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ÚLTIMA PUBLICACIÓN

20 DE AGOSTO DE 1976 - MASACRE DE FÁTIMA

 
 
CONTENIDO MES POR MES
ENERO

* El saqueo de Asunción (Paraguay) (1869) - * Matanza de Villamayor (1856) - * Matanzas durante "La Semana Trágica" (1919) - * Masacre de obreros en La Forestal (1921) - * Matanza de los cinco cooperativistas (1974) - * Masacre de Brandsen - Asesinato de Dardo Cabo (1977) - * Masacre de Ituzaingó y Las Heras (1977) - * Matanza de Ayolas y Cafferata (1977) -

FEBRERO * Masacre de la Cárcova (2011) - * Masacre del Pasaje Marchena (1977)
MARZO * Masacre de Oberá (Misiones-Arg.) (1936) - * La masacre de Pasco (Argentina) (1975) - *Masacre de la Quinta de Moreno (1976) - * Masacre en el Pabellón Séptimo (Argentina) (1978) -
ABRIL * Masacre de Salsipuedes - Día de la Identidad Charrúa (Uruguay) (1831) - * Masacre de Río Luján o Masacre de Campana (1975) -
MAYO * Masacre de Plaza Lorea (1909) - * Masacre de Pacheco (1974) - * Masacre de Monte Grande (1977) - * Masacre de Budge (1987) - * Masacre de San Miguel del Monte (2019)
JUNIO

* Los asesinatos de la "Revolución Fusiladora" (1956) - * Masacre, asesinatos de la policía a sangre fría en los basurales de José León Suarez (1956) - * El 11 de junio siguen los asesinatos de la "Revolución Fusiladora" (1956) - * Asesinato en masa de civiles en el bombardeo a Plaza de Mayo, que la historia oficial pretende que olvidemos (1955) - * Aviadores bombardean y asesinan civiles en Plaza de Mayo (1955) -* "La Masacre de Ezeiza" (1973) - * La Masacre de Avellaneda, los asesinatos de Kosteki y Santillán (2002)

JULIO

* La matanza de Napalpí­ (1924) - * "Asesinato de los Palotinos" o "La masacre de San Patricio" (1976) - * "Los Mártires de Chamical" (1976) - * "Masacre de Las Palomitas" (1976) - * "La Noche de las Corbatas" (1977) -

AGOSTO

* Matanza de niños en Acosta Ñú (1869) - * MASACRE DE TRELEW (1972) - * Masacre de Capilla del Rosario (1974) - * Masacre de Fátima (1976) - * Masacre de Luna Roja (1978) -

SEPTIEMBRE * Masacre de La Plata (1975) -
OCTUBRE * Matanza de Rincón Bomba (1947) - * Masacre de los Surgentes (1976) -
NOVIEMBRE * Masacre de la calle Juan B. Justo (1976) -
DICIEMBRE

* Masacre de Lomas Valentina (Paraguay) (1868) - * Masacre en la escuela de Santa María de Iquique (Chile) (1907) - * Masacre de las Bananeras (Colombia) (1928) - * Masacre de Ibarlucea (Argentina) (1976) - * Masacre de Margarita Belén (Argentina) (1976) - * Masacre de El Mozote (El Salvador) (1981) -

 

E N E R O

MASACRE DE ITUZAINGÓ Y LAS HERAS (ROSARIO)
CÓMO CAYERON LOS MILITANTES (Página 12, 7/7/2019)
Un testigo directo de aquellos hechos de 1977 reconoció a uno de los imputados por fotos y en la sala de audiencias.

Un testigo directo relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga la masacre de Ituzaingó y las Heras los tres hechos que más lo conmocionaron el 19 de enero de 1977, cuando una fuerza de tareas de la dictadura acribilló el edificio y destruyó el primer piso. El blanco del ataque eran cuatro militantes montoneros que ocupaban uno de los departamentos, pero también murió una vecina de enfrente. Oscar Ramayo identificó por fotos y en la sala de audiencias a uno de los imputados en el juicio, el ex oficial del Departamentos Informaciones (D2) de la Policía santafesina Oscar Valdez, a quien dijo haber visto bajar de un auto particular, vestido de civil, con un arma portátil que asoció a una "bazooka", cargarla en el hombro y sumarse al operativo del Ejército y la Policía. Y después, ratificó lo que ya había dicho en 2016 en el primer juicio a los jefes militares que comandaron el asalto, que vio a dos de los perseguidos: un hombre (Jorge Luis Piotti) que salió del edificio y avanzó unos 70 metros por Ituzaingó hasta que lo mataron y una mujer (Ileana Gómez) que cruzó la calle y cayó en la vereda de Las Heras.
Piotti y Gómez eran esposos, en el interior del edificio habían quedado sus hijos, Mariano de un año y Jorge de un mes, que sobrevivieron al asalto. Y sus compañeros  Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Frigerio. En el juicio, están imputados tres militares: el coronel Ramón Recio, el sargento Jorge Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y siete policías, entre ellos Valdéz, por el  "homicidio" de Piotti, Gómez, Ziccardi y Frigerio que es "doblemente calificado" por su "alevosía" y "el concurso premeditado" de los atacantes.

En 1977, Ramayo tenía una gomería en Belgrano y Santiago del Estero, muy cerca del edificio atacado. Llegó en su bicicleta tras atravesar el cerrojo. Al galpón de enfrente, de empresas de colectivos -que aún está-, lo habían convertido en centro de operaciones de la represión. Intentó abrir su local, pero un soldado de guardia le dijo que debía cerrarlo. Que a una cuadra habían acorralado a una célula de Montoneros "y hay una baja". "Había mucha tensión, un constante ir y venir de vehículos". Un cuadro de "histeria", lo describió.

En un momento, Ramayo escuchó "un griterío  muy grande". Caminó hasta Ituzaingó y vio un hombre caído a unos 20 o 30 metros, sobre la vereda norte. "Era delgado, de tez blanca, estaba en calzoncillos, boca abajo", dijo al describir a Piotti. Lo sorprendió que hubiera "superado la barrera de vehículos" militares que cortaba la calle y cayera a 70 metros del edificio que atacaban. "Estaba caído con una pierna extendida y la otra replegada sobre la espalda". "Escuché muchos gritos de alegría, de triunfo", relató. El festejo de la muerte.

Ramayo volvió a su gomería, miraba por la ventaja cuando un Chevy clarito estacionó  frente a su local. El conductor abrió el baúl y sacó un arma portátil que él asocia a una "bazooka", se la puso en el hombro y corrió hacia el edificio.

Ante una pregunta del fiscal Martín Suárez Faisal, Ramayo dijo que él conocía al conductor de ese vehículo. De pibes habían sido rivales en el básquet, en inferiores. "Era muy alto, grande, para nosotros, un monstruo", lo dibujó. "Cuando lo ví, lo identifiqué inmediatamente".
-¿Cómo se llamaba?-interrogó el fiscal.
-Valdez, lo conocía por el apellido -respondió.

El tercer hecho que impactó a Ramayo lo observó desde la esquina de Gobernador Candioti (que es paralela a Ituzaingó) y Las Heras. A una cuadra,  vio que "una mujer salió del edificio y la balearon en la calle". Era Ileana Gómez. "Levantó los brazos, gritó y la balearon". "Este fue el tercer hecho notorio", dijo. Antes de eso había escuchado algunos disparos, hasta que "esa mujer salió a la calle, gritó y le dispararon".

 

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Confirman la sentencia por Ituzaingó y Las Heras (Página 12, 18/7/2021)
TODO PRUEBA QUE FUE UNA MASACRE
La sala 3 de la Cámara de Casación Penal dejó firmes las condenas en una causa emblemática del terrorismo de estado. 

La Cámara de Casación Penal (sala 3) confirmó esta semana la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe que en agosto de 2019 condenó a dos suboficiales del Ejército: Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y a un oficial de inteligencia del D2, Oscar Valdez, a prisión perpetua por el “homicidio doblemente calificado” por “alevosía” y “el concurso premeditado de dos o más personas” de cuatro militantes montoneros, el 19 de enero de 1977. También quedó firme la condena a un agente del Comando Radioléctrico, Ricardo Amancio Brunel, a 12 años de cárcel por supuesto “partícipe secundario” de los crímenes. La Cámara sentenció que “se encuentra por demás acreditado” que Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y sus compañeros Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Frigerio fueron “masacrados y ultimados por fuerzas conjuntas” del Ejército y de la Policía de provincia que movilizaban a más de 100 represores. El operativo “se realizó de un modo abiertamente ilegal”. “La forma en que se desarrollaron los hechos conducen a conceptualizarlos (…) como una masacre perpetradas sin miramiento alguno acerca de sus consecuencias”, dijo la sala. Lo que significa que ya son cuatro tribunales y 16 magistrados que coinciden en la verdad histórica: la operación militar que la propaganda de la dictadura instaló como emblema de Santa Fe por más de 40 años era la pantalla del terrorismo de estado para ocultar delitos aberrantes de lesa humanidad.

El blanco del ataque era un edificio del barrio Candioti, en la esquina de Ituzaingó y Las Heras, donde los Piotti vivían en un departamento del primer piso con sus hijos: Mariano de dos años y Jorge, su bebé de un mes y 13 días. Quedaron bajo fuego de una fuerza de tareas que copó la zona. La primera víctima fue la vecina de los Piotti, una maestra de 49 años, Elina Jagou de Carlen, quien intentó cerrar la ventana de su departamento y un balazo de afuera le destrozó el cuello. Su hija, Graciela, de 18 años, salió desesperada a la calle en busca de ayuda, en medio de los disparos y un amigo la refugió en la casa de al lado. Los niños Piotti sobrevivieron porque –según testigos directos- sus padres lograron esconderlos en el placard de los Carlen.

El fallo de Casación es el cuarto que descubre el relato de la dictadura. “La existencia de un enfrentamiento armado entre dos bandos no puede ser convalidada”, dijo Casación. Incluso, en la hipótesis de que “se hubiera secuestrado armamento en poder de las víctimas –aunque no hay ninguna constancia en la causa- lo cierto es que resultaría por demás insuficiente frente a la desigualdad de fuerzas que evidenciaban uno y otro bando”. Más de 100 contra cuatro.

El “procedimiento” para “lograr la aprehensión” de los militantes se realizó “de un modo abiertamente ilegal” y de “una manera tal que le costó la vida incluso a una vecina ajena a todo”, la señora Carlen. “La forma en que se desarrollaron los hechos conducen a conceptualizarlos –más que un enfrentamiento- como una masacre perpetrada sin miramiento alguno acerca de sus consecuencias”, señaló el primer voto del juez Eduardo Riggi. Sus colegas Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani coincidieron.

“En síntesis, -siguió Riggi- consideramos que se encuentra por demás acreditado que las víctimas Piotti, Gómez, Ziccardi y Frigerio fueron masacradas y ultimadas por fuerzas conjuntas” del Ejército y la Policía de Santa Fe. Ziccardi y Frigerio cayeron en el interior del edificio. Piotti y su compañera salieron y fueron ejecutados en la calle. En el juicio, ningún testigo dijo haberlos visto empuñar armas.

En el veredicto del 27 de agosto de 2019, el Tribunal de Santa Fe dictó seis condenas por los crímenes de Ituzaingó y las Heras. La Cámara de Casación las confirmó a todas: las “perpetuas” a Balla, Gómez y Valdez y los 12 años de prisión a Brunel. Y declaró “inoficioso” pronunciarse ante los planteos de otros condenados: el teniente coronel Ramón Abel Recio (perpetua) y el policía Rolando Martínez (12 años) que fallecieron en diciembre de 2020.

El fallo salió por unanimidad, excepto en un caso que se resolvió por mayoría. Riggi propuso absolver a Valdez por el beneficio de la duda, pero Catucci y Gemignani confirmaron la condena a “prisión perpetua”. El ex oficial del D2 “formaba parte de la patota” de inteligencia que “llevó adelante el operativo que terminó con las vidas de Ziccardi, Piotti, Gómez, Frigerio y Carlen”, dijo la jueza. Y ponderó el relato del testigo que lo señala, Oscar Ramayo, quien atendía una gomería cerca de Ituzaingó y Las Heras. La sentencia del Tribunal de Santa Fe “no logra ser conmovida por las excusas” de Valdez “en pos de mejorar su situación”. “El escenario descripto y las circunstancias referidas despejan cualquier duda sobre su intervención en los hechos y permite descartar el recurso de su defensa”, explicó Catucci. Gemignani coincidió: “Encuentro fundada la resolución del Tribunal sentenciante”, la “responsabilidad (de Valdez) surge de la prueba colectada. Los testimonios evidencian inequívocamente que estuvo presente en el lugar de los hechos” y “dan cuenta de su rol, experticia y mando, todo lo cual encuentra respaldo en su legajo, que documenta su trayectoria en el Departamento de Inteligencia de la Policía de Santa Fe, donde oficiaba de nexo con el Ejército”.

Por lo tanto, ya son cuatro los tribunales que juzgaron el operativo militar como una “masacre”:

*21 de junio de 2016. El primer juicio, en el que estaba imputado el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Jorge Diab, en la megacausa. El Tribunal de Santa Fe anotó: "1) El estado de destrucción en que quedó el edificio de Ituzaingó y Las Heras. 2) No se encontraron armas en poder de las víctimas. 3) No había huellas de balazos en los edificios de enfrente. 4) Ningún militar ni policía herido. 5) El primer disparo de afuera provocó la muerte de una vecina ajena a los hechos, la señora Carlen". “El ataque provino de las fuerzas conjuntas contra el departamento y el edificio donde habitaban las víctimas”. Las pruebas “echan por tierra la versión del ‘enfrentamiento' como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época. Esta versión 'oficial' ha sido totalmente desvirtuada y desacreditada con la contundencia de las pruebas producidas durante el debate”. A Piotti, Gómez, Ziccardi y Frigerio “no les dieron la oportunidad de rendirse, ni tuvieron la posibilidad de resistir ante la desproporción absoluta de fuerzas”, sentenció.

*27 de julio de 2016. La Cámara Federal de Rosario, en el pleno de sus dos salas, al confirmar el procesamiento de los imputados. “Es falso que haya mediado un enfrentamiento, como se lo describe en los comunicados” del Ejército. “La práctica de fraguar enfrentamientos para ocultar asesinatos de disidentes era parte de la metodología aplicada en el plan criminal de represión ilegal de la disidencia”, dijo al citar un dictamen de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

*27 de agosto de 2019. El Tribunal Oral de Santa Fe, con otra integración en el segundo juicio. “Las víctimas de este hecho fueron emboscadas por una gran cantidad de efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad” y “sorprendidas en su departamento junto a dos pequeños hijos totalmente indefensos, en plena situación de vulnerabilidad. Nunca pudo haberse tratado de un enfrentamiento, como dijeron los imputados, sino todo lo contrario. Los habitantes del primer piso fueron ultimados, en situación de total indefensión sin habérseles encontrado armamento alguno. Fueron masacrados. Las fuerzas conjuntas abrieron fuego (…) con el único desenlace posible: la muerte de los militantes” y "los daños colaterales como el asesinato de la señora Carlen”.

*14 de julio de 2021. La Cámara de Casación Penal (sala 3) confirmó la sentencia del TOF de agosto de 2019.
Las cuatro fallos fueron firmados por 14 jueces. Los tres del Tribunal de Santa Fe integrado para el juicio de la megacausa, en 2016 (Beatriz Caballero de Barabani, Ricardo Moisés Vásquez y Omar Digerónimo). Sus cinco colegas de la Cámara Federal de Rosario en la apelación de 2016 (Edgardo Bello, José Toledo, Elida Vidal, Fernando Barbará y Elonora Pelozzi). Tres del Tribunal integrado en 2019 que dictó las condenas (Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci). Y los tres de la sala de Casación que las confirmaron (Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani). Mas, el fiscal federal Walter Rodríguez que investigó el caso y el fiscal general Martín Suárez Faisal que impulsó los dos juicios, en 2016 y 2019. Dieciséis magistrados. (Juan Carlos Tizziani, Página 12)

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1869 -
GUERRA DEL PARAGUAY O LA GUERRA DE LA TRIPLE INFAMIA

EL SAQUEO DE ASUNCION

Como consecuencia del paso de la escuadra brasilera tras la fortaleza de Humaitá, Solano López emite un bando el 22 de febrero de 1869, ordenando a la población, evacuar Asunción.

Las tropas brasileras, al mando de Caixas ocupan la ciudad el 1° de enero de 1869, y creyendo terminada la guerra se embarca para Río de Janeiro, en tanto las tropas argentinas acampan a una legua de la ciudad, al mando de Emilio Mire.

El presidente Sarmiento, con vistas a la historia, aprueba este proceder:

“Aplaudo la determinación prudentísima de Ud. de no entrar en Asunción, dejando a la soldadesca brasileña robar a sus anchas. Esta guerra tomará proporciones colosales en la historia y es bueno que nuestro nombre figure limpio de reproche” (Sarmiento a Emilio Mitre. Buenos Aires, 21 de enero de 1969- Obras Completas, 10 tomos. Buenos Aires 1888-1913)

El “robar a sus anchas” por parte “de la soldadesca” de que hablaba Sarmiento, se hace de una forma que horroriza.

“Novecientas mujeres que cayeron en poder de los brasileños fueron víctimas de la lascivia de la soldadesca…Los brasileños, posesionados de la ciudad, se entregaron al más implacable saqueo y devastación. Ni las legaciones, ni los consulados, ni los sepulcros, ni las iglesias fueron respetados. La tarea destructora siguió varios días. Durante la noche, las casas de fácil combustión, incendiadas después de saqueadas, y grandes fogatas alimentadas por los muebles sin valor y por puertas y ventanas, alumbraban el cortejo de vehículos que transportaban hasta los buques los frutos del saqueo. Las embarcaciones zarparon hacia Buenos Aires y Río de Janeiro repletas de objetos de valor. La escuadra brasileña también se prestó a esa tarea” (Cardozo, Efraín. “Paraguay independiente”.p.245, en Historia de América y de los pueblos americanos, dirigida por Antonio Ballesteros y Beretta. t.XXI. Barcelona 1949)

Así llevaba Mitre y Sarmiento la “civilización” al Paraguay y liberaba a su pueblo del “tirano”. Así se inició la regeneración de “ese pueblo bárbaro”.

Hasta las tumbas y cadáveres fueron despojados. Cuenta un testigo de aquellas aberrantes escenas:

“A mediados del año 1869 visitamos el cementerio de la Recoleta, y quedamos pasmados ante el repugnante espectáculo que presentaba aquel recinto. Los aliados vencedores del Paraguay, habían extendido ignominioso saqueo de la ciudad de la Asunción hasta el valle santo, donde descansan los muertos; demoliendo nichos deshaciendo los ataúdes y cajones fúnebres, violando cadáveres, en busca de alhajas…” (Godoi, Juan Silvano. “Monografías históricas” primera serie. p.105 – Juicio crítico Emilio H. Padilla, 2° edición Felix Lajouane, editor. Buenos Aires, 1893) Juan Godoi, fue convencional del 70, puntal del liberalismo.

Años después, un flemático caballero ingles (H.F.Decuoud) seguía echando paladas de tierra sobre López y absolvía a aquellos criminales: “En realidad – decía con cinismo - los Aliados hicieron muy poco para aliviar las miserias de aquel pueblo, pero no abusaron de su victoria con actos de ninguna especie”. (Cunningham Graham. “Retrato de un dictador”.p.221) …Si, es evidente que los aliados “hicieron muy poco para aliviar las miserias de aquel pueblo”. Lo que no es cierto, es que “no abusaron de su victoria con actos de ninguna especie”.

Las riquezas de aquel pueblo humilde y laborioso, los tesoros penosamente acumulados, los muebles valiosos, las alhajas de las sepulturas, todo fue llevado en barcos al exterior, principalmente a Buenos Aires.

Sánchez Quell, da la descripción (que atribuye “un contemporáneo” que no es otro que H.F Decuoud) de la llegada de los barcos:

“Desde los últimos días de la primera quincena de enero de 1869, comenzaron a llegar al puerto de Buenos Aires, buques cargados de muebles, frutos del país , etc., saqueados de Asunción del Paraguay, los que eran vendidos públicamente. La población concurría a la llegada de estos buques por la avidez de conocer el contenido de aquellos cargamentos, quedando estupefactos muchos de los curiosos ante la calidad, belleza y valor subido de tantas obras y objetos artísticos de que se componían, particularmente en presencia de unos juegos de sala, tapizados de pura seda, y otros muebles con primorosas incrustaciones de nácar; hermosos juegos de dormitorios, construidos de finas y delicadas madera, con aplicaciones de otros materiales representando bouquets de flores; pianos de las mejores marcas conocidas entonces; objetos de plata maciza, como cubiertos, lavatorios, jarras, templaderas; Preciosas tapicerías, etc. ; la hermosa y lujosa carroza presidencial que sirvió a los dos presidentes de la República, los López, para los actos oficiales; y, finalmente un sinnúmero de otros objetos de adorno y de culto, entre éstos, imágenes diversas e inestimable mérito como trabajo escultórico y por la calidad de sus pinturas que, a pesar de su antigüedad secular, permanecían inalterables” (Sánchez Quell. “La diplomacia paraguaya. p.236) (H.F.Decauod. “Sobre los escombros de la guerra. p.37)

Eran “los frutos de la civilización” llevada a cabo por Mitre y Sarmiento. Menos mal que las tropas argentinas acamparon a una legua de Asunción, si no se traen hasta la tierra. Los brasileros no fueron menos, y los barcos viajaban “hasta la línea de flotación”

Las descripciones de los saqueos no son fruto de ideas tendenciosas de antiliberales ni desvaríos revisionistas; El propio Cónsul de Francia protesta a Caixas por el prolijo saqueo de su representación: “Asunción fue tan indignamente saqueada como una ciudad tomada por asalto”…”He visto saquear el consulado de Portugal y la Legación Norteamericana” (Asunción, 13 de enero de 1869, Citdo por Decoud, “Guerra del Paraguay,p.189)

No hubo prejuicios de nacionalidad: todo fue saqueado “democráticamente”.

A medida que avanzaban los ejércitos de tierra, las poblaciones se saqueaban de forma similar. El 12 de agosto de 1869 toman Piribebuy, y caen en manos brasileras los tesoros que López había puesto en custodia del ejército nacional. Todo fue robado y trasladado a Brasil, en impresionante requisa, de la que hicieron inventario para que la historia al fin tuviera testimonio del saqueo. (Ver inventario levantado por los coroneles Decamps e Marques de Souza.

Lo que no pudieron llevar lo destruyen: arrasaron las industrias, la fundición de hierro de Ibicuy, las fabricas de implementos agrícolas y se encargó al ingeniero Jerónimo de Moraes Jardim, la destrucción e incendio de Ibicuy: La “civilización” había llegado.

La “civilizada” oligarquía porteña pudo decorar sus residencias con los finos objetos robados y requisados a los “bárbaros” paraguayos, y los mercaderes del puerto pudieron continuar sus negocios aprovechando la experiencia obtenida en “heroicas jornadas” como vivanderos de los ejércitos en operaciones.

Un punto de atracción de muchos de esos comerciantes y agiotistas, fue el local de Don Mariano Billinghurts. Descendiente de Robert Billinghurts, nacido en Surrey, Inglaterra, del que descendieron Robert y Mariano, guerreo de la independencia, y que luego ofreciera a López armarle la flota.

El “botín de guerra” previsto en le tratado de la Triple alianza fue en gran parte a subasta pública en el salón de Don Mariano, bajo la complaciente mirada de Sarmiento que quería mantener la historia y su nombre “libre de reproche”, no obstante lo cual mandó adquirir algunos objetos que pertenecieron a López para decorar la casa de gobierno.

Cuando Su Alteza Real el Príncipe Luis Felipe de Orleáns, (más conocido como conde d´Eu y yerno del emperador Pedro II) llegó a Buenos Aires, fue recibido en la casa de gobierno por Sarmiento, el mismo día que se inauguraba el mobiliario y tapicerías francesas obtenidas en lo de Don Mariano Billinghurts. El conde asentó en su diario: “se dice que pertenecieron a López” (Archivo del conde d´Eu. Archivo de la familia real en Petrópolis)

Es evidente que “la civilización” se había impuesto.

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(1921) MASACRE DE OBREROS EN “LA FORESTAL”

El 29 de enero de 1921 los obreros de La Forestal dieron el último empujón de lucha y dejaron una huella duradera en la historia del norte de Santa Fe. El conflicto había tomado una dimensión política preocupante para los sectores privilegiados de la Argentina del siglo XX. Ambas partes, trabajadores y empresa, sabían que la derrota de uno implicaba la supremacía del otro.

Los trabajadores de La Forestal representaron la clase social surgida con la extracción de los recursos naturales del país. Como suele ocurrir, detrás de los grandilocuentes discursos de progreso, fueron los hacheros quienes pusieron el lomo para generar las riquezas de la Argentina.

La Forestal se manejó como un gran patrón extranjero en el norte de Santa Fe. Tenía más de dos millones de hectáreas y todo cuidadosamente diseñado para la explotación del quebracho colorado. Pueblos enteros convivían y seguían obediente el plan trazado por la compañía. No es casual que Gastón Gori advirtiera sobre la presencia de un Estado dentro de otro Estado.

Se puede decir, sin rodeos, que las condiciones de vida de los trabajadores de La Forestal, principalmente, en las primeras décadas del siglo XX, era de completa sumisión y explotación. Bialet Massé, en su clásico informe sobre las clase obrera Argentina, en 1905, advertía que frente al avance de la depredación de los bosques iban quedando hombres extenuados y envejecidos por un trabajo tan malamente explotado. Además, el sentimiento de aquellos hombres y mujeres, era de soledad y desprotección. Percibían la soledad del Estado argentino y mantenían en la soledad del monte la ilusión de vivir mejor.

En un contexto de prohibiciones y privaciones los trabajadores de La Forestal fueron creciendo y desarrollando formulaciones para mejorar su realidad. Cada vez toleraban menos las arbitrariedades y fueron entendiendo que debían atar las soledades que, separadas no tenían destino alguno, y todas juntas, planteaba una realidad de altísima preocupación para la compañía inglesa. En otras palabras, se dieron cuenta que el camino era la sindicalización para intentar cambiar las cosas.

A finales de junio de 1919 en el local de la Federación Ferroviaria de Vera se constituyó el Sindicato de Obreros en Tanino y Anexos de La Forestal, siendo nombrado como Secretario General, a Teófilo Lafuente quien junto a una comitiva de obreros emprendió dos giras sindicales caracterizado por la presencia masiva de obreros en asambleas y actos en las plazas de cada pueblo.

Luego de las giras y con la celebración de un nuevo Congreso, se decidió la elaboración de un pliego de 35 demandas sindicales. Las mismas mostraban el sistema opresivo y la falta de condiciones básicas en que vivían los trabajadores de La Forestal. Los puntos destacados van de la libertad completa de reunión y comercio, reincorporación de trabajadores expulsados, servicio sanitario y colocación de canillas de agua en cada cuadra, condiciones laborales y mejores salarios, hasta el llamativo punto 35 donde pedían a los señores gerentes y altos empleados que observen más respeto hacia los trabajadores.

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el 14 de diciembre de 1919, se declaró la huelga en el territorio de La Forestal. Los pueblos “forestales” fueron, literalmente, tomados por los obreros que habían paralizado completamente el funcionamiento de la poderosa empresa. Los diarios de la época informaban que patrullas armadas recorrían las calles y controlaban fábricas, transportes y tenían secuestrados en sus casas a gerentes y altos empleados.
La Huelga de los tanineros finalizó con un triunfo para los trabajadores, y una derrota difícil de aceptar para la empresa que hizo ordenar el incumplimiento de los acuerdos y puso en marcha la creación de una fuerza de represión propia.

En mayo de 1920 asumió como gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca, por el Partido Radical “Antipersonalista” y creó por decreto la Gendarmería Volante que fue financiada íntegramente por la compañía. La violencia desatada por los gendarmes de La Forestal fue acompañada por el cierre de fábricas que dejaban sin trabajo a cientos de familias y sin la posibilidad de una nueva huelga.

En enero de 1921 el panorama para los trabajadores era alarmante, habían pasado de una victoria sindical importante en marzo de 1920, a una desoladora situación en la que se complementaba los abusos de la Gendarmería Volante, la vista gorda del ejecutivo nacional, la complacencia del gobierno provincial y varias fábricas cerradas por la misma empresa. El termómetro de los obreros estaba al rojo vivo en el verano de 1921 y fue una cuestión de días hasta que estalló la revuelta.

El 29 de enero de 1921 grupos de obreros armados con wínchester en los trenes entraron a Villa Ana y Villa Guillermina intentando tomar los poblados donde rápidamente hubo un enfrentamiento causando bajas de ambos lados. Con la llegada de los refuerzos policiales, los obreros huyeron al monte donde resistieron los ataques agresivos de los gendarmes. Muchos trabajadores que habían intentado reclamar por medio de la huelga y que no pudieron escapar, fueron detenidos y sus hogares incendiados. Los niveles de represión y tortura fueron extremos. El propio Teófilo Lafuente, relata en sus declaraciones, que él y sus compañeros habían pasado un verdadero martirio al punto de casi perder la vida.

En sus declaraciones, Teófilo también comentó que en el norte estaban cazando obreros como si fueran animales. En Villa Ana, particularmente, en el arroyo de El Almagro, se ubicó el grupo más importante de obreros perseguidos que protagonizó esta última etapa de lucha contra la empresa inglesa. Los enfrentamientos continuaron por un tiempo con una situación controlada por la compañía y un sindicato abatido y disuelto.
Oficialmente no se sabe cuántos obreros perdieron sus vidas en esta lucha, sólo el periódico La Vanguardia manifestó que los muertos por la Masacre de La Forestal rondarían los 500 a 600 trabajadores.

Hoy, a 100 años de la revuelta del 29 de enero, la realidad pareciera no haber cambiado demasiado y por eso, la gesta sindical de los obreros del chaco santafesino, pareciera tener más vigencia que nunca.

Hoy como ayer, los nombres y hazañas de los obreros de La Forestal, continúan llenando de tinta los periódicos argentinos y su ejemplo de lucha resurgen y se mezcla en las realidades nuevas de los pueblos forestales. Y entonces pareciera que estos dos momentos históricos, separados por 100 años, se funden en un solo instante donde se vuelve a escuchar revolución social en los pueblos del quebracho, que conmemoran y recuerdan a los bravos obreros de La Forestal. (21/1/2021, CTA de los trabajadores, Prof. Luciano Sanchez/Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades)

VER LOS CARDENALES DE LA FORESTAL

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1856 - MATANZA DE VILLAMAYOR

A principios de 1856 –en momentos de fuerte tensión entre la provincia de Buenos Aires, segregada del resto del país y la Confederación, presidida por Urquiza, un grupo de federales, que se hallaban exilados en Montevideo, intenta recuperar a la provincia rebelde. Entre ellos están el general Jerónimo Costa, héroe de la defensa de la isla Martín García ante la invasión francesa, junto con los coroneles León Benítez, Ramón bustos, Juan Francisco Olmos y otros jefes. Logrado el apoyo de algunos soldados, estos oficiales lograron constituir una fuerza de ciento cincuenta hombres que desembarcó en Zárate el 28 de enero de 1856

Las fuerzas leales al gobierno de la provincia lograron derrotar a los insurrectos, “los grupos fueron perseguidos y alcanzados. Quienes los componían, muertos. De los ciento cuarenta, sólo quince escaparon con vida. Así, el decreto de muerte contra los jefes se hizo extensivo a los oficiales y tropa”. “El 31 de enero, regresó el coronel Mitre, ministro de la guerra: se le recibió con ovaciones… El gobernador Obligado, dijo a los manifestantes: -Dense vivas al coronel Mitre, a quien se le deben estos sucesos, que tanto ha trabajado y tanto ha sufrido preparándolos”… El diario “El Nacional”, redactado por Sarmiento, afirmó: “Han muerto o han sido fusilados, en el acto de ser aprehendidos, Bustos, Costa, Olmos (si no lo está, lo estará, voto al chápiro). Trofeos, la espada de Costa, ruin y mohosa. El carnaval ha principiado… Se acabó la mazorca”. El periódico La Tribuna dijo: “El verdadero triunfo de la causa del pueblo no ha sido Caseros, sino Laguna de Cardoso, en donde fue destruido Flores y Villamayor, en donde sucumbieron ayer Costa y Bustos… Pérez y García, por quienes se interesaron los vecino de Luján, estaban ejecutados cuando llegó la orden de indulto”. Se obsequió con un álbum al coronel Mitre, como héroe de la jornada y se dio un banquete en el club del progreso al mismo coronel y jefes y oficiales que lo habían acompañado”.- (N. GALASSO, Los Malditos, Tomo III, página 468 – Ed. Madres de Plaza de Mayo)

VER BIOGRAFÍA DE JERÓNIMO COSTA . . .

 

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1977 – MASACRE DE AYOLAS Y CAFFERATA

Se conoce como Masacre de Ayolas y Cafferata al hecho ocurrido el 23 de enero de 1977, en el que fueron asesinados seis estudiantes universitarios que pertenecían a la Corriente Universitaria por la Revolución Socialista (CURS), una rama de la organización política Poder Obrero. Los jóvenes habían sido secuestrados días antes y permanecían en el centro clandestino de detención (CCD) Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. Como represalia por la fuga de un detenido, los trasladaron a unos galpones ubicados en la ex calle Ayolas (hoy Uruguay) y Cafferata, de la ciudad de Rosario, donde fueron asesinados.

LOS HECHOS

En enero de 1977 siete personas fueron detenidas ilegalmente en distintos puntos de la ciudad de Rosario y llevados a dependencias del ex Servicio de Informaciones de la policía provincial que operaba entonces como centro clandestino de detención y estaba bajo el mando de Agustín Feced. Uno de los secuestrados logró escapar.

 En su testimonio, un sobreviviente de ese mismo CCD relató las circunstancias del hecho: “Después de que el tipo se escapa, en represalia los matan a todos. Nosotros escuchamos el ruido de los autos cuando se los llevaban a todos vivos”. ​

Un comunicado oficial del II Cuerpo de Ejército emitido unos días después daba su versión de los hechos: “El día 23 de enero, siendo las 2,30 horas. aproximadamente, personal perteneciente a la jefatura de Área 211, al arribar a la intersección de las calles Cafferata y Saavedra, observó en un automóvil Renault 12 ocupado por varias personas que iba siguiendo a una motocicleta tripulada por una pareja, aspecto que llamó la atención, y se les impartió la orden de detención para controlar la documentación personal. Los respectivos conductores imprimieron mayor velocidad a los vehículos para iniciar la fuga y cayeron abatidos los ocupantes de la motocicleta y del automóvil. Cuando se procedió a revisar el automóvil se encontraron doce granadas de mano y veinte kilos de explosivos, ante lo cual se alertó a los vecinos para evitar cualquier accidente y se requirió la participación de la Brigada de explosivos. Se realizan diligencias para determinar la identificación de los 6 delincuentes abatidos (4 mujeres y 2 hombres)”.

Posteriormente fueron sepultados como NN en el cementerio La Piedad. Los cuerpos de Nadia Doria y Mónica Woelflin no fueron recuperados. ​
Los hechos del Pasaje Marchena, Los Surgentes e Ibarlucea tuvieron características similares. ​ En todos los casos se intentó encubrir el delito informando un “enfrentamiento”, situación que habilitaría a las fuerzas de seguridad a actuar violentamente para repeler el supuesto ataque.

VÍCTIMAS

  • Nadia Doria (n. 13 de julio de 1944, Puerto Cititanova, Italia, 32 años). Trabajaba en tareas administrativas en Acindar y era representante sindical de su sector desde 1974. Fue detenida en marzo de 1975 en Villa Constitución en el marco de la represión en Acindar y liberada el julio del mismo año. Fue secuestrada en un punto sin determinar entre el 20 y el 23 de enero.
  • Héctor Luis Fluxa Peirano «Topi» (n. 28 de agosto de 1956, 20 años). ​ Oriundo de la ciudad de Santa Fe, había llegado a Rosario para estudiar arquitectura. Estaba en pareja con Silvia Somoza.
  • Gladys Beatriz Hiriburu Lissi (n. 24 de noviembre de 1956, 20 años). Estudiaba medicina en Rosario. ​
  • Silvia Lidia Somoza (n. 17 de diciembre de 1954, Rosario, 22 años). Estudiaba psicología y estaba embarazada de tres meses al momento de su secuestro.
  • Luis Enrique Ulmansky Azeretzky (n. 9 de agosto de 1951, Las Palmeras, Santa Fe, 25 años). ​ Egresó de la Escuela Nacional Sarmiento de Moisés Ville. Se inscribió en la carrera de psicología en 1975. Estaba en pareja con Gladys Beatriz Hiriburu.
  • Mónica Cristina Woelflin Torres (n. 21 de marzo de 1951, 25 años). Estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Rosario y trabajaba como ayudante en la cátedra de Química Biológica.
  • HOMENAJES

El primer homenaje se realizó en enero de 2007 en el ex Servicio de Informaciones de la policía provincial.
En 2008, se inauguró un memorial realizado por el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, con pequeñas losetas con los nombres de los asesinados quedaron selladas en la intersección de la ex Ayolas y Cafferata y metros más allá el mural de los ex presos.

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1974 – MASACRE DE 5 COOPERATIVISTAS

Cerca de Río Segundo, por la vieja ruta 9 y hacia la ciudad de Córdoba, el 23 de enero de 1974 a las 14.45, integrantes del Comando Radioeléctrico de la capital mediterránea asesinaron a Víctor Cantoia, gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada, Aldo Viotto, Ernesto Pascucci y Roberto Blanch, funcionarios de la misma entidad, y a Odorico Montorfano, directivo de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca), de Rosario, respondiendo a unos criterios y a una metodología que en poco tiempo más se convertiría en moneda corriente, ensangrentando al país.

Los mutualistas viajaban en un Ford Falcon color borravino, hacia Colonia Caroya para interiorizarse del funcionamiento de un supermercado, para instalar uno similar en Armstrong.

Horas antes, cinco agentes de la policía federal conformado por Juan Carlos Naranjo, Néstor Velázquez, Eduardo Domingo Moreno, Rómulo Cirilo Cabral y Ramón Salguero, había partido desde Córdoba en un automóvil idéntico al de los cooperativistas para realizar una serie de allanamientos ordenados por un juez federal.

Después del mediodía, el grupo de federales se detuvo en una parrilla para almorzar y por recomendación del chofer, guardaron las armas en el baúl para no asustar a las personas del lugar. Esa maniobra fue advertida por un vecino que pasaba por allí y dio aviso a la policía de Laguna Larga. Luego una comisión de la policía de Córdoba los interceptó y verificó su documentación, pero desaparecieron sin creer que eran federales. Este episodio desembocó en un operativo de la policía cordobesa a través de un bloqueo en la ruta nacional 9, donde poco después ocurrió la tragedia

Versión policial.

Un curioso parte policial sobre los hechos indicaba entonces: “Siendo las 14.45 se conoció que por la ruta 9, a la altura de Laguna Larga, pasó un automóvil rojo con cinco personas a bordo. Inmediatamente y por resultar los ocupantes del mismo sumamente sospechosos y al parecer armados, el Comando Radioeléctrico destacó a lo largo de la ruta referida cuatro móviles”.

El informe también indicaba que el auto no tenía patente, que viajaba a 150 kilómetros por hora, que desobedecieron la orden de detención y que sus ocupantes abrieron fuego contra el retén policial, entre otras falacias.

También indicaba que le secuestraron dos pistolas calibre 11.25, tres revólveres calibre 38, proyectiles y vainas servidas, así como una carabina calibre 22, y tres detonadores de explosivos.

Hechos reales.

En su viaje los cooperativistas habían pasado Laguna Larga cuando se cruzaron con un móvil policial que, al advertir su presencia giró y comenzó a perseguirlos. Después que el Falcon sobrepasó a un camión, –cuyo conductor desdijo luego a los policías–, fue alcanzado por el móvil policial 334 del Comando Radioeléctrico. El chofer del móvil cerró el camino al auto rojo y éste giró a la izquierda para no embestirlo. Allí sonaron los primeros disparos provenientes de la banquina norte donde había efectivos en posición de cuerpo a tierra. Luego sucedió una balacera efectuada por los ocupantes del móvil 334.

Tras la ráfaga se oyó que desde el auto gritaban “no tiren, no tiren” y los nombres y ocupaciones de los pasajeros. Esto no importó a los policías, que avanzaron hacia el auto disparando y llegaron a introducir las armas dentro del mismo para asegurar los disparos.

Detrás del camión estaba detenido un auto Fiat, a cuyo conductor los policías le pidieron un destornillador con el que disimuladamente sacaron las patentes al Falcon. La orden original de los policías era impedir el desplazamiento “de un Torino, Chevrolet o similar, chapa B-459328 rojo”, sin que trascendieran los motivos.

Los documentos de identidad y la ropa de las víctimas, las chapas patentes y otros elementos como portafolios y documentos de trabajo fueron escondidos y enterrados cerca del lugar de los hechos. Además les “plantaron” armas para simular un enfrentamiento.

A los pocos minutos, llegó al lugar otro Falcon, también rojo, con cinco personas armadas pertenecientes a la policía federal, provenientes de Laguna Larga.

Conclusiones.

El operativo fue montado contra los policías federales. Descubierto el error, había que borrar las huellas del crimen y comprometer a los cooperativistas asesinados. Al llegar minutos más tarde, los federales comprendieron que la trágica emboscada estaba dirigida a ellos.

Todo fue corroborado, por el periodista de La Voz del Interior, Miguel Durán, al entrevistar a uno de los federales. La emboscada formaba parte de una embestida para derrocar al gobernador Obregón Cano, lo que sucedió un mes después con el recordado golpe policial encabezado por el comisario Antonio Navarro y conocido como “navarrazo”. (Fuente: http://www.lacapital.com.ar)

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1977 - ES ASESINADO DARDO CABO EN LA MASACRE DE BRANDSEN

Periodista y militante político, fundador del Movimiento Nueva Argentina, comandó en 1966 la Operación Cóndor que desvió un avión de Aerolíneas Argentinas para desembarcar en las Islas Malvinas, exigiendo su devolución. Creador de la agrupación Apeba, formó parte de la Mesa de Trasvasamiento de la Juventud Peronista, integró las organizaciones armadas Descamisados y Montoneros y dirigió el semanario El Descamisado.
Detenido en abril de 1975, fue sacado de prisión y asesinado el 6 de enero de 1977 junto a otros siete prisioneros por elementos del Primer Cuerpo de Ejército que respondían al general Suárez Mason. (Roberto Baschetti. Militantes del peronismo revolucionario uno por uno)
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Tras su vuelta al continente fue encarcelado. Cabo se casó con María Cristina estando preso en Ushuaia. Desde la cárcel envió al historiador NorbertoGalasso una carta prólogo para su trabajo Discépolo y su tiempo, en su 3ª edición de 1967.

Allí escribió:
“Hace unos días, le decía en una carta al Dr. Arturo Jauretche que “algo está pasando en el plano de la cultura nacional”. Acababa de leer “Discépolo y su época” y estaba entusiasmado por el arrebato suyo de decir tantas verdades que hace rato muchos queremos encontrar en los libros argentinos y que algunos se desesperan en ocultar. (…) Siga usted cabalgando, amigo Galasso, que lleva un pingo flor en su pluma y que todavía tiene que decir una punta de cosas más que harán parar los pelos de punta a estos tilingos que tienen por críticos literarios a esas “revistas de ejecutivos”…

A su actividad militante le unió, como escribí antes, su pasión periodística, pues Dardo Cabo formó parte de las redacciones de las revistas Extra y Semana Gráfica.
Más controversial fue su supuesta participación en 1969 del “Operativo Judas”, donde se dio muerte, en la sede de la UOM, al “Lobo” Vandor. Dicho hecho de sangre fue reivindicado dos años después por el Comando «Héroe de la Resistencia Domingo Blajaquis» del Ejército Nacional Revolucionario. Blajaquis fue, casualmente, uno de los muertos en La Real y que años atrás Dardo trató, con sus palabras, de despegar de responsabilidad a Vandor. Allí Cabo nada tuvo que ver, sino más bien fue responsabilidad de un sector sindical cercano a la CGT de los Argentinos, pero aún no es un tema cerrado…
Fundó la Agrupación Peronista de Base 17 de Octubre (Apeba 17) y se incorporó al grupo Descamisados. Se integró por poco tiempo (en el ínterin entre una y otra formación) la Mesa del Trasvasamiento – junto Roberto Grabois, del Frente Estudiantil Nacional (FEN), y Alejandro “Gallego” Álvarez, de Guardia de Hierro –, para luego integrarse en la “orga” Descamisados y de allí a Montoneros.
Encarcelado nuevamente por la última dictadura, el 7 de enero de 1977 fue fusilado junto con Roberto Rufino Pirles en un “traslado” desde la Unidad Penitenciaría Nº 9 de la ciudad de La Plata. Lo acribillaron a tiros cuando acababa de cumplir 36 años.
Por Pablo Adrián Vázquez* (http://visionpais.com.ar/dardo-cabo-tacuara-malvinas-vandor-y-montoneros-entre-la-pluma-y-el-fusil/)

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Editorial Publicado en El Descamisado. Año 1 Nº 20. 2 de octubre de 1973
ANTE LA MUERTE DE JOSÉ RUCCI
La cosa, ahora, es cómo parar la mano. Pero buscar las causas profundas de esta violencia es la condición. Caminos falsos nos llevarán a soluciones falsas. Alonso, Vandor, ahora Rucci. Coria condenado junto con otra lis­ta larga de sindicalistas y políticos. Consignas que augu­ran la muerte para tal a cual dirigente. La palabra es "traición". Un gran sector del movimiento peronista, considera a un conjunto de dirigentes como traidores y les canta la muerte en cada acto. Estos dirigentes a su vez levantan la campaña contra los infiltrados, proponen la purga interna. Arman gente, se rodean de poderosas custodias personales y practican al matonaje como algo cotidiano. Como es toda esta historia, cuando comenzó la traición y cuando comenzó la muerte.

Los viejos peronistas, recordamos a estos burócratas hoy ejecutados o condenados a muerte. Los conocimos luego de 1955, cuando ponían bombas con nosotros. Cuando los sindicatos logrados a sangre y lealtad, recupe­rados para Perón y el movimiento, eran casas peronistas donde se repartían fierros y caños para la resistencia y de donde salía la solidaridad para la militancia en com­bate o presa. Coria guardaba caños en Rawson 42, el local de la UOCRA, allí se armaban bombas y se preparaba la resistencia; Vandor bancó la mayoría de las células más combativas del movimiento. Eran leales, eran queridos, habían llegado a los sindicatos por elecciones y represen­taban a la base del gremio; más allá que le gustaran las carreras o tuvieran un vicio menor, "los muchachos los querían" y en serio. Perón confiaba en ellos.

No tenían matones a sueldo, en cambio amigos en serio los acompañaban. Si uno quería hablar can Vandor podía invitarlo a la esquina de Rioja y Caseros o caerse al mediodía en un boliche a cuadra y media del sindicato, agregarse a la mesa o apartarlo a una cercana. Las puer­tas de los sindicatos estaban abiertas, siempre. A lo su­mo una mesa de entradas con un par de muchachos con algún fierro, pero sin mucha bulla, más para cuidar las fierros que adentro se guardaban que para cuidar a nadie. ¿Quién iba a matar a Vandor en 1962?
Pero de pronto las puertas se cerraron, o fueron reem­plazadas por sólidos portones con sistemas electrónicos. Ya no andaban con amigos, sino "con la pesada". Su vida rodeada del secreto impenetrable. Las elecciones en los sindicatos iban precedidas por una intrincada red de fraudes, tiros, impugnaciones, expulsiones. Denuncias de las listas opositoras y todo un sucio manejo que dejaba como saldo una gran bronca: delegados echados, afilia­das expulsados, acusaciones de troskos o "bichos colo­rados" que justificaban el arreglo con el jefe de personal para arreglar el despido.

También las versiones: se negociaba con el enemigo, se apretaba a Perón, se guardaban sus órdenes o no se cumplían. Perón tiraba la bronca: "hay que cortarles las patas'' o "los traidores generan anticuerpos". Y la bron­ca se extendía. Rosando García cayó en una bronca entre pesados. Alonso en una limpia operación comando. Los métodos se tecnificaron al mismo ritmo de la traición. A puertas electrónicas: tiros dirigidos con telescopio. Se decía siempre que era la CIA.

Pero la bronca estaba adentro. Una historia de trai­ciones, negocios con el enemigo, levantamiento de paros, elecciones fraudulentas, apretadas a Perón. Uno tras otro los cargos se acumulaban. A más, los matones ha­cían las suyas: sacudían a los periodistas, reventaban militantes, impunes recorrían la ciudad armados, si caían presos salían enseguida. La policía empezó a protegerlos. La división se agravó, se agrava cada vez más.

Rucci era un buen muchacho. Lo cargaban en la UOM cuando andaba (mucho antes de ser siquiera interventor en San Nicolás) con saco y corbata. Hasta trabita usaba, y el Lobo lo cargaba. Pero no era mal tipo. Tenía su his­toria de resistencia, de cárcel. Las había pasado duras, como cualquiera de nosotros. De pronto aparece en al campo de Anchorena prendido en una cacería del zorro. Apoyando a Anchorena para gobernador de la provincia da Buenos Aires. ¿Quién entiende esto?

Algo debe tener de transformador eso de ser secreta­rio general. Algo muy grande para cambiar así a la gen­te. Para que surjan como leales y los maten por traidores.
Por eso no hay que disfrazar la realidad. El asunto está adentro del movimiento. La unidad sí, pero con ba­ses verdaderas, no recurriendo al subterfugio de las pur­gas o a las cruzadas contra los troskos. No hay forma da infiltrarse en el movimiento. En el peronismo se vive co­ma peronista o se es rechazado. No se puede pretender que la mitad de la gente que desfiló -por ejemplo- el 31 de agosto frente a la CGT eran infiltrados o que son lo­cos cuando denuncian y piden la cabeza de la burocracia sindical. Por un momento, pensar si no tienen razón. Pensarlo antes de empuñar el fierro y amasijar -por ejemplo-a Grynberg. Porque así la cosa no para.

La unidad así es un mito. Hay que revisar los proce­dimientos antes de llamar a la unidad, porque por ahí quedamos más divididos que ahora. Si se usó el fraude para elegir autoridades en los sindicatos, apelar a abrir la mano y pedir a los trabajadores que limpiamente eli­jan sus conducciones. Si se alentó a la pesada para hacer brutalidades en nombre de la doctrina justicialista, lla­marla y ubicarla en donde corresponda que esté. A laburar en serio, o a hacer pinta con el fierro y pegar un ca­chiporrazo de vez en cuando.
Sin estas condiciones mínimas no hay unidad que valga. Si todos los peronistas no tenemos derecho a ele­gir a quien nos represente, debajo de Perón, en el Movi­miento Peronista, así no camina la cosa. Se va a seguir muriendo gente.

Es cierto que también nos puede tocar a nosotros. Porque por dos veces los pesados le propusieran a Rucci -fue para la misma época en que se "reventó" Clarín- reventar a "El Descamisado". El Petiso, como le decían ellos, los paró. Ahora es posible que se vengan a tirar los tiros que tendrían que haber tirado cuando debieron, porque para eso estaban. Como no cumplieron en la tarea para la cual estaban quieren compensar dándosela a cualquier gil. Ellos están dispuestos a erigirse con sus fie­rros en los dueños da lo ortodoxia. Se sienten los cruza­dos del justicialismo, los depuradores. Porque a su jui­cio todos los que criticaban a José, son sus asesinos. To­dos son troskos, todos son infiltrados.
Nosotros, desde estas mismas páginas criticamos a José Rucci y lo hicimos duramente. Su muerte no levanta esas críticas, porque no las modifica.

Todos los sectores del Movimiento, incluyendo a la Juventud Peronista y la Juventud Trabajadora Peronista, incluso la Juventud Universitaria Peronista, sectores desde donde provino la más dura oposición a los métodos que usó José Rucci, lamentaron esta violencia que termi­nó con la vida del secretario de la CGT.

Pero acá todos somos culpables, los que estaban con Rucci y los que estábamos contra él; no busquemos fan­tasmas al margen de quienes se juntaron para tirar los tiros en la Avenida Avellaneda, pero ojo, acá las causas son lo que importa. Revisar qué provocó esta violencia y qué es lo que hay que cambiar para que se borre entre nosotros. Para que no se prometa la muerte a los traido­res y para que la impunidad no apañe a los matones, ni el fraude infame erija dirigentes sin base.
Dalmiro Segundo VILLAGRA
Si la cosa es parar la mano para conseguir la unidad, habrá que garantizar los métodos que posibiliten que los dirigentes sean representativos. Habrá que desarmar a los cazatroskos y fortalecer doctrinariamente al peronis­mo como la mejor forma de evitar las infiltraciones.
No es con tiros como van a "depurar" el Movimiento. La única verdad la tiene el pueblo peronista. Dejemos que al pueblo se exprese.
FUENTE: http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/editorial-de-dardo-cabo-el-descamisado-luego-del-asesinato-de-rucci

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LA SEMANA TRÁGICA (7/1 AL 14/1 DE 1919)

Con la súbita represión por cuenta y orden de la propia Policía Federal de la huelga que venían realizando los obreros de los talleres Vasena en reclamo de la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, mejores condiciones de salubridad, la vigencia del descanso dominical, el aumento de salarios y la reposición de los delegados despedidos, comienza la llamada Semana Trágica de Buenos Aires, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Si bien el Departamento Nacional del Trabajo había apoyado los reclamos obreros, la empresa se rehusó a obedecer, reemplazó a los trabajadores por rompehuelgas provistos por una autodenominada Asociación Nacional del Trabajo y la actuación intimidatoria de grupos paramilitares de la Liga Patriótica, razón por la que el conflicto se prolongaba desde mediados del mes de diciembre.

La acción conjunta de la desmandada Policía Federal, el Ejército y los paramilitares, dejó un saldo que se calculó en alrededor de 700 muertos y 4000 heridos.

7 de enero: comienza la semana trágica

El 7 de enero, nuevamente en la esquina de Pepirí y Amancio Alcorta donde estaba el local sindical (Alcorta 3483), aproximadamente a las 15:30, más de cien policías y bomberos armados con fusiles Mauser, apoyados por rompehuelgas armados con Wínchesters, dispararon contra las casas de madera, los huelguistas y los vecinos. Durante casi dos horas se dispararon cerca de dos mil proyectiles. Una gran parte de las fuerzas de seguridad ya estaban apostadas desde mucho antes en el techo de la escuela La Banderita ubicada en la esquina mencionada y en la fábrica textil Bozalla ubicada frente al local sindical, que también estaba en huelga. Entre las fuerzas atacantes estaba incluso uno de los dueños de la empresa, Emilio Vasena.
El cronista del diario socialista La Vanguardia describió el panorama con el que se encontró al llegar al lugar, con estas palabras:
“Hay que ver cómo están las paredes, puertas, vidrieras y el interior de las casas. Unos obreros nos dijeron que para librar a sus hijos de las balas, los hicieron esconderse en el piso debajo de las camas. Casi todas las paredes de esas construcciones son de madera, de modo que las balas las atraviesan con facilidad. Con mayor razón si los disparos se hacían de pocos metros de distancia. En una casa frente a la escuela, una bala atravesó tres paredes, rompió el espejo de un ropero, atravesó las ropas y se incrustó en la pared. Hay habitaciones interiores en esas casas que tienen balas incrustadas a 50 cm del piso, lo que probaría que esos proyectiles se han disparado desde la azotea de la escuela”

Como resultado del ataque murieron Toribio Barrios, español de 50 años, asesinado a sablazos en la calle; Santiago Gómez, argentino de 32 años, asesinado dentro de una fonda; Juan Fiorini, argentino de 18 años, asesinado en su casa mientras tomaba mate con su madre; Miguel Britos, argentino de 32 años; y Eduardo Basualdo, de 42 años, que moriría al día siguiente. Ninguno de ellos era empleado de Vasena. Las personas heridas de bala superaron las treinta, entre ellas Irene Orso o Curso, italiana de 55 años; Segundo Radice, italiano de 54 años; Basilio o Cecilio Arce, argentino de 48 años; Miguel Ala, turco de 19 años; José Salgueiro, argentino de 18 años; Pedro Velardi, italiano de 29 años; Martín Pérez, español de 48 años; Humberto Pérez, argentino de 22 años; José Ladotta, italiano de 55 años; José Santos, portugués de 46 años; y Gabino Díaz, argentino de 40 años.
El parte policial informó que sólo tres policías habían recibido lesiones mínimas (dos golpes y un mordisco) y que uno solo había sufrido una herida de cierta consideración, al recibir una cuchillada.

La magnitud de la masacre fue verificada de inmediato en el lugar de los hechos por el diputado socialista Mario Bravo, por los cronistas del diario socialista La Vanguardia, por la revista Mundo Argentino y por la tradicional revista Caras y Caretas.

Inmediatamente después de la masacre el gobierno radical buscó terminar el conflicto. El ministro del Interior Ramón Gómez dio instrucciones al jefe de policía Miguel Denovi y al director del Departamento de Trabajo Alejandro Unsain, para que entrevistaran a Alfredo Vasena y obtuvieran de él la concesión de varios de los puntos del petitorio de huelga. Unsain y Denovi fueron a la empresa y consiguieron que Vasena aceptara aumentar los salarios un 12%, reducir la jornada a 9 horas de lunes a sábado (54 horas semanales) y readmitir a todos los obreros en huelga. Esa misma noche a última hora, Unasin y Denovi consiguieron que Vasena y los dirigentes sindicales, se reunieran en la jefatura de policía y llegaran a un principio de acuerdo, que se formalizaría al día siguiente en la sede de la empresa. Vasena se comprometió también a no realizar actividades al día siguiente, para evitar nuevos incidentes. El conflicto en los Talleres Vasena parecía a punto de quedar resuelta.

Pero los asesinatos habían generado una indignación generalizada en los sectores obreros y en los barrios populares del sur de la ciudad, que se reflejó de inmediato en la gran cantidad de gente que se congregó en los locales sindicales, socialistas y anarquistas, especialmente en los dos en los que se velaron a los muertos, la sede del sindicato en Alcorta 3483 y la "casa del pueblo" socialista en Loria 1341 -a dos cuadras de la fábrica.
Esa misma noche los comerciantes de Nueva Pompeya decidieron cerrar sus negocios al día siguiente, en señal de duelo por los muertos. Simultáneamente, uno de los principales sindicatos del país, la Federación Obrera Marítima (FOM), de la FORA IX, declaraba la huelga por la falta de respuesta a sus peticiones por parte del Centro Argentino de Cabotaje.

8 de enero: fracasa la negociación

El 8 de enero el conflicto se generalizó, el precario acuerdo alcanzado en Vasena se cayó y el optimismo que el gobierno había manifestado la noche anterior se diluyó rápidamente.

Durante la mañana todas las fábricas y establecimientos metalúrgicos de la ciudad suspendieron las tareas. mientras que decenas de sindicatos de las dos FORAs repudiaron la matanza y declararon huelgas para concurrir al entierro de los muertos, que se realizaría al día siguiente: ​ calzado, construcción, choferes, construcciones navales, tabaco, curtidores, toneleros, molineros, tejido, constructores de carruajes, tapiceros, estatales, etc. Adicionalmente la huelga marítima declarada el día anterior se extendió a los demás puertos del país y la Federación Obrera Marítima (FOM) convocó a acompañar el cortejo.

Mientras el conflicto se generalizaba, los miembros del sindicato metalúrgico se hicieron presentes poco antes del mediodía en la sede de la empresa en la calle Cochabamba, para negociar los términos del acuerdo preconfigurado la noche anterior. Pero Alfredo Vasena impidió primero el ingreso de los dirigentes sindicales que no eran empleados de la empresa y luego se negó a recibir el petitorio o negociar cualquier condición que modificara lo que había acordado con el gobierno: 12% de aumento y jornada máxima de 9 horas de lunes a sábado. El sindicato pretendía más aumento, equiparación salarial entre secciones y géneros, jornada de 8 horas, no obligatoriedad de las horas extras, la que deberían pagarse con un suplemento del 50% o 100% si eran en domingo. La negativa de la empresa a negociar, a pesar de la tragedia del día anterior, tensó aún más los ánimos ya exacerbados por las muertes y los desmanes, como pudo percibirse en la asamblea informativa que el sindicato realizó esa noche en el salón Augusteo ubicado en Sarmiento 1374. Esa tarde en el Congreso el diputado socialista Nicolás Repetto criticaría "la impermeabilidad cerebral de algunos patrones", en referencia a la intransigencia mostrada por Alfredo Vasena en el conflicto.

Esa tarde se reunió también la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, debatiéndose los "sucesos sangrientos" de Nueva Pompeya. El Partido Socialista sostuvo que era necesario sancionar una ley de asociaciones sindicales, sobre lo que hubo acuerdo general, razón por la cual la Cámara resolvió pedirle al Poder Ejecutivo que incluyera en el temario de sesiones extraordinarias, el tratamiento de la ley sindical. El tema sin embargo no se trataría y la primera ley sindical se aprobaría recién en 1943. La bancada socialista también pidió la interpelación del ministro del Interior para que respondiera sobre lo que el diputado Mario Bravo calificó en ese momento de "masacre". Bravo, que había estado en el lugar poco después de los hechos y entrevistado numerosos testigos, informó en detalle sobre la forma en que se había producido el ataque policial. Cuando llegó el momento de votar la moción de interpelación al ministro, la Cámara se quedó sin quórum.

Durante todo el día, el local sindical y el socialista en los que se realizaban los velorios, se vieron desbordados de gente indignada por la matanza. La FORA del IX Congreso expresó su solidaridad con los huelguistas y al anochecer la FORA del V Congreso declaró la huelga general al día siguiente, a partir de las 12 del mediodía, para asistir masivamente al entierro de las víctimas de la matanza.

9 de enero: decenas de muertos

El 9 de enero Buenos Aires quedó casi completamente paralizada, a excepción de los trenes que traían multitudes desde las áreas suburbanas para sumarse al cortejo fúnebre. Barricadas, piquetes, cortes de los cables de los tranvías, comisiones obreras recorriendo los lugares de trabajo, sin subtes ni canillitas, etc. Esa misma tarde el diario La Razón describía así el estado de situación a la mañana:
Todo el perímetro comprendido entre las calles Boedo, Cochabamba, Entre Ríos y Rivadavia, estaba ya, horas antes del pasaje del cortejo, invadido por la muchedumbre. Los grupos se formaban sobre las veredas, los balcones, las terrazas, puertas y ventanas. Un estado de sobreexcitación en ese grande y popular barrio metropolitano, como nunca antes había habido. No circulaba ni un solo tranvía, carro o vehículo… Barrios obreros por excelencia, muchos trabajadores de los dos sexos esperaban en las esquinas, con flores en la mano para arrojarlas al pasaje del cortejo fúnebre. Luego de dar una vuelta por las inmediaciones, pudimos verificar la ausencia total de policías. El orden, sin embargo, era absoluto: ningún hecho se registró por falta de los obreros en huelga.

Bilsky realiza un panorama sobre el componente de clase de la movilización popular de ese día señalando que la participación fue masiva en los barrios obreros del sur y también en los barrios en los que la población obrera convivía con sectores de la clase media como San Cristóbal, Balvanera y Almagro, mientras que la clase alta adoptará una postura de rechazo frontal, con fuertes componentes nacionalistas y xenófobos, que llevaría a partir del día 11 a formar milicias civiles "patrióticas" para reprimir a los obreros y los inmigrantes, especialmente los judíos.

Los Vasena, el directorio de la empresa (entre los que había ciudadanos ingleses) y varios dirigentes de la Asociación Nacional del Trabajo, se habían atrincherado en la fábrica, custodiados por 300 hombres armados de la mencionada organización parapolicial. ​ Por esa razón, el embajador inglés Reginald Tower y el presidente de la Asociación Nacional del Trabajo y la Sociedad Rural Argentina Joaquín de Anchorena fueron a la Casa Rosada a reclamar fuerzas policiales y decisiones enérgicas para defender el establecimiento, que ya empezaba a estar rodeado de obreros y a ser bloqueada por el levantamiento de barricadas en las esquinas. El gabinete presidencial debatió la posibilidad de decretar el estado de sitio, pero Yrigoyen decidió no hacerlo, esperanzado aún en lograr una mediación exitosa en el conflicto de Vasena, que atemperara los ánimos.
En ese momento Yrigoyen toma dos medidas, anticipando dos posibles escenarios opuestos. En primer lugar removió al jefe de policía que estuvo al mando durante la masacre del 7 de enero y puso a cargo de la misma al ministro de Guerra Elpidio González, más apto para presionar a Vasena y al sindicato para que llegasen a un acuerdo. Pero por otro lado, previendo una evolución negativa de los acontecimientos, Yrigoyen se comunicó con su fiel amigo el general Luis J. Dellepiane, al mando de la II División de Ejército apostada en Campo de Mayo.

A las 2 de la tarde el multitudinario cortejo fúnebre partió del local sindical ubicado en el cruce de Amancio Alcorta y Pepirí, hacia el cementerio de Chacarita. La columna estaba encabezaba por una vanguardia de 150 anarquistas armados que se fue ampliando con el saqueo de las armerías que se encontraban en el camino.

La columna marchó por La Rioja hasta la fábrica Vasena, donde se encontró con la columna socialista. Allí se produjo una enorme confrontación armada con los guardias que custodiaban la empresa y a sus dueños. Los manifestantes intentaron en vano prender fuego al portón de hierro de la entrada y a los forrajes para los caballos, como se ve en algunas fotografías. Los enfrentamientos en la zona de la fábrica dejaron un número indeterminado de muertos y heridos. Oddone menciona que al centro socialista del barrio (circunscripción 8ª) fueron llevados cinco cadáveres.

Al enterarse de lo que sucedía en los talleres de Vasena, el ministro de Guerra y nuevo jefe de Policía Elpidio González y el comisario inspector Justino Toranzo, se dirigieron en auto hacia la empresa. Pero el auto fue detenido por los manifestantes a pocas cuadras de la empresa, siendo obligados a bajarse, mientras los huelguistas quemaban el vehículo, teniendo que volver caminando al cuartel de policía. Según el comisario e historiador policial Adolfo Enrique Rodríguez, en esta acción murió -sin indicar de qué modo- el subteniente Antonio Marotta, comandante de un pelotón de fusileros que habría estado encargado de la protección de González. ​ Ningún investigador de la Semana Trágica, ni los diarios de la época, mencionan la muerte del subteniente Marotta, ni tampoco su entierro que debió haberse realizado en esos días. El Diario en su edición de ese día, hace mención puntual del incidente y el cronista transcribe las palabras del comisario Toranzo a los huelguistas: "¡Somos dos hombres solos!" ​

La mayor parte del cortejo rodeó la fábrica y siguió hacia el cementerio con algunos incidentes, y al llegar a la Iglesia de Jesús Sacramentado, en Corrientes 4433, casi esquina Yatay, a eso de las 4 de la tarde se produjo otro choque sangriento con los bomberos que custodiaban el templo, mientras que parte de la manifestación incendiaba parcialmente la iglesia.

Raleados por la violencia algunos cientos de manifestantes lograron abrirse paso hasta llegar al cementerio. Pero para entonces el gobierno había dado órdenes de disolver la manifestación en el cementerio, donde ya se habían parapetado un regimiento de infantería y varios agentes policiales al mando del capitán Luis A. Cafferata. Mientras se pronunciaban los discursos, las fuerzas de represión descargaron los fusiles a mansalva contra los familiares y militantes presentes, disolviendo la manifestación y dejando un tendal de muertos y heridos adicionales, mientras que los cuatro cadáveres de la masacre del 7 de enero quedaron insepultos. El diario La Prensa contabilizó doce muertos en el cementerio, entre ellas dos mujeres, mientras que La Vanguardia contabilizó cincuenta. ​ Todos los cronistas coincidieron en señalar que no hubo bajas entre las fuerzas de seguridad.

Al promediar la tarde Yrigoyen ya había decidido reprimir con el Ejército, militarizando la ciudad y encomendando la tarea al general Dellepiane, a quien nombró como comandante militar de Buenos Aires. A las seis de la tarde Dellepiane había instalado dos baterías de ametralladoras pesadas sobre Cochabamba, en una de las esquinas de la fábrica, ordenando fuego continuo durante más de una hora.

La cantidad de muertos ese día fue de varias decenas, sin que hayan podido ser precisados: el socialista Oddone verificó el registro de 39 muertos en los hospitales esa misma noche;​ el diario radical La Épocainformó sobre 45 muertos y 119 heridos; ​ el Buenos Aires Herald, diario de la colectividad británica en Buenos Aires, contabilizó 80 muertos. ​

Ante la cantidad de muertos, inédita en la historia del sindicalismo argentino, esa noche la FORA IX sacó una resolución por la que dispuso "asumir la conducción del movimiento de la capital federal" y convocar a una reunión urgente de secretarios generales al día siguiente para definir los pasos a seguir. Por su parte el periódico anarquista La Protesta publicaría sus conclusiones sobre la jornada del 9: "el pueblo está para la revolución".

10 de enero: recuperación de la ciudad y terror blanco

Luego de la matanza del día anterior y la militarización de la ciudad al mando del general Dellepiane, el diario oficialista La Época transmitió en la mañana del 10 de enero la postura del gobierno:
“Conviene establecer con toda precisión lo que ocurre para disipar malosentendidos emanados de falsas informaciones. Se trata de una tentativa absurda, provocada y dirigida por elementos anarquistas, ajenos a toda disciplina social y extraños también a verdaderas organizaciones de los trabajadores... Jamás el Presidente de los argentinos cederá a la sugestión amenazante de las turbas desorbitadas…”

La editorial sostenía textualmente que el movimiento está dirigido por una "minoría sediciosa". El Herald, diario de la colectividad británica en Buenos Aires, tituló en consonancia que "Buenos Aires tuvo ayer su primera prueba de bolchevismo".​ La Prensa y La Vanguardia recogen las declaraciones de grupos radicales que esa misma mañana salieron a la calle proclamando que "si hay barricadas de revoltosos, se deben formar barricadas de argentinos".

La ciudad seguía paralizada y llena de barricadas. Solo circulaban automóviles que llevaban la bandera roja que les garantizaba el paso por los piquetes. Nuevos gremios declararon huelgas por reclamos puntuales en diversas partes del país. Por su parte el general Dellepiane empezó a organizar sus fuerzas para recuperar la ciudad. Dos mil marinos se sumaron a las fuerzas del Ejército y dos baterías de ametralladores fueron traídas desde Campo de Mayo.

A las once de la mañana un grupo de huelguistas intentó nuevamente tomar por las armas la fábrica de Vasena, defendida por fuerzas policiales y militares instaladas desde la tarde anterior, con gran cantidad de bajas. El teniente Juan Domingo Perón se desempeñaba en el Arsenal de Buenos Aires y tenía la tarea de abastecer de municiones a esas tropas. ​ Simultáneamente un destacamento de bomberos armados atacó el local del sindicato metalúrgico de Amancio Alcorta, matando a uno de sus ocupantes y detuvo al resto.

Al promediar la tarde las fuerzas militares y policiales habían comenzado a tomar control de la ciudad. En su libro La Semana Trágica, el comisario José Romariz, uno de los protagonistas de los hechos, cuenta que entre los telegramas que se recibían del general Dellepiane -con instrucciones de destruirlos en cuánto fueran leídos-, se encontraba la orden de "hacer fuego sin previo aviso contra los revoltosos que se sorprendan levantando vías, produciendo incendios u otras depredaciones".​ Las tropas del gobierno tenían también orden de que "no se desperdiciaran municiones con tiros al aire".
Las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del gobierno fueron generalizadas. En Cabrera 3275 una patrulla conjunta militar-policial, ingreso disparando a la vivienda de las familias Viviani y Di Toro pasaron,matando a la niña Paula Viviani de 13 años, y a David Di Toro, de 21 años. Poco después las ambulancias retiraron los cadáveres y los soldados detuvieron a dos hermanos de las víctimas.

Esa noche las fuerzas sindicales fijarían posiciones. La Federación Obrera Ferroviaria (FOF), el sindicato más poderoso del país, declaró la huelga en todo el país reclamando la reincorporación de los trabajadores despedidos en las famosas huelgas iniciadas el año anterior. La FORA del IX Congreso dispuso priorizar como objetivo los reclamos establecidos en los petitorios de huelga de los metalúrgicos de Vasena y de los ferroviarios. La FORA del V Congreso decidió continuar "por tiempo indeterminado" la huelga general, dándole a partir de ahora el carácter de "revolucionaria" y estableciendo como objetivo de la misma obtener la libertad de Simón Radowitsky -condenado por el homicidio del exjefe de policía Ramón Falcón- Apolinario Barrera -preso por haber organizado una frustrada fuga de Radowitsky- y los demás presos políticos y sociales, mayoritariamente anarquistas. La Protesta dejó de salir y tanto la FORA V como los principales dirigentes anarquistas pasaron a la clandestinidad.

Una vez recuperado el control de la ciudad y con las primeras sombras de la noche se desató lo que se conoció como "el terror blanco", que se extendería los próximos tres días, ya no sólo por las fuerzas militares y policiales, sino ahora también por grupos civiles de jóvenes de clase alta identificados como "patriotas".

En el Centro Naval se crearía ese día la Comisión Pro Defensores del Orden, una organización parapolicial de extrema derecha e ideología fascista, liderada por influyentes militares, curas, empresarios y políticos radicales y conservadores, que pocos días después cambiaría su nombre por Liga Patriótica Argentina. Entre las personalidades que arengaron a los jóvenes de clase alta para salir a la calle a reprimir a los huelguistas, se encontraba el dirigente radical y abogado de Pedro Vasena e Hijos, Leopoldo Melo.
El terror blanco tendrá como objetivo expreso reprimir y matar a los "judíos" y "rusos" ("mueran los judíos" fue uno de los lemas más utilizados), "maximalistas", "bolcheviques" y "anarquistas", extendiéndose también a extranjeros, sindicalistas y obreros en general. Al día siguiente el diario La Nación informaba que esa misma noche el general Dellepiane había anunciado a la prensa que el objetivo del gobierno era "hacer un escarmiento que se recordará durante 50 años".

Esa noche el gobierno comunicó a la prensa que los huelguistas anarquistas habían intentado "asaltar" varias comisarías, asesinando en el intento contra la 24ª, al cabo Teófilo Ramírez y al agente Ángel Giusti. Silva ha estudiado en detalle ese evento y llegado a la conclusión que no existieron tales intentos de asalto, sino que se trató de enfrentamientos entre diversos grupos de las fuerzas de represión, causados por el nerviosismo existente. Siempre según Silva, el objetivo del general Dellepiane era obligar a las corrientes sindicalista revolucionaria y socialista de la FORA IX, a denunciar a los "elementos perturbadores", justificar las acciones del gobierno y ganar espacio para la escalada represiva que se iniciaría esa noche.

11 de enero: cientos de muertos

En la noche del 10 al 11 de enero se intensificó la represión. Las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales "patrióticos" fascistas comenzaron a realizar cientos de razzias ingresando a los domicilios particulares sin autorización judicial, asesinando y golpeando a sus ocupantes, violando a las mujeres y niñas, destruyendo bienes y quemando libros. ​ "Meterse, meterse en nuestras casas... Meterse era pisar... Meterse era violar".

Por la mañana la ciudad seguía paralizada pero la población comenzaba a sentir el desgaste que generaba el conflicto. Las fuerzas represivas continuaron todo el día y los dos días subsiguientes actuando sin limitaciones de ningún tipo. A los objetivos obreros se habían sumado ahora los objetivos judíos y en menor medida catalanes. "La caza del ruso" ("ruso" en el argot argentino es un sinónimo habitualmente despectivo de "judío"), como se conoció el único pogrom de la historia en suelo americano, arrasó el barrio judío del Once y dio origen a una siniestra expresión que subsiste en el habla argentina hasta el presente: "yo, argentino", frase con que las personas judías suplicaban para no ser asesinadas. El apoyo a los actos criminales de los grupos fascistas fue una parte sustancial del plan represivo del gobierno. El propio general Dellepiane dio órdenes terminantes de “contener toda manifestación o reagrupamiento con excepción de los patrióticos”.

Un testigo describió la impunidad represiva que reinaba en la ciudad ese día:
El ruido de los muebles y cajones violentamente arrojados a la calle se mezclaba con gritos de ‘mueran los judíos’ Cada tanto pasaban a mi vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas. Nunca olvidaré el rostro cárdeno y la mirada suplicante de uno de ellos, al que arrastraban un par de mozalbetes, así como el de un niño sollozante que se aferraba a la vieja levita negra, ya desgarrada. (...) En medio de la calle ardían pilas con libros y trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse sillas, mesas y otros enseres domésticos, y las llamas iluminaban tétricamente la noche, destacando con rojizo resplandor los rostros de una multitud gesticulante y estremecida. Se luchaba dentro y fuera de los edificios; vi allí dentro a un comerciante judío. El cruel castigo se hacía extensivo a otros hogares hebreos.

El escritor Juan José de Soiza Reilly describió también lo que vio ese día en el Once:
“Ancianos cuyas barbas fueron arrancadas; uno de ellos levantó su camiseta para mostrarnos dos sangrantes costillas que salían de la piel como dos agujas. Dos niñas de catorce o quince años contaron llorando que habían perdido entre las fieras el tesoro santo de la inmaculada; a una que se había resistido, le partieron la mano derecha de un hachazo. He visto obreros judíos con ambas piernas rotas en astillas, rotas a patadas contra el cordón. Y todo esto hecho por pistoleros llevando la bandera argentina.”
Pinie Wald, director del periódico Avantgard, detenido y torturado por el gobierno, describiría años después en su libro Pesadilla (1929) lo que estaba sucediendo:
“Salvajes eran las manifestaciones de los 'niños bien' de la Liga Patriótica, que marchaban pidiendo la muerte de los maximalistas, los judíos y demás extranjeros. Refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Un judío fue detenido y luego de los primeros golpes comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenaron cantar el Himno Nacional y, como no lo sabía porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban: pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron un transeúnte: 'Gritá que sos un maximalista'. 'No lo soy' suplicó. Un minuto después yacía tendido en el suelo en el charco de su propia sangre.” Pedro Wald

Con ese escenario de fondo y mientras la matanza alcanzaba su pico, el presidente Hipólito Yrigoyen convocó por la tarde a la FORA del IX Congreso, encabezada por su secretario general Sebastián Marotta y a Alfredo Vasena -que concurrió acompañado del embajador inglés- a la Casa Rosada para imponerles el levantamiento de la huelga a la central sindical y la aceptación del pliego de huelga al presidente de la empresa.​ El gobierno pondría en libertad también a todos los detenidos, con excepción de aquellos condenados por delitos graves, entre los que se encontraba Radowitsky.
La FORA IX dispuso entonces "dar por terminado el movimiento recomendando a todos los huelguistas de inmediato la vuelta al trabajo".

12 de enero: supuesto sóviet ruso-judío

Pese al acuerdo mediado por el presidente Yrigoyen y a la resolución de la FORA IX del día anterior, dando por "terminado el movimiento", la huelga general continuó. La huelga se había extendido a otras ciudades del país (Rosario, Mar del Plata, San Fernando, San Pedro, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Córdoba), impulsada incluso por sindicatos y secciones de la FORA IX. En Buenos Aires la actividad se recuperó parcialmente por la tarde.
El sindicato metalúrgico sacó un comunicado diciendo que no habían formado parte de las negociaciones, que nadie les había hecho llegar una copia del supuesto acuerdo con Vasena y que se desconocía el paradero del propio Vasena, razón por la cual anunciaban que la huelga en los talleres no podía ser levantada.

Durante todo el día las fuerzas policiales y parapoliciales continuaron realizando acciones criminales y detenciones en toda la ciudad. Decenas de miles de ciudadanos estaban detenidos, saturando las cárceles y comisarías. El gobierno decide poner en marcha una operación para hacer creer a la población que las protestas sindicales habían sido parte de una conspiración internacional ruso-judía para establecer un régimen soviético en la Argentina.
Como parte de esa operación fue detenido el periodista Pinie Wald, su novia Rosa Weinstein, Juan Zelestuk y Sergio Suslow. El gobierno anunció que Wald era el "dictador maximalista" del futuro soviet argentino y que Zelestuk y Suslow, eran respectivamente su jefe de policía y su ministro de Guerra. A pesar de la inverosimilitud de la noticia, los principales diarios del país, le dieron amplia cobertura y garantizaron su seriedad. Wald y los demás detenidos fueron severamente torturados hasta el punto de dejarlos al borde de la muerte. "Por ese motivo, al día siguiente la prensa –para cubrir a la policía– daba a Wald por muerto y a Zelestuk en gravísimo estado, a consecuencia de unas supuestas «heridas recibidas» al «resistir al arresto»".​
Wald dejará testimonio de sus padecimientos en el libro Pesadilla, escrito en idish y traducido al español, considerado un antecedente temprano del género real fiction que se consolidará en 1957 con Operación Masacre de Rodolfo Walsh y A sangre fría (1959) de Truman Capote. ​ Un párrafo de la novela describe la degradación humana definida como "pesadilla" que se había alcanzado con la Semana Trágica:
“¿Qué sucedía del otro lado del muro de la cárcel? ¿Qué pasaba en la calle? ¿En la ciudad? ¿En el país? ¿En el mundo entero? ¿Acaso existía algo que no fuera violencia y asesinato? ¿Cazadores y cazados? ¿Perseguidores y perseguidos? ¿Los que golpean y los golpeados? ¿Asesinos y asesinados? ¿Acaso existía algo fuera de bomberos armados y presos martirizados que esperaban su muerte...? ¿Dónde estaban los miles y miles de presos que había visto el día anterior? ¿O era un sueño atroz, una pesadilla al fin de cuentas?”
Pinie Wald, Pesadilla

Por la noche la FORA V ratificó su decisión de mantener la huelga general por tiempo indeterminado hasta que fueran liberados "todos los detenidos por causas sociales", agregando la exigencia de que "el gobierno retire todas las tropas".

13 de enero: se levanta la huelga metalúrgica

El día amaneció con las fuerzas de seguridad baleando la Federación Obrera Ferroviaria (FOF), principal sindicato de la FORA IX que permanecía en huelga por sus propias reivindicaciones, deteniendo a 17 gremialistas heridos y clausurando el local. El ejército además ocupó las instalaciones ferroviarias y controló la normalización de los servicios.

La ciudad volvía lentamente a funcionar, con dificultades de abastecimiento y actos de sabotaje, como el descarrilamiento de un tren proveniente de Rosario. Algunas ciudades aledañas, como Avellaneda, que todavía estaba completamente paralizada y bajo control de los piquetes de huelga.

Por la mañana el gobierno envió a un delegado al sindicato metalúrgico que se hallaba en plena asamblea, para negociar las condiciones de la vuelta al trabajo. Una delegación sindical (Juan Zapetini, Mario Boratto, Marcelino Gammi, Jesús Lacambra, José Boca y Fidel Calafati) se dirigió a la Casa Rosada, donde se encontraron con Alfredo y Emilio Vasena y el abogado-director de la empresa, el senador radical Leopoldo Melo. La reunión fue mediada por el ministro del Interior Ramón Gómez, asistido por el director del Departamento de Trabajo Alejandro Unsain. La empresa aceptó la totalidad de los reclamos obreros, con excepción de la situación del lavadero de lana cuya negociación fue derivada a una nueva reunión, y el sindicato levantó la huelga, luego de 43 días de declarada y una de las masacres más sangrientas de la historia latinoamericana. Los obreros volverían al trabajo el lunes 20, luego de reparar los establecimientos y maquinarias, pero percibiendo su salario desde ese día.

14 de enero: fin de la huelga general y segundo pogrom

El 14 de enero el general Dellepiane se reunió por separado con las dos FORAs, para acordar el levantamiento definitivo de la huelga general y el cese de los conflictos. Ambas exigieron la libertad de los detenidos, "la supresión de la ostentación de fuerza por las autoridades" y el "respeto del derecho de reunión". El gobierno aceptó las condiciones de las centrales sindicales y ambas levantaron la huelga.

Pese a ello ese mismo día las fuerzas de seguridad bajo el mando de Dellepiane allanaron y destruyeron las instalaciones del diario anarquista La Protesta y de varios locales anarquistas y sindicales, incluso donde se encontraba sesionando la asamblea de la FORA V, deteniendo a todos sus ocupantes. Frente al flagrante incumplimiento de lo acordado, el general Dellepiane presentó su renuncia en los siguientes términos:
“Cuál no sería mi sorpresa al saber que poco después los locales donde yo había autorizado las reuniones, eran allanados por empleados de la policía de investigaciones, contrariando mis expresas órdenes y habían detenido a todas las personas que allí se reunían. Aparecía yo faltando a mi palabra empeñada y traicionando a esa gente a quien di seguridades, y como nunca he sido un traidor no he de tolerar que nadie me presente como tal.”

Sin embargo instantes después Dellepiane retiró la renuncia y siguió siendo comandante militar de Buenos Aires. Esa tarde, la Cámara de Diputados aprobó la declaración del estado de sitio con el voto favorable de las bancadas radical y conservadora, pronunciándose en contra la bancada socialista, pero tres días después la Cámara de Senadores no convalidaría la media sanción.
Ese día se produjo el segundo pogrom, cuando las fuerzas del gobierno y los grupos parapoliciales volvieron a asaltar el barrio del Once. La embajada de Estados Unidos, la única que realizó un recuento individual de los muertos en esos días, contó que en el Arsenal del Ejército en San Cristóbal, yacían 117 cadáveres de "rusos judíos" que no habían sido sepultados.

Los días siguientes

Al día siguiente, Yrigoyen ordenó hacer efectiva la puesta en libertad de todos los detenidos. Por su parte, Dellepiane dictó la siguiente orden del día:
“Quiero llevar al digno y valiente personal que ha cooperado con las fuerzas del ejército y armada en la sofocación del brutal e inicuo estallido, mi palabra más sentida de agradecimiento, al mismo tiempo que el deseo de que los componentes de toda jerarquía de tan nobles instituciones, encargadas de salvaguardar los más sagrados intereses de esta gran metrópoli, sientan palpitar sus pechos únicamente por el impulso de nobles ideales, presentándolos como coraza invulnerable a la incitación malsana con que se quiere disfrazar propósitos inconfesables y cobardes apetitos.”
Gral. Luis Dellepiane

El saldo total fue de unos 800 muertos nunca identificados: ancianos, mujeres, niños, hombres. Hubo también decenas de desaparecidos, miles de heridos, y más de 50.000 detenidos. Entre los informes de la época se destaca el realizado por la embajada de Estados Unidos que realizó una cuantificación precisa, contabilizando 1356 muertos. La embajada de Francia por su parte que informó que habían muerto 800 personas y 4000 habían sido heridas.

Fueron quemadas viviendas obreras, sinagogas, locales sindicales y partidarios, periódicos, bibliotecas populares y judías, cooperativas. El gobierno detuvo y torturó a miles de ciudadanos, como el inmigrante judío Pinie Wald al que acusó falsamente de ser el líder de una revolución judeo-comunista y facilitó a los grupos parapoliciales las comisarías donde establecieron sus bases operativas. Una vez liberado Pinie Wald relató las torturas y ultrajes sufridos en el libro Koschmar (Pesadilla), escrito en yiddish y traducida al español recién en 1987

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FEBRERO

2011 - MASACRE DE LA CÁRCOVA

El 3 de febrero de 2011, un tren carguero descarriló por accidente en el barrio La Cárcova de José León Suárez. La gente se agolpó alrededor intentando rescatar algo, práctica a la que muchos vecinos están acostumbrados por revolver los residuos del basural del CEAMSE. Los policías llegaron rápido. Aseguraron ver armas, pero nadie más pudo dar testimonio sobre esto. Tampoco pudo probarse que los daños a los patrulleros ubicados detrás del tren fueran causados en esa ocasión. El resultado fue una represión a mansalva, que terminó con la muerte de los adolescentes Mauricio Ramos (17) y de Franco Almirón (16), y en las  graves heridas ocasionadas al sobreviviente Joaquín Romero (19).
Franco, Mauricio y Joaquín estaban parados al lado de un Árbol. Cuando la represión recrudeció se escondieron atrás de una montaña de escombros. Para sacarlos de su escondite, la policía les tiró con una granada de gas lacrimógeno.

Franco y Mauricio salieron de la pila de escombros que les servía como guarida ante la represión y fueron asesinados por el oficial de la policía motorizada de la Buenos Aires 2 Gustavo Rey.

En la autopsia revelaron que Franco tenía 7 disparos de una escopeta calibre 12/70 en pulmones, mano derecha, bíceps, cabeza, antebrazo y cadera.

Por su parte, Joaquín cuenta que vio al agente Gustavo Vega “salir de entre los pastos” y que le ordenó que corriera. Joaquín se dio vuelta para escapar y se desplomó con tiros en la espalda, el pecho y el tórax. El sobrevivió, se recuperó de sus heridas y fue una pieza clave en el juicio.

Ante esto la empresa Nueva Central de Cargas (NCA), concesionaria de la línea Belgrano Norte, emitió un comunicado al día siguiente de los hechos. En un acto de estigmatización, sostuvo que los habitantes de La Cárcova "arrojaron al paso de un tren troncos de Árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada".

El policía de la bonaerense Gustavo Vega, inicialmente condenado a siete años de prisión por el intento de homicidio de Joaquín Romero, deberá cumplir 15 años y medio. Sigue pendiente el juicio al policía Gustavo Rey, acusado de asesinar a dos chicos esa noche.

Los grandes medios de comunicación hicieron su gran aporte a la campaña de estigmatización cuando comunicaron que “hubo un enfrentamiento” entre los habitantes y la policía. La realidad es que ningún policía resultó con ningún tipo de herida.

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1977 - MASACRE DEL PASAJE MARCHENA (ROSARIO)

La Masacre del Pasaje Marchena se produjo el 17 de febrero de 1977 cuando seis estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, militantes de Montoneros fueron sacados del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario y asesinados frente a la casa ubicada en pasaje Marchena 525 de la ciudad argentina de Rosario

Las víctimas Beatriz Aguilera, Ana María Valle, Silvia Fabris, Roberto Altamirano, Juan Carlos Morel y un desconocido​ habían estado detenidas en el centro clandestino de detención del Servicio de Informaciones Policía de Santa Fe, desde donde los trasladaron en un camión que paró en el lugar. ​ Esa noche llovìa y un vecino oyó que los bajaron de un camión y les gritaron que el que llegaba a la esquina se salvaba, pero antes fueron ametrallados. Varios agujeros de balas se pudieron ver hasta hace poco tiempo en el frente de la propiedad. Al día siguiente en los diarios se publicó que en el lugar había habido un enfrentamiento.

El Pasaje Marchena, tiene dos cuadras de extensión desde Urquiza al 3200 hasta la calle Santa Fe, al fondo, Patio de la Madera.
Un hecho muy similar a este lo constituye la Masacre de Ayolas y Cafferata, ocurrida un mes antes o los fusilamientos perpetrados contra los militantes montoneros en Los Surgentes e Ibarlucea.
Todos eran estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros.

Carlos Alberto Morel, (28 de enero de 1957, Rafaela, asesinado 17 de febrero de 1977, Rosario), estudiaba Medicina. Secuestrado en Rosario, el 13 de febrero de 1977, trasladado al Pozo para ser asesinado cuatro días después. Una vez identificado por sus padres el cadáver es trasladado a Rafaela, donde se reunieron para su velatorio sus familiares y numerosos amigos y allegados, pero este fue impedido por la policía. ​

Beatriz Aguilera (08 de octubre 1956, Rufino, asesinada 17 de febrero de 1977, Rosario) ​ estudiante de Medicina, fue secuestrada  el 15 de febrero de 1977 y fusilada dos días más tarde en el Pasaje Marchena. ​ Era novia de Juan Carlos Valle (1953, Rufino, secuestrado desaparecido, 5 de julio de 1977, Mar del Plata). Militante de Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Estudiante de Odontología. Secuestrado desaparecido cuando estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 602 de Mar del Plata, siendo su jefe militar el Teniente Coronel Juan Carlos Tejada.

Ana María Valle (6 de agosto de 1943, Rufino, asesinada 17 de febrero de 1977, Rosario), era hermana de Juan Carlos Valle el novio de Beatriz Aguilera. Estudiante en la Psicología. Ana Valle y Betty Aguilera vivían juntas.

Silvia Mónica Fabris, nació en Rafaela. Estudiaba Fonoaudiología y fue secuestrada el 13 de febrero de 1977 y asesinada cuatro días más tarde en el Pasaje Marchena.

Roberto Altamirano (San Justo, 13 de febrero de 1955, asesinado 17 de febrero de 1977, Rosario). Estudiante de Medicina había sido secuestrado el día de su cumpleaños y fue asesinado cuatro días después. ​

Señalización
El 17 de septiembre de 2010 una placa fue colocada por el Colectivo de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes de Rosario y la municipalidad de dicha ciudad en San Lorenzo y Vera Mujica, metros de la Facultad de Medicina, donde se recuerda a las víctimas del pasaje Marchena y a los otros dos militantes asesinados.

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MARZO

1978 - MASACRE EN EL PABELLÓN SÉPTIMO

"El 14 de marzo de 1978, como represalia por haberse negado la noche anterior a apagar un televisor, los penitenciarios de Devoto desataron la mayor represión de un penal en el país. Murieron al menos 64 internos, incinerados, baleados por los guardias o asfixiados", dice el periodista Carlos Rodriguez en Página 12 del 23 de diciembre de 2018.

"A más de cuarenta años de ocurridos los hechos, la Justicia federal reabrió la causa por la mayor represión ocurrida en una cárcel del país, el 14 de marzo de 1978, en el Pabellón Séptimo del Complejo Penitenciario de Villa Devoto, donde murieron al menos 64 internos, incinerados, asfixiados o baleados por los penitenciarios. La llamada Masacre del Pabelón Séptimo fue protagonizada por decenas de guardias que utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y bastones para reprimir a 145 detenidos porque uno de ellos, la noche anterior, se había resistido a apagar la televisión. El juez Daniel Rafecas tiene como imputados, en principio, al ex director del penal Juan Carlos Ruiz, al ex Jefe de Requisas Carlos Aníbal Sauvage, al ex jefe de Seguridad Horacio Martín Galíndez y al ex celador Gregorio Bernardo Zerda, quien desencadenó la tragedia a partir de una represalia por una rebeldía de menor importancia. Los cuatro acusados fueron indagados por el magistrado, que ahora tiene que resolver su situación procesal."

"La causa, que había sido archivada en 1979, se reactivó a partir de la investigación realizada, desde 2011, por la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), quien se contacto con uno de los sobrevivientes, Hugo Cardozo, a quien luego se sumaron otros 14 ex detenidos que fueron víctimas y testigos de los sucesos. Cesaroni es querellante junto con sus colegas del Cepoc Denise Feldman, Natalia D’Alessandro y José Legarreta. Luego de un largo debate judicial, la causa fue declarada imprescriptible por ser un crimen de lesa humanidad. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) forma parte también de la querella, y cuentan con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata y la Procuración Penitenciaria."

"La calificación de la causa estuvo en duda por tratarse de “una represión contra presos comunes y no contra presos políticos”. Cesaroni sostuvo al respecto que “en esos momentos, en Devoto había mil presos políticos, y no había diferencias en el trato que recibían ellos y los presos comunes por parte del Servicio Penitenciario Federal, porque el jefe de Seguridad (Galíndez) era el mismo que les decía a las chicas que eran presas políticas que de ahí iban a salir ‘muertas o locas’” 

"Claudia Cesaroni siempre estuvo vinculada con causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Por esas razones, nunca pudo olvidarse de lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón 7 de la cárcel de Devoto. Así fue que en 2011, en forma “casual”, dice, conoció a través de Facebook a Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes de la masacre. Al mismo tiempo se relacionó con Nacho Garasino, director de la película El Túnel de los huesos, sobre una mítica fuga de Devoto que terminó con el hallazgo de restos humanos que podrían estar relacionados con la masacre."

"“El tema me interesó porque fue una masacre ocurrida en Argentina que nunca fue investigada como delito de lesa humanidad, cuando hubo material disponible, como el libro de Elías Neuman (Crónicas de muertes silenciadas) donde está el testimonio de Horacio Santantonin”, señaló Cesaroni. El primer paso concreto para cambiar la historia fue buscar la causa, que había tramitado en el Juzgado de Instrucción 28, a cargo de Jorge Valerga Aráoz, quien en 1985 formó parte de la Cámara Federal que condenó a los ex comandantes responsables del genocidio ocurrido durante la dictadura militar."

“La causa había sido archivada en forma provisoria en 1979, porque no había imputados y se había caratulado como ‘motin’, de manera que se había investigado a los internos; muchos de los sobrevivientes prestaron declaración en esa causa, en ese momento, en presencia de personal penitenciario, pero de todos modos había una descripción de la gravedad de lo sucedido. El juez igual dispuso que se archivara en forma provisoria”. 

"Cesaroni escribió su libro sobre la masacre y en agosto de 2013 lograron desarchivar la causa, al tiempo que tomó contacto con otros sobrevivientes que aportaron datos importantes sobre los hechos y también incorporaron el testimonio de ex presas políticas que estaban en Devoto y que hicieron una descripción sobre las condiciones de encierro, tanto para ellas como para los presos comunes. Hicieron una presentación ante el juez federal Daniel Rafecas y argumentaron que la Masacre del Pabellón 7 debía ser considerada delito de lesa humanidad. En el caso intervino el fiscal Federico Delgado, pero tanto él como Rafecas consideraron que “no era un caso de lesa humanidad y por lo tanto le correspondía a la Justicia ordinaria”. Y no al fuero federal."

“En 2015, en un recital en Mendoza, el Indio Solari habla del caso, que está contado en apenas cuatro minutos en un tema (Pabellón Séptimo) y eso le da un nuevo impulso a la causa, que es tomada finalmente por Rafecas y Delgado, pero como una grave violación a los derechos humanos y no como un crimen de lesa humanidad”. La causa es enviada a un tribunal de instrucción, pero Cesaroni, en nombre de los sobrevivientes y de familiares de algunas de las víctimas fatales, apela el fallo ante la Sala I de la Cámara Federal, que “en agosto de 2014 nos da la razón y considera que se trata de un crimen de lesa humanidad que tiene que ser investigado por la justicia federal”. En consecuencia, la causa volvió al juzgado federal de Daniel Rafecas."

“Una nota publicada en PáginaI12 instaló el tema en la opinión pública y descubrió que el día posterior a la masacre, el diario Crónica había publicado en la tapa una fotografía sobre el caso, en la que aparecía un joven en calzoncillos que era conducido por un enfermero y el empleado de una fiscalía me dijo que ese joven figuraba como desaparecido en un legajo de la Conadep.” Se trataba de Jorge Hernández Rodríguez, un muchacho uruguayo víctima del Plan Cóndor, que está desaparecido desde 1977. “El dato fue incorporado a la causa y tomado en consideración por la Sala I de la Cámara de Casación”.

Cesaroni insistió en que “la dictadura no hacía distingos entre presos comunes o políticos, y a pocos meses del Mundial de Fútbol 1978, no podía permitir que se produjera una rebelión en un pabellón de presos comunes y por eso decidió sofocarla por medio del terror”. En los fundamentos del pedido para que se declarara al caso como crimen de lesa humanidad se citó parte de la argumentación del fiscal Dante Vega en la causa por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.

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15 DE MARZO DE 1936 – LA MASACRE DE OBERÁ (MISIONES)

Contra la amnesia

El 15 de marzo de 1936 tuvo lugar el episodio conocido como La Masacre de Oberá, en el cual se estima que fueron asesinados por las balas policiales decenas de colonos inmigrantes, todos ellos productores de tabaco y alimentos. La documentación existente no alcanza para brindar exactitud. Hubo además, detenidos que fueron asesinados en la comisaría de Oberá. Incluso, luego de más de diez años de la matanza, en los montes de la zona las familias seguían encontrando calaveras y otros restos de personas en lugares donde los relatos orales, de testigos, cuentan que hubo persecución a tiros.

El episodio, fue selectivamente olvidado de los relatos historiográficos oficiales, marginado de los manuales escolares y segregado de la memoria oficial. Sin embargo, desde el arte y las intervenciones, la carcasa del olvido se está resquebrajando.

Salieron temprano. Surgieron de las picadas, de los montes, convocados por la bruma del alba. Mujeres, niños, hombres, ancianos, la mayoría a caballo. Los idiomas se mezclaban en el andar. Colonos ucranianos, rusos y polacos, que venían de Samambaya, Los Helechos, Ameghino, Guaraní y Campo Viera. Marcharon kilómetros hasta llegar a Oberá. Era domingo. Los niños y las mujeres iban primero, clara muestra de que iban, en son de paz.

Era domingo. Antes del mediodía la columna llegó a Oberá. La idea de estos campesinos era reclamar a las autoridades, por los precios miserables que imponían para sus productos, especialmente el tabaco.

El comisario Berón, responsable policial de Oberá, tenía ya entonces fama de irascible, golpeador. Ese mediodía lo demostraría. Berón se pasó la mañana reclutando y arengando civiles, para que colaborasen con los agentes policiales, en salvar a la ciudad del ataque de “una horda de comunistas salvajes dispuestos a destruir la ciudad y quemar la comisaría”. Armados con machetes, palos, cuchillos y armas de fuego, policías y buenos vecinos esperaron el paso de la manifestación.

Cuando la marcha de los campesinos pasó por el viejo cementerio, frente al galpón de un representante de la Compañía Cuarenta y Tres, Berón dio la orden. El agente que estaba a su lado, acató. Tiró tres tiros al aire y a los pocos segundos, la primera lluvia de balas emprendía vuelo hacia la manifestación.

A cinco años del episodio, en 1941, el escritor bonaerense Alfredo Varela publicó su libro La Masacre de Oberá, que como el resto de su producción, está escrito en clave literaria, apoyado en datos y testimonios de la realidad.
Pero en Misiones, ni los manuales escolares, ni los discursos oficiales, recuerdan la matanza. La Provincia “eligió olvidar”.
Pero el silencio, se quiebra estrepitosamente, con la existencia de expresiones culturales como el libro “La Masacre de Oberá, 1936”, de Silvia Waskiewicz, publicado en 2002— y reeditado en 2007— por la Editorial Universitaria, el documental audiovisual Quieta Non Movere, dirigida por Lucho Bernal, con producción de Lucía Alcaín, la obra de la Murga del Monte “Yerbal Viejo–Oberá” y la Intervención por la Memoria de la Masacre, de la diseñadora gráfica Florencia Aguirre.

Un segmento del libro de Varela sobre La Masacre, enuncia lo siguiente:
“En la historia de las luchas sociales argentinas, junto a las más brutales represiones de anhelo popular, entre las matanzas de Santa Cruz y la Semana Trágica, debe figurar lo que ya se conoce como La Masacre de Oberá. Cinco años han transcurrido desde entonces. Y es oportuno sacar de nuevo esos sucesos a la luz, presentarlos frescos y detallados, vívidos, ante los hombres de las ciudades y los campos de mi patria, para que no olviden la estúpida barbarie desatada contra unos colonos, que trabajaban la tierra, producían, eran esquilmados, y sobre los cuales lanzarían las jaurías de la represión como escarmiento, para que no volvieran a levantar cabeza, y recordaran siempre, que cada vez que intentasen mejorar su suerte encontrarían el látigo y la bala”.

SACAR LA MUGRE QUE ESTABA DEBAJO DE LA ALFOMBRA

Silvia Waskiewicz es licenciada en Historia. Su libro sobre la masacre, contiene cuatro capítulos y está nutrido principalmente por fuentes orales, documentales y periodísticas del orden provincial y nacional. Para el exrector de la Universidad Nacional de Misions y prologuista del libro, Fernando Jaume, el trabajo es “minucioso, sólido y esclarecedor” y se inscribe “en el terreno inclaudicable de la lucha por los derechos humanos”.

Otro de los prologuistas, Raúl Aramendy (Movimiento Agrario de Misiones), señala que “la insana actitud de esconder la suciedad debajo de la alfombra, tan predicada por todos los cómplices e implicados en actos aberrantes, dignos de avergonzar solamente a quienes prefieren que no se loes recuerde, conlleva a la peor actitud de intentar silenciar los hechos por vía de la condena a los mensajeros que nos enfrentan al pasado para que podamos enfrentar, mejor al presente. De los crímenes cometidos contra pacíficos, luchadores y movilizados colonos misioneros, en 1936, en Oberá, era mejor no hablar”.

La autora, en tanto, expresa que “la masacre, si bien forma parte de la memoria social, no está reconocida como parte del sistema cognitivo de referencia en la historiografía local, y sobre ella existe un significativo silencio. En este sentido, mi objetivo fue reconstruir la historia y explorar en la memoria social e individual, las formas de representación con las que —a pesar del olvido— aludían con frecuencia a ese evento”.

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1975 - MASACRE DE PASCO

El 21 de marzo de 1975, unos cuarenta miembros de la organización terrorista Triple A en más de una decena de vehículos bloquearon el tránsito en la zona donde vivían militantes de la Juventud Peronista ― opositores a Eduardo Duhalde después de que este fue nombrado intendente tras la destitución del intendente Pedro Turner, el candidato de la Juventud Peronista―, y secuestraron a ocho. Los criminales operaron con absoluta impunidad pues la policía bonaerense había recibido órdenes de «liberar la zona».

Subieron a los secuestrados a un colectivo y los llevaron a la avenida Pasco, donde los hicieron descender, los fusilaron y después dinamitaron los cadáveres para evitar su identificación.

“Todas las tardes, después de que llegaba de su trabajo, y aun jubilado salía a la puerta, arreglaba el jardín. Esa era su costumbre. En el atardecer del 21 de marzo del ’75 mi papá se dirigió a la puerta, como siempre, y pudo ver cuando llegaron varias personas en distintos autos, entraron en el baldío de la calle Santiago del Estero y Amenedo, y arrojaron las bombas que fragmentaron los cuerpos de aquellos que fueron secuestrados y muertos por la Triple A en la llamada Masacre de Pasco. A partir de ese momento, mi papá fue perseguido aún más. Venía a casa lastimado. Ellos simulaban que lo asaltaban en el colectivo.” (Párrafo de uno de los relatos del libro “Las ideas no se matan” de Patricia Rodríguez – Pág. 12 del 27-11-2006)

En esta labor de reconstruir la Lomas de Zamora de los ’70, Patricia cuenta que entre los testimonios de los vecinos “se hablaba mucho de la solidaridad que existía entre todos, algo que hoy parece impensable. Con el tiempo esos valores evolucionaron hacia cuestiones políticas. Fue un proceso que quedó truncado por la dictadura. Por eso yo lo quería contar. La gente cuenta del fuerte entramado social que había en los barrios. Los Montoneros en el barrio San José tenían mucha aceptación entre los vecinos y en Lomas tuvo un gran arraigo también. Por eso llegaron a tildar a Lomas como ‘la roja’”. Pero la represión, sostiene, “terminó instalando contravalores, por eso hoy cuesta tanto organizarse”. (Misma nota en Pág. 12)

Las víctimas fueron:

  • Rubén Bagninia
  • Aníbal Benítez
  • Alfredo Díaz (14 años).
  • Eduardo Díaz (16 años, hermano del anterior).
  • Héctor Flores
  • Germán Gómez
  • Héctor Lencina, concejal justicialista
  • Gladys Martínez.

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1976 - LA MASACRE DE LA QUINTA "LA PASTORIL" DE MORENO

Cinco días después del último golpe de Estado, el 29 de marzo de 1976, miembros del comité central del PRT-ERP encabezados por Mario Roberto Santucho se reunieron para realizar un congreso en una quinta de la localidad bonaerense de Moreno conocida como "La Pastoril".

El encuentro, del que participaron dirigentes de distintas organizaciones revolucionarias del Cono Sur, derivó en un operativo ilegal de la flamante dictadura cívico militar, que terminó con siete personas asesinadas y al menos ocho secuestradas y derivadas a distintos centros clandestinos para ser interrogadas bajo torturas.

El episodio, que pasó a la historia como "La masacre de la quinta de Moreno", el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención e indagatoria de militares y policías por su responsabilidad en aquellos crímenes. El magistrado, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, ordenó en total 16 detenciones por hechos correspondientes a distintos tramos de la investigación.

Del congreso en La Pastoril, ubicada en La Reja, participó más de medio centenar de militantes del PRT, que en su mayoría lograron escapar a tiempo por el fondo de la quinta, mientras sus compañeros resistían el ataque por el frente.

El saldo del operativo fue de siete muertos: cuatro fusilados en la misma quinta y otros tres en la localidad de Marcos Paz, mientras huían de la represión. Según se pudo reconstruir en la causa, decenas de militares y policías participaron de la operación, muchos en lugares de responsabilidad y que ya están fallecidos, otros sobre los que el juez continúa la investigación.

Las detenciones que dispuso Rafecas incluyen por el momento a Miguel Angel Armúa, por entonces mayor del Ejército a cargo de la Compañía 10 de Pablo Podestá; su segundo Juan Carlos Jocker, por entonces capitán, y Carlos Alberto Guardiola, cabo primero de la misma compañía; Eduardo Sakamoto, segundo jefe y capitán de la Compañía de Ingenieros del Agua de Campo de Mayo; Héctor Alberto Raffo, quien se desempeñaba como oficial logístico; y los policías Julio Salvetti, Juan José Ruiz, Julio Alejandro Pérez y Omar Elisendo Hernández, todos de la Comisaría de Moreno, que habrían actuado junto a los militares en el operativo.

Otro operativo ilegal protagonizado por miembros del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes tuvo lugar el 10 de julio de 1976 en una imprenta del ERP en San Andrés, donde se hacían El Combatiente y Estrella Roja. Protagonizado por miembros del Regimiento de Mercedes, concluyó con la muerte de José Emilio Arancibia y el secuestro y las torturas de otro militante, quienes custodiaban al entonces asesinado vicecomodoro Roberto Echegoyen.

En la causa se acreditó que el operativo surgió del interrogatorio de un alto jefe de propaganda del ERP secuestrado días antes, que fue llevado a la imprenta por los militares. La investigación permitió hilvanar las caídas de 37 víctimas, en su mayoría en Luján, todas vinculadas con la creación, edición, impresión o distribución de El Combatiente, y también reconstruir la relación de militancia (la mayoría en el ERP) y directa entre las víctimas, por la concurrencia a la misma escuela o a lugares como el taller literario del escritor Dardo Dorronzoro, víctima en la misma megacausa.

Entre los desaparecidos se encuentra María Cristina Cournou a quien su hermano, el cantante Víctor Heredia, le dedicara la canción "Carta a María Cristina" y su esposo, el escritor Claudio Nicolás Grande; también Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente.

Por los testimonios de cinco sobrevivientes y de ex conscriptos, el juez pudo concluir que existió un centro clandestino usado por Regimiento de Mercedes en una casa quinta que aún no ha sido identificada. Los nuevos detenidos por estos hechos son el teniente coronel Alberto Ramón Schollaert, ex jefe del regimiento de Mercedes, fue imputado por 37 privaciones ilegales de la libertad, ocho homicidios y cinco casos de torturas; y el cabo primero Rubén Osmar Andrade, indagado por un homicidio, dos secuestros y un caso de torturas. Rafecas ya procesó en este tramo de la causa al mayor Luis Felipe Fernández Bustos, quien se desempeñó como segundo jefe del Regimiento y jefe de la Plana Mayor; el entonces teniente primero Serapio Eduardo del Río, que era jefe de la Compañía A; el teniente primero Gustavo Delfor González Sass, ex jefe de la Compañía Comando y Servicios: y los entonces subtenientes Emilio Pedro Morello (de la Compañía A), Luis Alberto Brun (de la Compañía B) y Martín Eduardo Sánchez Zinny (de la Compañía C), y el subteniente Horacio Linari. En el tramo de la investigación relacionado con el centro clandestino Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable,

Rafecas dispuso la detención de tres ex miembros del Grupo de Artillería de Ciudadela: el entonces capitán Alejandro Federico Salice, de logística; el teniente primero Ricardo Alberto Pascual, de personal; y el teniente primero Roberto Horacio Sifón, jefe de finanzas. Los tres integraban la plana mayor del Grupo, con responsabilidad en el centro clandestino que habría alojado al menos a 26 víctimas en condiciones infrahumanas, responsable además del operativo ilegal donde murieron Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi. Salice, Pascual y Sifón se suman a otros ocho imputados por Sheraton, que actualmente son juzgados por el Tribunal Oral Federal 1. En la investigación de los crímenes en el circuito represivo que tuvo por eje a Mansión Seré, bajo la órbita de la Fuerza Aérea, el juez ordenó la detención de Roberto Ricardo Chiessi, quien como oficial principal de policía bonaerense tuvo a su cargo el Destacamento de Paso del Rey, donde fueron secuestradas y torturadas al menos cinco personas. Por los mismos hechos también dispuso detener al comisario de Moreno, Omar Elisendo Hernández, a quien también imputó por crímenes en la subcomisaría de Francisco Alvarez, que dependía de la Fuerza Aérea. (FUENTE: https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/detienen-16-represores-la-masacre-moreno-n1615399.html)

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ABRIL

BATALLA (MATANZA) DE SALSIPUEDES - DÍA DE LA NACIÓN CHARRÚA Y DE LA IDENTIDAD INDÍGENA DEL URUGUAY

Cada 11 de abril se conmemora el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena del Uruguay, designado así por la Ley N° 18.589, votada en setiembre de 2009. Se eligió esta fecha porque se cumple un nuevo aniversario de la matanza de Salsipuedes.

Los Charrúas descendían de las tribus pámpidas de la Patagonia argentina, por esa razón presentaban una fisonomía robusta, eran altos y ágiles guerreros. 
Los charrúas ofrecieron tenaz resistencia ante las invasiones españolas.

Las expediciones de Juan Ortiz de Zárate, Juan de Garay y Hernandarias se batieron sucesivamente con indígenas, provocando cientos de muertos. Las fundaciones de Colonia del Sacramento y de Montevideo también fueron motivo de conflicto, ahondando la mortandad. El 4 de octubre de 1800 el virrey Avilés envió al capitán Jorge Pacheco en una expedición contra los charrúas ubicados en el noroeste del actual Uruguay. 

Pocos años después, muchos indígenas pelearáan en los ejércitos independentistas de Artigas, Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. Además de las acciones bélicas, las enfermedades europeas como la gripe, la viruela y la sífilis diezmaron durante siglos a poblaciones indefensas. 

Pero el momento cúlmine para esta etnia llegó cuando el 11 de abril de 1831 en las Puntas del Queguay donde se dio lugar la Batalla de Salsipuedes. 

A orillas del arroyo Salsipuedes, entre Tacuarembó y Río Negro, tenía su cuartel general el presidente Fructuoso Rivera. Rivera convocó a los principales caciques charrúas a una reunión diciéndoles que el Ejército los necesitaba para cuidar las fronteras del Estado. Según los relatos, agasajados y emborrachados, fueron atacados por una tropa de 1.200 hombres al mando de Bernabé Rivera. Se dice que el propio Rivera dio la señal de iniciar el ataque, haciendo fuego sobre el cacique Venado, tras pedirle que le entregara su cuchillo para picar tabaco. 

El saldo según la historiografía oficial fue de 40 "indios" muertos y 300 prisioneros, de los cuales algunos lograron huir siendo perseguidos por Bernabé Rivera. Entre las tropas hubo 9 heridos y un muerto. 

La persecución de los charrúas no se agotó en la matanza de Salsipuedes. Bernabé Rivera, en particular, tuvo un especial empeño en encontrar y exterminar a los que lograron escapar. El 17 de agosto de 1831 sorprendió en Mataojo, cerca de la desembocadura del Río Arapey, a un grupo de charrúas comandado por los caciques El Adivino y Juan Pedro, a los que atacó saldándose el episodio con 15 muertos y más de 80 prisioneros. Informó que habían conseguido escapar 18 hombres, entre ellos, el cacique Polidoro, Único cacique sobreviviente. El 16 de junio de 1832 localizó a un grupo de charrúas en una hondonada llamada Yacaré-Curura. En una emboscada, los charrúas mataron a Bernabé, a dos oficiales y a nueve soldados. 

De acuerdo con el profesor Lincoln Maiztegui Casas, "la desaparición de los charrúas fue un proceso paulatino que llevó más de 200 años y que se generó a partir de la ocupación del territorio por europeos". Según Maiztegui, los guaraníes se adaptaron y los charrúas no y, por ello, fueron gradualmente extinguiéndose. Miles murieron, otros miles huyeron al noroeste a Brasil, otros miles se quedaron como siervos y se mestizaron con los blancos perdiendo su cultura. La principal justificación de la élite criolla era el supuesto intento de "civilizar" a los "indios", "mejorar" la raza uruguaya y evitar el abigeato. El país tenía un importante número de ganado vacuno y equino constantemente amenazado de robo por parte de los indígenas. A fines del siglo XIX quedaban poco más de 1.000 charrúas "puros" en Uruguay. 

Dice Eduardo Galeano en Espejos: Una historia casi Universal

"Una matanza de indios inauguró la independencia del Uruguay. En julio de 1830, se aprobó la Constitución nacional, y un año después el nuevo país fue bautizado con sangre. Unos quinientos charrúas, que habían sobrevivido a siglos de conquista, vivían al norte del río Negro, perseguidos, acosados, exiliados en su propia tierra. Las nuevas autoridades los convocaron a una reunión. Les prometieron paz, trabajo, respeto. Los caciques acudieron, seguidos por su gente. Comieron, bebieron y volvieron a beber hasta caer dormidos. Entonces fueron ejecutados a punta de bayoneta y tajos de sable. Esta traición se llamó batalla. Y se llamó Salsipuedes, desde entonces, el arroyo donde ocurrió. Muy pocos hombres lograron huir. Hubo reparto de mujeres y niños. Las mujeres fueron carne de cuartel y los niños, esclavitos de las familias patricias de Montevideo. Fructuoso Rivera, nuestro primer presidente, planificó y celebró esta obra civilizadora, para terminar con las correrías de las hordas salvajes. Anunciando el crimen, había escrito: Será grande, será lindísimo. La avenida más larga del país, que atraviesa la ciudad de Montevideo, lleva su nombre." 

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MAYO

1909 - MASACRE DE PLAZA LOREA

Poco se sabe de este hecho que ha ocurrido durante los primeros años del siglo pasado. El primero de mayo de 1909, la masa trabajadora ganaba las calles para reivindicar los derechos ahogados por la clase alta. Una brutal represión terminó dando muerte a once trabajadores, mientras que más de ochenta resultaron heridos.

Para ese entonces la Argentina se encontraba con un modelo agro-pastoril consolidado. El proceso inmigratorio vino a fundamentar el lugar que la generación del 80 le había asignado a nuestro país. Esta condición de ser productor de bienes primarios propiciaba que la mano de obra fuese destinada a ese sector. Pero esa política económica no tardaría en llegar al límite de sus posibilidades. Una inmensa masa de trabajadores debieron migrar a la ciudad. Al ser un país abastecedor de materias primas su potencial industrialista era muy escaso.

El grueso del incipiente movimiento trabajador estaba dividido entre socialistas y anarquistas. Estos últimos tenían una tendencia muchos más radicalizada, cuestión que no pasaba inadvertida a las fuerzas policiales. En aquellos años el primero de mayo se repartía en dos manifestaciones. El acto de los socialistas tenía lugar en Constitución mientras que el de los anarquistas se llevaba a cabo en Plaza Lorea (hoy Plaza Congreso).

La masa trabajadora encontraba mayor presencia en las federaciones del calzado, de panaderos, de ebanistas, de sombrereros, de conductores de carro, de pintores albañiles. Así como también de los obreros portuarios y ferroviarios.

El estado nacional veía con peligro el continuo malestar de los trabajadores. Pero la explicación no la encontraba en las deplorables condiciones en que se encontraba el asalariado. La causa radicaba en la influencia de elementos externos, cuya ideología perturbaba el resto. Motivo de este hecho en 1902 se había sancionado la Ley de Residencia. Si bien se trató de implementar más adelante una política integradora continuó prevaleciendo el accionar represivo.

Ante las huelgas y manifestaciones el estado respondía reforzando el aparato coercitivo. Con el tiempo se había venido elaborando una política represiva para contener las protestas. La policía identificaba claramente al anarquista del socialista. Producto de esta mecánica se había formado una especie de servicio de inteligencia en donde se conocían los movimientos de estos grupos y los datos de todos los militantes, detallando de manera pormenorizada la edad, la filiación familiar, ideología, origen étnico, etc.

Aquel 1º de mayo miles de trabajadores se congregaron en Plaza Lorea no sólo para conmemorar el día del trabajador. Los gremios del rodado habían decidido ir a la huelga por tiempo indeterminado en protesta por un código municipal y en contra de la libreta de identidad. El Coronel Falcón se encargó personalmente de llevar adelante el operativo. Después de la orden del jefe de policía, sus subordinados abrieron fuego sobre la multitud sin hacer distingo entre hombres, mujeres y niños; la sangrienta represión asesinó a 11 obreros, mientras que más de ochenta resultaron heridos, muchos de gravedad. En adelante, las fuerzas represivas se dedicaron a recrudecer su furia sobre el movimiento trabajador, ya sea deteniendo a militantes o clausurando periódicos o locales partidarios. En vista de lo ocurrido la FORA decreto la huelga por tiempo indeterminado. De igual manera la UGT decretó la huelga por tiempo indeterminado. De igual manera la UGT socialista se solidarizó plegándose a la lucha.

“El 4 de mayo, más de 60.000 personas se concentraron frente a la morgue esperando la entrega de cadáveres, para acompañarlos hasta la Chacarita. En un acto de barbarie sin precedentes hasta el momento pero que se tornará una tradición de aquí en adelante, la policía les arrebató los féretros a las familias obreras para que no se concretara el multitudinario cortejo fúnebre”.

Después de una semana de paro, el gobierno dio marcha atrás con las medidas y se decidió la derogación del código municipal de penalidades, la reapertura de locales obreros y la liberación de 800 presos. A pesar de que los trabajadores habían regresado a sus tareas una cuenta pendiente quedaba en el aire.

El gobierno de Figueroa Alcorta había desoído los reclamos de las organizaciones políticas de hacer renunciar a Falcón. El movimiento anarquista no olvidaba los sucesos trágicos del 1º de mayo y la venganza sólo era cuestión de tiempo. Simón Radowistzky fue el encargado de arrojarle la bomba que explotó en las piernas del jefe de policía.

Habían pasado tan sólo siete meses de la masacre; 14 de noviembre de 1909.

Inmediatamente de transcurrido el hecho, Radowistzky fue apresado y recibió cadena perpetua. De no ser menor de edad hubiera sido sentenciado a muerte. Producto del atentado tuvo lugar una nueva arremetida por parte de las autoridades declarando el estado de sitio, arrestando obreros, clausurando locales partidarios y persiguiendo a todo el movimiento trabajador. (Dice O. Jara en Los Malditos, vol. IV, pag. 392, ed. Madres de Plaza de Mayo:)

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LA MASACRE DE BUGDE, UN CASO QUE MARCÓ EL CAMINO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La tarde del 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera, de 20 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24. La organización de los vecinos desarmó un entramado de encubrimiento y logró la condena de los asesinos. Este hecho, junto al de Walter Bulacio en 1991, daría origen a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

La tarde del 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera de 20 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24, en la localidad de Ingeniero Budge. Mientras los jóvenes conversaban y tomaban una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, irrumpió una camioneta policial de donde bajaron el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, el cabo primero Jorge Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Olivera recibió doce balazos y Aredes otros siete. Argañaraz fue herido en la pierna y subido a la camioneta; apareció luego, con un impacto de bala en la cabeza. La policía, plantó armas para simular un enfrentamiento, pero luego se comprobó que no servían.

Aredes, provenía de una familia del interior del país. Era el mayor de tres hermanos y rápidamente debió salir a trabajar para sumar unos “pesitos” a los ingresos de una madre que limpiaba oficinas en Capital y de un padre obrero de fábrica. Esa tarde de mayo acompañó a su hermano menor hasta el kiosco para comprar unos mapas. Sus amigos lo invitaron a compartir una cerveza en la esquina en la que luego lo fusilarían.

Argañaraz o “Willy”, había nacido en Tucumán y junto a su abuelo trabajaba en la zafra desde muy pequeño. Su madre, empleada doméstica, decidió ir en busca de nuevas oportunidades y se instaló junto a su hijo en Budge. En Buenos Aires, Willy trabajaba en la construcción y alternaba con su deporte favorito: el fútbol.

Olivera, “El Negro”, proveniente de El Chaco, ancló junto a su familia en Budge. Allí levantaron una casa. Su padre, cargador que luego de un accidente cambió a sereno, solía salir a las 4:30 de la mañana y regresar a las 18. Esa tarde, su padre, cuando volvió del trabajo, encontró a su hijo tirado en la vereda. No le permitieron tocarlo.

Historia de una organización popular

La metodología de aniquilamiento que utilizaba la patota del suboficial Balmaceda venía de la época de los militares. En Budge, durante la Dictadura, la policía recorría el barrio en los autos, intimidando y fusilando, no sólo a los militantes populares y a los referentes sociales, también a los jóvenes a la salida de los bailes.

Dos años antes de la Masacre se había formado en Budge la Asamblea de Vecinos de la calle Baradero para reclamar desagües pluviales, la extensión de redes de agua potable y el asfalto. Contaban con delegados por cada cuadra y con un sistema de auto organización: piquetes y cacerolazos, novedosos por aquella época. El 7 de mayo de 1987, convocaron a una reunión en la Escuela Nº 82 para intentar solucionar el deplorable estado de los baños y la contaminación a causa del desborde del pozo ciego. Más de quinientas personas cortaron Camino Negro para visibilizar el problema. Al día siguiente, hicieron el balance de la actividad y se enteraron que la policía había reprimido en Figueredo y Guaminí.

El sábado 9 de mayo, nuevamente reunidos en la escuela y a sabiendas de lo ocurrido, decidieron entre padres y docentes enviar una comitiva para solidarizarse con los familiares de las víctimas. De inmediato se armó una comisión vecinal en el fondo de una casa a 40 metros de donde habían ocurrido los hechos. La comisión resolvió redactar una nota pidiendo el esclarecimiento de los crímenes, la cárcel para los asesinos y la convocatoria para la primera asamblea en la calle Guaminí y Figueredo a realizarse al lunes siguiente. Más de ciento cincuenta vecinos, amigos y familiares se abocaron a la tarea de reunir firmas para el petitorio y convocar a la primera asamblea vecinal por la Masacre de Budge. El lunes 11 de mayo participaron alrededor de 2000 vecinos. También se acercaron a esa esquina dirigentes políticos, legisladores municipales y provinciales de distintos espacios, desde Oscar Alende a Luis Zamora. Así, nació la CAV (Comisión de amigos y vecinos).

El accionar de la CAV fue tratar de estructurar el reclamo, armando comisiones para hablar con las personas que habían sido testigos, ofreciéndoles garantías a través de la unidad y la organización. Se acordó formar guardias con varias carpas en las esquinas y acompañar a los testigos hasta la parada del colectivo en Puente La Noria. Los mismos jóvenes del barrio participaron en esta tarea. Muchos estudiaban y en ese lapso, por el tema de las guardias, dejaron de cursar, para no abandonar la vigilancia. Se había acordado utilizar un método de alarmas por si la policía “apretaba” a los testigos. Sabían que si sonaban pitos o había cacerolazos debían convocarse todos en Guaminí y Figueredo. Uno de los casos más resonantes fue cuando la policía realizó un “apriete” en la casa de un testigo, en las calles Campana y Espronceda. Rápidamente se movilizaron todos los vecinos a las dos de la mañana. Del mismo modo, hubo amenazas de los policías durante el inicio de la organización barrial.

La CAV fue una estructura barrial que después se abrió a las organizaciones sociales, partidos políticos, estudiantes universitarios. Jugó un papel importante en el caso de Budge porque siguió durante mucho tiempo organizando la autodefensa del barrio y el acompañamiento a familiares y testigos. Las reuniones no tenían un día fijo. Todas las tareas a encarar eran discutidas; desde sacar un folleto para informar a los vecinos a recurrir a la prensa para romper el cerco informativo. También se organizaron para pedir la solidaridad ante organismos sociales, políticos nacionales e internacionales y planificar las movilizaciones a los juzgados, Plaza de Mayo o al Municipio.

Una trama de encubrimiento

Durante la presión ejercida por los vecinos para que se logre encarcelar a los culpables, se consiguió que la Provincia otorgue una recompensa para determinar el paradero de los asesinos. Sin embargo, quedó al descubierto las complicidades, no sólo de la misma policía que los encubrió, sino también de los médicos forenses, de los fiscales y los jueces. Se trataba de una trama que la organización del barrio logró deshilvanar para encontrar a los culpables y visibilizar la feroz realidad de un barrio.

En un principio, la causa fue caratulada como “exceso en legítima defensa” gracias a que la policía intentó hacer pasar el hecho como un enfrentamiento con supuestos delincuentes. Recién en 1994, Balmaceda, Miño y Romero fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple y en 1998 se ordenó la detención de los tres. Romero fue el primero que cayó preso al año siguiente. En el 2006 fueron detenidos Miño y Balmaceda.

Durante sus años de prófugo, Balmaceda estuvo escondido en una casa de Mármol, a dos cuadras de la comisaría, evidenciando la protección policial. La organización de los vecinos logró llegar a él a través de la información de un familiar. Hicieron un trabajo de inteligencia: localizaron el domicilio y destinaron a tres vecinos para que se hicieran pasar por vendedores ambulantes. Armaron un canasto y recorrieron Mármol ofreciendo pan casero.

Lo hicieron durante varios días, en distintos horarios para no despertar sospechas. Otros días vendían rejillas o toallas. A pesar del esfuerzo, Balmaceda no aparecía. Luego se enteraron de que el prófugo había viajado a Paraguay con total impunidad, a pesar de que la CAV había pegado afiches con su cara por todo Lomas de Zamora, incluso, difundieron su imagen en los medios de comunicación.

La Masacre de Budge significó la primera experiencia de organización vecinal que desarmó y visibilizó el entramado judicial, político y policial. Ese hecho como el de Walter Bulacio, en 1991, fueron los ejes fundacionales de un movimiento antirrepresivo que, a su vez, daría origen a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Masacre de Budge fue posible por la participación de los vecinos como sujeto colectivo, junto a al accionar de Sergio “Cherko” Smietniansky, Ciro Annicchiarico y Toto Zimerman, abogados de la causa. Este último fue quien conceptualizó y reformuló la expresión “gatillo fácil” para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad del Estado, junto a tantos otros referentes y militantes sociales que lograron marcar un camino en la historia de los Derechos Humanos. (Patricia Rodríguez, Docente e investigadora, Tiempo Argentino, 8/5/2021)

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MASACRE DE SAN MIGUEL DEL MONTE
Se conoce como Masacre de San Miguel del Monte o Masacre de Monte, a la muerte de cuatro adolescentes ocurrida durante la madrugada del 20 de mayo en la ciudad de Monte, Provincia de Buenos Aires.
Resultado de la persecución y tiroteo realizados por miembros de la policía bonaerense sobre el vehículo utilizado por los jóvenes.

Los jóvenes, Gonzalo Domínguez (14), Rocío Guagliarello (13), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), locales de la ciudad, y Aníbal Suárez (22), oriundo de Misiones, subieron a un auto para pasear por la ciudad durante la noche.

Durante el paseo, el vehículo, un Fiat 147, en el que iba el grupo (conducido por Aníbal Suárez), cruzó a unos patrulleros policiales, y en la brevedad, inició la persecución de los vehículos policiales contra el Fiat.

No se sabe exactamente cómo se inició esta persecución. Aparentemente, la policía, que recibió un llamado al 911, en el que se denunciaba un auto sospechoso con características similares al vehículo de Suárez, procedió a seguirlos para hacer una inspección.

Sin embargo, el vehículo en el que iban los jóvenes huyó a toda velocidad con el objetivo de alejarse, luego de que dentro del patrullero, uno de los policías estaba apuntando al auto con un objeto parecido a una linterna. Según se había comunicado, era para anotar la patente y alertar la detención del vehículo, mientras, los familiares de las víctimas y vecinos de la zona, sostenían que en realidad dicho objeto era un arma.

Llegado a una colectora, el vehículo chocó contra un acoplado, causando la muerte de 4 de los 5 integrantes, (Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone, y el conductor, Aníbal Suárez); la única sobreviviente, Rocío Guagliarello, fue internada en grave estado

Investigaciones

Los eventos que desencadenaron dicha persecución, así como los sucesos ocurridos hasta el choque son ambiguos y poco claros. Por lo que hay varias versiones de los hechos. Por una parte, se sostiene que los hechos se desencadenaron por malentendidos entre los patrulleros y los jóvenes, mientras que por otra parte, se sostiene que las medidas fueron desmedidas e inclusive, malintencionadas.

Luego del accidente, se comenzó a buscar y revisar todo tipo de registros ocurridos durante el suceso, como vídeos de seguridad, llamadas, y grabaciones en los teléfonos de las víctimas, así como también revisar los restos del automóvil chocado, y las autopsias a los cuerpos de las víctimas, con el fin de reconstruir la escena del accidente y obtener información de lo sucedido.
Según las investigaciones en los restos del auto, y de las autopsias, el automóvil fue disparado, y uno de los cuerpos de los pasajeros tenía restos de proyectil en un glúteo

Consecuencias

Al día siguiente, hubo protestas en la ciudad a raíz de la tragedia, la cual término en disturbios, con cortes de tránsito, piedrazos, quemas de ruedas, y una policía herida
A raíz de la Masacre se presentaron pedidos de juicio político contra Patricia Bullrich, donde fallecieron los cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, a manos de la policía bonaerense. En sus fundamentos, consideraron que Bullrich incurrió en «mal desempeño» y en la comisión de «eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».
Por otra parte, en los tribunales de La Plata se tramita una causa contra Sandra Mayol, que era intendenta de San Miguel del Monte.

El relato de la única sobreviviente

Rocío estaba con Camila en la plaza de siempre en la misma de siempre. Habían ido solo un rato para agarrar wifi porque Camila se había quedado sin crédito en su celular. Era domingo. Al otro día había que ir a la escuela. Pero es cierto, asisten al turno tarde. Se quedaron un poco más, colgadas de una charla incierta. “Estábamos sentadas en un banco ahí en la esquina enfrente de la Municipalidad. Y frenaron ellos en el auto”. Ellos: Gonzalo y Danilo, sus compañeros de segundo año de la Escuela de Educación Media N°1. El auto frenó frente a ellas por pedido de los chicos o por un desperfecto mecánico. Nadie lo sabrá jamás. “Nos invitaron a ir a dar una vuelta. Con Cami no queríamos pero nos convencieron”.

Aníbal, amigo de los chicos, manejaba. Ellas no lo conocían. Por eso al principio rechazaron la propuesta. Subirse al auto de un desconocido no las seducía. Pero sus amigos les juraron que era alguien de confianza, insistieron, tal vez porque alguna de las chicas les gustaba: se subieron todos al Fiat 147 Spazio de color blanco. Aníbal al volante, Danilo adelante, los otros tres atrás. No había plan, no había ruta: tan solo la idea de divertirse recorriendo los confines de un pueblo abrazado por la noche. “Nos íbamos cagando de risa, haciendo boludeces. Sé que íbamos re contentos”. Se filmaban, reían, bromeaban. Compartieron un video por WhatsApp. Eran adolescentes haciendo cosas de adolescentes.

San Miguel del Monte está montado en torno a su laguna. La Ruta Nacional número 3, la que une Buenos Aires con Tierra del Fuego, penetra y bordea la ciudad de catorce mil habitantes. La travesía de los chicos no tenía restricciones. No había destino, no había lugar al que ir. Se aventuraron a deambular por los perímetros del pueblo, a circular por las áreas satelitales. Lo que pasaba afuera mucho no importaba. Ellos la estaban pasando bien adentro. “Por qué lado íbamos no me acuerdo. Pero me acuerdo que íbamos dando vueltas, del video que habíamos subido a WhatsApp”.

El tiempo corría. Sus papás los estaban esperando. Atravesaron la frontera del domingo. En un lugar cualquiera de una madrugada cualquiera en San Miguel del Monte vieron un patrullero y a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense. Nadie sabrá jamás si los chicos los vieron. Los que interpretaron que fueron vistos por personas en un auto particular manipulando celulares fueron los policías. Comenzó una persecución de tres kilómetros. No fueron más kilómetros porque había un camión con acoplado estacionado en la colectora de la ruta, a la altura de la calle Nolasco López. El estruendo ocurrió a las 0:50 del lunes 20.

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1974 - MASACRE DE PACHECO

En la medianoche del 29 de mayo de 1974 tres obreros fueron secuestrados de un local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la localidad de El Talar, General Pacheco, y luego acribillados por una patota conformada por 20 integrantes de la Triple A.

Masacre es un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término masacre es impreciso en sus alcances, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. El sacerdote brasileño Leonardo Boff relaciona la masacre con la cobardía.

LOS HECHOS

En la zona norte del Gran Buenos Aires el PST tenía 4 locales. El de Munro, el de Beccar (que había sufrido varios atentados), el de San Miguel y el de Pacheco. En todos ellos se nucleaba mucha juventud.  El 29 de mayo de 1974, con un intenso tiroteo, el grupo comando de la Triple A logró quebrar la resistencia de la guardia del local del PST de El Talar, y mientras varios compañeros pudieron escapar por los fondos. De inmediato, violentando la puerta y saltando desde los techos y la terraza, quince matones asesinos, provistos de armas largas, entraron a golpes, gritos e insultos. Los tres hombres y las tres mujeres que se hallaban reunidos fueron arrojados al suelo y pateados, mientras otros de los intrusos entraron en todas las salas del local a destruir, robar e incendiar cuanto encontraban a su paso.  Con la cabeza llena de sangre por los golpes, los seis militantes fueron obligados a entrar a los autos estacionados en las cercanías. Los tres hombres fueron metidos en los baúles de dos autos. A pocas cuadras del lugar, luego de recibir amenazas, insultos y golpes, las tres mujeres fueron bajadas del auto y obligadas a retirarse. Los coches prosiguieron viaje con rumbo desconocido. El 30 a la mañana los cadáveres de los compañeros Meza, Zidda y Moses aparecieron en Pilar, acribillados a balazos. Las tres mujeres eran Monica Wolf, Silvia Sara Ferraté y “Amalia”.

VÍCTIMAS

- Oscar  Meza “Hijitus”, correntino de veintiséis años, obrero de Astilleros Astarsa;

- Antonio Moses “Toni”, veinticuatro años y obrero metalúrgico de Wobron; y

- Mario Zidda “Tano”, veintidós años, estudiante,  dirigente estudiantil de la Técnica 1 de Tigre y también obrero en una industria de la zona.

OTROS CRÍMENES EN LA ZONA

Meses antes de la Masacre de Pacheco, había sido asesinado de un escopetazo de “Itaka” en el pecho el obrero metalúrgico Inocencio  Fernandez “el Indio”, dirigente gremial de base de CORMASA. A raíz del crimen, los obreros de la empresa tomaron la fábrica. CORMASA, junto con las otras dos fábricas CORNI, eran parte de la oposición metalúrgica en la seccional Vicente López, que el PST dirigía. 500 compañeros despidieron su cuerpo mutilado por las balas en el local de Pacheco y después escucharon las palabras de los dirigentes del PST en el cruce de Panamericana y la ruta 197.

Entre la Masacre de Pacheco y el asesinato del Indio Fernández, el PST había sufrido cerca de 25 atentados, voladuras de locales, disparos contra activistas, invasiones policiales y tortura de militantes en Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata y el asesinato de uno de sus principales dirigentes nacionales, César Robles. Un año después de Pacheco se produjo la Masacre de La Plata, donde otros ocho militantes del PST fueron asesinados. Los autores fueron en todos los casos miembros de la Triple A.

La “Masacre de Pacheco”, como se la conoció en esa época, fue un golpe duro para el PST y una señal de alerta de lo que se venía.
Fueron 4 los imputados, Jorge Conti, subsecretario de Prensa de Nación en 1974 y vocero de López Rega; Julio Yessi, titular de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA, organización armada por la derecha peronista con el objeto  de restarle poder a las Regionales de la JP identificadas con la tendencia y Montoneros), Eduardo Fumega, subinspector de la Policía Federal

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1977 - MASACRE DE MONTE GRANDE
La Masacre de Monte Grande fue un suceso en el cual militares del Ejército Argentino asesinaron a 16 militantes el 24 de mayo de 1977.
Los militantes estaban detenidos en El Vesubio

En el CCD Vesubio se encontraron otros alojados en carácter de detenidos militantes de la Organización Comunista Poder Obrero y agrupaciones políticas, quienes también eran torturados en el lugar. 

Los sobrevivientes de ese CCD recuerdan que el 23 de mayo de 1977 fueron convocados por un oficial, quien les dijo que fueron trasladados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional pero en realidad iban a ser trasladados a una casa en Esteban Echeverría donde fueron asesinados a balazos por la noche. 

Los bomberos trasladaron sus cuerpos hasta el cementerio de esa localidad, donde fueron depositados en fosas comunes sin identificar. Los principales diarios de entonces, con base en comunicados del Ejército , información de los nombres de las víctimas muertas, en el marco de un enfrentamiento fraguado. Entonces los familiares de las victimas emprendieron la recuperacion de sus restos.

VÍCTIMAS

Fueron víctimas de este operativo Luis Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo de Ciuffo, Danuel Ciuffo, Luis de Cristófaro, María Cristina y Julián Bernat, Claudio Giombini, Elísabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Sgroy, Esteban Andreani, Miguel Harasymiw, Nelo Gasparini y otras dos personas que nunca fueron identificadas. 

Entre los conocidos estaban:

Silvestre Esteban Andreani De Jesús (N. 11 de noviembre de 1944; secuestrado 11 de abril de 1977), era empleado de ENTEL y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores . Según relató su esposa Sara Fagnani, ella y su marido eran delegados del gremio de telefónicos y estaban siendo perseguidos desde tiempo antes de ser secuestrado. En octubre de 1976, habían ido a buscarlos a la casa de su suegro y éstos sufrieron simulacros de fusilamiento, golpes y amenazaron con llevarse a su hijo que vivía allí. En febrero del año siguiente, en el hogar de los padres de Esteban, se realizó un nuevo allanamiento en la casa de los padres de Esteban estando su esposa embarazada. Ella modificó exiliarse del país después del secuestro de su marido primero en Brasil y luego en Suecia. 

Julián Francisco Bernat (n. 1 de julio de 1953) y María Cristina Bernat de Cristófaro

Luis Eduardo De Cristófaro, «Cacho» (n. 8 de febrero de 1956), era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue secuestrado junto con María Cristina Bernat y Julián Bernat el 16 de mayo de 1977 por la madrugada, en Buenos Aires. María Cristina negoció con los integrantes del grupo de tareas su secuestro a cambio de la libertad del bebé que pretendían llevarse también a pesar de su esposo rogaba que a ella no se la llevaran, los tres fueron sacados de la casa con la ropa de dormir que estaban usando en ese momento y descalzos.

Daniel Jesús Ciuffo, médico, militante de Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). 

Catalina Juliana Oviedo Dellagnolo de Ciuffo (n. 30 de abril de 1952). Su cadáver apareció en Monte Grande el 24 de mayo de 1977. El matrimonio de Catalina y Daniel Ciuffo fue secuestrado el 20 de abril de 1977. Esa mañana, Daniel Ciuffo salió de su casa de Castelar con destino a Buenos Aires y ya no volvió. Por la tarde un grupo de personas esperó allí la llegada de su esposa, donde la capturaron y torturaron. 

Luis Alberto Fabbri Favre (n. 17 de noviembre de 1947, Italia; secuestrado el 21 de abril de 1977, La Lucila). Trabajaba como empleado en la Municipalidad de Córdoba, como periodista en Periódico «Respuesta» y militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).  Luego de su secuestro no se supo más de él hasta que apareció la noticia en los diarios que daba cuenta de su muerte. Los testimonios indican que fue trasladado al centro clandestino El Vesubio.

Nelo Antonio Gasparini Filippo (n. 20 de agosto de 1951). Trabajaba como empleado en Fábrica Lia y era estudiante de primer año de Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Luis María Gemetro Angulo (n. 30 de marzo de 1950). Veterinario y militante de Montoneros, fue secuestrado el 11 de febrero de 1977 en Buenos Aires. Ese día Gemetro se había comunicado con su esposa Liliana Franchi diciendo que notaba movimientos extraños y en la misma tarde personas desconocidas en dos coches particulares lo secuestraron. La familia realizó innumerables gestiones para dar con el desfile de Gemetro sin ningún tipo de respuesta, hasta que su nombre salió en las noticias periodísticas de la época como abatido en un supuesto enfrentamiento entre subversivos y fuerzas legales.

Claudio Julio Giombini (n. 30 de enero de 1954). Militante de Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). 

Rodolfo Goldin Rabinsky (n. 9 de noviembre de 1950, Córdoba; secuestrado el 21 de abril de 1977, Villa Ballester, Buenos Aires). Militante de Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Encontraron su cuerpo en el cementerio de Monte Grande, como NN junto a la de otras víctimas del CCD "Vesubio". Goldín fue secuestrado en un operativo de gran magnitud en su domicilio en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, donde vivía junto a su mujer embarazada, Lucía Esther Molina, y el hijo de ella Santiago Nicolia. Irma Ramacciotti de Molina, madre de Lucía, dijo que en mayo de 1977, ya raíz de un llamado de la madre de Rodolfo, viajó a Buenos Aires y se dirigió a la casa de ellos encontrándola totalmente destruida y clausurada. Una vecina le contó que ese día escuchó un tiroteo en la casa y que luego un coronel le golpeó la puerta y le entregó al hijo de Lucía para que lo tuviera. La vecina entregó al niño a la policía, siendo recuperada por su abuela. Tanto Lucía Molina, como el hijo por nacer seguirán desaparecidos. 

Miguel Ángel Harasymiw (n. 22 de febrero de 1947; secuestrado el 15 de mayo de 1977, Buenos Aires) era constructor. Fue secuestrado, junto a su esposa Iris Beatriz Cabral Balmaceda, mientras dormía con su hija de pocos meses, en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Se los llevaron encapuchados con una frazada. Los secuestradores dejaron a la hija del matrimonio con una vecina quien la entregó a su familia, y pusieron una faja de clausura en la puerta. 

Elisabeth Käsemann Wizermann (N. 11 de mayo de 1947, Gelsenkirchen , Alemania ; secuestrada el 8 de marzo de 1977). Trabajadora social, secretaria en Empresa Kasdorf, estudió sociología (Berlín, Alemania hasta 1968) e idiomas español, inglés, portugués (Buenos Aires desde 1969). Secundario en Bachillerato Argentino en Buenos Aires y Universitario: en Ciencias económicas-UBA (Buenos Aires, de 1975 a 1977), militante de Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo . Su cuerpo fue encontrado en el cementerio de Monte Grande. Había sido enterrado como NN. Su familia enterró su cuerpo en Tübingen, Alemania.  Por su caso, la justicia argentina juzgó a Jorge Rafael Videla , mientras que la Justicia alemana libró una orden de detención contra el dictador. Según el testimonio de su amiga, la pastora Diana Houstin Austin, el día del secuestro se iba a encontrar con Elisabeth para desayunar antes de ir al trabajo, pero nunca llegó. Relató que el viernes de esa semana, un grupo de personas desconocidas armadas ingresó a su casa, haciéndole preguntas sobre Elisabeth y la secuestraron a ella también. La llevaron a un CCD (que luego supo que pudo haber sido «el infierno»), le colocaron grilletes, donde fue torturada. Durante el tiempo que apareció el interrogatorio, se comprobó que Elisabeth estaba en ese lugar. Al día siguiente, dijo que fue sacada del centro por una persona que se hacía llamar «Capitán» y llevaba a su departamento donde estaban vigiladas hasta que salió del país en mayo de ese año. 

Mario Augusto Sgroi (N. 21 de junio de 1949; secuestrado el 4 de abril de 1977).

Para reproducir citar la fuente Pensamiento Discepoleano

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JUNIO

1956 - ALZAMIENTO CONTRA LA DICTADURA ASESINA DE ARAMBURU-ROJAS

Intentando recuperar el gobierno usurpado por la Revolución Fusiladora capitaneada por Aramburu-Rojas, quienes habían derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón un año antes, fuerzas leales al presidente constitucional producen un alzamiento contra la dictadura. Algunas cifras hablan de 200 alzados entre civiles y militares y otras de 500. La represión a los rebeldes fue de una dureza inusitada, al punto que entre el 10 y los días siguientes fueron asesinadas por fusilamiento 27 personas, incluyendo a su jefe, el general Juan José Valle. Un grupo de obreros fue secuestrado de la casa donde se habían reunido y fueron masacrados, en las primeras horas del día 10, en los basurales de José León Suárez. A partir de la investigación de esa matanza, el escritor Rodolfo Walsh escribió el libro Operación Masacre, cuya estética da origen a la llamada novela de investigación, o novela histórica, o no ficción. El terrorismo de Estado marcaba con sangre los comienzos de un período de violencia, golpes militares y rebeliones. Y este terrorismo de Estado es el que años después cometería el genocidio de los años '70. (Pensamiento Discepoleano)

* * * * * * *

FUSILADOS (ASESINADOS) EN JUNIO DE 1956

LA AUTOTITULADA REVOLUCIÓN LIBERTADORA PASA A LLAMARSE REVOLUCIÓN FUSILADORA

Un grupo de militares liderados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco viene tejiendo una red insurreccional desde los primeros meses del año 1956.

Hacia fines de mayo, el grupo conspirativo ultima los detalles de la insurrección, pero ya los servicios de informaciones del gobierno han logrado detectar al movimiento aunque el gobierno lo deja desarrollar para reprimir. En varios lugares del país se organizan focos insurreccionales: Avellaneda, donde un comando debe instalar un transmisor en la Escuela Industrial, para difundir desde allá la proclama revolucionaria firmada por Valle y Tanco, operativo que dirigen los coroneles Irigoyen y Costales; Campo de Mayo por los coroneles Ricardo Santiago Ibazeta, Enrique Berazay y Eduardo A. Cortines; el regimiento 2 de Palermo bajo la dirección de grupo insurgente dirigido por el sargento ayudante Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, comprometida por el mayor Hugo Eladio Quiroga; el regimiento 7 de la Plata, responsabilidad del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno; la ciudad de Santa Rosa, insurreccionada por el mayor Eduardo Philippeaux y además un grupo que operará en la localidad bonaerense de Florida, con centro en una casa de Hipólito Yrigoyen 4519. Asimismo en Rosario, Rafaela, Viedma y varias ciudades de la provincia de Buenos Aires existen grupos dispuestos a jugarse la patriada. Pero la infiltración de los servicios ya ha controlado la situación, por lo cual las acciones desarrolladas son escasas y desafortunadas.
El operativo de Avellaneda fracasa y el grupo de Yrigoyen-Costales es detenido. Sólo en La Plata se combate; allí Cogorno toma el regimiento 7 y encomienda al capitán Morganti la ocupación de la Jefatura de Policía, pero esta se halla alertada y repele el ataque, mientras 150 infantes de marina se lanzan desde Río Santiago contra los insurrectos. A las 9 horas del día 10, Cogorno levanta bandera blanca. En el combate, han muerto 3 soldados.

En Campo de Mayo, Cortines e Ibazeta logran éxito inicialmente, pero Berazay fracasa en su intento. En Palermo, fracasa también la insurrección. A su vez en la Escuela de Mecánica del Ejército, fuerzas leales sofocan al grupo insurgente del mayor Quiroga. En Santa Rosa, Phillipeaux logra tomar la ciudad en la noche del 9 de junio, consigue el apoyo de civiles y policías, ocupa la emisora y emite la proclama. En Florida, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires allana la finca de la calle Yrigoyen y detiene a todos los que allí están congregados.

A las 2 y 30 horas del día 10, el capitán Rivolta, de importante actuación entre los sublevados del 16 de junio del ’55, da oficialmente como fracasada la insurrección. Todos los fusilamientos son posteriores a esa declaración; no se fusila para reprimir, se fusila para castigar. En Lanús son fusilados seis argentinos, otros cinco son muertos en los basurales de José León Suárez. La orden presidencial es terminante: fusilar a los detenidos y así se procede en La Plata, la Penitenciaría y la Escuela de Mecánica del Ejército.

Los sublevados de Campo de Mayo también son ejecutados. El general Juan José Valle, en la clandestinidad, se entera del fusilamiento de sus compañeros de causa y se acongoja profundamente. A las 14 horas del 12 de junio, ingresa voluntariamente al Regimiento de Infantería de Palermo, después de una gestión ante Manrique quien le garantiza la vida. Allí, es sometido a interrogatorio y remitido después a la Penitenciaría. El otro jefe de la insurrección (Raúl Tanco) se asila en la embajada de Haití, en la calle monasterio, donde el embajador Jean Brierre le asegura protección, ante la irrupción de un comando dirigido por el general Quaranta.

Por su parte, Phillipeaurx es detenido en San Luis y trasladado a una prisión militar de Ciudadela, de la cual logra fugarse en abril de 1957 y pasar a Montevideo.
Ferla señala que la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) emite una declaración en la que tilda de “reaccionario el golpe del 9 de junio que aspiraba a llevar al país a un régimen de dictadura aliancista”. Ferla agrega: “… Ante la insurrección y los fusilamientos, lo único que se le ocurre al Partido Comunista es proponer un gobierno de coalición democrática, o sea solicita asociarse al gobierno fusilador, al gobierno que acaba de masacrar obreros en José León Suárez y que tiene miles de obreros en sus cárceles llamadas democráticas”.

Pero el periódico socialista “La Vanguardia”,  dirigido por el profesor Américo Ghioldi, pasa a la historia como el mayor legitimador del crimen: “Los hechos de la noche del sábado 9 y domingo 10, dentro de su inmensa tragedia, definen circunstancias y posiciones sobre las cuales parece necesario detenerse a pensar hondamente. En primer lugar es dato fundamental de los hechos acaecidos, la absoluta y total determinación del gobierno de reprimir con energía todo intento de volver al pasado. Se acabó la leche de clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará, sin riesgo de vida, alterar el orden porque es impedir la vuelta a la democracia. Parece que en materia política, los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra. Todos lamentamos el escaso uso de la razón que hicieron los adláteres de la tiranía… El gansterismo político – no otra cosa significa el plan terrorista de los representantes del ex dictador – sufrió un golpe rudo… La libertad ha exigido siempre lucha y sacrificio. Jamás ha sido una posición de blandura”. “La Vanguardia”, 14 de junio de 1956.

Los detenidos de Florida fueron penados con la muerte, y sin juicio, arrancados de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, y en virtud de una ley posterior al hecho de la causa.

El gobierno de la Revolución Libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos el 9 de junio, una ley marcial promulgada el 10 de junio.

LISTA DE PATRIOTAS ASESINADOS EN AQUELLOS DÍAS DE JUNIO

Fueron pasados por las armas 18 militares y 9 civiles

General de División Juan José Valle (Día 12, sin decreto de fusilamiento)
Coronel José Albino Irigoyen (fusilado en Lanús en la madrugada del día 10 sin decreto de fusilamiento)
Coronel Alcibíades Eduardo Cortines (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 11. Decreto de fusilamiento Nº 10.364)
Coronel Oscar Lorenzo Cogorno (fusilado en La Plata en la tarde del 10 de junio)
Coronel Santiago Ibazeta (fusilado en Campo de Mayo madrugada del día 11)
Capitán Eloy Luis Caro (fusilado en Campo de Mayo madrugada del día 11)
Capitán Dardo Néstor Cano (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 11)
Capitán Jorge Miguel Costales (fusilado en Lanús, madrugada del día 10)
Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 11)
Teniente Primero de Banda Néstor Marcelo Videla (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 10)
Subteniente de Reserva Alberto Juan Abadíe (fusilado en La Plata, día 12)
Sub-oficial Principal Miguel Ángel Paolini (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 11)
Sub-oficial Principal Ernesto Garecca (fusilado en Campo de Mayo, madrugada del día 11)
Sargento Hugo Eladio Quiroga (fusilado en Campo de Mayo, madrugada día 11)
Fusilados en la Penitenciaría Nacional, el 11 de junio:
Sargento Ayudante Isauro Costa, Sargento Ayudante Carpintero Luis Pugnetti y Sargento Músico Luciano Isaías Rojas.
Cabo Músico Miguel José Rodríguez (fusilado el día 11)
Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro y Dante Hipólito Lugo (fusilados en Lanús, en la madrugada del día 10, sin decreto de fusilamiento).
Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Carlos Alberto Lizaso, Francisco Garibotti y Mario Brión (fusilados en José León Suarez, madrugada del día 10 por orden del Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cuya disposición se encontraban luego de su detención a las 23 horas aproximadamente del día 9 de junio. No existe decreto de fusilamiento). (María Clara Ardanaz y Enrique Zabala en Los Malditos, vol II, pág 447, Ed Madres de Plaza de Mayo)

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10 DE JUNIO DE 1956 - FUSILAMIENTOS DE JOSÉ LEÓN SUÁREZ

Los fusilamientos clandestinos de José León Suárez fueron un episodio represivo del levantamiento del General Juan José Valle contra la dictadura gobernante, que dispuso el fusilamiento público del propio General Valle y diecisiete militares sublevados, así como el fusilamiento clandestino de dieciocho civiles, en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez.

El levantamiento de Valle se inscribe dentro de un movimiento más amplio conocido como la Resistencia peronista, pero en el mismo también actuaron civiles y militares no peronistas, que se oponían a la dictadura.

Los fusilamientos clandestinos permanecieron desconocidos hasta que el periodista Rodolfo Walsh descubrió e investigó los que se habían producido en León Suárez, publicando su investigación en 1957 a través de un histórico relato novelado titulado Operación Masacre. De las doce personas fusiladas en León Suárez, cinco murieron en el acto (Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión) y siete sobrevivieron. Su mensaje incluía el compromiso de un llamado inmediato a elecciones y la garantía de una absoluta libertad de prensa, así como la libertad de todos los presos políticos, el reintegro de los derechos sindicales y la recuperación de la industria nacional.

Debido a los fusilamientos con los que la Revolución Libertadora reprimió el levantamiento de Valle, se generalizó la denominación de la dictadura como Revolución Fusiladora

La orden

A las 23:30, la casa fue allanada por el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, acompañado del jefe de la Unidad Regional de San Martín, inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y el subjefe inspector Cuello. Buscaban a Tanco, pero al no encontrarse este, la policía se llevó detenidos a todos los mencionados excepto a Torres, quien logró escapar. También fue secuestrado Miguel Ángel Giunta, que se encontraba en la casa vecina y no tenía ninguna conexión con la Resistencia peronista.

Los diez detenidos fueron conducidos por la fuerza a la sede de la Unidad Regional de San Martín. Habiendo fracasado la detención de Tanco, Fernández Suárez volvió inmediatamente a La Plata. Poco después llegaron a la comisaría otros dos detenidos: Julio Troxler (exoficial de policía y miembro activo de la resistencia) y Reinaldo Benavidez que había ido a la casa de Hipólito Yrigoyen y fue detenido por los policías que habían quedado ahí esperando que cayeran otros militantes.​ Fue allí donde se enteraron del fracaso de la insurrección y de la declaración de la ley marcial, en vigencia desde las 00:30 del 10 de junio. A las 02:30, el vicealmirante Rojas declaró que la sublevación había sido controlada. Quince minutos después, el Jefe de la Brigada comenzó a recibir la declaración de los detenidos y se les retiraron sus posesiones personales.

La orden

Poco después, Rodríguez Moreno, recibió por teléfono la orden de Fernández Suárez de fusilar a los detenidos. Para esa hora ya se había ordenado fusilar a los seis integrantes del comando detenidos en la Escuela Industrial de Avellaneda, encargados de montar la radio desde donde se transmitiría la proclama revolucionaria: Tte. Coronel José Albino Yrigoyen, Capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Norberto Ross, Clemente Braulio Ross y Osvaldo Alberto Albedro.

Rodríguez Moreno se dirigió primero al Liceo Militar de San Martín para intentar que los fusilamientos se llevasen a cabo allí, pero se le negó toda colaboración. Retornó a la comisaría cerca de las 05:00 y buscó confirmar la orden llamando nuevamente al teniente coronel Fernández Suárez, quién la ratificó y le exigió que lo haga de inmediato en cualquier lugar.

El traslado

A las 05:30 los doce detenidos fueron colocados en un camión celular, custodiados por quince policías. En un auto se desplazaban también Rodríguez Moreno, su segundo el Comisario Cuello y el oficial Cáceres. Tomaron la ruta 8 y luego se desviaron por el Camino de Cintura. Se detuvieron en un punto y comenzaron a hacer bajar a los detenidos, pero los policías consideraron que el lugar no resultaba adecuado y continuaron la marcha otros trescientos metros, en donde se hallaba un basural.

La masacre

Los detenidos fueron obligados a bajar a punta de pistola y caminar hacia el basural, iluminado por los faros de los vehículos policiales. Cuando es evidente que van a matarlos, Gavino salió corriendo mientras le decía a Carranza que había que huir. Carranza, muy corpulento para correr, suplicó por sus hijos segundos antes de que lo maten. Los detenidos corrieron en todas las direcciones mientras los policías disparaban. Díaz logró escabullirse del camión sin ser visto y desaparecer. Livraga, Di Chiano y Giunta se tiraron al piso y se hicieron los muertos. Garibotti fue alcanzado por los disparos y cayó muerto. Giunta aprovechó para salir corriendo y logró escapar. Rodríguez cayó herido y fue rematado en el piso. Brión tenía una polera blanca que facilitó su asesinato por la espalda mientras corría. Troxler, Benavídez y Lizaso intentaron luchar cuerpo a cuerpo con los policías: los dos primeros lograron huir, pero Lizaso fue tomado entre tres y fusilado.

Una vez cesada la balacera y la caza, Rodríguez Moreno caminó entre los cuerpos para verificar que estén muertos. Di Chiano se salvó porque lo da por muerto, pero vio parpadear a Livraga ordenó que lo rematen. De los tres tiros, uno le rompió la nariz, el otro le atravesó la mandíbula y la dentadura y el tercero le da en un brazo. Lo dieron por muerto, pero lograría sobrevivir, luego de un calvario.

En el basural quedaron cinco muertos: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Rodríguez. Di Chiano y Livraga sobrevivieron, este último muy mal herido.

La supervivencia

En total, siete de los doce detenidos sobrevivieron a la masacre: Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Juan Carlos Livraga y Julio Troxler.

De ellos, Livraga era el que estaba más comprometido dada la gravedad de sus heridas. Luego de que se marcharan los policías, Livraga se levantó herido y caminó hasta la ruta, cayendo desmayado ante una garita policial. Al verlo, los policías lo trasladaron al Hospital Policlínico de San Martín, en donde se le realizaron primeros auxilios en la guardia y logra llamar a su padre.​ Sin embargo, poco después volvió a ser secuestrado por la policía del hospital. En esas circunstancias, las enfermeras lograron esconder de la policía el papel de la declaración que Livraga había realizado en la Comisaría antes de la masacre y entregárselo a su padre. Livraga permaneció desaparecido durante 28 días, encerrado en un calabozo de la Comisaría 1.ª de Moreno y privado de toda atención médica, con obvia intención de que se muriera:

“Yo estaba con barba, desfigurado, flaco, sin la mitad de los dientes, perdí quince kilos. Me quisieron preguntar, pero no pude hablar de cómo tenía la boca.”
Juan Carlos Livraga

Luego fue blanqueado y enviado a la Cárcel de Olmos, cerca de La Plata, donde fue curado y protegido por los presos comunes. Allí se encontró con Miguel Ángel Giunta, quien luego de huir del basural se había entregado a la policía, siendo sometido a sistemáticos simulacros de fusilamiento que lo desequilibraron mentalmente.​ Las gestiones de su padre con el abogado Máximo von Kotsch, cercano a Arturo Frondizi, y el papel salvado por las enfermeras que probaba que Livraga había sido detenido, lograron que fuera liberado junto a Giunta, el 17 de agosto de 1956. Solo luego de recuperar su libertad pudo ser operado de las lesiones que le habían destruido la cara dos meses antes. Poco después, Livraga se fue a Estados Unidos y en 1979 adoptó la nacionalidad de ese país.​ El 23 de marzo de 2007 fue recibido por el entonces Presidente Néstor Kirchner.

Norberto Gavino había sido el primero en escapar el basural antes de que se iniciaran los disparos. Se fue directamente a la embajada de Bolivia, donde pidió asilo político y logró exiliarse. En la segunda edición de Operación Masacre, Walsh precisa el compromiso de Gavino con el levantamiento y menciona en la página 78 una carta que Gavino le escribió desde Bolivia en 1958, quejándose «por el breve retrato que trazó de él».

Julio Troxler, que había conseguido huir luego de enfrentarse cuerpo a cuerpo con un policía, se escondió en una zanja y volvió al basural en busca de sobrevivientes, pero no quedaba nadie vivo. Cuando estaba yéndose vio a Livraga siendo levantado por los policías de la garita que los llevaron al hospital. Junto con su amigo Benavídez, se asiló el 3 de noviembre en la embajada de Bolivia, como también lo había hecho Gavino. Luego, viajó a ese país exiliado, volviendo ocho meses después.​ Participó activamente en la Resistencia peronista, desempeñando posiciones de gran responsabilidad e integrando el Peronismo de Base. Volvió a ser detenido y torturado varias veces. Es Enriqueta Muñiz, la investigadora que colaboró con Walsh en Operación Masacre, quien lo contactó y obtuvo su reportaje. En 1968 apareció en la película La hora de los hornos de Gettino y Solanas, relatando los fusilamientos. En 1972 aparece en la película Operación Masacre de Jorge Cedrón actuando de sí mismo. En 1973, con la recuperación de la democracia, el gobernador Bidegain lo nombró subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupa por casi tres meses. En 1974 también actuó en Los hijos de Fierro de Pino Solanas. El 20 de septiembre de ese mismo año, fue secuestrado y horas después asesinado por miembros de la Triple A.

Reinaldo Benavidez, luego de enfrentarse a los policías y escapar, llegó caminando hasta la estación José León Suárez, en donde le pidió a un colectivero que lo llevara gratis a la terminal de la línea. No volvió a su casa por seguridad y permaneció escondido en la casa de un amigo en Del Viso hasta que, junto a su amigo Troxler, pidió asilo en la embajada de Bolivia el 3 de noviembre.​ El gobierno lo dio por muerto y e hizo librar su certificado de defunción. En Bolivia conoció a quien sería su esposa, con quien tuvo cuatro hijos y junto a quien permaneció hasta su fallecimiento en la primera década del siglo XXI, viviendo siempre en su casa del Barrio Obrero Ferroviario de Boulogne.​ En 1973 conoció a Rodolfo Walsh en el estreno de la película Operación Masacre; hasta ese momento se había comunicado por escrito. En 1988 Juan Pablo Cafiero le entregó una placa honrándolo como «sobreviviente de la Resistencia peronista».​ En un reportaje que le realizara la periodista Eva Marabotto en 2001, Benavídez transmitió así el dolor emocional que le causó la masacre:

“No pude volver. Pasé alguna vez y quise ir a un acto. Pero es muy duro para mí estar ahí. Duele . . ., dijo, tocándose el corazón.

Horacio di Chiano permaneció inmóvil boca abajo en el basural hasta después del amanecer. No volvió a su casa por seguridad y permaneció oculto durante cuatro meses, hasta que decidió volver antes de finalizar 1956 y. aun así, permanecer escondido en el sótano. Fue despedido de su empleo luego de diecisiete años de trabajo. Di Chiano fue el primer sobreviviente de quien Walsh se enteró y la primera persona con quien se entrevistó para reconstruir el crimen. (Wikipedia)

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1956 - SIGUEN LOS ASESINATOS COMETIDOS POR LA DICTADURA DE ARAMBURU

Es necesario aclarar que en todos los casos de los asesinatos por fusilamientos, se trata de ejecuciones sin proceso, en cumplimiento de un decreto firmado por el presidente de facto Pedro E. Aramburu, el vicepresidente Isaac Rojas y los ministros Arturo Ossorio Arana, Teodoro Hartung, Julio César Krause y Laureano Landaburu.

- El teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno fue asesinado en La Plata
En cumplimiento del decreto 10.364/56 firmado por Pedro Eugenio Aramburu

* * * * *

En la guarnición militar de Campo de Mayo:

- Coronel Eduardo Alcibíades Cortines,
- Capitán Néstor Dardo Cano,
- Coronel Ricardo Salomón Ibazeta,
- Capitán Eloy Luis Caro,
- Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega,
- Teniente Primero Maestro de Banda de la Escuela de Suboficiales Néstor Marcelo Videla

* * * * *

En la Escuela de Mecánica del Ejército:

- Sub Oficial Principal Ernesto Gareca,
- Sub Oficial Principal Miguel Ángel Paolini,
- Cabo Músico José Miguel Rodríguez,
- Sargento Hugo Eladio Quiroga

* * * * *

Ametrallado en el Automóvil Club Argentino:

- Miguel Ángel Maurino
(falleció el 13 de junio de 1956 en el Hospital Fernández)

* * * * *

En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras:

- Sargento ayudante Isauro Costa,
- Sargento carpintero Luis Pugnetti,
- Sargento músico Luciano Isaías Rojas.

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1955 - PILOTOS DE GUERRA EN AVIONES DE GUERRA, ASESINAN CIVILES EN PLAZA DE MAYO

Jóvenes pilotos de guerra de la Marina y de la Fuerza Aérea, asesinos todos ellos y asesinos quienes planificaron y ordenaron el bombardeo. Muchos de los aviones que participaron en el bombardeo de Plaza de Mayo habían sido pintados con el signo de «Cristo Vence», una cruz dibujada dentro de una letra V. Tras el exilio de Perón, sus partidarios modificaron este símbolo: agregándole un arco curvo al sector superior derecho de la cruz, se formaba el signo de «Perón Vuelve» (o según otros «Perón Vence», «Perón Vive», «Perón Viene»).

Los pilotos, asesinos y cobardes, huyeron cruzando el Río de la Plata hacia el Aeropuerto de Carrasco, para buscar refugio en Uruguay. En el camino ametrallaron todo lo que se movía en la Plaza de Mayo. Un Douglas DC-3 logró despegar a Uruguay, transportando a Miguel Ángel Zavala Ortiz y otros 50 conspiradores. Algunos aparatos no llegaron a aterrizar en el territorio uruguayo por el excesivo consumo de combustible invertido en los ametrallamientos, por lo que sus pilotos debieron descender forzosamente al Río de la Plata o en campos de la zona de Carmel.

Los nombres de los asesinos que no debemos olvidar son:

"El capitán de fragata Noriega, los capitanes de corbeta De la Canal, Pérez y Gambier, el teniente de navío Masera, los tenientes de corbeta Richmond, Kelly, Moya y Gentile, los tenientes de navío Garavaglia, Sanguinetti, Kiernan y Orsi, los tenientes de fragata García, Mac Dougall y Miranda, los guardiamarinas Pedroni, Grondona, Reindl y Larrosa y el suboficial Aguilar. De la Fuerza Aérea participaron los tenientes primeros Martin y Carus y el teniente Soto.

El teniente primero Carus, después de la rendición de la Marina, fue el último en pasar sobre la Plaza de Mayo. Tira la última bomba sobre los treinta mil trabajadores que se habían reunido en la plaza. Un dirigente de la CGT, que fue testigo de estos hechos, me dijo que para él habían tirado bombas de NAPALM porque muchos cuerpos estaban carbonizados. A mí me resultó llamativa su deducción, pues estaba casi seguro que todavía esas bombas no habían sido inventadas. Sin embargo hay fotos que muestran cadáveres absolutamente carbonizados. La respuesta la obtuve tiempo después. Un día casi por casualidad llegó a mis manos una revista española de aviación. En uno de sus artículos publicaba la ficha técnica de los Glosters Meteors y su capacidad de combate. Como un agregado que seguramente sus fabricantes no imaginaron aparecía el detalle de que los tanques suplementarios de combustible podían ser utilizados en un combate. Ponían como ejemplo lo que había sucedido el 16 de junio del 55 en nuestro país, cuando uno de los comandantes de esos aviones los arrojó sobre los trabajadores reunidos en la plaza para prenderlos fuego." (Gonzalo Chávez, "La masacre de Plaza de Mayo”, Ed. De la Campana, 2005)

VER NOTA SIGUIENTE: "BOMBARDEO A PLAZA DE MAYO"

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1955 - BOMBARDEAN PLAZA DE MAYO
UN ASESINATO EN MASA DE CIVILES, QUE LA HISTORIA OFICIAL PRETENDE QUE OLVIDEMOS

El 16 de junio de 1955, el gobierno ha organizado un desagravio al General San Martín –a quien considera injuriado por los manifestantes del 11 de junio que supuestamente han quemado una bandera argentina- a realizarse a través de aviones Gloster Meteor que volarán sobre Plaza de Mayo. Por eso, no sorprende que hacia el mediodía el cielo de Buenos Aires aparezca surcado por aviones. Pero no son, sin embargo, los Gloster Meteor del desagravio, sino aviones navales, provenientes de las bases de Punta de Indio y Ezeiza, que descargan bombas sobre la Casa Rosada y la plaza histórica, con el propósito de asesinar a Perón. Al mismo tiempo, el Ministerio de Marina ha sido tomado por los insurrectos, mientras el capitán Manrique intenta sublevar la Base de Puerto Belgrano y se vive una situación incierta en la base aérea de Morón. A su vez, el general Bengoa debería levantar una unidad militar en el litoral. Manrique y Bengoa fracasan en su intento, como también “comandos civiles” que debían operar sobre la Casa de Gobierno. Asimismo, a las pocas horas, el ministerio de Marina es recuperado por fuerzas leales. Pero ya la plaza de Mayo y adyacencias se han convertido en horrendo espectáculo de destrucción, de sangre y de muerte.

Los aviadores insurrectos –integrando el plan esbozado por tres políticos; el radical Miguel A. Zavala Ortiz, el socialdemócrata Américo Ghioldi y el conservador Oscar Vichi- no solo arrojan bombas sobre civiles indefensos, sino que, en algunos casos, cuando se trata de grupos obreros decididos a defender al gobierno, ametrallan salvajemente. Hacia las 16 horas, van cesando los ataques y los aviones rebeldes fugan hacia Montevideo dejando atrás una plaza de Mayo que ofrece un espectáculo de horror. Muertos y heridos por todas partes, aquí y allá, charcos de sangre y restos humanos, cráteres en las calles, automóviles incendiados, una atmósfera envenenada de muerte y pólvora, de fuego y destrucción. Uno de los últimos aviones, al sobrevolar los alrededores de la CGT, halla a un grupo de trabajadores, enarbolando palos y amenazas y sobre ellos descarga su artillería, ya inútil, sólo cargada de odio de clase. “Héctor Pessano, un humilde trabajador, fue partido por la metralla de un Gloster”, recordará, años después, el periódico “La Voz”.

El número de víctimas resulta incierto pues el gobierno, para no ahondar los enfrentamientos, prefiere retacear la información. En sus “Memorias”, el Almirante Rojas considera que una primera estimación da 156 muertos y novecientos heridos. Según un periodista de Primera Plana, el gobierno habría informado posteriormente que los muertos alcanzaron a 373. “La Nación”, por su parte, admite 350 muertos y alrededor de 600 heridos. Gonzalo Chávez, en su libro “La masacre de Plaza de Mayo” reproduce información de los diarios que dan 156 muertos, 96 heridos graves y 750 heridos. Fuentes de la resistencia peronista estiman 400 muertos e inclusive, un periodista de la revista “Extra”, en 1965, sostiene que “en las inmediaciones de Plaza de Mayo yacían dos mil muertos”. En el 2003, recién se conoce una lista de alrededor de 150 personas, con nombre y apellido, producto de la investigación de Gonzalo Chávez. Puede sostenerse, entonces, sin exageración que esas víctimas de la barbarie antiperonista son también “malditos”, pues se los ha olvidado individualmente y tampoco aparecen mencionados en los trabajos históricos, a pesar de que ese bombardeo a una ciudad abierta, como Buenos Aires, no tiene parangón con ningún otro de nuestra historia.
Pero, por si quedaran dudas, de que el sistema de silenciamiento funciona a la perfección, conviene leer detenidamente el siguiente texto del profesor Tulio Halperín Donghi:

“El 16 de junio –cinco días después de la desafiante procesión de Corpus- estallaba un alzamiento apoyado sobre todo por la marina de Guerra. Luego de horas de combate en torno del edificio del Ministerio de Marina y de un bombardeo y ametrallamiento aéreo del centro de la capital por los revolucionarios, el gobierno pudo sofocar el reducido núcleo insurgente; esa noche, tras una concentración convocada por la CGT, cuando aún duraban las acciones aéreas, las iglesias del centro de Buenos Aires fueron incendiadas; no resulta difícil comprender que, luego de ver caer a su lado a las víctimas del fuego rebelde, algunos de los manifestantes hayan visto en esos incendios una justa venganza; aún así, la espontánea cólera de una muchedumbre, por otra parte raleada por la prudencia, no basta para explicar la uniforme eficacia que la operación mostró en todas partes; al día siguiente otras muchedumbres comenzaban a recorrer, heridas en sus sentimientos piadosos (a veces algo improvisados) los templos cuyos muros calcinados dejaban ver –eliminados por el fuego, los agregados de épocas más recientes y prósperas- los ladrillos pacientemente amontados por los albañiles del setecientos. Si la situación hubiera dejado lugar, como en épocas menos tensas, los observadores distantes, éstos hubiesen podido repetir, como sesenta y cinco años antes, que el régimen no habría de sobrevivir a su victoria sobre la rebelión; en todo caso, la quema de las iglesias, ese acto de puro delirio, amedrentó sobre todo al gobierno que (en la hipótesis más caritativa) no había hecho nada por evitarlo. Otros aspectos de la jornada despertaban también alarma entre algunos sostenes ahora indispensables del régimen; la CGT había tomado intervención directa en el conflicto y aunque ésta no había sido ni con mucho decisiva, significaba una novedad que no podía dejar de alarmar al ejército que hasta entonces había logrado reservarse el monopolio de la fuerza; el 16 de junio pudo verse cómo eran distribuidas armas en número considerables a los manifestantes obreros y las sugestiones sobre la conveniencia de formar milicias sindicales que desde hacía un tiempo no escaseaban en la prensa oficialista, adquirían con ello un sentido más preciso y amenazante”. (“La democracia de masas”, Editorial Paidós. Buenos Aires, 1991, pp. 82 y 83).

¿Qué conclusión obtiene un estudiante al leer este texto? Varias, pero no las más importantes. Es decir, hubo un levantamiento producto del cual, los manifestantes quemaron iglesias, para vengarse porque vieron “caer a su lado a las víctimas del fuego rebelde” ¿Cinco? ¿Diez? ¿Acaso 156? ¿No habrán sido 200 o 400? ¿O quizás 2000? ¡Qué importancia tienen esos muertos! Habría que recordar lo que el Che le escribía a su madre, en carta del 20 de julio de 1955; “esos mierdas de aviadores asesinaron gente a mansalva… como si la cosa más natural del mundo (fuese) reventar la cantidad de ‘negros’ que reventaron”
¿Acaso ese bombardeo fue un “puro delirio” de la oposición antiperonista? No. Según el texto, “el puro delirio” fue la quema de las iglesias, “los muros calcinados” que afectaron “los sentimientos piadosos” de alguna gente.

En resumen, para la máxima figura de la Historia Social, que hoy predomina en las casas de estudio, los muertos, cuando son obreros, “negros”, “cabecitas”, etc. sólo merecen el silenciamiento y el olvido. (N.Galasso, Los Malditos, Vol. II, p. 443, Ed. Madres de Plaza de Mayo)

VER EN NOTA ANTERIOR LOS NOMBRES DE LOS PILOTOS QUE BOMBARDEARON Y ASESINARON CIVILES EN PLAZA DE MAYO

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1973 -  LA MASACRE DE EZEIZA
Nunca hubo tanta cantidad de gente reunida en un mismo lugar como el 20 de junio de 1973.
El acto de bienvenida estaba listo, el palco de honor preparado, los peronistas exultantes y cada uno en sus puestos: la derecha por un lado, la izquierda por otro.
El telón se levanta para dar comienzo al acto...y alguien aprieta el gatillo.

Luego de 18 años de exilio, el ex presidente Juan Domingo Perón regresa al país, ante la expectativa de los más de dos millones de personas que habían acudido a darle la bienvenida en la mayor movilización popular de que se tenga memoria en toda la historia argentina.

La manifestación más colosal en la Argentina terminó en tragedia: 13 muertos y 365 heridos son el saldo oficial, aunque hay quienes sostienen que fueron muchos más. En realidad se desconoce la cantidad exacta de muertos y heridos del luctuoso suceso.

Los números enmascaran el horror que azotó a los bosques de Ezeiza ese día.
Investigaciones posteriores estiman que la provocación, que inaugura un ciclo de violencia en las luchas internas peronistas, fue obra de grupos vinculados a la todavía ignota Triple A, organización paramilitar de notorios lazos con las fuerzas de seguridad y sectores de la inteligencia militar, que ya trabajaban en la creación de las condiciones propicias para un golpe de Estado.

Montada en las disidencias internas entre las diversas corrientes del movimiento peronista, tiene lugar un impecable operativo de provocación consistente en el ametrallamiento de la multitud desde distintos puntos, incluido el palco, y la generalización de un tiroteo, como consecuencia del cual se frustra la fiesta popular y el líder justicialista debe aterrizar en el aeropuerto de Morón.

El Comando de Organización toma el Hogar Escuela Santa Teresa como centro de operaciones, establece contacto con el ACA (Automóvil Club Argentino) que suministra los vehículos para coordinar las comunicaciones del aparato de seguridad, compuesto por 3 mil efectivos armados con escopetas, fusiles, metralletas, pistolas, etc. El armamento se transportó en las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, el brujo, secretario privado del General Perón. Osinde, en sus directivas de seguridad, buscó a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, a ex policías federales, gente de su mayor confianza para que custodiaran el palco de honor. El objetivo: no permitir que la tendencia desplace a la CGT del lugar central de cara al palco.

La conmoción general de la multitud se congregaba en los bosques de Ezeiza, mientras que Osinde y el resto de los miembros de la comisión estaban instalados en el Hotel Internacional, cuyas habitaciones estaban reservadas a las intenciones de tortura que los sindicalistas ya estaban saboreando. La manifestación era descomunal y no sólo conglomeraba a los sesgados ideológicos, sino también a los simples trabajadores, a las agrupaciones barriales, que inevitablemente se plegaban a las cascadas humanas, que a los ojos de los hombres de Osinde, todos configuraban el blanco enemigo. La coalición de los montoneros, la FAR, la ERP, la JP, se mueven implacables por la columna sur y el comando de organización planta barricadas: el primer tiro sonó como un estruendo y el acto de bienvenida del General colapsó. El vuelo del líder de las masas finalmente aterrizó en Morón, donde las Fuerzas Armadas lo escoltaron.

Algunas declaraciones

Horacio Verbitsky: Un hecho que a mi juicio resulta fundamental para todo lo que vino después fue el enfrentamiento que se produjo en Ezeiza un mes después de que Cámpora asumiera la presidencia. Hay para el regreso de Perón una concentración en Ezeiza, en donde todo el aparato sindical y político antiguo del peronismo armó una emboscada. Se montó un verdadero arsenal de armas en el palco y, cuando se acercaban las columnas de Montoneros y de la juventud peronista, fueron baleados desde el palco. Eso distorsionó el sistema político, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo y se produjo un fenómeno incontrolable para todas las partes involucradas.

Martín Caparrós: Los montoneros ese día pecaron por ingenuos. Pensaron que con esa movilización de cientos de miles de personas alcanzaba, y la derecha los esperaba con unos cientos de ametralladoras y la logística militar bastante mejor establecida, y los corrieron a balazos. Al día siguiente, Perón los condenó como autores de ese enfrentamiento, cosa que no fueron. De los montoneros, algunos pocos iban armados, pero infinitamente menos que la derecha. Me parece que a partir de ese día todo empezó a degradarse; por un lado había como una justificación clara para aquellos que decían que las armas eran más útiles. Los sectores más militaristas, más fierreros, como se decía de los Montoneros, tuvieron un argumento muy difícil de contrarrestar. Y creo que ahí, el día del supuesto apogeo, todo empezó a degradarse.

Mario Firmenich: Nos fuimos realmente de Ezeiza sin saber qué había pasado, porque todo ocurrió atrás del palco. Lo que recuerdo de aquel acto es la desazón más increíble del acto más grande que haya visto en la Argentina y fuera de la Argentina, sin orador, sin nada. Una multitud de gente. Millones, muchísima gente, hasta el horizonte de gente. Y la gente se fue con una tristeza y una desazón que no olvidaré jamás.

Miguel Bonasso: No hubo una confrontación en Ezeiza, como ha dicho toda la prensa canalla de la República Argentina. Nuestra gente fue desarmada. No hubo confrontación, hubo asesinato, hubo masacre.

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A 20 AÑOS DE LA CACERÍA Y DEL MARTIRIO
KOSTEKI Y SANTILLÁN: LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA Y POLÍTICA QUE HIZO HISTORIA
El contexto previo a la Masacre de Avellaneda.
La cobertura informativa dominante: estigmas, mentiras.
Los encubrimientos que siguieron a los asesinatos, desde la Rosada y los medios. Fake news al por mayor.
Una crónica de esas horas, en las calles y en la redacción de este diario.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados en una movilización, por militar, por defender sus derechos. La represión pretendió escarmentar al creciente movimiento piquetero, cortarle las alas.
A veinte años, Darío y Maxi son referentes, dos mártires del movimiento popular. Eran muy pibes, hoy en día apenas superarían los cuarenta. Darío, de 21, mostraba condiciones de líder, como orador, yendo al frente en la acción directa.

La mirada retrospectiva permite recorrer a vuelo de pájaro lo sucedido. Trazar líneas de tiempo, valerse del anacronismo, comparando con tragedias que sucedieron después.

Entre tantos abordajes posibles esta columna se centrará en la manipulación mediática y política ulterior a los homicidios, en los célebres intentos de encubrimiento. Antes, van unas líneas sobre los hechos y el contexto de época.

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Un semestre después de las matanzas cometidas en diciembre de 2001, las autoridades políticas (de otro signo partidario) reincidían. El presidente interino, el peronista Eduardo Duhalde, había llegado a la Casa Rosada con un par de ideas fuerza, pensando en la posibilidad de ser elegido en 2003. Una de ellas era no derramar sangre. Había comprendido que matar signó el fin de la carrera política de su predecesor radical, Fernando de la Rúa.

También, se supone, tenía que mantener fresca en su memoria el asesinato de José Luis Cabezas en enero de 1997. La Policía Bonaerense, a la que había descripto pocos años antes como la mejor del mundo, se había comprobado salvaje, promiscua con delincuentes de alto vuelo y de bajo nivel. Se trataba de “su” Policía, sabía los bueyes con que araba.
El 26 de junio dejó de lado todo lo que sabía o pensaba al respecto.

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Tras la crisis de fin de siglo, la economía repuntaba, se generaba trabajo. El Plan Jefas y Jefes de Hogar garantizaba un ingreso fijo a millones de trabajadores y trabajadoras desocupados.

El establishment económico le exigía a Duhalde que “pacificara”, esto es que castigara la acción directa que cortaba calles o rutas. Eduardo Escasany (presidente de la Asociación de Bancos Argentinos) y Enrique Crotto (titular de Sociedad Rural Argentina) sembraban los medios con declaraciones flamígeras. La paz social, clamaban, estaba en peligro. Para los dueños del poder económico, los piqueteros recibían sus pagos, no les reconocían derecho a exigir más…

El presidente convocó a una reunión de compañeros gobernadores peronistas en Santa Rosa, La Pampa. Buscaba apoyo, recibió reproches de los mandatarios provinciales. Lo ningunearon, lo acusaron de débil, le reclamaban ejerciera la autoridad. Los pedidos de leña brotaban de varias fuentes.

El gabinete nacional hasta entonces se dividía en halcones y palomas. Frente a la movilización, primaron las exigencias de mano fuerte. Zona liberada para la Bonaerense, todas las condiciones permitidas para que los policías se sacaran la bronca acumulada durante meses de atarse las manos. El 26 de junio de 2002 pudieron dar rienda suelta a su idiosincrasia refrenada. Posiblemente Duhalde también.

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En días previos, funcionarios duhaldistas habían sembrado el terreno, con alusiones al “caos” (palabra clave, heredada de la dictadura militar). En off the record y corrillos comentaban encuestas. Se supone que comprobaban que la “clase media” se había distanciado de los movimientos sociales. La consigna "piquete y cacerola, la lucha es una sola" entraba en el pasado. Imposible corroborar la seriedad de dicha versión, complicado creer en tales sondeos. Duhalde adoraba a esa divinidad, con pocos ateos entre los políticos.

Desde que despuntó la movilización, la mayoría de los medios audiovisuales instaló un relato tendencioso, estigmatizador. Los manifestantes portaban pasamontañas, ocultaban sus rostros… lo que se hacía equivaler a vaya saber qué delito. Un ómnibus o algún auto incendiado casi se parangonaba a un magnicidio.
Se enaltecía a los canas, se fabulaba: los agentes del orden trataban de contener a las hordas armadas, solo usaban gases lacrimógenos y solo portaban balas de goma.
La mayoría de los medios, los hegemónicos. No la totalidad, de eso estamos hablando.

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La narrativa se recalculó cuando se conocieron “las muertes” de Darío y Maxi. Funcionarios de alto nivel y periodistas consagrados concordaban: los manifestantes se habían baleado entre ellos, había francotiradores en las terrazas. Tamaña anomalía carecía de precedentes, afrentaba la inteligencia… caló rápido. Radios y canales de cable sostenían la mentira. No todos, la mayoría.

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En la redacción de Página/12 esperábamos que llegara desde Avellaneda Laura Vales, la compañera que cubría los movimientos piqueteros y los conocía bien. Laura llegó, creo recordar que apenas le dimos tiempo. Quería contar lo que había visto y comprendido. La rodeamos, entre otros, el director del diario Ernesto Tiffenberg, el secretario de redacción Martín Granovsky, quien les habla que era jefe de la sección Política, el subjefe Sergio Moreno.

Vales pronunció la perfecta síntesis de lo ocurrido: “Fue una cacería”. Luego añadió detalles. Decidimos que ese sería el mensaje de la tapa, el concepto editorial que se transmitiría.

Tras un tramo de silencio, se sucedieron mensajes de altos funcionarios, a compañeres de Política, a editores, a la plana mayor del diario. “Se balacearon entre ellos”.

Nutrida información aniquilaba al embuste. Nuestros periodistas recogieron testimonios de manifestantes, datos de los hospitales. Hasta algunos intendentes duhaldistas contaban la verdad. Decenas de personas con heridas de bala, a menudo a larga distancia del supuesto epicentro de la refriega. Heridos en la espalda, en la parte posterior del cuerpo… mientras escapaban.

La mentira, impertérrita.

Vales escribió a poco de comenzar la nota de tapa: “Diez segundos más tarde la Policía lanzó el primer gas lacrimógeno y un momento después la gente corría en desbandada (…) A partir de allí la represión se extendió con un crescendo que se pareció bastante a una cacería”.

El fotógrafo Pablo Piovano tomó imágenes de un asalto policial a un local del Partido Comunista, sito a numerosas cuadras de la estación Avellaneda. Allí se habían guarecido manifestantes, bajaron la puerta a culatazos. La foto se editó cubriendo casi una página.

Se fue resolviendo que escribiéramos nota de opinión editores del diario para enfatizar el relato de Vales, la prueba de las fotos. Sergio Moreno, Miguel Bonasso, este cronista.

La tapa se tituló “Con Duhalde también”, estableciendo un vínculo con De la Rúa.

La volanta y el título del artículo de Vales decían: “Los asesinatos se cometieron lejos del puente donde comenzó la protesta”. “La cacería policial terminó con dos muertos a balazos”.

Desoímos los mensajes de funcionarios. No imaginábamos ni dejábamos de imaginar (creo) que Clarín colocaría el título que hizo historia, la fake news de la jornada sangrienta: “La crisis causó 2 nuevas muertes”. Luego se escribirían libros, se filmarían películas retomando la icónica manipulación.
En una de esas podíamos haberlo supuesto, siguiendo tantas coberturas audiovisuales, sobregiradas.

El portal Infobae, que dirigía Daniel Hadad, superó a Clarín en cinismo, aunque no en lectores: “Argentina violenta: piqueteros desataron otro día de terror”, tituló.

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Transcurridos veinte años, mediando tantos diarios del lunes, parece imposible la duración del encubrimiento. Pero se mantuvo más de 24 horas: para cubrirse los gobernantes, para apoyarlos los medios. La mayoría, no todos.

Con el correr del tiempo aprendimos que las fake news no precisan ser reales ni siquiera verosímiles para ser aceptadas, transformadas en verdad revelada, en sentido común o en mantra. Basta que “su” público desee creerlas, que lo comunicado confirme sus prejuicios. “¿Cómo no va a ser cierto si coincide con lo que pienso?”, ironiza con talento nuestro dibujante Daniel Paz.

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De nuevo, por última vez. Conjuraron numerosos medios, no todos. Intervinieron también, los enfrentaron, medios independientes, militantes, periodistas y fotógrafos free lance. Muchos desocupados, por cierto.
En la mañana del 27 se revelaron imágenes certeras, irrefutables. El fotógrafo Sergio Kowalewski, vinculado a organismos de derechos humanos, ofreció y trajo a este diario una secuencia de los asesinatos. Lo rodeamos, como el día anterior a Vales. Las fotos encabezaron la edición del 28 de junio. Kowalewski (como tantos colegas en esas horas) se arriesgó con coraje mientras tomaba imágenes, estaba cerca de los criminales, les encarecía que se refrenaran.
En la Casa Rosada supieron que Clarín tenía una secuencia tomada por el fotógrafo José Pepe Mateos.

La versión gubernamental viró en el aire: exceso policial, ajeno a directivas oficiales. Sonaba la hora de despegarse. Ahorramos detalles de este tramo, para no estirar la nota.

El gobernador Felipe Solá, tras haberlo defendido más de un día, mandó arrestar al comisario Alfredo Fanchiotti, jefe del operativo y uno de los autores materiales de los homicidios.

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El 2 de julio, muy pronto, Duhalde anunció el adelanto de las elecciones presidenciales y la renuncia a su potencial candidatura. Leyó el escenario, tal vez registró un viraje en la opinión pública que no bancó la masacre. Duhalde la pintó como una “atroz cacería”, como si le fuera ajena. Sergio Moreno, un flor de colega fallecido joven hace demasiados años, escribió en PáginaI12 sobre el vocablo “cacería” en el falsario mensaje de Duhalde: “citando sin nombrar, quizás sin querer a este diario”.

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La masacre de Avellaneda y la contienda narrativa quedó famosa, no por ser única. La verdad periodística es un campo de disputa.

Las posturas divergentes o hasta antagónicas suelen ser habituales cuando se cometen crímenes de Estado contra luchadores sociales. Tanto las policías o fuerzas de seguridad como los gobiernos que las conducen e instigan encuentran apoyo en determinados medios. Salta a la mente el ejemplo de Santiago Maldonado. Las circunstancias de su muerte no fueron registradas por periodistas. Gendarmería manejó las imágenes y los audios, propiciando la impunidad.

De cualquier modo, las coberturas sobre el caso se enfrentan, compiten. La historia oficial no queda como verdad indiscutida.

El asesinato de Cabezas constituyó una excepción a la tendencia: periodistas y medios sostuvieron posturas similares. La organización y compromiso de los reporteros gráficos incentivó y sostuvo la movilización popular.

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La masacre de Avellaneda ayuda a encuadrar otros homicidios. Grandes diarios trataron de eclipsar el asesinato de Martín “Oso” Cisneros cometido por un buchón de la Policía Federal. Hicieron eje en la toma de la comisaría, minimizando o haciendo a un lado al crimen que la motivó. El compromiso de los vecinos impidió que el homicida se profugara con complicidad policial.

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Retomemos nuestra historia. Los pibes se comprometieron, se jugaron, dejaron semilla. El salvajismo del Gobierno hizo sistema con la brutalidad policial.

Las responsabilidades políticas son diáfanas, irrefutables, ascienden hasta el expresidente Duhalde. Las penales, sujetas a otros requisitos y supeditadas a la presunción de inocencia, siguen pendientes de dilucidación. Las garantías protegen a todas las personas; los crímenes deben ser investigados por los tribunales.

Como cierre apurado: no era tan difícil, siendo periodistas, avizorar cuál era la verdad el 26 de junio. Bastaba informarse, escuchar a las víctimas y a testigos presenciales, repasar los hechos. La profesionalidad de tantos colegas señaló a los autores materiales, deshizo las falacias narrativas.

Fue una jornada trágica para las luchas populares. Para el periodismo, dual: las tapas de Clarín e Infobae expresan a los encubridores. Los Goliat se alinearon con los represores. Centenares de Davids les hicieron frente.

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Soltar a los mastines bonaerenses a seis meses de las matanzas de 2001 fue un ejercicio de barbarie, pero no una novedad. Ni un cierre de época. En años sucesivos se multiplicaron homicidios de militantes populares durante movilizaciones con protagonismo o complicidad de fuerzas policiales o Fuerzas Armadas. Sin ser exhaustivo: el Oso Cisneros, el maestro neuquino Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Muy jóvenes en su casi totalidad, jamás armados, ultimados sin piedad. Las excusas de gobiernos y uniformados contaron con buena prensa (hegemónica) de ordinario.

La masacre de Avellaneda no pone fin a esta modalidad de la mal llamada violencia institucional. Sería mejor designarla como crímenes de Estado, persecuciones políticas. Violencia de clase, siempre.

La estación Avellaneda lleva los nombres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los reconocimientos se multiplican, nada les devolverá la vida.

Darío y Maxi continúan siendo emblemas, ejemplos, bandera. El aniversario, veinte años que es mucho, convoca a enaltecerlos y vivarlos como lo hacen sus compañeras y compañeros.
¡Darío y Maxi, presentes! ¡Ahora y siempre!
mwainfeld@pagina12.com.ar – 25/6/2022

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JULIO

4 JULIO DE 1976 – “MASACRE DE LOS PALOTINOS” O “MASACRE DE SAN PATRICIO”  
TAMBIÉN DE ESTA MATANZA SE “OLVIDA” LA HISTORIA OFICIAL

“En todo el país surgen más y más de estos casos, hijos que no saben donde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.

Conocido como el “sermón de las cucarachas”, esta valiente denuncia contra los asesinos del pueblo, y su hipocresía de supuestos cristianos, formaba parte del sermón que dio el primer domingo de julio durante una misa el Padre Alfredo Kelly en la parroquia San Patricio de Belgrano, acelerando así la decisión de las fuerzas policiales: asesinarlos brutalmente con absoluta impunidad.

La madrugada del 4 de julio de 1976, los Padres Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro E. Dufau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, serían acribillados en la misma casa religiosa donde vivían y desarrollaban sus actividades.

El Padre Alfredo Kelly era director del Seminario de Catequesis en Belgrano y profesor en el Colegio de las Esclavas del Santísimo Sacramento. Nacido en Suipacha el 5 de Mayo de 1933, se acercó a la orden Palotina en Mercedes, comenzando allí sus estudios preparatorios para el sacerdocio, que continuó en Rawson y en San Antonio de Areco, donde también profesó como Palotino el 4 de Marzo de 1954. Continuando sus estudios en Europa, retorna al país en 1957 para ser consagrado sacerdote en Mercedes. Su prédica transcurre en San Antonio de Areco, Mercedes y Buenos Aires. Tuvo distintos cargos al interior de la orden. Al momento de su crimen tenía 43 años de edad.

El Padre Alfredo Leaden era delegado de la Congregación de los Palotinos Irlandeses. Nació en Buenos Aires el 23 de Mayo de 1919. Dos de los ocho hermanos del matrimonio Leaden-Ussher, se ordenaron como sacerdotes; Guillermo llegaría a ser Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Siendo un niño ingresa a la Sociedad Palotina como aspirante a sacerdote; más tarde viaja a Irlanda, donde hizo el noviciado y estudió Filosofía, luego se traslada para estudiar teología a Roma, atravesando Europa durante la 2º Guerra Mundial, para retornar a Argentina. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1942. Desplegó su vocación en casi todas las delegaciones de los Padres Palotinos. Maestro de novicios de 1970 a 1972, y delegado provincial al momento de su asesinato, tenía 57 años de edad.

El Padre Pedro Dufau, de 67 años, había nacido en Mercedes el 13 de octubre de 1908, huérfano, fue criado por una abuela. Cuando ésta muere, Pedro comienza como pupilo en el Colegio San Patricio. Su vocación religiosa lo llevaría a Irlanda para realizar el noviciado y estudiar filosofía, siendo ordenado sacerdote en 1933. Se desempeñó a su regreso a la Argentina en Mercedes, Rawson, San Antonio de Areco y Moreno. En 1958 fue trasladado a la parroquia de San Patricio, donde en 1976 encontró la muerte. Desde 1966 hasta 1973 fue su rector, fundando también la escuela parroquial, Instituto San Vicente Pallotti.

Salvador Barbeito era seminarista, profesor de filosofía, psicología y catequista; además de rector del Colegio San Marón. Nació en San Antonio de Areco, el 22 de noviembre de 1952. Siempre destacándose como alumno cursó sus estudios en la Universidad Católica, Universidad de Buenos Aires y finalmente en la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador en San Miguel. Ingresó como postulante en la Sociedad del Apostolado Católico, desarrollando sus actividades religiosas en la Iglesia de San Patricio, donde fue asesinado a sus tempranos 23 años.

Emilio Barletti nació el 1º de setiembre de 1946 en España, pero su familia se traslada a Buenos Aires, transcurriendo su infancia en Barracas. Ingresa al seminario en 1965. En 1969, tras ser autorizado para salir del seminario, completa sus estudios de Filosofía y Pedagogía en el Consejo Superior de Educación Católica, trabajando también como docente en reiteradas oportunidades. Realizó diversos trabajos apostólicos, la mayoría en la Parroquia San Patricio, del barrio porteño de Belgrano. En 1974 fue llamado para ocupar la rectoría del Colegio San Marón de los Padres Maronitas, cargo que tenía al morir. En 1975 ingresa a la Parroquia San Patricio. Cuando fue asesinado, tenía 29 años de edad.

La mañana del 4 de julio de 1976, los feligreses aguardaban extrañados entrar a la iglesia para la misa dominical. Habitualmente las puertas ya estaban abiertas a esa hora. Suponiendo que los religiosos se habían quedado dormidos, el organista Rolando Savino, decide entrar por una ventana para abrir las puertas y despertarlos.

Horrorizado, los encuentra acribillados, uno al lado del otro y boca abajo. En la puerta podía leerse: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, referido al atentado atribuido a la organización Montoneros, que matara a efectivos de las fuerzas policiales  días antes de la masacre. Sobre el cuerpo del seminarista Barbeito, burlonamente se encontraba un recorte del humorista Quino que había sido retirado de una de las habitaciones, en él Mafalda (una niña irónica) miraba el bastón de un policía y lo señalaba como “el palito de abollar ideologías”.

En la alfombra otra inscripción expresaba el odio de los furiosos asesinos y la definición sobre sus víctimas indefensas: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.” (Movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo).

Los asesinos se referían a la prédica de orientación tercermundista de los religiosos, coincidentes con las del Movimiento de Sacerdotes, creado tras la adhesión a fines de 1967 por parte de un grupo de religiosos al Manifiesto de los 18 Obispos (representantes de los cinco continentes). Con esto se daban los primeros pasos para comprender la realidad de los países del tercer mundo, donde una religión vacía no podía ser más que refugio del poder. Bregaban por la transformación de la iglesia para que contemplen las verdaderas necesidades de los pueblos, analizando críticamente la situación socio-política del país dentro del compromiso cristiano como liberador del hombre, exigiendo cambios de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales; pudiendo salir de esta manera de la antinomia socialismo-cristianismo.

Si bien los Palotinos no eran miembros visibles de MSTM, su prédica y orientación coincidían con los lineamientos del Movimiento y ello, les costó la vida.

Tras la barbarie, rápidamente el Comando de la Zona I de Seguridad adjudicó la masacre a “elementos subversivos”, pero las evidencias eran más que obvias sobre la identidad de los asesinos. Sin embargo, el proceso judicial no castigaría a los culpables.

El juez Rivarola terminó con el sobreseimiento provisional a pesar de las sobradas pruebas que apuntaban a las fuerzas policiales. Los testimonios de vecinos señalaban la presencia de dos automóviles Peugeot 504 que causaron la preocupación del hijo de un general, Julio Víctor Martínez, temeroso de un atentado contra su padre, denunciando su sospecha en la Comisaría 37ª, siendo el oficial a cargo Miguel Ángel Romano, quien reconocería ante Rivarola estar esa noche frente a la Parroquia “esperando a una señorita”, pudiendo ver un solo Peugeot 504 con una personal.

Otro testigo, Guillermo Silva escucha que le dicen al custodio de la familia Martínez, el cabo Pedro Álvarez, “Si escuchás unos cohetazos no salgas, porque vamos a reventar la casa de unos zurdos”, desde un móvil policial.

Más tarde se pudo ver como los asesinos entrarían a la Parroquia para llevar a cabo la matanza, para luego huir a toda velocidad.

Para 1984 se haría cargo de la causa el juez Néstor Blondi, y en 1986, el fiscal Aníbal Ibarra solicitaría el procesamiento de Romano, por tener conocimiento de lo que iba a suceder, al advertirle al custodio para que no intervenga. En 1987 se procesa al jefe de la Comisaría 37ª Rafael Fensore, pero en junio el juez sobresee a ambos policías por prescripción de la acción penal dado el tiempo transcurrido.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos de Carlos Menem, terminarían de proteger a los asesinos. La investigación quedó en el olvido, y los culpables, sin castigo.

La cúpula de la Iglesia tuvo siempre una cómplice actitud conciliadora con el gobierno de facto y por demás discreta con respecto a la “masacre de los Palotinos”, que los llevó a callar el reclamo. La unión oprobiosa entre gobierno militar y la Curia se debería al temor de la cúpula eclesiástica ante el avance de sectores de izquierda que empezaban a cuestionarlos, como así también a otros sectores de poder. Según un acta de la reunión de la Junta Militar con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, en 1976, la Iglesia demostró tener conocimiento de los secuestros, torturas, asesinatos, no solo contra la población civil, sino al interior de sus filas.

A nivel internacional la situación tampoco sería distinta, la reunión “altamente positiva” en 1977 entre el Papa Paulo VI y Emilio Massera sería el aval para continuar con las persecuciones al minimizar el asesinato de los sacerdotes y seminaristas.

En otra vereda, pero en la misma Iglesia, el padre palotino Roberto Favre, en la misa del 5 de julio de 1976 en memoria de los asesinados y ante altas autoridades militares y cientos de fieles diría: “No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz… Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día… En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado”.

El 29 de julio de 2005 el cardenal Jorge Bergoglio (quien ya tenía funciones de importancia en la institución al momento de la masacre) inició los trámites para canonizarlos como mártires de la fe.  (Facundo Cersósimo y Cecilia Ferroni, Los Malditos, vol III, pág 470, ed Madres de Plaza de Mayo)

(Aclaración de Pensamiento Discepoleano: El libro se imprimió en el año 2008 cuando nadie podía suponer que Bergoglio sería luego elegido Papa).

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1976 - MASACRE DE LAS PALOMITAS

En la provincia de Salta se vivía desde 1973 un proceso de participación política y movilización popular encabezado por el gobernador del Frente Justicialista de Liberación Miguel Ragone. La provincia fue intervenida durante 1974 por una legión de funcionarios provenientes de la provincia de Córdoba, muchos protagonistas del “Navarrazo”, jornada durante la cual fue derrocado Obregón Cano y Atilio López, gobernador y vice respectivamente siendo ese gobierno de características similares a las de Ragone.

Ambas provincias, como así tambi+en Santa Cruz, Buenos Aires y Mendoza se acercaban demasiado a la “tendencia revolucionaria” del peronismo lo que debía ser extirpado de cualquier modo a ojos de la derecha.

El 11 de marzo de 1976 Miguel Ragone sería secuestrado sumándose a la lista de “desaparecidos”, a la fecha sigue siendo el único gobernador detenido-desaparecido.

El NOA sería testigo de una de las tantas masacres, el 6 de julio de 1976 sería recordado como el día de la “Masacre de Las Palomitas”. Ubicada entre las localidades de Gral. Guemes y Metán doce presos políticos serían fusilados salvajemente, el jefe de la bestial orden sería el coronel Alfredo Mulhall, comandante de la guarnición local, oficial de caballería, quien fuera nombrado meses antes como primer interventor de la provincia.

“Deben apagarse todas las luces del recinto, menos las del lugar donde están los detenidos”, ordenó el jefe directo del operativo, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche. A las 19,45 hs. del 6 de julio se presentó ante el director del Penal de Villa Las Rosas, con la orden de trasladar a once presos políticos, la respuesta será: “Esto no se anota en los registros”, y conminará a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse a los pasillos “a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible”.

A los once presos se le sumaráa un jujeño quienes seráan ejecutados a poco kilómetros en un simulacro de fuga, los nombres de las víctimas: Benjamín Ávila, Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta, José Víctor Pávolo, Ricardo Sabransky, Pablo Outes, Georgina Droz, María Amaru Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, Jorge Turk LLapur y María del Carmen Alonso de Fernández (sobrina del gobernador Ragone).

Dos episodios similares ocurriráan meses después: el primero en la localidad de Fátima -provincia de Buenos Aires-, y el segundo en Resistencia -Chaco- conocido como la “Masacre de Margarita Belén”, lo que muestra el plan sistemático y planificado de desaparición y asesinato masivo de personas ocurridas durante la última dictadura.

Los tres episodios sirven para determinar el patrón en este tipo de operaciones, se trasladarían sin ningún registro formal de esta acción, a los detenidos o prontos a detener a espacios abiertos en los que se los fusilaría a sangre fría para después aducir falsos enfrentamientos e intentos de fuga.

Una vez más las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, aparecen como protagonistas de una masacre, ahora en el marco del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. La “Masacre de las Palomitas” se suma a un largo listado de salvajes asesinatos masivos cometidos durante la última dictadura militar. La causa judicial en torno a estos hechos permaneció cerrada durante varios años por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el 2002 fue reabierta y finalmente, cuando se declaró la nulidad de las normas, se logró la detención de tres imputados: Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. En mayo de 2004 fueron procesados por el juez federal de Salta, Miguel Medina. Se los acusaría por homicidios doblemente calificados, cometidos con alevosía y mediante la participación de dos o más personas: el primero en calidad de autor (Mulhall), el siguiente como partícipe necesario (Gentil) y el último como partícipe secundario (Espeche). En junio de 2007 fue detenido el ex integrante de la policía salteña Joaquín Guil, acusado también por la masacre. (Cecilia Ferroni y Facundo Cersósimo, Los Malditos, vol IV, pág 386, ed. Madres de Plaza de Mayo)

* * * * *

VIDAS ROSARINAS FUSILADAS EN SALTA

Evangelina Botta, Rodolfo Usinger y Amarú Luque fueron víctimas de ese falso traslado que terminó en fusilamiento, el 6 de julio de 1976.

(...)

Los efectos del terrorismo de Estado persisten a través del tiempo. Emiliano Nicolay es el hijo de Evangelina. "La última vez que la vi a mi mamá fue en la cárcel, me llevaron mis abuelos. Tenía cinco años, estuve un año sin verla casi, desde el secuestro de mi padre, en 1975, hasta que me pusieron a salvo a mí y me recuperan mis abuelos, que me llevaron tres o cuatro veces desde Rosario a Salta a verla. Fueron encuentros ásperos. Me quería quedar ahí con ella y le costó mucho convencerme. Tuvo que usar artilugios de psicóloga", cuenta ahora, y recuerda "perfectamente" a sus compañeros de la regional Hijos Salta, que también iban a visitar a sus padres presos, luego asesinados. Emiliano vive en Granadero Baigorria. "Me costó volver a Salta, volví por primera vez en 1999. No me animaba. Ahora, una vez que lo hice, me encontré de nuevo con todos estos compañeros maravillosos que tengo en Salta, con los que comparto militancia", cuenta sobre su pertenencia a la regional Salta de Hijos.

(...)

También víctimas de esa masacre, Amarú Luque y Rodolfo Usinger pertenecían a Montoneros. Amarú era también psicóloga. Se casaron en la cárcel, para poder estar juntos. Esa historia de amor, Paula Jozami, la sobrina de Amarú nacida al año siguiente del asesinato lo supo por la familia de Rodolfito, como todavía le dicen. Los dos estaban presos desde 1975. "Me gusta recordar que ellos apostaban a la vida, a un pueblo feliz, yo creo que por eso es importante recordar y seguir pensando que la apuesta era por un mundo mejor. Más allá de que los pudiera llevar a que los asesinaran, la apuesta siempre era a la vida, y había una conducta ante eso, que tiene que ver con ir a laburar a los barrios, pensar en las capacitaciones, ser solidarios con el otro", cuenta Paula sobre esa tía cuya historia fue reconstruyendo de a retazos.

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1977 - LA LARGA NOCHE DE LAS CORBATAS

“Entre el 6 y el 8 de julio de 1977 se produjo el secuestro, desaparición y muerte de un grupo de abogados laboralistas que es recordado como La Noche de las Corbatas. No fueron los protagonistas de ninguna gesta. Tampoco fueron los artífices de ninguna epopeya que separe la historia en dos. Tan solo eran abogados. Abogados como nosotros. Abogados de trabajadores”. Así recordaban los integrantes de la Agrupación de Abogados Norberto Centeno (UBA) a sus compañeros desaparecidos.

El 6 de julio de 1977 fueron secuestrados en Mar del Plata, en forma casi simultánea 6 abogados. Días más tarde, fueron también secuestradas en la misma ciudad otras personas, entre ellas, también, varios abogados.

La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Mas tarde fueron secuestrados José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda –embarazada de 4 meses- María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el Dr. Camilo Ricci y el Dr. Carlos A. Bozzi sobrevivieron a aquellos trágicos días. El resto continúan desaparecidos.

Carlos Bozzi, declaró en el 2005 ante el tribunal Oral Federal de Mar del Plata después de casi 28 años de aquellos hechos:
“Hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración. Siempre que estamos antes hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda tentación de acomodar las cosas al presente. La manipulación de un testimonio en pos de una condena es siniestra, desnaturaliza y bastardea las cosas, terminando por ser un impedimento en esta lucha por la verdad y la justicia”.

Bozzi comentó que: “En 1977 el monopolio de la represión en la ciudad estaba a cargo del jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, coronel Alberto Pedro Barda quien había asumido el control de la unidad en febrero del año anterior. En el escalafón inferior, como su jefe operativo se ubicaba Alfredo Manuel Arrillaga, también con el mismo grado de coronel”.

Entre 1976 y fines de 1977 en la ciudad de Mar del Plata el número de abogados y estudiantes de esa carrera secuestrados fue elevado.

El diario La Capital de aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras: “Confirmó el Ejército la liberación del Dr. Bozzi y la muerte de tres sediciosos”. Ese mismo día se confirmaría, coincidentemente, la muerte del Dr. Centeno, cuyo cuerpo apareció en el camino viejo a Miramar.

El nombre La Noche de las Corbatas surge de los mismos guardias que en la noche en que llevaron a los abogados decía: “¿qué es esto? Esto es la noche de las corbatas. Los que administramos justicia ahora somos nosotros”. Esto se conoce gracias al testimonio de Martha García de Candelero. Estando prisionera en esa “cueva” relató hace muchos años como fueron llegando, traídos por la fuerza, el grupo de abogados. La testigo, esposa de Jorge Candelero, otro abogado asesinado por esos mismos captores días antes y que fuera secuestrado en Neuquén el 13 de junio de 1977, detalló minuciosamente esos momentos al declarar en el Juicio por la Verdad.

La última dictadura militar apuntaba su mira a todos los que se oponían al plan sistemático de desaparición de personas y a la aplicación de un nuevo modelo productivo. En julio de 1977 les tocó a un grupo de abogados comprometidos, en una época en donde lo que no existía era justamente un estado de derecho. (Cecilia Ferroni y Facundo Cersósimo, Los Malditos, vol III, pág 453, ed Madres de Plaza de Mayo)

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1976 – "LOS MÁRTIRES DE CHAMICAL"  - (Asesinato de dos curas y un laico)
El 18 de julio de 1976 el párroco francés Longueville y su vicario Murias, pertenecientes al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de la localidad de Chamical.
Sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad.
Murias tenía signos de torturas.
Pedernera, colaborador de Angelelli, fue acribillado a balazos el 25 de julio de 1976 por un grupo de hombres encapuchados que irrumpió en su casa y le dispararon delante de su esposa e hijos.
Hoy, el sitio se denomina Los Mártires y un oratorio honra sus memorias.

Murias nació en Córdoba en 1945, estudió en el Liceo Militar y luego empezó a cursar la carrera de ingeniería. Después de un retiro, entró a la orden franciscana y en 1972 fue ordenado sacerdote.

En 1975 solicitó ir a La Rioja y fue destinado a la localidad de Chamical, donde se desempeñó como vicario parroquial.

“Acá al obispo lo persiguen, a los curas los cuestionan, en cualquier momento nos van a matar”, le escribió a sus hermanos de comunidad poco antes de que lo asesinaran.

Por su parte, Longueville nació en Estable, Francia, en 1931, en una familia campesina de profunda fe católica.
Tras ordenarse sacerdote en 1957, en 1969 se fue de misionero a las comunidades indígenas de México, donde aprendió el castellano, y en 1971 se incorporó a la diócesis de La Rioja, donde se desempeñó como párroco.

El 18 de julio de 1976 en Chamical, mientras Murias y Longeville terminaban de cenar en la casa de unas monjas, se presentaron hombres uniformados que dijeron ser de la Policía Federal y que les comunicaron que debían acompañarlos a declarar a la capital provincial.

Los llevaron a la base aérea de Chamical, donde fueron torturados durante varias horas y luego fusilados.

Al otro día, mientras volvían de sus tareas, obreros ferroviarios hallaron los cuerpos acribillados de los curas junto a las vías. Angelelli viajó a Chamical para participar del sepelio y quedarse unos días confortando a la comunidad.

En tanto, Pedernera nació en la provincia de San Luis, donde dejó inconclusos sus estudios primarios y, desde muy joven, trabajó primero en una calera y después en las bodegas Gargantini, en Mendoza.

En la noche del 24 de julio de 1976, fue acribillado frente a su esposa y sus tres hijitas en Sañogasta.

Finalmente, días después, al regresar a la capital provincial con uno de sus vicarios, Angelelli fue asesinado cerca del pueblo Punta de los Llanos, en un hecho presentado por las autoridades militares como un accidente automovilístico (el obispo apareció tendido junto a su coche, con un fuerte impacto en la cabeza). Pero la Justicia determinó que su muerte no fue accidental. Y condenó a dos militares. Fueron claves para la causa dos cartas de Angelelli que estaban en los archivos vaticanos y que Francisco aportó.

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19 DE JULIO DE 1924 - LA MATANZA DE NAPALPÍ
Día aciago para la historia de los pueblos originarios en nuestro país.
Esta matanza fue la respuesta del poder político al primer movimiento agrario reivindicativo aborigen de la historia contemporánea argentina.

En los primeros días de julio de 1924 comenzó a gestarse un movimiento de resistencia integrado por cerca de 800 aborígenes tobas y mocovíes que deseaban llevar adelante la primera y única huelga agrícola indígena de nuestra historia. Se negaban a participar de la cosecha algodonera de ese año por estar hartos de cobrar jornales muy inferiores a los del resto del país. La situación ya se venía caldeando desde fines de 1923, cuando se produjo “el crimen del cuchillo”, un asesinato horrible de indios en los lejanos parajes de El Cuchillo en el departamento salteño de Rivadavia, limítrofe con el territorio nacional del Chaco que nunca fue aclarado.

El movimiento se extendió rápidamente a otras comunidades indígenas y etnias del Chaco. Sus reclamos eran muy claros: mejores condiciones de trabajo, pago en pesos y no en vales por sus tareas y fin a la ocupación ilegal que los blancos hacían de sus tierras. También denunciaron los atropellos y vejaciones que venían sufriendo desde fines del siglo XIX con la anuencia y distracción de las autoridades civiles y militares.

Frente a la dimensión del movimiento, una delegación de caciques presidida por Pedro Maidana intenta viajar a la ciudad de Resistencia para plantear formalmente sus reivindicaciones. No lo logran. Son detenidos a la altura de la localidad de Quitilipi, a poco más de cien kilómetros de la capital del Chaco, debiendo volver otra vez a la reducción. Cuando corre la información del fracaso de Maidana, los indígenas comienzan a auto organizarse para emigrar a las provincias de Salta y Jujuy a trabajar en los ingenios azucareros. El gobernador nombrado por el gobierno federal, Fernando Centeno, les prohíbe la salida del territorio. El carácter pacífico del movimiento permitió que se sumaran los hacheros criollos de origen correntino -serán también brutalmente asesinados en Napalpí- y los cosecheros de origen santiagueño. Frente a la cohesión, a la predisposición a la lucha y al abandono de los campos, comenzaron a levantarse las voces de los poderosos de siempre: terratenientes, gerentes de las multinacionales extranjeras y concesionistas obrajeros. Los “desesperados terratenientes” Walter Kaussel, Juan Retamozo y Luis Fernández, lloraban sus penas ante el gobernador por la falta de cosecheros para explotar. Denunciaban pérdidas millonarias al no poder levantar sus cosechas, sembrar o talar los montes. Piden al gobierno del Chaco que adopte una postura firme para “escarmiento a los que dan el mal ejemplo”.

La situación comienza a replicar en Buenos Aires y obliga el 12 de julio a Eduardo Elordi, titular de la Secretaría de Territorios del Ministerio del Interior de la Nación, a viajar urgentemente a Chaco a negociar con los caciques. Estos, para ese momento, ya se habían concentrado en Napalpí. Nunca se supo de qué hablaron los caciques rebeldes y el funcionario nacional. Lo cierto es que la reunión fracasa frente a la intransigencia absoluta del gobernador Centeno, quien no está dispuesto a aceptar ninguna de las reivindicaciones solicitadas. Inicia un raid por los medios, preparando el clima de la futura represión al hablar de “sublevación”, “peligro indio” y “malón que se avecina”. Colaboran con él, en la instalación de la paranoia, los terratenientes. El periódico “La Voz del Chaco” informa que “todos los campos quedaron deshabitados desde Quitilipi a Fortín Aguilar (…) en la estancia de los señores Von Rentzell y Jorge Kessel se construyeron trincheras sistema alemán, en toda forma, tendiendo redes de alambre de púa alrededor de las casas y con bolsas de tierra y algodón para parapetos de tiro”. Centeno, no conforme con esto, reclama la llegada de tropas del ejército para “sofocar la sublevación”. Frente a la negativa de las autoridades militares a intervenir, ordena a la tercera división militar “tener tropas listas para cualquier emergencia”.

El 16 de julio sale de Resistencia hacia Machagai el comisario Sáenz Loza junto a cuarenta policías nacionales cuya misión era reforzar la concentración policial ya existente en la zona. Sáenz Loza no era un desconocido para los indígenas, su fama de siniestro torturador lo acompañaba desde hacía largo tiempo. Un testimonio de la época dice de él: “… ni siquiera sabía firmar. Dibujaba la firma y era temido por propios y extraños por su brutalidad con quien se le metía entre ceja y ceja. Hacía gala de sus contactos políticos en Resistencia. Después de Napalpí exhibía con orgullo en su despacho un frasco grande de vidrio donde conservaba en alcohol orejas de aborígenes de aquella ‘batalla’ ”.

El 18 de julio Centeno, alegando una supuesta desprotección de colonos blancos y el peligro de un malón indígena, ordena la represión. Es importante aclarar que ni los tobas ni los mocovíes eran pueblos “salvajes dedicados al pillaje” ni realizaban “saqueos o raptos de mujeres” como decía el poder político local.

En la madrugada del 19 de julio comienza el genocidio

Los efectivos dispuestos por el gobernador rodean la zona “para que nadie escape”. A las nueve de la mañana, para sacarlos de la espesura del monte, les arrojaron una sustancia química que produjo el incendio de la toldería y del monte que los protegía. Esta acción fue realizada por el sargento Emilio Esquivel, acompañado por el civil Juan Browis desde un avión biplano, propiedad de la Escuela de Aviación del Aeroclub Chaco. No hubo resistencia. Cuando comenzaron a salir desesperados del monte por el fuego los niños, ancianos, mujeres y hombres adultos, desarmados y con las manos en alto, comenzó la masacre. Les dispararon tanto de la tierra como desde el aire. “Las descargas de fusiles Máuser y Winchester de los 130 efectivos comenzaron cuando dieron la orden el comisario Sáenz Loza y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado. Se dispararon más de cinco mil cartuchos en menos de dos horas, sin previo aviso. Mataron a todos los que pudieron, porque se quedaron sin municiones. Entonces, a los muertos y a los heridos todavía con algún hilo de vida los degollaban a sablazos, como trofeos de guerra, les cortaron a machetazos las orejas, los testículos y penes a los hombres y los pechos a las mujeres. Aun vivo, también a machetazos, caparon al líder de la huelga que se había entregado prisionero. Al cacique Pedro Maidana se le había prometido que se le iba a respetar la vida. Fue empalado junto con sus dos hijos, José y Marcelino. El mismo destino corrieron otros líderes de la huelga. Los colocaron por sus esfínteres atravesados por grandes estacas, con los cuerpos todavía moviéndose a la entrada de la toldería que seguía incendiándose. Se salvaron de este salvajismo los correntinos y santiagueños, que sólo fueron degollados”.

Hasta el día de hoy, cuenta la tradición toba, que en las noches de tormenta se pueden sentir en los montes los gritos desesperados de dolor de aquellas víctimas. Sin embargo, no todo terminó aquí. Las persecuciones y asesinatos se prolongaron por más de tres meses. Las mujeres jóvenes que tuvieron la “suerte” de no ser masacradas de entrada, fueron violadas y abusadas reiteradamente para “solaz de la soldadesca” y luego también fueron asesinadas.

La orden era clara: no debía quedar ningún testigo aborigen.

Los enterramientos fueron tan perversos como la masacre. Una gran parte de los muertos fue enterrada en grandes fosas comunes allí mismo; algunos heridos todavía estaban vivos. Treinta y ocho prisioneros cavaron las fosas. Luego, fueron degollados allí mismo, según lo relata el prestigioso historiador chaqueño Carlos López Piacentini. Los que no tuvieron la “suerte” de tener una sepultura fueron amontonados en enormes piras, rociadas con querosene y alquitrán. Se les prendió fuego y ardieron por varios días. El hedor y el humo de la carne quemada se extendieron por varias leguas. Las fuerzas de seguridad habían hecho bien su trabajo, no quedó ninguno de los que “dan el mal ejemplo”.

En Buenos Aires, muy poca gente se enteró de este hecho. Los grandes medios lo ignoraron o, en su defecto, publicaron la noticia apoyando la represión. Así, vemos que el Diario La Prensa, por ejemplo, titula el día 20 de Julio de 1924: “Alzamiento de indios en el territorio chaqueño”. Es importante indicar que el país se encontraba en democracia pero, evidentemente, el presidente Alvear estaba más preocupado por atraer a los inversores extranjeros y por proseguir los últimos años de la Belle Epoque, que por esta masacre. Sólo unas pocas voces se alzaron para denunciar esta situación. La que tomó estado público fue la realizada por Enrique Lynch Arribálzaga, ex director de la Reducción de Napalpí, quien el 24 de agosto de 1924 ante el Congreso Nacional habló de “una verdadera carnicería humana”. La segunda fue el informe de la Comisión Honoraria para la protección de los indios, redactado por Lorenzo Galíndez, Ramón Pardal y J. Bialet Masse que resulta esclarecedor para comprender el nivel de explotación al que eran sometidos los indígenas: “Tenemos establecimientos de empresas particulares donde el indio trabaja de sol a sol, sin descanso, mal alimentado, casi desnudos, viviendo en huetes hechas con paja, llenas de piojos y donde se producen las más grandes enfermedades infecciosas. Los indios están directamente bajo la acción de un tratante que los contrata y maneja como bestias y que después de haberlos hecho trabajar todo lo necesario, terminada la zafra, los despide, dándoles unos trapos viejos, algún animal doméstico que ya no sirve y algunas moneditas”.

La matanza de Napalpí fue un verdadero ejemplo de terrorismo de Estado que merece nuestro más profundo repudio, no solamente por el dolor infringido sino también por la impunidad que gozaron sus culpables. Cabría preguntarse, entonces, por qué nuestros juristas, tan apegados siempre a las formalidades de la Ley no han declarado aún este hecho como un Crimen de Lesa Humanidad.  (M. A. MOLOCZNIK – LOS MALDITOS – VOL. III – PÁGINA 463 – Editorial Madres de Plaza de Mayo)

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AGOSTO

LA MASACRE DE LUNA ROJA Y SU LARGO CAMINO HACIA LA VERDAD
Madrugada del 2 de agosto de 1978. La hora y el escenario son ideales para evitar testigos.
Y en caso de haberlos, los rigores de la época garantizan su silencio.
Balneario Luna Roja, a mitad de camino entre Mar del Plata y Chapadmalal.

Un bar parrilla que sólo funciona en verano, duerme su abandono invernal sobre la bajada hacia la playa.

Cinco prisioneros son extraídos del centro clandestino de detención que funciona en la Base Naval. Luego, el ruido de una lejana explosión llega “como un trueno” hasta el centro de la ciudad.

La prensa difundirá horas más tarde la versión de fuentes oficiosas: una célula extremista se autoeliminó accidentalmente mientras preparaba una bomba dentro del local abandonado.

“NN-02-08-78”

Los posteriores pasos administrativos siguen el curso de esa lógica aparente. Intervienen policías, bomberos y el médico legista Carlos Petry, que escucha la explosión desde las ruinas humeantes de Tienda Los Gallegos. Junto a él está Dionisio Ituarte, enfermero del Cuerpo Médico de la Policía bonaerense.

La rigurosa burocracia deja constancias que décadas más tarde emergerán como pruebas. En las actas del Cementerio Parque asientan el ingreso de los restos, pertenecientes a cuatro mujeres y un hombre. Y junto a cada una de sus tumbas colocan un cartel con la inscripción “NN-02-08-78”.

“Un desastre”

Octubre de 2005. En el Juicio por la Verdad, el enfermero Ituarte recuerda que aquel “trueno” se oyó cerca de las tres de la madrugada. Y que poco más tarde, al ser convocados a Luna Roja junto al médico Petry, se enfrentaron a “un desastre”. Los escombros, la oscuridad y los restos humanos esparcidos no se han borrado de su memoria. Tampoco la gran cantidad de personas atestando el lejano paraje: bomberos, policías, individuos vestidos de civil y una treintena de hombres con ropa de fajina que Ituarte cree “de la Marina, por la jurisdicción”.

Las tumbas oprobiosas

Octubre de 1982. Con la Junta Militar en repliegue pero aún en el poder, la Justicia provincial ordena preservar numerosas tumbas NN en el Cementerio Parque. Es la respuesta a un requerimiento de “Madres, Abuelas y Desaparecidos de Mar del Plata”, que así logran interrumpir el traspaso de los restos al osario. Es, también, el primer paso de un largo camino que posibilitará identificaciones con métodos que varían según las épocas. Y que se acelera con un avance científico que los represores jamás imaginaron en su pretensión de impunidad: los exámenes de ADN.

“NN-02-08-78”

Octubre de 2008. En el marco del Juicio por la Verdad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordena la exhumación arqueológica de una treintena de cadáveres NN preservados judicialmente en el sector B del Cementerio Parque. La tarea recae en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que encuentra cinco carteles: NN-02-08-78.

Al cruzar esa información con las crónicas periodísticas de la época, los antropólogos creen haber dado con las víctimas de Luna Roja. Y lo comprueban al constatar fracturas y faltantes de piezas óseas centralizadas en la parte superior de los cuerpos. Conclusión: los prisioneros fueron ubicados con vida, quizás en estado de inmovilidad, en torno a una mesa o elemento similar sobre la cual colocaron los explosivos.

Los cotejos de ADN con familiares de personas desaparecidas permiten identificar entre 2011 y 2012 a cuatro de las víctimas de Luna Roja. La oprimente sigla “NN” pesa aún sobre los restos de una mujer.

Las víctimas, los secuestros

Irma Elizabeth Kennel tenía 28 años cuando desapareció. Era trabajadora de la salud, militaba en el peronismo de izquierda y tenía un hijo de corta edad con el abogado laboralista Daniel Reynaldo Medina, de 30 años. El 18 de octubre de 1976, Medina fue secuestrado en su domicilio de Tandil y hasta hoy permanece desaparecido. Irma corrió idéntica suerte el 12 de julio de 1978 mientras viajaba en su automóvil de Mar del Plata a Tandil.

Lilia Mabel Venegas tenía 31 años. Se había recibido de veterinaria en La Plata, donde vivía con dos hijos de corta edad y con su marido, Carlos Miguel, de 30 años, también veterinario. Ambos militaban en el peronismo de izquierda. En 1974 la Triple A asesinó a Miguel. Lilia se refugió con los niños en su hogar materno de Mar del Plata y consiguió trabajo en la veterinaria “Ankar”, perteneciente a un colega y compañero de militancia. Hacia allí se dirigía en la tarde del 4 de mayo de 1978 cuando fue secuestrada mientras conducía un Renault 6 color turquesa que jamás apareció.

 “Muy angustiado”

El propietario de la veterinaria “Ankar”, de Luro 6757, era Carlos Alberto Tellez, de 34 años. Aquella tarde del 4 de mayo estaba practicando una cirugía cuando llegaron ocho individuos vestidos con uniformes de fajina que se movilizaban en autos Ford Falcon. El veterinario pidió tiempo para concluir la intervención quirúrgica y se lo concedieron. En ese lapso, algunos de ellos subieron al domicilio de Tellez, donde estaban sus hijas de 3 y 7 años y su esposa Antonia Margarita Fernández, de 34 años, asturiana, profesora de educación física.

Una mujer que presenció la escena: la dueña del gato que estaba operando Tellez. Treinta y siete años después, al declarar en el juicio por la masacre de Luna Roja, la testigo recordó que el veterinario “temblaba y estaba muy angustiado”. Y que luego comenzó a llorar al ver a través de una ventana que se llevaban a su esposa y a sus hijas.

“Vuelvo”

Salvador Tellez, padre del veterinario, estaba aquella tarde en su establecimiento rural de El Coyunco cuando un grupo de uniformados con fuerte armamento llegó para entregarle a sus dos nietas. Dentro de un Ford Falcon se hallaba su nuera Antonia Fernández, quien alcanzó a decirle: “Me toman una declaración y vuelvo”.

Al dirigirse inmediatamente a la veterinaria “Ankar”, comprobó que su hijo también había sido detenido.

Carlos Alberto Tellez. Era veterinario. Tenía 34 años. Antonia Margarita Fernández, esposa de Tellez. Era profesora de educación física.

Un Renault turquesa, una carta

Al anochecer de aquel 4 de mayo hubo otro secuestro, pero en este caso la víctima sobrevivió y recordó los hechos al atestiguar ante el Tribunal Oral Federal en 2015. Se trataba del empleado de una veterinaria céntrica a quien redujeron y encapucharon cuando salía de su trabajo. En la Base Naval lo interrogaron hasta convencerse de que no era la persona buscada.

Cerca de las 22 decidieron liberarlo y para ello lo trasladaron hasta la vieja terminal de micros a bordo de un Renault 6 color turquesa. Le encomendaron, además, una oscura misión: entregarle a Salvador Tellez una carta escrita por su hijo. En ella, el veterinario secuestrado le pedía que no denunciara los hechos porque pronto sería puesto en libertad.

Las condenas

Entre 2015 y 2016 se ventilaron en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata los juicios denominados “Base Naval 3 y 4”, por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en dicha unidad. Las pruebas reunidas con relación a la masacre de Luna Roja sustentaron las condenas a prisión perpetua de Raúl Alberto Marino (ex jefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza de Submarinos); Rafael Alberto Guiñazú, (ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval) y Francisco Lucio Rioja, (ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979).

El doloroso discurrir de cuatro décadas incluyó, además, dolorosos procesos personales: El de los padres de las víctimas, criando a sus nietos durante la búsqueda de sus hijos y el de los hijos de las víctimas, reclamando justicia en medio de su construcción identitaria.

Desde 2013 una escultura recuerda la masacre de Luna Roja y señala el sitio que los asesinos creyeron ideal para que la verdad jamás se conociera.  (Gustavo Visciarelli, La Capital de Mar del Plata, 2/8/2018)

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MASACRE DE CAPILLA DEL ROSARIO - (12 de Agosto de 1974)
“16 guerrilleros fueron abatidos por el Ejército y otros tantos se encuentran detenidos” era la información vertido por los diarios de la época.
No era la primera ni sería la última vez que las Fuerzas Armadas argentinas simulen un enfrentamiento para masacrar a militantes populares.

El 12 de agosto de 1974 (*), en la provincia de Catamarca, fueron fusiladas 16 personas pertenecientes a la organización político militar Ejército Revolucionario del Pueblo y del Partico Revolucionario de los Trabajadores (ERP-PRT).

Los sucesos se remontan al 9 de agosto cuando medio centenar de militantes de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Giménez” del PRT-ERP, intentan llevar adelante el copamiento al Regimiento Nº 17 de Infantería Aerotransportada en dicha provincia. La gran mayoría de ellos no superaban los 30 años de edad, liderando el grupo Hugo Alfredo Irurzun, conocido como “Capitán Santiago”, quien años más tarde realizaría en Paraguay el atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza.

Ante la delación de habitantes del lugar a la Policía provincial, el aparato represivo se despliega rápidamente en la zona, los militantes emprenderían entonces la huída divididos en tres grupos. La mayoría serían apresados en la terminal de ómnibus y en el Valle Central, siendo sometidos a un proceso judicial años más tarde.

Otro grupo, al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández –miembro del buró político de la organización- se dirige al “Cañadón de los Walther”, al oeste de la ruta provincial nº 1 y a 15 km. De la capital provincial en las lomadas adyacentes de la Capilla del Rosario. Allí son rodeados por efectivos del Regimiento de Infantería, miembros del Tercer Cuerpo del Ejército, y de la Policía provincial y Federal. Ante semejante despliegue deponen sus armas y es en ese lugar donde son ultimados salvajemente.

Las pericias posteriores demostraron que los disparos fueron realizados a corta distancia y algunos de los cuerpos mostraban la intención de haber querido cubrirse las caras. Once cuerpos fueron entregados a los familiares y cinco enterrados como NN en el cementerio municipal.

Los ejecutores de la represión en Capilla del Rosario son el teniente coronel Rolando Anello (jefe de la policía catamarqueña), comisario Alberto Villar (jefe de la policía federal), general de brigada Ernesto Federico Della Croce (comandante del Tercer Cuerpo del Ejército) y el coronel Eduardo Humberto Cubas (jefe del Regimiento Nº 17 de Infantería Aerotransportada). También hay serias sospechas sobre la participación en tales acontecimientos por parte del entonces gobernador, Hugo Mott y su vice Antonio Saadi, quienes posteriormente declararon no estar al tanto de la masacre. Sin embargo, en aquel entonces, a los integrantes de las fuerzas de seguridad se los trató como héroes nacionales, felicitados por las autoridades políticas por combatir a la “subversión”.

La tesis del fusilamiento comenzó a tomar fuerza y en el mismo mes los familiares y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet presentaron una denuncia por las torturas y el fusilamiento de los detenidos. Los primeros cuatro fueron detenidos posteriormente y permanecieron en prisión hasta 1984, Frondizi y Curuchet serían asesinados por la Triple A. La denuncia fue archivada en el contexto del inicio del terrorismo de Estado.

Mario Marca, abogado tucumano que ejercía la profesión en Catamarca en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, brindó en la causa –reabierta luego de 30 años en diciembre de 2004, por el impulso de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba- un testimonio revelador. Enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre: “Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel Eduardo Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Antonio Vaquero, segundo jefe del tercer Cuerpo del Ejército, ya había dado la orden de ‘aniquilar’. Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron”, recordaría Marca años después. Ni al momento de ser apresado, ni durante su cautiverio, fue informado de las causas de tales circunstancias ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.

Gracias a la reapertura de la causa comenzaron a identificarse algunos de los cuerpos enterrados en 1974 como NN. Una de las identidades recuperadas es la de Rutilo Betancour Roth, miembro de la organización uruguaya Tupamaros, la que coordinaba tareas con el PRT-ERP. Se determinaron también las identidades de Alberto Rosales Sánchez, alias “Gustavito”, oriundo de Santiago del Estero, de José María Molina, Hugo Cacciavillani –también Tupamaro uruguayo., Antonio del Carmen Fernández,  Carlos Gutiérrez, Luis Billinger, Mario Lezcano, Héctor Moreno, Raúl Sainz, Roberto Jerez, Luis López, Juan Carlos Lezcano Carlos Trinidad da Silva, Crescencio Molina Ibáñez y Francisco Scocimarro.

Estas matanzas ejecutadas por las fuerzas de seguridad –y el Ejército particularmente serían cada vez más rutinarias, como así también el entierro de cuerpos como NN.
La barbarie que desplegarían no tendría precedente alguno en toda la historia argentina. (F. Cersósimo y C. Ferroni, Los Malditos, vol. IV, pág. 381, Ed. Madres de Plaza de Mayo)

(*) Aclaración de Pensamiento Discepoleano: sobre la fecha en que se cometió este crimen: en la placa que se puso en el lugar de la matanza, dice que la masacre se produjo el día 11. Nuestra investigación nos permite agregar algunos datos al respecto:
- El lunes 7 de octubre de 2013, los coroneles Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Catamarca por la “masacre de Capilla del Rosario”, ocurrida en Catamarca entre el 11 y 12 de agosto de 1974, cuando 16 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron fusilados después de haberse rendido. (http://www.clarin.com/politica/Derechos_Humanos-Lesa_Humanidad-La_Perla-Ernesto_Barreriro_0_1265873508.html)

- En una serie de entrevistas realizadas entre 2006 y 2007, el sargento ayudante Luis Manzanelli –ya condenado por delitos de lesa humanidad confirmó las ejecuciones: “Eran cerca de las 13, del 12 de agosto y se produjo un intercambio corto de disparos y habría provocado algunas bajas entre los guerrilleros, y el resto ante el curso de la acción, optó por levantar los brazos en señal de rendición, pero el tiroteo estaba ya generalizado y no se les respetó la vida”. (http://www.clarin.com/politica/Derechos_Humanos-Lesa_Humanidad-La_Perla-Ernesto_Barreriro_0_1265873508.html)

- Cronología de la acción que comenzó el 11 y finalizó con la masacre el día 12 de agosto en: http://www.elortiba.org/capros.html#Cuando_asomaba_la_coordinadici%C3%B3n_represiva._Tupamaros_asesinados_en_Catamarca_en_1974.

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DÍA DEL NIÑO EN PARAGUAY EN RECUERDO DE LA BATALLA DE ACOSTA ÑU DONDE MASACRARON 3500 NIÑOS
En la batalla de Acosta Ñu, 3.500 niños paraguayos enfrentan a 20.000 hombres del ejército aliado, lo que se tiene como un acto de heroísmo sin igual.
Por la masacre producida, se conmemora ese día como el “Día del niño en Paraguay”.

Luego de la derrota sufrida por sus tropas en el combate de Piribebuy, Solano López sintiendo amenazada su retaguardia por las fuerzas que avanzaban por Altos y Piribebuy al mando de los generales Emilio Mitre y José Antonio da Silva Guimaraes, resolvió retirarse dividiendo sus tropas en dos divisiones, una de vanguardia, que confió al general Resquín, y otra de retaguardia, a las órdenes del general Bernardino Caballero.

A las cinco de la tarde del 13 de Agosto se puso en marcha, con rumbo a Caraguatay, donde llegó a las ocho de la noche del día siguiente. De paso, mandó fortificar la entrada de la picada que conduce a dicho pueblo, dejando allí 1.200 hombres, con algunos cañones, a las órdenes del coronel Pedro Hermosa.

El movimiento de la columna paraguaya de retaguardia era, y tenía que ser, muy lento porque seguía el compás de la larga fila de carretas en que iban los bagajes de su ejército. La extrema flacura de los animales de tiro hacía que aquéllas apenas anduvieran. Y así pronto Caballero se vio separado de los suyos, solo, en medio del enemigo, librado a su propia suerte. Era como el escudo del ejército en retirada, contra el cual se estrellaría todo el poder de la alianza.

Recién el 15 de Agosto entró el Conde D’Eu en Caacupé, donde se enteró de la retirada total de las fuerzas paraguayas. Esta noticia lo dejó anonadado y sumido en el desaliento.

Ante la noticia de que una fuerte columna paraguaya se retiraba lentamente por una picada que conduce a la llanura de Barrero Grande, el Conde D’Eu ordenó al Mariscal Victoriano Carneiro Monteiro que marchara rápidamente hacia el pueblo de Barrero Grande, para cortarles la retirada, mientras él caía sobre la retaguardia de los paraguayos.

El mariscal Monteiro se alejó a las dos de la tarde del 15 de Agosto, llegando a su destino a las diez de la noche. Desde allí desprendió una división de caballería, a las órdenes del general Cámara, con rumbo a Caraguatay, que fue detenida por el coronel Hermosa.

A las seis de la mañana del día siguiente se movió el primer cuerpo del ejército brasileño, comandado por el general José Luis Mena Barreto, que acababa de reemplazar al general Osorio.

Dos horas después, el general Vasco Alves Pereyra, que mandaba la vanguardia del ejército imperial, cambiaba los primeros tiros con la retaguardia de Caballero. A lo lejos se escuchaba la artillería paraguaya, que rechazaba en ese momento las cargas del general Cámara en la boca de la picada de Caraguatay.

El Conde D’Eu precipitó la marcha de sus tropas y salió con todas ellas en Acosta-Ñu, sitio donde iba a librarse la batalla. Los paraguayos disponían de unos 3.500 hombres y algunos pocos cañones, y sólo contaba con un batallón de veteranos, el 6º de infantería. El resto eran niños y ancianos. Los niños fueron disfrazados con barbas postizas para que el enemigo los tome por adultos y les presente combate. Su caballería era escasa y en mal estado
El general Caballero extendió su línea de batalla destacando en su vanguardia al coronel Moreno, con dos cañones, y al comandante Franco a la cabeza de su batallón. Dando frente a su enemigo, continuó el retroceso: su única posibilidad era llegar a los bosques de Caraguatay.

Moreno y Franco hubieron de soportar en seguida la presión de nueve batallones y el fuego de numerosas piezas de artillería. Hostilizados en los dos flancos por regimientos de caballería, lucharon con extraordinario heroísmo.
El mismo Conde D’Eu reconoce en su Diario de Campaña “la gran desventaja” con que peleaban los paraguayos, por la manifiesta inferioridad de sus armas. “Nuestros fusiles a lo Minié –dice-llevaban la muerte hasta a sus reservas, al paso que a nuestros soldados más avanzados poco perjuicio sufrían”.

El general Caballero impidió con habilidad que sus fuerzas fueran rodeadas y consiguió llegar a la orilla opuesta del arroyo, donde emplazó la artillería. El Conde D’Eu colocó sus cañones frente al paso y abrió un nutrido fuego contra la posición paraguaya, y ordenó una carga a fondo sobre el puente, que fue repelida.

La batalla llegaba a su momento culminante. Era ya mediodía, y desde el amanecer la lucha no tenía tregua ni descanso. Se produjo una nueva carga y nuevamente fue repelida por Caballero. El cauce del arroyo quedó colmado de cadáveres. Optó entonces el ejército imperial buscar un vado, para evitar fracasar en otro ataque frontal.

Caballero volvió a hacerse fuerte sobre el puente de Piribebuy, conteniendo con todo éxito el avance de sus persecutores. La tarde inclinaba. De pronto los paraguayos se vieron acometidos por la retaguardia, era el segundo cuerpo del ejército brasileño que llegaba. Se trataba de una fuerte columna de infantería, con ocho bocas de fuego, a las órdenes del general Resín, que obligó a dividir las escasas fuerzas de Caballero y a atender dos acometidas simultáneas.

Los veteranos de Franco (muerto en el combate) habían desaparecido, y con ellos el nervio principal de la resistencia paraguaya. No le quedaban sino niños y jinetes mal montados.

Dice Juan José Chiavenatto: “Los niños de seis a ocho años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileros, llorando que no los matasen. Y eran degollados en el acto. Escondidas en al selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas agarraron lanzas y llegaban a comandar un grupo de niños en la resistencia”……. “El Conde D´Eu, un sádico en el comando de la guerra,
“después de la insólita batalla de Acosta Nú, cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer los pocos sobrevivientes, el Conde D´Eu mandó incendiar la maleza, matando quemados a los niños y sus madres.” Su orden era matar “hasta el feto del vientre de la mujer”.

“Mandó a hacer cerco del hospital de Peribebuy, manteniendo en su interior los enfermos – en su mayoría jóvenes y niños – y lo incendió. El hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasilera que, cumpliendo las órdenes de ese loco príncipe, empujaban a punta de bayoneta adentro de las llamas los enfermos que milagrosamente intentaban salir del la fogata. No se conoce en la historia de América del Sur por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese.” (de la misma fuente- Chiavenatto. “A guerra do Paragaui)

Caballero formando un cuadro con sus tropas se defendió como pudo hasta que, dispersados los restos de sus fuerzas, confundido en el tumulto inmenso de la lucha, pudo cruzar, sin ser reconocido, entre regimientos y batallones, llevando tras de sí a los pocos que habían escapado de la matanza.

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MASACRE DE FÁTIMA - (20 de agosto de 1976)
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 se llevaría a cabo, en el marco de la dictadura militar, una de las más brutales matanzas de la historia argentina.

En las primera horas del día, treinta personas secuestradas y torturadas en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal –calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires-, fueron seleccionadas de entre varios aplicándoles posteriormente una inyección de Pentotal, para luego ser trasladados por un camino de tierra hasta el kilómetro 62 de la ruta provincial 8 –en la localidad de Fátima, partido de pilar, Provincia de Buenos Aires-. Luego de hacerlos descender, los fusilaron con uno o más tiros en la cabeza y se dinamitaron los cuerpos.

A las 4,30 de la madrugada la localidad de Fátima tembló por la magnitud del estruendo, testigos de la escena declararon haber encontrado restos humanos en un radio de 30 metros. No era la primera ni sería la última masacre cometida por las fuerzas de seguridad, pero esta fue sin duda una de las más brutales.

Según algunas versiones el episodio fue la respuesta a un atentado realizado por Montoneros dos meses antes en el edificio de la calle Moreno, provocando la muerte de veintisiete miembros de la fuerza policial; otra versión indica que fue la respuesta al atentado contra el general de brigada retirado Omar Actis, realizado en Wilde el día anterior. Esta última surge con más fuerza ya que uno de los cadáveres encontrados poseía una nota la leyenda “30 x 1”.

Los cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos y con cinta adhesiva en los ojos. A comienzo de los ’80, sólo cinco víctimas habían sido identificadas: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray. Años después, y gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se exhumaron los cadáveres enterrados en el cementerio de Pte. Derqui que estaban sin identificar, recuperando la identidad de otras 11 víctimas: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Oscar García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera Carrizo. En la actualidad la mitad permanece como NN.
Gran parte de ellos eran obreros, donde la última dictadura militar puso todas sus fuerzas para masacrar a la clase social que no dejaba imponer el plan neoliberal encabezado por Martínez de Hoz. Algunos trabajaban en la Ford de General Pacheco, en la fábrica Royo –pegada al Riachuelo- y en la firma Bendix.

El policía “arrepentido” Víctor Luchina –según el testimonio que brindó en la CONADEP- cuenta que estaba de guardia en el edificio de Moreno al 1400 donde funcionaba la Superintendencia la noche que trasladaron a las treinta personas: “Apagaron todas las luces. Sólo quedaron encendidas las del ascensor y de la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas, envueltos, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados”, manifestó Luchina.

Poggi –otro testigo en el juicio que se llevó adelante específicamente por la Masacre de Fátima- declaró que durante los cinco días que permaneció en cautiverio en la Superintendencia se encontró con un conocido suyo, Daniel Hopen –quien también estaba secuestrado y permanece desaparecido-. Hopen le contó que el fin de semana de la masacre “pusieron gente en fila y eligieron a quien iban a llevarse. Nos pararon contra la pared y empezaron: usted sí, usted no, usted sí, usted no. Yo tuve suerte, pero se llevaron a un montón de muchachos. Después los dinamitaron en Pilar”, le contó Hopen a Poggi.

Recién en abril de 2008 el Tribunal Oral Federal 5 comenzó el juicio por la “Masacre de Fátima”, como figura en la carátula de la causa. La acusación fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), siendo los imputados: el director de Inteligencia de la Superintendencia, comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de “Francés” –y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Ángel Timarchi. La causa aún tiene un policía prófugo: Luis Alberto “el japonés” Martínez.

En julio del mismo año llegó la sentencia: prisión perpetua para Lapuyole y Gallone por “privación ilegal de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y 30 casos de homicidio calificado con alevosía”. En el veredicto los jueces ratificaron que los delitos no prescribieron por tratarse de “crímenes de lesa humanidad”. El tercer acusado –Timarchi- quedó absuelto, mientras que Gallone presentó como prueba de su inocencia una foto ampliamente conocida donde se lo ve abrazando a una de las Madres de Plaza de Mayo con lágrimas en los ojos, durante una movilización en octubre de 1982. El juicio demostró que eran la prueba de la hipocresía más que de inocencia.

En esta oportunidad la última dictadura militar optó por infundir el miedo entre la población exhibiendo un accionar macabro, antes que la desaparición de los cadáveres, que era su práctica habitual. Este episodio demuestra lo despiadado de la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad, que buscaron una “revancha clasista” con las técnicas de tortura aprehendidas de los franceses en Argelia y reforzadas por los norteamericanos.
Sus alumnos argentinos demostraron superar a sus maestros. (FACUNDO CERSÓSIMO Y CECILIA FERRONI – LOS MALDITOS – VOLUMEN IV – PÁGINA 383 – Ediciones Madres de Plaza de Mayo)

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SEPTIEMBRE

1975 – MASACRE DE LA PLATA

En los primeros días de septiembre de 1975, los trabajadores de Petroquímica Sudamericana (hoy Mafissa), una fábrica cercana a La Plata, realizaban una ocupación de la planta debido a un conflicto laboral. El 4 se septiembre el grupo conformado por Roberto Loscertales “Laucha”, por aquel entonces obrero del Astillero Río Santiago; Adriana Zaldúa y Héctor Frigerio, trabajadora y delegado del Ministerio de Obras Públicas respectivamente; Ana María Guzner Lorenzo, activista del sector de personal no-docente de la Universidad Nacional de La Plata y la joven odontóloga Lidia Agostini, cuñada de Frigerio, se dirigían hacia la planta a fin de entregar dinero que el PST había recolectado en solidaridad con los trabajadores en huelga. El auto, un viejo Renault Gordini, en el que viajaban fue interceptado en el camino por la Triple A. Fueron secuestrados y luego asesinados. sus cuerpos acribillados aparecieron en la mañana del día siguiente.

Resulta imposible olvidar el ambiente de consternación que aquel día se vivía en el local del PST, en la calle 54, entre 8 y 9, a pocas cuadras de la Plaza San Martín y de la Casa de Gobierno. Antes de promediar la tarde, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie salieron del local a repartir volantes que denunciaban el crimen. También ellos fueron secuestrados en la esquina, a plena luz y en pleno centro de La Plata, en un Fiat 125. Horas después, mientras la propia policía obstaculizaba la búsqueda, sus cuerpos aparecieron en un descampado en las afueras de La Plata. A pesar de las difíciles condiciones, una importante delegación de obreros de Petroquímica Sudamericana participó del velatorio de las víctimas.

La masacre previa a la dictadura ha sido siempre silenciada.

En la Casa de Gobierno, adonde sus compañeros fueron con el abogado socialista Enrique Broquen y las hermanas de Adriana, les dijeron que no estaba el gobernador Victorio Calabró, hombre de la UOM y de Lorenzo Miguel, que había sucedido forzadamente a Oscar Bidegaín. Pero tampoco había ninguna autoridad política ante quien hacer alguna denuncia. La ciudad estaba en manos de la Triple A, íntimamente emparentada con la Policía Bonaerense y la zona liberada, tenía como objetivo que las bandas parapoliciales actuaran con total impunidad secuestrando y matando militantes.  

Si bien la Masacre de La Plata fue uno de los ataques más importante, no fue el único; ese mismo año también fueron asesinados activistas obreros del frigorífico Swift, de Propulsora, OFA, SIAP, de los colectiveros. Para 1975 la región de La Plata, Berisso y Ensenada se había convertido en escenario de importantes luchas obreras, había surgido la Coordinadora Interfabril que organizaba decenas de fábricas y establecimientos.

Masacre: su significado
Masacre es un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término masacre es impreciso en sus alcances, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. El sacerdote brasileño Leonardo Boff relaciona la masacre con la cobardía.

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OCTUBRE

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1947 - “MATANZA DE RINCÓN BOMBA”
10 al 30 de octubre

HALLAN RESTOS DE ABORIGENES MASACRADOS POR GENDARMERIA EN 1947
La masacre de un pueblo originario
Crimenes de Lesa Humanidad en el Impenetrable

En octubre de 1947, centenares de hombres, mujeres y niños de pueblos originarios fueron masacrados en un lugar llamado “Rincón Bomba”, a cuatrocientos metros de la entrada a la localidad de Las Lomitas en la provincia de Formosa.
El genocidio de Rincón Bomba es uno de los crímenes más tapados de nuestra historia, en que según las fuentes fueron asesinados entre 750 y 1.000 pilagás, wichís, tobas y mocovíes, hombres, mujeres y niños.
Actualmente, en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa se tramita una causa por delitos de lesa humanidad donde se investigan estos hechos, que dieran origen al documental de Valeria Mapelman “Octubre Pilagá – Relatos Sobre el Silencio”. Se trata de la causa “Costas Leandro Santos”.

Cuando la Ministra Nilda Garré ocupaba el Ministerio de Defensa, desclasificó y ordenó al Estado y a la Gendarmería remitir todos los antecedentes del caso, que hasta ese momento revistaban el carácter de “secreto de estado”. También ordenó que se conteste ítem por ítem la requisitoria de los fiscales intervinientes.

EL AVIÓN UTILIZADO Y SU BAUTISMO DE FUEGO
Al ocurrir esos hechos, la Agrupación Transporte de la Fuerza Aérea Argentina, mediante Orden del Día Nº 1657 del 16 de Octubre de 1947 detalla el envío de un avión que salió de El Palomar con rumbo a Formosa tripulado por el Teniente. Abelardo S. Sangiacomo, el Alférez Carlos Smachetti, los mecánicos Cabo May. Bravo Bocaz y Cabo Humberto Albani, y el Radio Operador Sargento Alejandro Dubini.

Allí pudimos enterarnos que el bautismo de fuego (propio), de la Fuerza Aerea Argentina no fue en la guerra de Malvinas, sino en 1947 en Formosa, ametrallando y bombardeando al pueblo pilagá.

La propia Fuerza Aérea, en el Tomo II, capitulo XI, 1997, de la “Historia de la Fuerza Aérea Argentina”, incluyó bajo el título “De un avión y de lanzas – El Ultimo malón” el relato de esta participación, que fue en apoyo a la Gendarmería Nacional.

En el relato señalan que se trataba de “indios de pelea” en número de 1000 con los que contaba el Cacique Pablito, siendo el total los integrantes de la “tribu” entre 7.000 y 8.000 aborígenes. Expresa que”…La Gendarmería fue convocada para sofocar el alzamiento. La intervención prevista para el avión JU-52T-153 fue tanto en transporte de refuerzos – personal y material, para las guarniciones de Gendarmería como para el reconocimiento del terreno y localización de los revoltosos”.

Cabe recordar que, luego del ametrallamiento de adultos, mujeres, niños y ancianos en Las Lomitas por parte de Gendarmería, los pilagá huyeron por el monte en varias direcciones, siendo perseguidos, fusilados, sus niñas violadas en diversas localidades.

Al avión le fue removida su puerta e instalada allí una ametralladora Colt Calibre 7.65 mm desde la cual disparaban a los originarios que huian por el monte luego de la masacre en el Madrejón que corre al costado de Las Lomitas.

Finalizan su relato diciendo que “así termina esta ‘anécdota’, verídica, con el respaldo de una orden del día que la encuadra en el tiempo, material y personal que interviniera… Así ocurrió y así acabó ‘el último malón’, el enfrentamiento parcial e ‘incruento’ pero significativo, de la lanza contra el avión, de la ‘barbarie y la civilización’.

Mientras tanto, los pilagá, que dejaron numerosos muertos en este vergonzoso suceso, relatan que fueron ametrallados y bombardeados por ese avión.

EL JUEZ AMETRALLADORISTA

Leandro Santos Costa era en ese momento un joven alférez de Gendarmería. Participó activamente en la masacre de los pilagá.

Por Orden 2595 el Director General de Gendarmería Nacional lo felicita por la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el alzamiento de indígenas pilagá el día 14 de octubre de 1947, en cuya emergencia no titubearon en afrontar la grave situación para su vida que el caso les deparaba”. También lo ascendieron.

Costas era el jefe de sección Ametralladoras Pesadas. En su ascenso se tuvo en cuenta la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el ‘alzamiento de indígenas pilagás el 14 de Octubre de 1947, en cuya emergencia no titubeó en afrontar la grave situación para su vida que el caso le deparaba”.

Costas se retiró en 1960 de la Gendarmería, y luego, ya como abogado, llegó a ser Juez Federal de Formosa, en el mismo juzgado que hoy lo imputa por crímenes de lesa humanidad.

Los imputados por la masacre de Rincon Bomba son numerosos, la inmensa mayoría fallecidos, como numerosos son los sobrevivientes que demandan justicia por la muerte de sus familiares: Hace dos años murieron dos abuelas sobrevivientes en La Bomba: Lichet´a y Marta, y Desaén, de nombre en el DNI Julio Suárez.(Fuente: www.memoriastierra.blogspot.com.ar/2012/06/rincon-bomba-crimenes-de-lesa-humanidad.html)

Leandro Santos Costa era en ese momento un joven alférez de Gendarmería. Participó activamente en la masacre de los pilagá.

Por Orden 2595 el Director General de Gendarmería Nacional lo felicita por la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el alzamiento de indígenas pilagá el día 14 de octubre de 1947, en cuya emergencia no titubearon en afrontar la grave situación para su vida que el caso les deparaba”. También lo ascendieron.

Costas era el jefe de sección Ametralladoras Pesadas. En su ascenso se tuvo en cuenta la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el ‘alzamiento de indígenas pilagás el 14 de Octubre de 1947, en cuya emergencia no titubeó en afrontar la grave situación para su vida que el caso le deparaba”.

Costas se retiró en 1960 de la Gendarmería, y luego, ya como abogado, llegó a ser Juez Federal de Formosa, en el mismo juzgado que hoy lo imputa por crímenes de lesa humanidad.

Los imputados por la masacre de Rincon Bomba son numerosos, la inmensa mayoría fallecidos, como numerosos son los sobrevivientes que demandan justicia por la muerte de sus familiares: Hace dos años murieron dos abuelas sobrevivientes en La Bomba: Lichet´a y Marta, y Desaén, de nombre en el DNI Julio Suárez.(Fuente: www.memoriastierra.blogspot.com.ar/2012/06/rincon-bomba-crimenes-de-lesa-humanidad.html)

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MASACRE DE LOS SURGENTES (17 DE OCTUBRE DE 1976)

“Una misión impuesta: librar la lucha contra la subversión y el apoyo al Proceso de Reorganización Nacional emprendidos en busca de los 100 años nuevos de paz y de fecundidad del pueblo”.
Con estas palabras un 12 de octubre de 1976, Leopoldo Fortunato Galtieri daba inicio a sus funciones al mando del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario y con jurisdicción sobre seis provincias del país.

Para ese momento el Servicio de informaciones de la Jefatura de Rosario funcionaba como centro clandestino de detención, conocido como “El Pozo”, practicando con los que serían conocidos posteriormente como los fusilados en la Masacre de Los Surgentes, los aberrantes métodos de tortura importados por la escuela francesa.

Los nombres de las víctimas son Cristina Costanzo, María Cristina Márquez, Ana Murgiondo, Daniel Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oyarzábal quienes fueron trasladados entre el 2 y el 15 de octubre de 1976 al Pozo, en donde se concretaba lo dispuesto por Galtieri y demás represores.

El 17 de octubre, los siete jóvenes son trasladados por personal policial hasta la localidad cordobesa de Los Surgentes –bajo la jurisdicción del Tercer Cuerpo-. Allí son fusilados en un camino rural en horas de la madrugada. Los cuerpos serán llevados hasta el Hospital San Roque, para terminar en una fosa común en el cementerio de San Vicente, en Córdoba.

Este fue el destino final de una de las víctimas, que representa el de tantas otras, Ana Murgiondo fue secuestrada junto a su hija de dos años. Ante la resistencia que oponía en el interrogatorio el ex jefe de Policía Comandante de Gendarmería Agustín Feced la torturó con golpes de puño, disponiendo que se le propinaran descargas eléctricas a la pequeña. Mostraba con esto la aplicación de las enseñanzas de la escuela francesa practicadas con los argelinos, donde se admitía la tortura para obtener información que –según ellos- serviría para “salvar otras vidas”.

En el “modelo argentino” de lucha contra la “subversión” los militares argentinos llevaban a cabo estas enseñanzas pero con aportes originales y terribles, como la tortura de niños, la desaparición de los cuerpos de los secuestrados y la apropiación de los hijos de los militantes.

De estos crímenes fueron responsabilizados el comandante de Gendarmería Agustín Feced, comisario Saichoux, comisario Guzmán Alfaro, oficial Lofiego, Oficial Marcote, oficial Nast y Scortecchini y claro está, Leopoldo Fortunato Galtieri.

Los familiares de las víctimas realizaron denuncias ante diversas instituciones estatales, organismos nacionales e internacionales y ante la Iglesia Católica, la cual demostró una vez más la complicidad con el régimen.

A los religiosos acudían los familiares de los hasta el momento desaparecidos, que desesperados querían saber el paradero de los secuestrados. Tal es el caso del padre Héctor García, secretario del entonces arzobispo rosarino Guillermo Bolatti. Nelma Jalil, madre de Sergio, comentaba años después:

“El padre García me tuvo engañada tanto tiempo. Me decía que Sergio estaba bien, que como se había recibido ese año de agrónomo lo tenían trabajando en el campo, que estaba perfectamente y que de un momento a otro iba a estar con nosotros. Y me decía siempre ya falta menos, falta menos, ya va a llegar un día, en víspera de navidad… Las navidades eran terribles para mí y siguen siéndolo. Me dice señora póngase contenta, vaya a su casa, prepárele la camita, ventílele toda la ropita, prepárele la comida que más le gusta porque esta navidad Sergio la pasa con ustedes. Yo me fui enloquecida a mi casa y empecé a hacer todo lo que él había dicho. Y me dispuse a esperarlo… y Sergio no llegó. El padre García era el secretario del obispo Bolatti y él se encargaba de dar falsas noticias a los familiares de los desaparecidos a cambio de regalos que él mismo nos pedía. Me acuerdo que un día me pidió un maletín de cuero y yo en ese momento no contaba con dinero porque había abandonado todas mis actividades. Yo trabajaba en el comercio con mi esposo y me dediqué únicamente a buscar a Sergio, entonces no contaba con dinero y juntando las moneditas fui y le compré el maletín y se lo regalé. Le llevaba vino finísimos y como yo desfilaban las madres porque a todas nos tenía igual. Hasta que un día me convencieron sobre lo que estaba pasando y nunca más le llevé regalitos pero tampoco tuve más audiencias.”

El cinismo de la iglesia llegó a niveles siderales, y estas situaciones en las que sus representantes buscaban beneficios propios se daban a lo largo de todo el país, como así también estos sujetos apelaban a la confianza que despertaban para obtener datos de potenciales secuestrados.

Décadas después los familiares pudieron reconstruir parte de la historia, ya que la justicia durante los años más oscuros de nuestra historia hizo lo posible por no esclarecer estos hechos, incluyendo la desaparición de pruebas. A principio de los ’80, la causa “San Vicente” –por el nombre del cementerio- fue abierta, pidiéndose la exhumación del cuerpo de Daniel Oscar Barjacoa. La torpeza del procedimiento inutilizó buena parte de las pruebas y sólo se pudo identificar a una de las víctimas. En el 2002 cuando los antropólogos del Equipo Argentino de Medicina Forense comenzó las tareas, se toparon con que había nueve cuerpos y no tres como creían, todos ellos víctimas de la última dictadura, incluidos los de la “Masacre de Los Surgentes”.

Uno de los testigos en aportar datos sobre la tragedia fue Dionisio Tesán, productor de la zona de Los Surgentes, quien es el primero en ver los cuerpos luego de la masacre: “Vi allá a lo lejos un bulto grande, en la calle, en una huella, del lado izquierdo, yendo de acá para el lado del norte y cuando me arrimé cerca y me encontré con unas personas le pegué el grito desde arriba de la chata. Vi que no se movieron, me fui a mi casa, tomé unos mates, le conté a un pariente que había gente durmiendo y que me extrañaba porque estaba muy frío y estaban con remeras rotas, con pantalones cortos”. Otro testigo que aportó datos para reconstruir la historia es el médico forense que emite los certificados de defunción. El doctor Alberto Minella relata: “después pasé un día por ahí, por la ruta, y habían desaparecido las plantas y lo habían tapado con tierra a ese lugar”, con la intención de borrar las huellas de la masacre.

La “Masacre de Los Surgentes” está enmarcada en un plan sistemático y planificado de eliminación de personas. No es casual la similitud entre varios procedimientos ocurridos en aquellos años, y que nosotros reflejamos con el nombre de masacres. Las mismas fueron ejecutadas por distintas fuerzas de seguridad, con la mirada cómplice de gran parte de la Iglesia Católica, que tiene como objetivo terminar con un modelo de país industrial, distributivo y con alto protagonismo de los trabajadores. Hacia allí apuntó la última dictadura militar.

FACUNDO CERSÓSIMO Y CECILIA FERRONI – LOS MALDITOS – VOLUMEN IV – PÃ�GINA 388
Editorial Madres de Plaza de Mayo -

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NOVIEMBRE

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1976 - MASACRE DE LA CALLE JUAN B. JUSTO

El 19 de noviembre de 1976, a las seis de la mañana, militares, policías federales y bonaerenses entraron disparando sus armas de fuego a la casa de la calle Juan B. Justo Nº 676, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Adentro estaban Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, con sus hijos Fernando, de 3 años y María Eugenia, de 5, quienes murieron por los efectos de los gases lacrimógenos. También estaba Ana del Carmen Granada, que atinó a envolver en un colchón a su hijo Manuel Goncalves Granada de 5 meses, y esconderlo en un placard. ​

Los padres de Omar, Omar y Beba, recibieron un llamado telefónico anónimo que informaba sobre la muerte de la familia "en un accidente", aunque decía que María Eugenia, la niña de 5 años, se había salvado. Pero había llegado grave al hospital San Felipe, y sobrevivió pocas horas. Con la ilusión de encontrarse aunque fuera con la nieta, fueron a San Nicolás. En la Policía Federal fueron maltratados. La falta de respuesta los acercó a la cochería ubicada a 30 metros de la policía Federal, donde un señor Fernández que los trató muy bien, y les ofreció llevarlos al cementerio, relató en el juicio Freddy, uno de los tres hermanos de Omar. Les indicó dónde estaban enterrados los adultos y dónde los niños. La familia pidió dar sepultura a sus muertos. Los niños estaban juntos en un cajón.

Beba iba a visitar a su hijo a San Nicolás periódicamente y por eso conocía a Ana María Granada, alojada por los Amestoy, ya que su marido Gastón estaba desaparecido desde el día del golpe militar, y a su bebé. Cuando supo que Manuel había sobrevivido, volvió a San Nicolás para pedir que se lo entregaran. La demoraron en la policía, la maltrataron y le prohibieron volver antes de que las autoridades los llamaran. Eso ocurrió diez días después de la masacre, el 29 de noviembre.

Omar Darío Amestoy
“Adolfo” (4 de enero de 1945, Nogoyá, Entre Ríos, 19 de noviembre de 1976, San Nicolás) era el mayor de cuatro hermanos. Militó en el Ateneo Universitario y luego en Montoneros. Se recibió de escribano a los 23 años. En Nogoya, siendo jefe del Registro Automotor, Omar había conformado una agrupación que había instalado hornos en distintos barrios y fabricaban ladrillos para construir viviendas para la gente más necesitada. También conseguían chapas y colaboraban en la edificación.

María del Carmen Fettolini
Era una de cinco hermanos. Había sido una de las primeras maestras jardineras, en el Colegio del Huerto, y una mujer comprometida con la realidad social. Militante de la Juventud Peronista y Montoneros. En los meses previos al golpe de Estado, huyeron primero a Paraná, luego cruzaron a Santa Fe y finalmente se instalaron en San Nicolás. Con nombres falsos, Omar y Pochi tenían una marroquinería en el centro de la ciudad. Allí fueron asesinados junto a sus dos pequeños hijos.

Ana Maria Del Carmen Granada Vera Goncalves
“Any” (14 de julio de 1952, Formosa, 19 de noviembre de 1976, San Nicolas) militante de la Juventud Peronista y Montoneros. Hacía trabajos de escenografía como egresada del Teatro Colón. Junto a su compañero Gastón Roberto José Gonçalvez fue alfabetizadora de la DINEA (Dirección Nacional de Educación de Adultos) en 1973 en la zona de Escobar, provincia de Buenos Aires, con la Juventud Peronista. ​

Masacre
Masacre es un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término masacre es impreciso en sus alcances, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. El sacerdote brasileño Leonardo Boff relaciona la masacre con la cobardía. ​

Juicio
Comenzó en julio de 2012 y tuvo como imputados al ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable de la represión en la zona, al coronel Antonio Federico Bossie, y al jefe de la Delegación de la Policía Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz, quienes están siendo juzgados por homicidio agravado en los casos de la Masacre. El imputado Saint Amant también está siendo juzgado en este proceso por privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de menores, por las nueve desapariciones de militantes de la Juventud Peronista-Montoneros, ocurridas entre abril y mayo de 1977, en los Barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa de San Nicolás, y por el caso de José María Mastroberardino, locatario de la casa en la que vivían algunos de estos militantes. ​

Manuel, con cinco meses, fue el único sobreviviente del operativo de la calle Juan B. Justo. Luego del operativo fue trasladado al hospital municipal con graves problemas respiratorios y permaneció internado allí, con custodia policial durante tres meses. Tiempo después fue entregado en adopción sin que se buscara a su familia biológica, borrando todo rastro para que no pudiera ser encontrado. Manuel fue localizado en 1995 y en 1997, luego del análisis de ADN, supo quiénes eran sus verdaderos padres. Así comenzó un rápido e intenso camino para reconstruir su identidad y buscar justicia por los crímenes que atravesaron su vida y la de toda la sociedad. ​

Manuel Gonçalves Granada, único sobreviviente de aquella masacre, creció creyendo que había sido abandonado por sus padres. La masacre que sufrió con apenas cinco meses había quedado registrada de alguna manera, aunque no lo supiera. De niño, sufría anginas a repetición y cuando tenía fiebre alta, le decía a su madre de crianza: "Sacá a esos policías, sacá a esos soldados de mi habitación". La memoria guardaba aquella noche que perdió a su mamá y su identidad.

Condena
En diciembre de 2012 condenaron a a prisión perpetua a Manuel Fernando Saint Amant, Federico Bossie y Jorge Muñoz, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en "La Masacre de la calle Juan B. Justo".​

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Homenajes
  En San Nicolás todos los 19 de noviembre se conmemora el "Día de la Memoria", en recuerdo a la "Masacre de la calle J. B. Justo". La fecha elegida, conmemora el Día de la Memoria para los nicoleños y coincide con el inicio del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa ciudad.
  En junio de 2012 se colocó en el cementerio de Nogoya, una placa para "Beba y Omar Amestoy", quienes lucharon 36 años en busca de justicia y verdad para su familia​
  En 2013 impusieron los nombres de Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini a dos calles públicas ubicadas en la manzana 151-2, entre Fitz Gerald y Concordia, en la zona norte de la ciudad de Nogoya. El Concejo Deliberante de Nogoyá había aprobado el proyecto presentado por Familiares y Amigos de Desaparecidos de Nogoyá (Faden) y la Agrupación 27 de Oktubre.

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DICIEMBRE

MASACRE DE LAS BANANERAS - 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 1928

La Masacre de las Bananeras fue un exterminio de los trabajadores de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena cerca de Santa Marta (Colombia). Un número desconocido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir Colombia a través de su Cuerpo de Marines, si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company.

El 12 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénaga, una huelga masiva jamás vista en Colombia. 
Más de 25 000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía. A pesar de tal presión, la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo, la huelga terminó con un baño de sangre: en la noche del 5 de diciembre, soldados colombianos dispararon sobre una reunión pacífica de millares de huelguistas, matando e hiriendo a muchos (Más de 1800 muertos y un número impreciso de heridos de entre 200 y 300). Esa terrible noche ha sido grabada en la conciencia de los colombianos por los novelistas Gabriel García Márquez, en su obra Cien años de soledad, quien nació en la zona bananera un año antes de la huelga; Ã�lvaro Cepeda Samudio, en su novela La casa grande; y el dramaturgo Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado recluta.

LA HUELGA

Un año después del huracán en Sevilla los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de nueve demandas. El 6 de octubre de 1928 una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Solicitaron a la United Fruit Company y a los productores nacionales:

  • Seguro colectivo obligatorio;
  • Reparación por accidentes de trabajo;
  • Habitaciones higiénicas y descanso dominical;
  • Aumento en 50 % de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales;
  • Supresión de los comisariatos;
  • Cesación de préstamos por medio de vales;
  • Pago semanal;
  • Abolición del sistema de contratista; y
  • Mejor servicio hospitalario.

No obstante los deseos de insurrección liberal o la utopía revolucionaria que hubiera podido motivar a algunas personas, éste no es de manera alguna un documento revolucionario. Fundamentalmente la Unión de Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit Company que reconociera a sus empleados; aunque la compañía negara su existencia, estos trabajadores le producían su riqueza. Ellos exigían su reconocimiento y para ello insistieron que la United Fruit Company aboliera el sistema de contratos indirectos y les concediera los derechos que les garantiza la ley colombiana. Los trabajadores también solicitaron a la compañía que negocia con ellos, tal como ocurría en las naciones modernas.

El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro M. del Río â€”los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones— viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company. El gerente, Thomas Bradshaw se negó a recibirlos. Tres semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados, y los trabajadores a quienes representaban, no eran empleados de la compañía. Bradshaw basa su aseveración en la resolución del 25 de febrero de 1925 del Ministerio de Industrias que «había conceptuado que los trabajadores de los contratistas no lo eran de la empresa, por no existir entre aquéllos y el patrono un vínculo jurídico». La United Fruit Company permaneció intransigente en este punto durante toda la huelga que siguió.
La historiadora Judith White sugiere que es necesario tomar en cuenta el aspecto global de la economía. Al final de los años veinte, la dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano estaba siendo desafiada por algunas compañías advenedizas. Para mantener su participación en el mercado, la United Fruit Company se sintió presionada a reducir los costos de producción. Al mismo tiempo, se veía claramente que la zona bananera de Santa Marta ya no era económicamente competitiva: el banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica, además los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores. La United Fruit Company consideraba estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto.

El 28 de octubre, y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United Fruit Company rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el comité ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena le entregó a la United Fruit Company un ultimátum: o se acordaba negociar o los trabajadores iniciaron la huelga. El sábado 10 de noviembre, Thomas Bradshaw dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embarcada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabará con la fruta y cerrará sus operaciones antes que se declarara la huelga, citó a una reunión de emergencia. En la noche del 11 de noviembre el comité ejecutivo de la Unión Sindical, el comité negociador y los representantes de 63 fincas se reunieron en la casa de Cristian Vengal en Ciénaga —éste, un mulato de Curazao, que dirigía la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, era un líder laboral respetado en la zona bananera; su casa se convirtió en sede del comité ejecutivo de la Unión Sindical durante la huelga—. La discusión fue agitada y larga. A las once de la noche fue tomada la decisión fatal: el día siguiente los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. La asamblea de Ciénaga imprimió un cartel explicando su decisión:

“Los obreros de la zona bananera están dentro de la ley. No hay una sola disposición que venga a impedir el hecho de la huelga […] La United Fruit Company no cumple una sola de las leyes de Colombia referentes a los tratos y contratos con los trabajadores, declarándose en abierta rebeldía, como lo han pretendido hacer muchas otras compañías extranjeras, como la que pretendía apoderarse de las ricas regiones del Catatumbo, en Santander, para […] formar una república petrolera […] Esta huelga es el fruto del dolor de miles de trabajadores explotados y humillados día y noche por la compañía y sus agentes. Ésta es la prueba que hacen los trabajadores en Colombia para saber si el gobierno nacional está con los hijos del país, en su clase proletaria, o contra ella y en beneficio exclusivo del capitalismo norteamericano y sus sistemas imperialistas. Vamos todos a la huelga. El lema de esta cruzada debe ser Por el obrero y por Colombia.”

Delegados de la asamblea regaron la voz por los pueblos y campamentos de la zona. A mediodía del día 12 de noviembre todo trabajo había cesado en las plantaciones.
Durante los primeros tres días de huelga, los trabajadores formaron dos clases de comisiones: grupos para distribuir comida y comités de vigilancia para asegurarse que no llegara banano al puerto. Los comités de distribución de alimentos respondieron al problema de sostenimiento: nadie trabajaba y la United Fruit Company se negaba a pagar lo que debía por trabajo realizado a finales de octubre y principios de noviembre. Las Cámaras de Comercio de Ciénaga y de Barranquilla suministraron apoyo esencial. Dueños de almacenes como el jefe liberal de Ciénaga Juan B. Calderón, donaron grandes cantidades de comida. Los comerciantes habían tomado parte en la elaboración del pliego de peticiones, y se benefician con la abolición de los almacenes de la compañía. Sin sus donaciones, la huelga no hubiera durado mucho.

Además de la red de distribución de comida, los huelguistas armaron comités de vigilancia para que el banano no se cortara. En la primera semana, la huelga era solo parcial en Riofrío y en Sevilla: allí la United Fruit Company contrató a obreros, conocidos como «patas negras», para reemplazar a los huelguistas. Cuando esta gente comenzaba a cosechar, grandes grupos de huelguistas aparecían rigiéndose a que pararan y destruyen el banano mientras se cortaba. Otras familias acamparon con toldas y fogones improvisados sobre el ferrocarril, para que las góndolas no pudieran pasar; cuando era necesario, bloquearon los rieles con madera o piedras. Los huelguistas llevaban banderas rojas símbolo de su fuerza. Las mujeres de la zona bananera tomaron un papel particularmente vigoroso. El líder obrero Sixto Ospina Núñez describe sus actividades:

“Los capataces y los mandadores trataban de hacer el corte de la fruta, pero la gente, y especialmente las mujeres, le echaron machete a los cultivos… llegaron mujeres y les picaron el banano en las estaciones. Nosotros utilizabamos a las compañeras como enlace. Ellas eran las que se podían moverse y desplazarse de finca en finca sin ser molestadas por el ejército». El papel significativo que la mujer desempeñó en la huelga se subrayaba en los consejos de guerra dos meses después: de 31 personas sentenciadas a prisión por su actividad en la huelga, cinco eran mujeres, y todas registraron su ocupación como «domésticas».”

Los huelguistas desarrollaron una red eficaz de comunicaciones. Aunque el centro de influencia de la United Fruit Company era Santa Marta, donde estaban la central de la compañía, los cultivadores conservadores y los trabajadores portuarios —quienes no entraron en la huelga—, Ciénaga se convirtió en el centro de los trabajadores; allí la Unión Sindical tenía salones de reunión, una cooperativa y su imprenta. Raúl Eduardo Mahecha operaba una máquina de impresión y con otras personas, publicaba el periódico Vanguardia Obrera y un flujo constante de hojas volantes. Varios periódicos liberales publicados en Ciénaga, incluyendo El Diario de Córdoba editado por Julio Charris, simpatizaron con la huelga. Los líderes de la huelga en Ciénaga se mantenían informados de los planes de la United Fruit Company por medio de los operadores telefónicos y telegráficos de la compañía, muchos de los cuales revelaban todo lo que escuchaban. Para expandir las noticias, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena dependía de estafetas que llamaban «el correo rojo». La Unión Sindical también emitió cédulas personales y salvoconductos, para que solamente aquellos que apoyan la huelga pudieran moverse libremente por los campos.

Lo que observamos en la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Los historiadores están de acuerdo en que casi todos los obreros y cargadores de la zona se sumaron a la huelga, aunque los cálculos sobre el número preciso de huelguistas varían de 16 000 a 32 000. Los trabajadores permanecieron en huelga durante casi un mes, del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Durante este tiempo no se despachó banano desde Santa Marta. Mientras tanto, los huelguistas se mantuvieron pacíficamente y disciplinados esperando a que la United Fruit Company cediera y aceptara negociar.

Entonces, ¿por qué no ganaron los obreros? ¿Por qué tuvieron tantas dificultades en traer a la mesa de negociación a la United Fruit Company? Se han ofrecido varias explicaciones. Algunos subrayan la fuerza de la United Fruit Company. Como tenía inversiones en otros países, no se sintió presionada a llegar a un acuerdo con los trabajadores. En caso necesario, la compañía podría cerrar sus operaciones en Colombia. Otras explicaciones destacan las debilidades del movimiento obrero. La huelga estalló en un momento en el cual el movimiento laboral en Colombia, internamente fraccionado, recibía ataques del gobierno. La ley Heroica contra huelgas y actividades asociativas, que establecía la censura de prensa, había sido aprobada solamente dos semanas antes. Muchos activistas del Partido Socialista Revolucionario estaban encarcelados, y la dirección se había dividido en dos grupos contrarios. Líderes importantes del Partido Socialista Revolucionario como Ignacio Torres Giraldo y Tomás Uribe Márquez pensaron que la huelga en las bananeras era precipitada, y nada hicieron para generar mayor apoyo. Además, había una ignorancia casi total de organización política en la zona. Los trabajadores no tenían experiencia, mientras gentes como Mahecha se habían empapado de la idea anarquista de que con la huelga vendría una victoria inmediata. Nadie tenía una visión sofisticada y a largo plazo de cómo organizarse para la confrontación que se avecinaba.

Lo anterior desconoce un factor indispensable: la actitud del gobierno. Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company también al presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas, y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit Company. La compañía también trató de influenciar al gobierno, tal como lo atestiguan las decenas de telegramas que se enviaron a las autoridades de Bogotá. En los años veinte, el marco legal e institucional para la negociación colectiva entre trabajadores y empresa estaba poco desarrollado. Los principios de los derechos del trabajador —descanso dominical, compensación en caso de accidente, seguridad social— estaban incluidos en algunas leyes, en las que los trabajadores de las bananeras fundaron sus reivindicaciones. Pero, tal como lo descubrirán durante la huelga, gran parte de la legislación no cubría todavía a los trabajadores agrarios. Lo que en realidad querían los obreros eran «arreglos para hacer viable la ley y enmarcarse dentro de ella», según lo afirma Carlos Cortés Vargas.

Sin embargo, los gobiernos conservadores de los años veinte tendían a ver con alarma cualquier acción independiente por parte de los obreros, ya se tratara de paros o esfuerzos de sindicalización. Temían la movilización de campesinos y de obreros asalariados que estaba gestándose en toda Colombia. Las clases bajas estaban pidiendo mayor participación en la vida económica y política del país. Los conservadores interpretaban esta petición, no como la emergencia natural de los sectores bajos y como actores de pleno derecho, sino como una conspiración comunista instigada posiblemente por oscuros agitadores extranjeros. Los conservadores temían también la posibilidad de una insurrección liberal. Así, en lugar de crear las estructuras institucionales que permitieran negociar a los trabajadores y empresarios, el gobierno percibió el problema social como de desorden y de subversión. Esta visión lo llevó a tomar una posición represiva.

El 12 de noviembre, día en que estalló la huelga, el gerente de la United Fruit Company, Thomas Bradshaw, envió un telegrama urgente al presidente Miguel Abadía Méndez:

“Desde hace varios días elementos irresponsables, desvinculados absolutamente de gremios trabajadores obreros de esta compañía, han venido planeando movimiento que bajo nombre de huelga han hecho cristalizar desde las primeras horas de ayer tarde. Trátase de verdadero motín, pues patrullas recorren región bananera concitando desorden, amenazando con asesinato demás trabajadores que voluntariamente deseen concurrir al trabajo, impidiendoles violentamente ejercitar libre derecho. Estimo esta situación revuelta peligrosa, extremadamente grave…”

La respuesta de la administración fue militar: el ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba estacionado en Barranquilla, mover tres batallones a la zona bananera. Se le ordenó:
Amparar trabajadores pacíficos están siendo hostilizados e instigados por revoltosos actúan en esa zona… y asegurar conservación orden público.

El general Cortés Vargas estableció sus cuarteles en Santa Marta y estacionó sus tropas en Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Durante todo el día carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban los campos. Sixto Ospina reportó:

“El tren recorría la zona con el ejército. Las tropas detenían gente de una parte y la botaban en otra. Eso lo hacían con el fin de desmovilizar a los huelguistas y debilitar el movimiento. Algunos detenidos eran entregados a la policía y otros abandonados en cualquier parte.”

Pronto había varios cientos de huelguistas arrestados, atestados en pequeños cuartos en las cabeceras municipales o entre vagones calientes. El general Cortés Vargas tenía el propósito de intimidar a los huelguistas y, explicó más tarde, de forzar a los trabajadores a rendirse intercambian prisioneros por concesiones a la United Fruit Company. Las tácticas del general no fueron exitosas. Frecuentemente se liberaba a los prisioneros por orden de los alcaldes o jueces, o del gobernador, que presentía la apropiación de la autoridad por parte del general. Aquellos a quienes soltaban regresaban a casa, donde eran recibidos como héroes.

Santander Alemán, un administrador del ferrocarril que servía como mensajero al a la Unión Sindical, recordaba con estas palabras uno de estos incidentes:
Un día veníamos ochocientos trabajadores entre quienes había muchas mujeres y niños, entre Sevilla y Riofrío. Al llegar a la estación La Fe, nos encontramos con los soldados. Nos preguntaron que para dónde íbamos, a lo que nosotros respondimos que estábamos paseando. Pero claro lo que estábamos era andando de finca en finca apoyando a los huelguistas. La tropa nos dijo que no podíamos seguir, y nosotros respondimos que sí íbamos a seguir porque el camino era libre. Nos preguntaron otra vez que quién era el jefe y entonces les dijimos que todos éramos jefes. ¡Entonces todos quedan detenidos!, contestaron los soldados. Nos llevaron a Santa Marta. Al tercer día no nos habían dado comida ni agua. También se formó un problema muy grande porque no cabíamos en la cárcel. Al cuarto día, el director nos dijo que él no tenía nada contra nosotros y que era el ejército el que nos había llevado allí. El director habló con el gobernador, quien respondió que a él no le importaba nada ese problema. Nuevamente el director dijo que él no se iba a echar ese lío encima por más tiempo, abriéndonos las puertas para que nos fuéramos. Cuando llegamos a Ciénaga, había una manifestación esperándonos con banderas.

El apoyo del general Cortés Vargas a la United Fruit Company dio pie a la creencia generalizada de que la compañía había corrompido al ejército. Se decía que los soldados dormían en casas de la compañía y que la comida venía de sus comisariatos. Un superior del general Cortés Vargas, Justo A. Guerrero, admitió en parte la acusación: Era indispensable para el general Cortés alojarse en una casa de la United Fruit Company… pues esa casa dispone de teléfono.

La evidencia de colaboración entre la United Fruit Company y el ejército era más profunda: los comerciantes notaban que los comandantes de compañía, que ganaban solo 120 pesos mensuales, mostraban billetes de 500 que solamente hubiera podido distribuir la United Fruit Company, y los trabajadores veían a empleados de la compañía en los trenes indicándonos a quién arrestar. Se dijo también que el general Cortés Vargas asistía a banquetes ofrecidos por la administración de la compañía, que degeneraron en orgías. El general negó el cargo, pero la secretaría privada del gobernador lo divulgaba y se le creía ampliamente en la zona.

Los huelguistas veían al general Cortés Vargas como el agente corrupto de una empresa extranjera, y el general temía a los trabajadores. Sostenía que ellos también habían sido corrompidos por agentes extranjeros —agentes del comunismo internacional— y prohibió a sus soldados aventurarse a los campos bananeros con menos fuerza que una compañía. Aunque veía a los huelguistas como gente potencialmente violenta, su mayor preocupación no era que atacaran a los soldados, sino que ganaran sus simpatías. Y ésta era la intención de los huelguistas. Durante toda la huelga, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena imprimió carteles apelando a los soldados:

Soldados del Ejército Colombiano, compañeros del infortunio, ¡salve! ¿Qué delito han cometido los trabajadores de la región bananera, para que sean tan cruelmente tratados por el ejército de nuestra patria? Soldados del Ejército Colombiano, ya habéis presenciado que vuestros jefes y oficiales viven en completo contubernio con los yanquis, en sus mansiones de la zona, los mismos que después de robarse nuestras riquezas se apropian de nuestro suelo. No olvidéis a Panamá. No olvidéis compañeros del regimiento, que si tal cosa sucede, volved las armas contra los piratas de nuestra riqueza y contra aquellos nacionales que… venden nuestra patria.

Cuando tenían la oportunidad, los trabajadores hablaban con los soldados. Los oficiales del ejército comenzaron a dudar de la lealtad de sus tropas, particularmente porque la mayoría de los soldados eran costeños, mientras los oficiales eran «cachacos». En respuesta a estas dudas, se trajeron 300 refuerzos de Antioquia durante la última semana de noviembre.

Los esfuerzos para romper la huelga por parte del general Cortés Vargas seguían las órdenes del ministro de Guerra, Ignacio Rengifo Borrero. Impetuoso y autoritario, Rengifo era famoso por tratar con dureza a quienes lo desafiaban. En el movimiento obrero Rengifo solo vio desorden y rebelión. El gobierno conservador lo había encargado de tratar estos «problemas sociales»; la manera de hacerlo, pensaba, era reprimirlos con firmeza, y si fuera necesario con la fuerza. Los trabajadores debían aprender una lección.

Algunos funcionarios del gobierno no estaban de acuerdo. El Ministerio de Industrias, dirigido por el jurista conservador José Antonio Montalvo, prefería la negociación. En 1924 el Congreso estableció una oficina especial dentro del ministerio —la Oficina General de Trabajo— para reunir información sobre las condiciones de trabajo y establecer la nueva legislación laboral. En 1927 se le encargó mediar en conflictos entre los obreros y las empresas y nombrar inspectores regionales de trabajo. Unos meses antes de la huelga, llegó a Santa Marta Alberto Martínez Gómez, el primer inspector laboral asignado a la zona bananera. Martínez Gómez acompañó a los delegados de la Unión Sindical el 28 de octubre cuando trataron infructuosamente de presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company, y aconsejó a la compañía que negocia. El 16 de noviembre el inspector de trabajo declaró ilegal la huelga y el general Cortés Vargas lo hizo encarcelar. Se le acusó de ser un líder comunista e instigador de la huelga. Una semana después, un juez local encontró que el inspector era inocente y lo liberó. El general Cortés Vargas llamó «comunista» al inspector porque había animado a los trabajadores para que demandan sus derechos; en contraste, el ministro de Industrias argumentó que al orientar a los trabajadores hacia reivindicaciones concretas y legales y al tratar de mediar por una solución pacífica, el inspector representaba «una verdadera garantía contra los peligros del socialismo soviético».

Una semana después de iniciada la huelga, el gerente de la United Fruit Company y varios de los cultivadores colombianos accedieron a tener una discusión informal con los delegados de la Unión Sindical en la oficina del gobernador. El gerente de la United Fruit Company negó al comité negociador su derecho a representar a los trabajadores de la compañía, pero como «gesto de buena voluntad» ofreció algunas concesiones menores. Sin embargo, rechazó la mayoría de las demandas de los trabajadores, considerándose ilegales. Los trabajadores respondieron con indignación y las conversaciones se rompieron.

Al día siguiente, 20 de noviembre, el director de la Oficina General de Trabajo, Dr. José R. Hoyos Becerra, y su abogado, Dr. Miguel Velandia, llegaron de Bogotá. El Ministerio de Industrias los había enviado para intervenir en el conflicto y llevarlo a un final pacífico. El 24 de noviembre los representantes de la Oficina General de Trabajo se reunieron separadamente con la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y con la United Fruit Company. Los funcionarios convencieron a los delegados de los trabajadores de retirar sus peticiones de pago dominical y de abolición de los almacenes de la compañía y de aplazar los puntos sobre la seguridad social y la compensación por accidentes hasta que el Ministerio de Industrias pudiera dictaminar sobre su legalidad. Los trabajadores, sin embargo, insistieron que se ratifica su derecho a negociar. Esa noche, la Oficina General de Trabajo encarece a la United Fruit Company que negociará con los obreros y pagará compensación por accidentes, aunque técnicamente la compañía no estaba obligada a hacerlo. La United Fruit Company accedió a mejorar la vivienda de los trabajadores, a construir hospitales de emergencia en Sevilla y en Aracataca y a establecer el pago semanal, a no usar vales y subir ligeramente los salarios. El día siguiente el comité negociador de los trabajadores aceptó la oferta de la compañía.
Pero entonces surgió un obstáculo grave: ¿cómo se ratificaría el acuerdo? La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena quería firmar un pacto con la compañía, lo que daría una victoria substancial a los trabajadores: la aceptación por parte de la compañía de sus poderes negociadores. Esto no lo haría la compañía. La United Fruit Company insistió en que había llegado a un acuerdo con el gobierno colombiano y no con los trabajadores, y que haría efectivas sus concesiones solamente después de que éstos regresaran a laborar.

La mediación, tan prometedora, llegó a un punto muerto. Dentro de uno o dos días, un segundo foco de preocupación entre los trabajadores comenzó a aparecer: si los obreros no podían obligar a la compañía a que los reconociera, sí podían lograr por lo menos un alza salarial. Un sentimiento se generalizó entre todos los obreros de la zona: un alza del cincuenta por ciento o no se terminaba la huelga. La United Fruit Company rechazó la demanda.

En este punto, los doctores Hoyos Becerra y Velandia comenzaron a desviarse de su papel imparcial. Dado que la United Fruit Company no se movía de su posición, trataron de convencer a los trabajadores de que cedieran. Se opusieron a la demanda de un salario más alto, con el argumento moralista de que no les haría ningún bien: la plata se gastaría en licor, prostitutas y juego. En cambio, los trabajadores deberían regresar a los campos y una vez estuvieran trabajando, el Ministerio de Industrias convencería a la United Fruit Company para que mejorara sus condiciones de vida. Tal actitud paternalista, que negaba el derecho de los trabajadores a escoger su propio programa, empujándolos en cambio a buscar patronos más fuertes, se expresaría en los años treinta en el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán.

En los primeros días de diciembre, los representantes de la Oficina General de Trabajo tomaron dos pasos adicionales. Presionaron a los huelguistas para que designaran nuevos delegados, delegados que cederían a las presiones de la compañía. Los trabajadores se negaron, insistiendo que tenían confianza en su grupo negociador, pero que cualquier acuerdo tenía que ser ratificado por cada uno de más de sesenta comités de trabajadores. Los burócratas encontraban irritante la organización democrática de los trabajadores: no había un líder o comité central con poder para imponer un acuerdo a los huelguistas. En los primeros días de diciembre, Hoyos y Velandia también se reunieron con cultivadores colombianos de banano para instarlos a lograr un acuerdo por separado con los obreros, presionando así a la United Fruit Company. Los cultivadores nacionales, divididos, no pudieron llegar a un acuerdo sobre un alza de salario que terminará con la huelga.

De esta manera, los esfuerzos de la Oficina General de Trabajo habían resultado en nada. De repente hubo un desarrollo alarmante: el 2 de diciembre el general Cortés Vargas informó a los doctores Hoyos Becerra y Velandia que había interceptado un mensaje del activista del Partido Socialista Revolucionario, Tomás Uribe Márquez, urgiendo a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearon las comunicaciones. No se sabe si el telegrama era auténtico o si era fabricado por Cortés Vargas, por agentes de la United Fruit Company, o por otros interesados en dispersar rumores de conspiración revolucionaria.

Hoyos Becerra y Velandia reaccionaron precipitadamente. Temían derramamiento de sangre, y sabían que la violencia podría provenir tanto del ejército como de los huelguistas. Para evitar una masacre, sintieron que era imperativo terminar en forma inmediata la huelga. De esta manera, los representantes del Ministerio de Industrias, que al principio habían recomendado la negociación, tomaron ahora pasos para romper la huelga. El 2 de diciembre recomendaron a la United Fruit Company contratar esquiroles, y al general Cortés Vargas defenderlos en un esfuerzo conjunto por exportar un cargamento de banano. Durante cuatro semanas no había salido banano del puerto de Santa Marta. Hoyos Becerra y Velandia pensaron que si la United Fruit Company lograba llenar un barco, la moral de los obreros se rompería. Al llegar la huelga a su quinta semana los trabajadores se vieron ante una situación difícil. Muchos comerciantes que habían suministrado alimentos habían retirado su apoyo. El 3 de diciembre, los delegados de los trabajadores regresaron de Santa Marta con las manos vacías: la United Fruit Company no aceptaría seis de los nueve puntos y Thomas Bradshaw no discutirá más. Mientras tanto, la ofensiva de la United Fruit Company para romper la huelga se había iniciado. El 4 de diciembre, empleados de la compañía y un puñado de cultivadores nacionales, protegidos por el ejército, comenzaron a cortar el banano en varias fincas. Los huelguistas hicieron todo lo posible para detenerlos: destruyeron la fruta lista para embarcar y bloquearon los rieles.

También rodearon a las tropas y a los recolectores de banano para tratar de convencerlos de que se les unieran. En la tarde del 4 de diciembre, el teniente Enrique Botero y veinticinco soldados que protegían a algunos esquiroles, se encontraron totalmente rodeados por un grupo grande de huelguistas. La multitud llevó a los soldados hasta Sevilla donde se les animó a comer y charlar, hasta dos horas más tarde, cuando los rescató un pelotón. Ese día, los esquiroles lograron colocar en los trenes más de 4.000 racimos de banano; y había rumores que mucha más fruta había sido cortada. Los huelguistas sintieron rabia y frustración, y un desesperante miedo a la derrota.

El comité ejecutivo de la Unión Sindical se reunió esa noche en Ciénaga. En las primeras horas del día, cincuenta mensajeros llevaron instrucciones a las plantaciones y caseríos de la zona. Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga esa noche, y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 de diciembre, para llevar a cabo una manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitandoles que obligarán a la United Fruit Company a pactar con sus trabajadores.

Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía del 5 de diciembre, hombres, mujeres y niños comenzaron a inundar Ciénaga. Alberto Castrillón describió la escena:

Ciénaga presentaba el aspecto de una ciudad en fiestas. A las dos de la tarde llegó el primer grupo de obreros de la región de Puebloviejo, portando en hombros un gran retrato del Libertador Bolívar y una bandera colombiana. De improviso, una banda de músicos, en medio de la multitud que se agrupaba en la plaza de la estación del ferrocarril, rompió los aires con los acordes del himno nacional, y un grito sonoro de ¡Viva Colombia libre!, salido de 5000 bocas, fue a perderse en el infinito límpido de aquel día.

A las dos y media de la tarde, corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían en ese momento a Ciénaga en tren especial, con el fin de firmar el pacto ofrecido por el señor Thomas Bradshaw, y aceptado por los obreros días antes. Los ánimos de los obreros se levantaron —todo terminaría bien— y comenzaron a formar fogatas y a esperar al gobernador. Pero a las cinco y media llegó otro golpe: el gobernador no vendría. Poco después se acercaron a la estación varios vagones cargados de banano cortado por los esquiroles. Algunos hombres, mujeres y niños se acostaron sobre los rieles para detenerlos. La muchedumbre se negó a dejar partir de Ciénaga a un pequeño grupo de cultivadores. Asustados, pero astutos, los cultivadores prometieron que si les era permitido salir para Santa Marta, discutirán el caso con los obreros ante la United Fruit Company y regresaría esa misma noche con un pacto. Animados y esperanzados, los obreros dejaron ir a los cultivadores. Y se prepararon para pasar la noche, acampando en una plaza cerca al ferrocarril, con la intención de partir hacia Santa Marta al día siguiente temprano.

¿Qué revelan entonces los trabajadores? Un miedo a la derrota, una determinación de no dejar que suceda, pero una terrible frustración ante su incapacidad para hacer que la United Fruit Company accediera a concesiones significativas. Hasta el último momento fueron pacíficos: varios atestiguaron que todos habían dejado sus machetes en la casa de la Unión Sindical. Y todavía tienen esperanza en las autoridades: el gobernador, el director de la Oficina General de Trabajo, y aun los cultivadores nacionales.

Si, mirando hacia atrás, podemos ver que los obreros no eran revolucionarios, el general Cortés Vargas no lo entendía así. El recuento del general sobre la huelga subraya que en los primeros cinco días de diciembre él estaba perdiendo el control. Los trabajadores no se rendían, no regresaban a las plantaciones aunque los amenazara con cárcel como rateros y vagabundos, arrancaban los avisos puestos por el ejército y destruyen el banano. Pero fue el incidente con Botero el que irritó al general Cortés: los huelguistas habían «atacado» a un convoy de soldados y los habían hecho «prisioneros». Lo que era peor, el teniente Botero no había opuesto resistencia. El honor y la disciplina del ejército están en juego. Los trabajadores habían desafiado la autoridad del ejército, y el respeto por la United Fruit Company y por las clases superiores de Santa Marta estaba erosionándose.

LA MASACRE

Durante la primera semana de diciembre, Alejandro Valbuena, el general Cortés y algunos cultivadores colombianos enviaron cantidades de telegramas a las autoridades en La Esperanza describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción originados en masas incontrolables. Las confrontaciones entre la United Fruit Company y el ejército, de un lado, y los trabajadores, del otro, por el rompimiento de la huelga el 3 y 4 de diciembre, dieron al general Cortés Vargas una justificación más para la represión. En sus memorias de la huelga, dice que se convenció de que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos eran abundantes. Los obreros veían su huelga como un acto nacionalista: querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos. Cortés Vargas, en cambio, vio la represión de la huelga en términos nacionalistas: creía que su deber era acallar a los trabajadores para asegurar que el suelo colombiano no fuera profanado por soldados extranjeros.

Así, la iniciativa de la Oficina General de Trabajo del 3 y 4 de diciembre para romper la huelga y evitar la violencia fracasó: fue el factor final que precipitó la masacre en la noche del 5 a 6 de diciembre. A raíz del incidente Botero, el general Cortés Vargas le envió un telegrama a los doctores Hoyos Becerra y Velandia:

He ordenado concentrar toda la fuerza y sigo inmediatamente a batir por el fuego amotinados.

Cuando grupos de huelguistas comenzaron a congregarse en Ciénaga en la tarde del 5 de diciembre, el general Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban allí. El general describió la escena en los siguientes términos:

Toda la ciudad era patrullada por grupos amotinados que infunden el terror entre los habitantes. La ciudad estaba prácticamente en manos de un soviet de gente irresponsable.

Tanto el general como sus superiores interpretaron claramente la reunión en Ciénaga como un movimiento de huelguistas armados para atacar al ejército. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes.
Finalmente, a las once y treinta de la noche, la noticia que había estado esperando llegó. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil y militar al general. A la una y treinta de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y  4.000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, esperando al gobernador, esperando la mañana para marchar hacia Santa Marta. Sonaron los tambores. Trescientos soldados se apostaron al costado norte de la plaza. En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio, que prohibía asambleas de más de tres personas.

Los huelguistas y sus familias debían dispersarse en forma inmediata, concluyó, o los soldados dispararon. Siguieron tres toques de corneta a intervalos de un minuto. Casi nadie se movió. Más tarde algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros de que los soldados no dispararon: los huelguistas eran demasiados y había tratado bien a los soldados. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud: «¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército!» El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar…
Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. En las horas que siguieron, las gentes de Ciénaga, encerradas en sus casas, oyeron pasar un camión de la basura, un tren con dirección al mar y el pito de un barco a la distancia. A las seis de la mañana el personero de Ciénaga, llamado para practicar el levantamiento de los cadáveres, encontró nueve muertos tendidos en la plaza. El general Cortés Vargas informó a sus superiores que estos nueve, más cuatro más que murieron por sus heridas, fueron los únicos huelguistas muertos en la noche del 5 de diciembre. La gente de la zona, sin embargo, cree que fueron decenas, sino cientos los muertos. Mientras huía de Ciénaga Raúl Eduardo Mahecha le contó a otros que sesenta personas habían sido asesinadas; Alberto Castrillón los estima en cuatrocientos. Muchos cuerpos, dicen, fueron rápidamente cargados en los trenes y arrojados al mar, y otros enterrados en fosas comunes en una finca bananera vecina.
El general dejó intencionalmente nueve cadáveres en la plaza —decían— para que los trabajadores supieran que los nueve puntos de su pliego habían muerto.

RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

Después de la masacre, el espectro de la violencia insistentemente mencionado por la United Fruit Company y por el ejército en sus comunicaciones a las autoridades nacionales se convirtió por primera vez en una realidad. Esa violencia venía del gobierno. En trenes militares el ejército buscaba en plantaciones y en campamentos a huelguistas que en adelante se llamarían «cuadros de malhechores». Los soldados destruyeron las casas sindicales en Ciénaga y en Guacamayal y dispararon y encarcelaron a numerosas personas. La mayoría de los obreros, sin armamento y sin organización, optó por huir de las plantaciones, buscando refugio en el interior del país. Algunos fueron atendidos por los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes se politizaron más como resultado de este contacto.

Pequeños grupos de trabajadores se quedaron atrás para vengarse del ejército y de la compañía que había asesinado a sus compañeros. Algunos cortaban los cables telegráficos y arrancaban los rieles, mientras otros emboscaron a las patrullas policíacas para adquirir municiones. También quemaron y robaron. El encuentro más sangriento ocurrió el 6 de diciembre en Sevilla, donde los huelguistas atacan a la superintendencia de la United Fruit Company y donde empleados norteamericanos y el ejército colombiano les dispararon. Un soldado y 29 obreros, incluyendo a Erasmo Coronel, encontraron allí la muerte. A mediados de diciembre, el general Cortés Vargas reportó que la zona bananera estaba pacificada, pero los militares continuaron con el control hasta marzo de 1929.

Durante los días de terror que siguieron a la masacre murieron muchos obreros.

  • El general Cortés Vargas dijo que el número total de muertos en diciembre fue de 47;
  • El embajador de Francia reportó 100;
  • El embajador de los Estados Unidos admitió que la cuenta total podría llegar hasta 1000;
  • Alberto Castrillón estimó 5000.

Nada cierto se sabe debido a la censura impuesta por los militares. El ejército encarceló a cientos de personas más. En enero, el general Cortés Vargas instauró consejos de guerra contra 54 de los arrestados, incluyendo a Alberto Castrillón y a Julio Charris. Fueron condenados a 182 años de prisión.
La huelga había terminado. La represión había triunfado sobre la negociación, y los trabajadores habían sido derrotados. La organización sindical había desaparecido totalmente y los obreros de la zona, hambrientos y con miedo, comenzaron a regresar a las plantaciones. La derrota de la huelga bananera fue un golpe serio para el movimiento laboral colombiano, el cual se debilitaría aún más en 1929 con el advenimiento de la depresión mundial.

CONSECUENCIAS

La historia muchas veces se mueve en forma contradictoria. Si la represión de la huelga significó la culminación de la reacción del gobierno conservador a la germinación de la «cuestión social» de la década de 1920, también generó una respuesta contraria. Esta respuesta no vino de los trabajadores mismos, que habían sido salvajemente reprimidos, sino de un nuevo tipo de gobierno liberal. A comienzos de 1929, un joven abogado, Jorge Eliécer Gaitán, fue elegido para su primer periodo en la Cámara de Representantes. Varios meses después realizó una gira de información por la zona bananera y en septiembre de 1929 se lanzó en una de las series oratorias más impresionantes y populares jamás realizadas en el Congreso. En lenguaje conmovedor y elocuente, Gaitán denunció al general Cortés Vargas y al gobierno conservador que lo había apoyado. El gobierno arbitrariamente había encarcelado y asesinado a su propia gente para proteger a una compañía extranjera, a una compañía que había corrompido a las autoridades colombianas y había establecido un estado dentro del Estado. Los huelguistas de la zona bananera no eran revolucionarios comunistas ni criminales, insistía, sino ciudadanos colombianos a quienes se les habían negado sus esperanzas y sus derechos. En estos discursos, Gaitán encontró su público y su estilo retórico. Fusionó el sentimiento nacionalista y el populismo, mezcla sobre la cual construiría su formidable atractivo político en los años siguientes. La reacción del gobierno conservador a la huelga bananera y la fogosa denuncia de Gaitán sobre la misma, fueron los factores primordiales que contribuyeron en 1930 a la caída del poder de los conservadores después de casi cincuenta años de gobierno. En el período de hegemonía liberal que le siguió, los sindicatos y las huelgas fueron legalizados, y los trabajadores se convirtieron en una base importante para el partido liberal. El modelo populista de organización laboral, en el que una fuerza obrera relativamente débil buscaba defensores en el gobierno para reforzar su posición, se impuso. El movimiento independiente sindical presagiado por los obreros de las bananeras en 1928 no llegó a fructificar.

¿Y qué sucedió con la United Fruit Company y con los trabajadores de las bananeras? Aunque algunos de los obreros originales habían muerto o habían abandonado la región, la United Fruit Company pronto encontró reemplazos entre los cientos de desempleados que, con la depresión de 1929, inundaron la región desde otras partes del país. En 1930, muy lentamente, comenzaron a aparecer comités de trabajadores en las plantaciones de la zona. José Garibaldi Russo, que tuvo un papel importante en la huelga de 1928, ayudó a impulsar estas actividades. Muchas personas de la región asociadas con el partido comunista recientemente formado, también hicieron su parte. En 1934 ocurrió una huelga —la primera desde 1928— y todos temían que terminaría otra vez con sangre. Esto, sin embargo, no sucedió. El gobierno de Alfonso López Pumarejo intervino para obligar a la United Fruit Company a negociar, y el primer pacto entre la compañía y sus obreros, el Pacto Auli-Garcés Navas, se firmó. El reconocimiento legal reforzó la organización laboral en la zona por algún tiempo, y se estableció el primer sindicato regional de alguna efectividad. La posición obrera se erosionó en los años siguientes, sin embargo, ante el deterioro gradual de la economía bananera. Debido a la gran huelga de 1929 y a la depresión mundial que la siguió, la United Fruit Company recortó su producción bananera en Colombia. El período de prosperidad de los años veinte se había ido para siempre. Plagas, deterioro del suelo, problemas laborales y el incremento de la intervención del gobierno hicieron que la United Fruit Company concentrará sus esfuerzos en otros países del mundo. Un aumento en la producción bananera a finales de los años treinta fue seguido por otra recesión a principio de los años cuarenta, cuando las condiciones impuestas por la guerra obligaron a la compañía a suspender totalmente las exportaciones de banano desde Colombia, por cinco años.

Después de la segunda guerra mundial, la United Fruit Company perdió su monopolio en la región de Ciénaga y se retiró de la producción, vendiendo o alquilando muchos de sus terrenos a cultivadores colombianos. La decisión de la United Fruit Company de no volver a involucrarse directamente en la producción socavó la unidad del movimiento obrero. Los sindicatos se fraccionaron, sus miembros mermaron y las condiciones de vida de los obreros declinaron. A principio de los años setenta, la United Fruit Company abandonó totalmente la zona de Ciénaga.

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1981 – MASACRE DE EL MOZOTE

Masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá), durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador.
Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad (organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra civil salvadoreña) aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños. Se la considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también la peor masacre en el Hemisferio Occidental, en tiempos modernos.

LOS HECHOS DE EL MOZOTE
La dictadura salvadoreña realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el batallón Atlácatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.

En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en el aldea durante toda la noche.

A la madrugada del 11 de diciembre de 1981, los soldados volvieron a reunir a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y de los niños y los encerraron en grupos separados en la iglesia, el convento y varias casas. Durante toda la mañana procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado.
El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del batallón Atlácatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando.

En El Mozote y en los demás caseríos fueron asesinadas más de quinientas personas identificadas, y varios centenares de víctimas que no han podido ser identificadas.
De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A pesar de las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre.

El Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado mayor han negado a la Comisión de la Verdad tener información que permita identificar a las unidades y oficiales que participaron en la Operación Rescate. Han expresado que no existen archivos de la época.
El presidente de la Corte Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990.

LOS HECHOS EN LOS CANTONES CERCANOS A EL MOZOTE
El 12 de diciembre de 1981, los soldados del batallón Atlácatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2 km de El Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza, separados en grupos por edad y género, interrogados mediante tortura y ejecutados. Miembros del batallón Atlácatl realizaron acciones similares repetidas en los cantones de La Joya, el 11 de diciembre, Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.

Anteriormente, el 9 de diciembre, después de un enfrentamiento entre los soldados del Gobierno y los guerrilleros, una compañía del batallón Atlácatl entró en el pueblo de Arambala. Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, separaron a los hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a los niños en la iglesia y ordenaron a hombres a permanecer en la plaza. Ataron a los hombres y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla, los torturaron y se los llevaron en camiones. Los pobladores de Arambala solo encontraron los cuerpos de tres de los secuestrados.
El 10 de diciembre, otra unidad del batallón Atlácatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa población.

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO SALVADOREÑO
El 16 de enero de 2012 ―en el marco del veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y en nombre del Estado y en su calidad de comandante general de la fuerza armada salvadoreña― el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, y mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el lugarteniente José Azmitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres, causando un cierto nivel de repudio dentro de la Fuerza Armada. Además anunció una serie de medidas para la reparación moral y económica en favor de los habitantes del asentamiento, y su reconocimiento como “Bien Cultural” del país.

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MASACRE DE MARGARITA BELEN  
12 Y 13 de diciembre de 1976

La Masacre de Margarita Belén ocurrió en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos fueron arrancados por la noche de las cárceles de Resistencia, torturados y trasladados hasta ese paraje, donde terminaron siendo ejecutados en forma sumarísima.

Pese a que han transcurrido más de tres décadas, aún muchos cadáveres no han sido entregados a sus deudos –salvo los de diez víctimas- como en el caso de la mayoría de las personas secuestradas durante la dictadura, según los familiares. Sólo se identificaron los cuerpos de 17 hombres y 2 mujeres.

La “Masacre de Margarita Belén” fue uno de los más de setecientos casos que tomó en cuenta el Juicio a las Juntas en 1985, y por eso se condenó a los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados por Carlos Menem.

Según está probado en la causa, la masacre se concretó después de que los detenidos fueran sometidos a torturas en un centro clandestino, desde donde fueron llevados hacia Formosa por la ruta nacional 11, desde la Unidad Penal 7 de Resistencia.

Pero lo que parecía ser un operativo de traslado se interrumpió a la altura del acceso a la localidad de Margarita Belén, donde las víctimas fueron bajadas de los camiones y acribilladas por orden del entonces ministro del interior, Albano Harguindeguy, y que luego la dictadura quiso presentar como un fusilamiento.

A partir de la siesta del domingo 12 de diciembre, se comienza con los preparativos en una de las unidades de detención, la cárcel de máxima seguridad U7. De allí se retira a 7 militantes –todos detenidos legalmente en ese momento, aunque incomunicados desde varios meses antes-. Ellos eran Sala, Parodi, Ocampo, Fransen, Duarte, Cuevas, Tierno y Barco.

De allí fueron llevados en camiones del Ejército hasta la Alcaidía de Resistencia, donde a partir de aproximadamente las 20 horas comenzaron las torturas en el comedor de esa unidad.

A este grupo se lo juntó con otros detenidos en la Alcaidía –algunos legales y otros no- pero se conoce de su destino por el testimonio de numerosos detenidos allí que sobrevivieron a este hecho. Allí se agregan: Díaz, Yedro, Pereyra, Zamudio y Piérola.

Los nombres de Reynaldo Zapata Soñez y su esposa Emma Cabral; Delicia González, Carlos Tereszecuk y Carlos María Caire, se agrega a la lista de la Masacre de Margarita Belén, dado que estas personas estaban detenidas de manera ilegal en la Brigada de Investigaciones de Resistencia y allí fueron vistas hasta esta fecha. Zapata Soñez es indicado como uno de los “subversivos” que logra fugarse en una comunicación oficial del ejército.

Respecto a las mujeres, oficialmente solo se confirma que un cuerpo de mujer es reconocido por el médico que firmó las actas de defunción como NN.
Cada uno de los testimonios aporta detalles sobre lo tramado pues dan elementos para observar el grado de planificación que el hecho había tenido desde las fuerzas de seguridad.

Participaron efectivos de la Policía del Chaco, el Ejército, colaboradores civiles y miembros del Poder Judicial. Se cuenta con el testimonio escrito de un miembro de la policía del Chaco, que falleció antes de prestar declaración (Ruiz Villasuso). La información que entregó figura en el Informe Final de la Cámara de Diputados del Chaco.

Sólo siete cadáveres fueron entregados a sus familiares, ya que los demás habrían sido enterrados en fosas comunes, y los investigadores que desde 1983 tomaron el caso jamás pudieron completar la identificación de las víctimas, al punto que cuatro de ellas siguen siendo NN.

El listado actualizado de muertos y desaparecidos en la Masacre de Margarita Belén conformado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, es el siguiente:

  • Tierno, Patricio Blas. Muerto.
  • Sala, Néstor Carlos. Muerto.
  • Zamudio, Carlos. Muerto.
  • Barco, Luis Ã�ngel. Muerto.
  • Yedro, Roberto H. Desaparecido.
  • González, Delicia. Desaparecida.
  • Díaz, Luis. Muerto.
  • Pierola, Fernando G. Desaparecido
  • Cairé, Carlos María. Desaparecido.
  • Pereyra, Julio. Desaparecido.
  • Duarte, Carlos Alberto. Muerto.
  • Tereszecuk, Carlos. Desaparecido.
  • Parodi Ocampo, Manuel. Muerto.
  • Fransen, Luis Arturo. Muerto.
  • Cabral, Ema Beatriz. Desaparecida.
  • Zapata, Sonéz Reinaldo. Desaparecido.
  • Cuevas, Mario. Muerto.

(Informe de HIJOS Chaco, año 2004)

CRISTINA PIANTANIDA – LOS MALDITOS – VOLUMEN III – PÃ�GINA 455
Ediciones Madres de Plaza de Mayo -

AGREGADO DE PENSAMIENTO DISCEPOLEANO: En septiembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, confirmó tres condenas a prisión perpetua por la Masacre, al rechazar los últimos recursos presentados por tres de los condenados. Se trata de Aldo Héctor Martínez Segón, Athos Gustavo Renes y Ricardo Guillermo Reyes, quienes llegaron hasta la máxima instancia judicial en apelación.

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1976 - MASACRE DE IBARLUCEA

La masacre ocurrió el 18 de diciembre de 1976. Seis jóvenes militantes políticos fueron asesinados en Ibarlucea por un grupo de policías rosarinos, a las órdenes directas de Agustín Feced Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, y jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe para la ciudad de Rosario. Las víctimas fueron Nora Elma Larrosa, Rodolfo Raúl Segarra, Horacio Humberto Melelli, Alberto Cristián Azam, Segundo Severino Núñez y Carlos Maximiliano Aguirre.

La ejecución fue encubierta como un tiroteo en esa localidad cercana a Rosario, según el informe de prensa que distribuyó el II Cuerpo. No obstante, dos días después otro comunicado del Ejército aseguró que las víctimas habían intentado copar la subcomisaría de Ibarlucea. Los seis militantes habían sido secuestrados en los días anteriores en diferentes operativos y llevados al centro clandestino de la ex Jefatura.

El asesinato múltiple, disfrazado de enfrentamiento, también fue constatado por el agente de la policía Carlos Pedro Dawydowycz, quien trabajaba en el mantenimientos de los vehículos que utilizaba el Servicio de Informaciones.

Según la declaración del policía, los seis militantes fueron sacados de la ex Jefatura con el pretexto de que serían trasladados a Coronda. Pero al llegar a Ibarlucea los hacen descender a unos 150 metros de la comisaría y los acribillan a balazos. El propio Feced ametralló el frente del edificio para hacer creer que se trató de un intento de copamiento de la seccional.

El ya fallecido Agustín Feced se ufanaba mostrando un álbum con fotos de personas muertas y contabilizaba a sus víctimas con marcas en la culata de su pistola. Le gustaba torturar a personas indefensas, perversidad que llevó al extremo cuando consumó uno de los hechos más siniestros: la ejecución a sangre fría de los seis militantes en la masacre de Ibarlucea. A principios del 2000, los periodistas del diario La Capital Osvaldo Aguirre y Gabriela Zinna relataron con minuciosidad la historia de esos homicidios.

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1907 – MASACRE EN LA ESCUELA SANTA MARÃ�A DE IQUIQUE

La masacre de la Escuela Santa María de Iquique fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907.
"Oficialmente se registraron 126 personas muertas"
Algunos afirman que, en cambio, fueron asesinadas 2200 a 3600 personas y estiman que un alto número no determinado eran peruanos y bolivianos, quienes —a pesar del pedido de sus cónsules— se negaron a abandonar el movimiento. 

“Con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos.”
Obreros bolivianos en respuesta a su cónsul

Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero en general, y el sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del salitre, en tiempos de profunda decadencia institucional de su país.7 Dicha matanza provocó el aquietamiento del movimiento durante cerca de diez años, ante la violencia ejercida por agentes del estado. Esta huelga y su trágico corolario fueron el fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la huelga de Valparaíso de 1903 y la de Santiago de 1905.

Geográficamente toda la zona del salitre en Chile está constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre.

Este último se convertiría a fines del siglo XIX en el principal puntal de la economía del país, productor exclusivo a nivel mundial. Las tensiones provocadas por el dominio de las minas habían sido una de las principales causas de la Guerra Civil de 1891, cuando el bando del Congreso, protegiendo los intereses chilenos y británicos de la zona, vencieron en la contienda contra el presidente José Manuel Balmaceda.

Los yacimientos se encontraban en la mitad de la pampa, es decir, la planicie existente entre el océano Pacífico y los faldeos de la cordillera de los Andes. Según el censo del 28 de noviembre de 1907, Tarapacá tenía 110 000 habitantes. En esta provincia y en la de Antofagasta trabajaban cerca de 40 000 operarios, de los cuales cerca de 13 000 provenían principalmente de Bolivia y el Perú. La vida en las minas era muy dura. Las empresas ejercían un duro control sobre la vida y obra dentro de los yacimientos, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los trabajadores ante las arbitrariedades cometidas por los dueños, ya que este control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La concentración de poderes era inmensa. Aparte de ser dueños de las viviendas obreras, las empresas contaban con un sistema policial propio, controlaban las pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en las oficinas, establecieron un sistema exclusivo de pago por medio de fichas las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su propiedad, y no dudaban en retrasar los pagos hasta dos o tres meses. 

A principios del siglo XX, la cuestión social en la región de Tarapacá empezó a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas salitreras, que en distintas peticiones reclamaban al Gobierno de Santiago atención y mejoras en sus condiciones de vida y laborales, las cuales eran deplorables. Pese a lo anterior, los gobiernos parlamentarios eran reacios a intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores y tendían a considerar a los movimientos de gran escala (especialmente si iban acompañados de demostraciones masivas) como rebeliones incipientes. 

El 10 de diciembre de 1907 una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio, iniciándose la Huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio ya que el salitre era comercializado en libras esterlinas. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto.10 A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial por los pampinos eran:

• Aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita dinero sencillo cada Oficina representada y suscrita por su Gerente respectivo reciba las de otra Oficina y de ella misma a la par, pagando una multa de $ 50.000, siempre que se niegue a recibir las fichas a la par.

• Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en la Oficina en forma amplia y absoluta.

• Cierre general con reja de fierro de todos los cachuchos y chulladores de las Oficinas Salitreras, so pena de pagar de 5 a 10.000 pesos de indemnización a cada obrero que se malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta obligación.

• En cada oficina habrá una balanza y una vara al lado afuera de la pulpería y tienda para confrontar pesos y medidas.

• Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de ellos lo pida con tal objeto.

• Que el Administrador no pueda hacer arrojar a la rampa el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos.

• Que el Administrador ni ningún empleado de la Oficina pueda despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento, ni a los jefes, sin un desahucio de 2 a 3 meses, o una indemnización en cambio de 300 a 500 pesos.

• Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato.

Este acuerdo una vez aceptado se reducirá a escritura pública y será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros.
El 16 de diciembre, miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando las demandas de los salitreros a la autoridad provincial, con el fin de obtener su intervención. Las solicitudes anteriores, es decir, enviar comisiones con los petitorios a la autoridad, habían fracasado en 1901, 1903 y 1904.

El gobierno de Santiago, había dado ya la orden de traslado de tres regimientos para reforzar los dos que había en Iquique y envió desde Valparaíso el crucero Blanco Encalada con tropas de desembarco: el 17 llegó desde Arica trasportando al regimiento Rancagua y al día siguiente anclaba en la bahía el Esmeralda, que traía tropas del Regimiento de Artillería de Marina.
El intendente interino Julio Guzmán García fue el mediador en las negociaciones con los representantes pampinos hasta el 19, día en que llegaron a Iquique el intendente titular Carlos Eastman Quiroga y el general Roberto Silva Renard, jefe de la Primera Zona Militar del Ejército, acompañados del coronel Sinforoso Ledesma. Todos ellos fueron recibidos con aclamaciones por los obreros, quienes creyeron que venían comisionados para trasladarlos y solucionar sus problemas. 

A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10 000 y 12 000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, este gran conglomerado de trabajadores estaba reunido en la plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras (ingleses) para solucionar sus demandas. Por su parte, los patrones se negaban a negociar mientras los obreros no reanudaran sus actividades.
Órdenes oficiales desde Santiago determinaban que los huelguistas abandonaran la plaza y la escuela y se ubicaran en el Hipódromo, para luego regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas.

Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907 los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Eastman. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio, haciendo que las libertades constitucionales fueran suspendidas, todo esto por medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como resultado de esta acción 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos.

El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de los obreros, e inmediatamente después de concluir las ceremonias se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores y se trasladaran a las casuchas del Club Hípico. Los obreros se negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hacia dicho lugar.

El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 horas, a los dirigentes del comité de trabajadores, que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de éstos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese a las amenazas reiteradas, sólo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza.

A la hora señalada por Silva Renard, éste ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego mediante ametralladoras. En aquel momento las fuerzas del ejército entraron a la escuela y acribillaron a los trabajadores y a sus familias (niños, mujeres y hombres sin discriminar). Los sobrevivientes con posterioridad fueron escoltados con sables hasta el Club Hípico, y desde allí a la pampa.

El número de víctimas que dejó la matanza es discutible. En primera instancia, el informe oficial del general Silva Renard habla en un primer momento de 140 muertos, para posteriormente ascender a 195. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto conjeturado ha sido de 3600, aunque es considerado especulativo. La cifra más aceptada es de cerca de 2200. 

Pese a lo anterior, sea cual fuere el número, al decir de Correa y otros, «nadie duda de la singular magnitud de la matanza».
Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no expedir detalladamente certificados de defunción de los fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba «muerte por herida de bala» (ver registros del museo regional) enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Solo en 1940 se exhumaron sus restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de dicha ciudad.

Con motivo de la conmemoración de los cien años de la matanza, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.
Publicado en: https://pensamientodiscepoleano.com.ar/index.html
FUENTES: http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-37527.html

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1868 - LA MASACRE DE LOMAS VALENTINA

En Asunción la población moría por las calles. El 21 de diciembre, al mando de López, resiste en Lomas Valentinas el embate de los aliados, muy superiores en número.

Después de la batalla de Avay, los brasileños acampan en Villeta, tomándose un descanso de diez días, limitándose a realizar algunas exploraciones y construir algunas defensas, mientras López intentaba construir una trinchera desde su posición hasta Angostura, pero no pudo lograr esa obra titánica por falta de tiempo y de brazos suficientes, limitándose a construir algunas trincheras sobre la loma de Itá-Ybaté, para lo cual emplazaron algunas piezas de artillería. Logra reunir apenas 4.000 hombres, según Thompson.

El 21 de diciembre Caxias reinicia las operaciones con la siguiente proclama:

“Camaradas:

El enemigo vencido por nosotros en el Puente de Ytororó y en el Arroyo Avay nos espera en las Lomas Valentinas con el resto de su ejército. Marchemos sobre él, y con una batalla más habremos concluido nuestras fatigas y privaciones.

¡El Dios de los ejércitos está con nosotros! ¡Ea! Marchemos al combate que la victoria es cierta, porque el general y amigo que os guía nunca fue vencido.

¡Viva el Emperador! ¡Vivan los Ejércitos Aliados!”

Henchidos de triunfalismo y “vestidos de gala”, los brasileños avanzan divididos en dos grandes columnas a las órdenes de Mena Barreto y Jacinto Machado de Bittencourt, con Caxias como comandante en jefe. Mena Barreto recibe orden de marchar sobre el Pikycyry, mientras el Barón del Triunfo lo hace sobre Potrero Mármol para apoderarse de los animales de abastecimiento del enemigo, cosa que consigue con relativa facilidad. Consigue capturar 3.000 vacunos y se retira dejando una división que ocupa Potrero Mármol. Caxias ocupa la loma Cumbarity donde emplaza la artillería.

A las tres de la tarde se inicia el asalto avanzando en dos columnas por los únicos dos pasos de accesos. La artillería paraguaya logra detenerlos momentáneamente, haciendo estragos sobre la masa compacta de tropas hasta que finalmente llegan hasta las trincheras, donde se entabla una encarnizada lucha:
“Los paraguayos, que estaban escondidos en los fosos – O´Leary cita a un historiador argentino sin dar su nombre- se levantaron de repente y la emprendieron contra los brasileños, viéndose entonces algo parecido a los combates de los hombres de armas de la Edad Media. Los riograndenses del Barón del Triunfo que se batían en la primera línea, cruzando lanzas con los paraguayos, y las dos caballerías desmontadas dándose golpes de pica y sable y tomándose a brazo partido, presentaron a los ojos de la historia la más bella perspectiva de ese día”.

Convengamos, sin embargo, que la perspectiva no era muy bella que digamos.

Los brasileños son rechazados, y descendiendo las lomadas son perseguidos y sableados por la espalda hasta que logran llegar a las mismas trincheras, donde se hacen fuertes. En una última carga de los paraguayos, cae muerto con la cabeza destrozada de un balazo, al frente de los jinetes, el Coronel Felipe Toledo, jefe de la escolta presidencial de López, de 75 años de edad.

“Valois Rivarola –relata O´Leary- recibió también un balazo en la cabeza, en medio del espantoso entrevero. Herido gravemente en la garganta en la batalla de Avy, no pudo permanecer impasible ante el amenazante movimiento del invasor. Tambaleando a causa de la debilidad producida por la hemorragia, saltó sobre su caballo corriendo como un relámpago al frente de algunos acá-morotis a incorporarse a la reducida columna de Caballero. Los brasileños lo vieron por última vez, en aquella tarde memorable, blandiendo su temible espada, en todo el esplendor de su heroísmo. Consumado el rechazo, volvió al Cuartel General, bañado en sangre, sosteniendo la cabeza entre las manos”. El Barón del Triunfo, herido en un pie, se retiró al inicio de la batalla.

Desmintiendo a los detractores de López, que lo acusan de cobarde, escribe el Coronel Juan C. Centurión que “El Mariscal López mandaba en persona, y se encontraba a caballo en el mojinete de la acera del cuadro de la derecha del Cuartel General, rodeado de ayudantes, que caían a su lado heridos y muertos. El hombre estaba inmutable, dando prueba de la mayor serenidad y sangre fría. Cuando el enemigo consiguió por un momento dominar la primera meseta, avanzó sobre la segunda, llegando hasta media cuadra del punto donde él estaba; pero ni aún entonces hizo el menor movimiento, manteniéndose tranquilo, con la mayor impavidez”.

Por su parte, el Mayor Gaspar Centurión relata que “Éste (el Mariscal) se hallaba a caballo en el mojinete del local donde funcionaba el telégrafo, desde cuyo sitio se abarcaba todo el campo de batalla. Un rato antes de mi llegada, una bala de cañón había llevado el techo de la oficina, hiriendo la viga caída a dos soldados enfermos que estaban en el interior de la pieza”…

“El General Caballero, que iba y venía desde las trincheras hasta los lugares próximos donde estábamos colocados, buscando refuerzos para cargar y retomar los sitios perdidos, tenía en la parte trasera de su blusa roja, flotando al aire un pedazo en forma de banderita. La había causado la punta de bayoneta aliada o quizás una bala de fusil.

El Mariscal se fijó atentamente en este detalle, y volviendo la cara hacia el Teniente Aguilera, que se encontraba a su lado, le dijo: “Caballero anda buscando tres pies al gato”

Un rato después Aguilera recibió un balazo en la frente y cayó del caballo, completamente muerto. Era de larga y ensortijada cabellera y me fue fácil tender la mano entre ella para detener su caída y bajarlo en tierra suavemente.

El Mariscal no se movió de este sitio, a pesar del peligro y de la notificación que se había recibido con la muerte del Teniente Aguilera de que en este lugar arreciaban ya las balas. Permaneció allí, siempre a caballo, hasta la noche".
(Testimonios de la Guerra Grande. t.II, p.15)

La noche puso término a la batalla, y si bien a López le quedaban escasos cien hombres, todavía estaban dueños del campo. La guerra debió haber terminado en esa trágica jornada, pero los brasileños no pudieron poner término a “fatigas y privaciones tras esta última batalla” como les prometiera Caxias. López ya “no tenía soldados, no tenía proyectiles, no tenía qué comer. Sólo noventa fantasmas le rodeaban en la cumbre de la trágica colina, aguardando sus palabras para correr a la muerte”; se retira con los restos y para el 27 logra reunir a “dos mil combatientes de inválidos y niños a quienes hubo que poner barbas postizas para quitarles su aspecto infantil, detuvieron durante ocho horas el ataque de 28.000 aliados. La batalla terminó cuando terminó nuestro ejército.” (O´Leary, citado por J. María Rosa, Historia Argentina, t.p.205).

Por su parte, el General Martín T. Mac Mahon, Ministro norteamericano que presencia la batalla, nos deja este desgarrante testimonio:

“Seis mil heridos, hombres y chiquillos, llegaron a ese campo de batalla el 21 de diciembre y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar a su país de la invasión y la conquista... otros han fugado (hacia su propio ejército) de las pocilgas que utilizaban los invasores como prisión,... el cuartel Paraguayo comenzó a llenarse de heridos incapacitados positivamente para seguir la lucha. Niños de tiernos años arrastrándose, las piernas desechas a pedazos con horribles heridas de balas. No lloraban ni gemían, ni imploraban auxilios médicos. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio”.

Muchos juzgan inexplicable el hecho de que López, con el ejército destruido haya logrado escapar del cerco enemigo con un puñado de hombres. Comentando el hecho, Thompsom se pregunta: “En la orden del día, Caxias declara que López, en su retirada, “sólo iba acompañado por 90 hombres y que de éstos únicamente 25 llegaron con él a Cerro León”. Si esto no es enteramente exacto, poco le falta para serlo; y sabiéndolo ¿por qué Caxías, general en jefe del ejército aliado en guerra, no con la nación paraguaya sino con su gobierno, y teniendo 8.000 hombres de caballería admirablemente montados y enteramente desocupados no persiguió a López, a quien podía haber tomado sin perder un solo hombre? ¿Fue una imbecilidad o por el deseo de sacar más dinero de la proveeduría del ejército? ¿Fue un pretexto para mantener permanentemente un ejército en el Paraguay, o existía inteligencia secreta entre Caxias y López? ¿O lo hizo para dar a López el tiempo necesario para reunir hasta el último paraguayo con el objeto de exterminarlos en guerra civilizada?”. (G.Thompson, La guerra del Paraguay, p.11)

Las preguntas que se hacía Thompson, son las mismas que muchos nos hacemos y nadie puede contestar.
Fuentes:
- García Mellid. Atilio. "Proceso a los falsificadores de la historias del Paraguay".
- Castagnino L. Guerra del Paraguay La Triple Alianza contra los países del Plata.
- La Gazeta Federal www.lagazeta.com.ar


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