero, se dedicó a escribir con verdadero ahínco. Entre otras cosas, ya en pleno periodo democrático, colaboró con cierta frecuencia en la revista ultraderechista Cabildo, y publicó un libro sobre el Caso Graiver, otra de sus “investigaciones” sobre el “peligro sionista”, y una supuesta trama financiera controlada por David Graiver.

Fue, como ya se dijo, columnista del diario La Prensa, desde cuyas páginas dio cátedra de “combate a la subversión”, lo que mostró con elocuencia los servicios que Camps, aún desde el llano, prestó a la oligarquía vernácula. Cualquiera que lea hoy esas crónicas, publicadas casi a diario entre 1979 y 1988, va a tener una noción de lo que pensaban el represor y los militares artífices del autodenominado proceso de reorganización nacional. Ellos estaban convencidos de que dirigían con mano firme a una ciudadanía que era en realidad, un rebaño de ignorantes, incapaces de pensar por sí mismos. Un pequeño ejemplo: ya en democracia, cuando se abrió el primer período preelectoral, Camps advertía desde La Prensa sobre las derivaciones que podría tener otorgarle el permiso de votar a un electorado que “carece de experiencia en los negocios públicos, de competencia política y de responsabilidad”.

¿Hace falta decir cómo suponía el verdugo el recambio de autoridades?

Lo dicho: la consigna es no olvidar, ni aunque se hayan muerto.

Fuente: Telam

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RAIMUNDO VILLAFLOR: RESISTIENDO HASTA EL FINAL
Entrevista a Laura Villaflor, hija del militante asesinado en la ESMA

A pocos días de iniciarse el juicio que llevó al represor asesinado Héctor Antonio Febres al banquillo, los jueces desestimaron el caso de Raimundo Villaflor. El dirigente obrero fue asesinado en una sesión de tortura en la ESMA en la que participó Febres

Raimundo Villaflor era la "máxima autoridad política de la corriente que se conoció en aquellos años como el Peronismo de Base", tal como lo definió Enrique Arrosagaray en su libro "Los Villaflor de Avellaneda". Obrero metalúrgico, activo impulsor de lo que se conoció como la CGT de los Argentinos y uno de los interlocutores elegidos por el periodista Rodolfo Walsh para dar cuenta de los sucesos de la pizzería La Real que terminaron con la muerte del sindicalista Rosendo García.

"Mi viejo militó desde los 14 años en la Juventud Peronista. Estuvo en la resistencia peronista y después con toda una serie de organizaciones que venían de la resistencia conformaron lo que fue las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)", relata Laura Villaflor, la hija menor del dirigente. Así fue como conoció a su compañera María Elsa Martínez, quien había participado de la formación del MLN Tupamaros en el Uruguay. Para fines de la década de 1960, las FAP y Tupamaros estaban haciendo una experiencia conjunta. Martínez se exilió en la Argentina, donde conoció a Villaflor y compartió la militancia en las FAP.

"Mi viejo, que venía de la resistencia peronista, tenía una cuestión muy clasista. Desde los 16 años fue obrero metalúrgico; laburó desde siempre en fábricas, era delegado sindical de cuantas huelgas hubo", cuenta Laura. Además, agrega: "Mi papá nunca quiso salir de Avellaneda, era un obrero de barrio que le daba una mano a los vecinos. El quizá estaba haciendo un seguimiento o vigilando algo y de repente lo dejaba todo, se iba a comer a la casa de la madre y volvía".

La de Raimundo era una historia de compromisos, una estirpe de lucha. "Mi abuelo estuvo en la FORA [Federación Obrera Regional Argentina, de principios del siglo XX, anarquista], era del sindicato de panaderos. Era una familia que siempre laburó en fábricas. Mi abuela, con el cuero; mi abuelo, de changarín en el puerto, en la Siam, en frigoríficos. E iban de conventillo en conventillo hasta que en un momento se pudieron comprar la casa", resume Laura - quien al momento del secuestro de sus padres solo tenía once meses.

El grupo Villaflor en la ESMA

A principios del mes de agosto de 1979, un grupo de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada "chupó" a Raimundo Villaflor y a María Elsa Martínez. Un día antes, Héctor Antonio Febres y otros marinos habían secuestrado a su hermana, Josefina Villaflor, y a José Luis Hassan - tal como lo documenta el periodista José Vales en su libro Ricardo Cavallo. Genocidio y corrupción en América Latina.

El secuestro de Raimundo Villaflor se convertiría en uno de los casos paradigmáticos del accionar de la patota de la Armada Y precisamente esta particularidad es parte fundamental de una historia que en el juicio al ex prefecto Febres, asesinado el 10 de diciembre en su celda de privilegio, fue descartada del expediente para ser, quizá, evaluada en otra instancia.

El ex prefecto fue también quien participó de las sesiones de tortura que terminaron por asesinar al "Negro" Villaflor. Así lo relata Laura Villaflor: "De algunos testimonios, teníamos una primera versión y era que mi viejo cayó el 4 de agosto y que el 8 de agosto -después de una sesión de tortura- había tomado agua de un inodoro y le había dado un paro cardíaco. Pastillas de cianuro no tenía nadie de las FAP. Después, cuando leí los testimonios de Carlos Lordkipanidse y de otro compañero, ellos dicen que lo ven a Febres salir de la sala de tortura y que dice: 'Se me fue el Negro Villaflor'. Luego me enteré que Lordkipanidse lo vio a mi viejo muerto".

El ensañamiento que los represores tenían hacia el Grupo Villaflor se demostró en la historia que desarrollaron a lo largo de sus testimonios las y los compañeros de cautiverio. Así lo dejó asentado Carlos Lordkipanidse: "Todo ese grupo pasa por el proceso de capucha; conseguimos que bajen a trabajar hasta que en un momento los llevan a todos al sector de pecera. Y es en ese sector donde estaba Ricardo Cavallo, quien siempre le tuvo rechazo a este grupo".

Laura se pregunta y se preguntó a lo largo de su historia "a qué obedeció" la particular reacción de los represores con los Villaflor durante el tiempo que estuvieron en la ESMA. "Con los Villaflor -portadores de apellido Villaflor- como mi viejo y mi tía "Negrita" había un ensañamiento muy particular por los señores trabajadores de la ESMA. A mi tía la ven que la llevan a la rastra; a mi viejo lo tienen 48 horas y lo asesinan en la tortura. Ellos sabían que mi viejo sabía mucho", relató Laura a ANRed y agregó: "Es el único grupo que dentro de la ESMA hace el proceso de recuperación y salen todos en libertad y luego los bajan de nuevo a capucha y después los bajan".

Es la propia voz de los compañeros y familiares, los que construyen la historia de los Villaflor y los que relatan los planificados manejos que los represores habían dispuesto para ellos: "Fue muy trágico porque este grupo no solamente estuvo un montón de tiempo trabajando sino que también a algunos de sus integrantes los llevaron a sus casas, vieron a sus hijos. Eso indicaba que iban a sobrevivir- porque eran los pasos necesarios para la supervivencia- hasta que un día los vuelven a capucha y los desaparecen".

De esas salidas, Laura guarda un tesoro muy valioso. Ella la define como una "señora" de casi 30 años, testimonio del horror. "Mi vieja hizo algunas visitas. En una de ellas me trajo una muñequita de trapo que es probatoria del juicio a Cavallo, él era quien llevaba a mi vieja y a mis tíos a las visitas". Esa muñeca es símbolo del trabajo esclavo al que fue sometida su mamá pero también es símbolo de una familia que resistió y que en voz de Laura se puso de pie para declarar contra uno de los genocidas. "Mi vieja también sabía coser. Trabajó un tiempo en el pañol. Ahí fue donde nos hizo la muñeca. Es una negrita con solerito, con los ojos de botones".

La impunidad

En varias de las audiencias que se desarrollaron en el transcurso del juicio, las preguntas que la querella efectuaba en relación al caso de Raimundo Villaflor eran inmediatamente desestimadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, argumentando, de manera ligera, que ese proceso sería analizado probablemente en otro juicio. Sin embargo, Febres murió impune, también, por el homicidio de Villaflor.

Febres hubiera sido condenado por sólo cuatro casos de más de 5000 sucedidos en los márgenes represivos de la ESMA: "Lo que se buscaba era una sentencia mínima por pocos casos. Para un tipo que se lo podría haber juzgado por 2500 casos de tortura y dentro de ellos, se lo podría haber juzgado por el caso de mi viejo, por tortura agravada con privación ilegal de la libertad seguida de un asesinato y esa pena sola equivale a 25 años".

Las distintas maniobras judiciales, una vez más, dejaban en claro cuáles eran las posiciones con respecto al inmediato juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. Sumado al desguace de las causas que hacen que sólo se juzgue a pocos represores por un puñado de casos, se despliegan otras artimañas que exponen a los familiares a prestar testimonio ante la fiscalía para luego ser notificados que finalmente el caso "no será enjuiciado en esta oportunidad".

Es así como el caso de Raimundo Villaflor volvió a estar entre los más de 5.000 detenidos, desaparecidos y asesinados de la ESMA que el sistema judicial y político del círculo vicioso dejó y aún deja perdurar en el tiempo impregnándolo de mayor impunidad.

En las palabras de Laura Villaflor y en la gran cantidad de testimonios de compañeras y compañeros que conocieron a fondo la historia del "Negro" se vislumbra su vida de resistencia que permaneció perenne mientras enfrentaba, con la fuerza única de un militante comprometido, las condiciones de su cautiverio: "Mi viejo, que era referente y que conocía a muchos compañeros de otras organizaciones, sabía mucho y los represores eso lo tenían claro. Y él, desde ningún punto de vista, iba a hablar y eso se lo había dicho muy bien a mi familia y a todos". (Por Valeria y Luciana B www.anred.org 2008)

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NUEVAS HUELLAS Y NUEVAS CAUSAS DEL PLAN CÓNDOR EN LA ARGENTINA
Los últimos hallazgos de la Justicia, algunos inesperados testimonios y el ejercicio incansable de la Memoria, siguen echando luz sobre nuestro pasado reciente.

Recientemente, fueron localizadas una casa en la calle Bacacay que funcionaba como anexo del centro clandestino “Orletti”, en el barrio porteño de Floresta, así como terrenos en el distrito bonaerense de Chascomús adquiridos con el producto de saqueos durante el terrorismo de Estado. Ambos hallazgos, que no son los únicos, alimentan la prueba en una causa del Plan Cóndor que se halla en proceso, a cargo del juez Rafecas, y también en otra instruida ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y que ya ha sido elevada a juicio oral.

El fiscal federal Juan Pablo Curi confirmó el pasado 16 de julio la elevación a juicio oral y público de una causa contra cuatro herederos de un integrante de la banda paraestatal de Aníbal Gordón, por lavado de los activos resultantes de apropiaciones ilegales durante el terrorismo de Estado, y que por ello son consideradas delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.

El pedido de elevación a juicio había sido realizado por Curi y por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y que está caratulada “Castro, Juan Eleodoro y otros S/imposición de torturas”.

Los acusados son hijos del represor de la dictadura Leonardo Miguel Save, ex agente inorgánico de la SIDE de estrecha relación con Aníbal Gordon en las acciones de represión ilegal que se llevaron a cabo en el centro clandestino de detención ilegal Automotores Orletti.

Se trata de terrenos emplazados frente a la la laguna de Chascomús y que fueron comprados por Save con dinero que la banda de Gordon había robado a militantes uruguayos del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) que estuvieron cautivos en Orletti, varios de los cuales están desaparecidos.

Los imputados son los hermanos María Natalia, Ana María, Marcelo Leonardo y María Eugenia Save, quienes habrían participado desde 1999 en una serie de actos irregulares tendientes a borrar el origen ilícito de estas propiedades.

En una operación típica de la Operación Cóndor (más conocido como “Plan Cóndor”), un grupo de agentes argentinos y uruguayos secuestraron en septiembre de 1976, en Buenos Aires, al militante del PVP Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

Mechoso Méndez era uruguayo, estaba exilado en la Argentina e integraba el ya mencionado PVP), organización fundada en Lanús, provincia de Buenos Aires, que se oponía al autogolpe y a la dictadura iniciada al otro lado del Plata por Juan María Bordaberry.

“Pocho” Mechoso Méndez había sido secuestrado poco antes de la operación inmobiliaria que hoy se investiga, a fines de setiembre de 1976. Sus restos fueron identificados por un equipo de antropología forense en 2012.

Gordon y su banda robaron del domicilio de Mechoso Méndez varios millones de dólares que el partido –de signo anarco-socialista y ligado a las cooperativas agrarias- había rescatado del Uruguay para financiar sus actividades. Un mes después del secuestro y asalto, en 1976, fueron compradas las parcelas en Chascomús, según datos que se consignan en la causa.

En esos terrenos, la banda planeaba desarrollar un proyecto inmobiliario, algo que no llegó a concretarse debido a una disputa con el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires, en los años de la dictadura.

Esta investigación se inició tras una denuncia realizada por organismos de derechos humanos, los que alertaron sobre la existencia de una fosa común con restos de desaparecidos justamente en Chascomús, algo que aún no pudo ser verificado, al decir de las mismas fuentes judiciales.

Los hijos de Save ya habían sido procesados y embargados en 2018 por el juez Ramos Padilla, quien determinó que se cometieron ilícitos en cuanto al registro de estas propiedades.

Un anexo de “Orletti”, en Floresta

A principios de este mes, el juez federal Daniel Rafecas pudo identificar un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención, en el barrio porteño de Floresta. El magistrado dispuso el “no innovar” para que el inmueble ya no sufra más alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar. La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", informaron a Télam fuentes judiciales.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos consumadas en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército y está vinculada con delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", verdadera bisagra de la acción represiva del Plan Cóndor en la Argentina.

En la actualidad, se desarrolla un quinto juicio por los crímenes cometidos en Orletti, en el que hay cuatro imputados, con sentencias anteriores, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de once víctimas.

La acusación se encuentra a cargo del fiscal Pablo Ouviña, quien aguarda información para determinar si corresponde hacer una instrucción complementaria que le aporte información al proceso oral que se encuentra suspendido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Memoria argentina de sobrevivientes uruguayos

El pasado 24 de mayo, la televisión pública argentina presentó un valioso documental sobre la militante social uruguaya Sara Méndez, quien fue secuestrada de su casa durante la última dictadura civico-militar y separada de su hijo Simón, de apenas veinte días de vida.

La dirección y el guión de ese documental son de Sara Kochen y en él se cuentan la vida de Sara y el postergado reencuentro con su hijo, hecho que se dio en 2002, al final de una larga búsqueda.

La protagonista de la historia es una maestra y militante de izquierda uruguaya que debió exiliarse en la Argentina en 1973 junto a otros militantes del PVP. Militó en la clandestinidad junto a su pareja, Mauricio Gatti, y quedó embarazada de su primer hijo, Simón, el 22 de Junio de 1976.

Fue secuestrada por un grupo de tareas dependiente de la SIDE y del Ejército y llevada al centro clandestino Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta. Allí fue sometida a torturas y a condiciones de vida infrahumanas. Más tarde fue trasladada ilegalmente a Montevideo, junto con otros detenidos, y permaneció clandestinamente en prisión durante cinco años. Al recuperar su libertad, inició la búsqueda de Simón y tuvo para ello gran acompañamiento social, pese a la retiscencia de diferentes gobiernos.

A mediados de marzo de 2002, con la colaboración del periodista y militante Roger Rodríguez y del senador Rafael Michelini, se enteró de que un examen genético confirmaba que un joven argentino llamado “Aníbal”, era en realidad Simón, su hijo de veinte días arrebatado de sus brazos el 13 de junio de 1976.

Hoy Simón Antonio Gatti Méndez es el nieto recuperado 119, para las Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero no terminan allí las huellas del Cóndor, como tampoco la memoria argentina de esa militancia uruguaya que sufrió el exilio y la represión ilegal en los años de la dictadura.

En una modesta casa de la calle Balbín (ex Isleta) número 564 del barrio de Valentín Alsina, Lanús, Provincia de Buenos Aires, fue fundado en julio de 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ese partido que integraron desde el primer día Mauricio Gatti (padre del nieto recuperado 119) y también Sara Méndez, su madre.

“Antes de que transcurrieran 18 meses desde la fundación del partido –se lee en la web del PVP, integrante de la coalición Frente Amplio) toda la dirección, menos un integrante, y numerosos participantes como delegados fueron secuestrados y desaparecidos a través del Plan Cóndor”

Entre los desaparecidos del PVP se encuentran Gerardo Gatti, León Duarte, Gustavo Inzaurralde, Alberto Mechoso Méndez, Elena Quinteros y Jorge Zaffaroni. El único sobreviviente de la dirección fue Mauricio Gatti, padre de Simón, que falleció en 1991.

Según un proyecto de ley presentado en el Parlamento provincial en 2013, con las firmas de las diputadas Natalia Gradaschi y Karina Nazabal y con el apoyo político de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y del entonces diputado del Frente Amplio uruguayo Luis Puig, la casa de Balbín 564, Lanús, sería expropiada para crearse allí la Casa de la Memoria Latinoamericana.

No fue posible, a causa de las restricciones y el receso de las legislaturas provocados por el Covid 19, verificar si el proyecto de marras conserva estado parlamentario.

De cualquier modo, consultada por Télam, quien es hasta el momento Cónsul General de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, Lilian Alfaro, manifestó su alegría de saber que los ejercicios de Memoria y las búsquedas de la verdad y la justicia para sus compatriotas que fueron víctimas del terror de este lado del Plata, continúan. Porque eso es lo importante. (Telam, 22/7/2020)

Para compartir mencionar la fuente Pensamiento Discepoleano

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